El Tribunal Constitucional ha puesto en su sitio a la Iglesia, o sea al Tribunal de la Santa Inquisición, y ha decidido que la píldora del día siguiente se puede tomar sin merecer el infierno de llama a gas que el Opus Dei prometía a las mujeres que hicieran uso de ella.

Hay 600,000 embarazos no deseados cada año en el Perú. De ellos, 180,000 corresponden a adolescentes y de ese número 153,000 son casos de violación. A esas niñas maltratadas, a esas adolescentes interrumpidas por el infortunio, la Iglesia les dice:

–¡Pare! ¡Alumbra! ¡Tienes una vida dentro de ti!

Y lo decía con el énfasis gregoriano de quien cree que sigue hablando en nombre del único Dios digno de oírse, con las zetas de los capellanes franquistas, con una cierta flatulencia obispal.

Y añadía la culpa, que es como el puntillazo que viene del cielo y te da en el árbol de la vida y te convierte en una legaña del Señor:

–Porque esa píldora es abortiva, por lo tanto asesina, por ende, criminal.

Y lo clamaba, sin lisuras esta vez, el hombre que cuando actuó pastoralmente en Ayacucho supo de muertes que no denunció, de abrasamientos que Satán inspiraba y Fujimori mandaba ejecutar, de fosas demasiado comunes y aldeas despobladas a balazos. Pero, claro, esos eran castigos del Dios del orden y la patria, del Dios del Monumento a los Caídos y el Dios de los fusilamientos de Madrid a la caída vallejiana de Madrid.

La píldora del día siguiente, por supuesto, no es abortiva porque lo que impide es, precisamente, el encuentro decisivo. Un encuentro que nada tiene que ver con Dios y sí, muchas veces, con lo oscuro y lo perverso, con la avenida de los instintos y con la libertad sin ley de la carne y sus primicias.

El deseo, en todo caso, no conoce la palabra mañana. Y para eso estará la píldora del día siguiente, para tomar decisiones y traer hijos premeditados y queridos. No hijos del aullido ni de la violencia. No hijos que sean producto de la extorsión moral de la Iglesia, tan experta en sexo tenebroso y novicial, tan familiarizada con los curas que acezan detrás de una cerradura y acuden de puntillas a ciertos dormitorios.

Somos un Estado laico, como es España hoy. Hace algunos meses España, el epicentro del poder eclesial en Europa, dejó de subvencionar a la Iglesia Católica con planillas y gracias a discreción. Los católicos ultramontanos no quieren entender que ellos son parte del problema y no de las soluciones. Porque su intolerancia sigue intacta y su capacidad de intimidar a los débiles sigue siendo usada irresponsablemente.

Nadie es hijo, nieto o bisnieto de Dios en este mundo de priones y quarks. Y menos lo son los hijos de una madrugada de aguardiente y tironeos.

No estamos en el año 1401, cuando la pena de la hoguera fue legitimada por la Iglesia católica siempre y cuando estuviera reservada a los herejes. Ese año se dictó el estatuto que establecía la quemazón en vida para quien osara contrariar a la jerarquía. La norma en cuestión se llamó: Haeretico Comburendo.

Federico Barbarroja fue quien legisló sobre la pena de muerte por disidencia eclesiástica en el año 1185. Que Cipriani se suba a una máquina del tiempo y vaya a saludarlo y a recordar los viejos tiempos.