Cargill nunca pierde en México. Cuando el precio de la tortilla sube hasta las nubes, gana. Si se importa maíz de Estados Unidos, se beneficia. Si, por el contrario, el cereal se exporta a otras naciones, recibe subvenciones. Cuando se licita el uso, aprovechamiento y explotación de terminales granaderos en puertos, se queda con ellas.

Cargill, fundada hace 140 años, es la segunda empresa privada más grande del mundo. Trabajan para ella 149 mil empleados en 72 países. La revista Fortune la ubica en el lugar 20 de las compañías más importantes del planeta. Se dedica a la compra, procesamiento y distribución de granos y otros productos agropecuarios. Se describe a sí misma en un folleto publicitario como "la harina en su pan, el trigo en sus tallarines, la sal en sus frituras. Somos el maíz de sus tortillas, el chocolate de su postre, el edulcorante de su gaseosa. Somos el aceite de su aderezo y la carne, cerdo o pollo que usted come en la cena. Somos el algodón de su ropa, la terminación de su alfombra y el fertilizante de su campo."

La trasnacional comenzó a tener presencia en México hace más de 80 años, cuando incursionó en operaciones forestales en el noreste. Dos décadas después recuperó sus actividades, ahora en el área agrícola. En 1972 inauguró su primera oficina en territorio nacional con seis empleados. El Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) primero, y la desaparición de Conasupo abrieron enormes huecos en el mercado nacional de granos que fueron ocupados por el gigante. Desde entonces, su presencia en la agroindustria mexicana es imparable.

El TLCAN establece que las importaciones de maíz estadunidense pueden requerir sujetarse a cupos establecidos cada año que, de rebasarse, deben pagar un arancel. Sin embargo, el gobierno mexicano eliminó unilateralmente esta protección, permitiendo el ingreso de mayores volúmenes de grano sin pago. Tan sólo entre 1994 y 2001, las importaciones fuera de cuota ascendieron a casi 13 millones de toneladas. Las grandes agroindustrias como Cargill y ADM vendieron la mayoría del maíz que México compró en Estados Unidos, beneficiándose enormemente de la importación del cereal sin pagar arancel. De paso, se beneficiaron del subsidio oculto presente en los créditos a la exportación que Washington otorga. Ana de Ita ha documentado ampliamente estas prácticas.

Los recursos destinados a los programas de pignoración, almacenaje, maniobras, flete y cabotaje para que la cosecha de maíz de Sinaloa (la más importante del país) sea trasladada a lugares remotos, así como para permitir su entrada al mercado de manera escalonada en el tiempo, han sido generosamente otorgados a Cargill. Cuando, como sucedió durante 2006, la trasnacional exporta cientos de miles de toneladas del cereal a otros países, el gobierno mexicano subvenciona el negocio.

Los productores comerciales de maíz blanco en nuestro país reciben por su producto un precio acordado con el gobierno llamado precio objetivo. Este es mayor al establecido en el mercado internacional más los costos de fletes y almacenajes desde la referencia de Nueva Orleáns hasta el punto de consumo en México (conocido como precio de indiferencia). Esta diferencia entre precio objetivo y precio de indiferencia puede fluctuar entre 450 y 500 pesos la tonelada, que paga el gobierno y no las empresas comercializadoras del grano, las cuales sólo desembolsan el precio de indiferencia. Cargill, como una de las más importantes acopiadoras del cereal, obtiene así, de manera indirecta, un importante subsidio.

En 2002 la Comisión Federal de Competencia autorizó a Cargill el uso, aprovechamiento y explotación de una instalación portuaria especializada en Guaymas, Sonora, junto con el Grupo Contri, cuya actividad preponderante son silos para el acopio, conservación, mantenimiento, almacenamiento y comercialización de toda clase de granos, principalmente trigo, maíz y sorgo. El gigante controla, además, el puerto de Veracruz, entrada principal de las importaciones graneleras.

Cargill tuvo un pequeño percance en tierras mexicanas, cuando en 2001 el Congreso aprobó un impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a la fructosa (esdulcorante elaborado a partir del maíz). La trasnacional importaba cerca de 385 mil toneladas anuales del producto. El asunto se zanjó en tribunales comerciales internacionales. México perdió el pleito.

Señalada como una de las principales responsables del alza al precio de la tortilla, compró y almacenó 600 mil toneladas de maíz de Sinaloa a mil 650 pesos la tonelada, que meses después vendió en 3 mil 500 pesos. Ahora, con la liberación de los cupos de importación del cereal, para supuestamente bajar los precios, obtendrá un nuevo beneficio. Según Lorenzo Mejía, presidente de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías, "los molinos no podremos importar y buscaremos los servicios de Cargill".

La empresa ha rechazado las acusaciones y ante la ola de indignación, negó ser "el maíz de sus tortillas". "Cargill, expuso en un comunicado, comparte con los consumidores, los industriales de la masa y la tortilla, así como con la industria pecuaria, su preocupación por el alto precio que el maíz ha alcanzado en las últimas fechas." Responsabilizó del incremento al libre mercado y aseguró que la adquisición del grano mexicano por parte de porcicultores nacionales originó presiones al alza.

La experiencia mexicana con Cargill da la razón a las declaraciones de Felipe Calderón en Davos. En las pasadas elecciones del 2 de julio en México ganó el libre mercado. Triunfó un modelo que permite la especulación con el principal alimento de la dieta popular, que orienta los subsidios públicos a las ganancias privadas, que auspicia prácticas monopólicas, que destruye la economía campesina. Resultó victorioso un modelo que hace de la devastación y el lucro su razón de ser.

Fuente:  La Jornada (México), 30 de enero de 2007

 

http://www.jornada.unam.mx/2007/01/30/index.php?section=opinion&article=021a1pol