El 5 y 6 de marzo se realizó en Tegucigalpa (Honduras) un foro organizado por el Colectivo Centroamericano por el Diálogo (CAD), instancia conformada por organizaciones centroamericanas y europeas que trabajan temas de ciudadanía, desarrollo local, institucionalidad democrática y desarrollo económico.

El principal objetivo del Foro Popular Internacional “Centroamérica-Unión Europea: un comercio con justicia y equidad es posible”, era de plantear a nivel regional la posición de las diferentes organizaciones civiles, entre ellas organismos campesinos, obreros, maestros, profesionales, pequeños y medianos productores, indígenas, afro descendientes, estudiantiles, ONGs y movimientos sociales, sindicatos, organismos de derechos humanos y redes de mujeres, frente al futuro Acuerdo de Asociación (AdA) entre Centroamérica y la Unión Europea.

A partir del 2003 se comenzó a hablar de la posibilidad de un tratado entre las dos regiones bajo la fórmula de un Acuerdo de Asociación, figura que según la Unión Europea contiene dos elementos que marcan la diferencia con los TLC, que son el diálogo político y la cooperación y que se sumarían a la creación de una zona de libre comercio.

Según Georgina Muñoz e Iván García de la Coordinadora Civil (CC), Irving Larios, presidente de la Federación de ONG de Nicaragua (FONG) y Luisa Molina de la Coordinadora de la Niñez (CODENI) “el día 6 de marzo participamos en una marcha mesoamericana, que se realizó como parte de las actividades del Foro Popular Internacional, para decirle no a los tratados comerciales que han afectado a los pueblos de la región y que no pueden ser una prioridad para los países centroamericanos, sin existir previamente una agenda de desarrollo integral para la región. En el foro discutimos nuestra agenda y en que debería consistir ese Acuerdo de Asociación”.

Para los miembros de estas organizaciones se trata de dos regiones diferentes, con dos economías desiguales, asimétricas y por eso, ante todo, hay que invertir en la región, entender hacia donde se va a dirigir la cooperación, que es lo que se va a discutir en ese diálogo político, quiénes son los actores de ese diálogo y si va a haber participación de las organizaciones sociales.

“Los países europeos –aseveró Georgina Muñoz– tienen asignado el 0.7 % de su PIB para la cooperación en la región, sin embargo no se está utilizando en su totalidad. Normalmente en nuestros países observamos mucha fragilidad en tema de justicia, democracia y derechos humanos, que son fundamentales para la institucionalidad democrática. Por otro lado, hay grandes vacíos en la inversión de la cooperación y en el proceso de desarrollo económico integral, el proceso de diversificación, de desarrollo local y de fomento a la pequeña y mediana empresa. Observamos como se siga hablando y supuestamente invirtiendo en el Corredor Mesoamericano, pero no se miran los resultados y no hay una verdadera reforestación de nuestras cuencas, ni mucho menos protección a nuestros recursos hídricos. En la región no tenemos un marco jurídico que nos proteja de este tipo de inversión y tampoco planes de desarrollo integral regional”.

Uno de los puntos más cuestionados es que, hasta la fecha, sólo las organizaciones y los movimientos sociales están dando seguimiento a este proceso y existe una carencia de propuestas por parte de los gobiernos centroamericanos, los cuales ni siquiera participaron en los diferentes foros organizados por la sociedad civil de la región y los representantes de la Unión Europea y del Sistema Consultivo del Sistema de Integración para Centroamérica (CC-SICA). Para las organizaciones nicaragüenses miembros del CAD “esto nos preocupa mucho, porque parece que los gobiernos centroamericanos quieran repetir los errores del pasado, cuando firmaron el TLC con los Estados Unidos (CAFTA) sin ninguna preparación e investigación, con un alto nivel de empirismo y sin tomar en cuenta la gran cantidad de organizaciones sociales regionales que tienen mucha experiencia y conocimiento en estos asuntos”.

Finalizando la marcha mesoamericana, el Colectivo Centroamericano por el Diálogo (CAD) entregó un documento (Declaración de Tegucigalpa) a las autoridades de la Unión Europea y al Parlamento hondureño, en el cual remarcaron su preocupación frente al inicio de las negociaciones entre los gobiernos centroamericanos y la Unión Europea, definiendo que el fin último de cualquier negociación entre las dos regiones no debe ser la creación de una zona de libre comercio, sino lograr una serie de objetivos fundamentales y esto a pesar de que un eventual Acuerdo de Asociación (AdA) incluya un diálogo político y diferentes formas de cooperación.

Para el CAD “la estrategia que la Unión Europea está considerando en su mandato negociador para la discusión de este acuerdo, busca la liberalización de los servicios públicos para que las transnacionales europeas puedan participar en el reparto de los mercados. A su vez pretende la liberalización de aranceles de igual a igual, entre regiones diametralmente desiguales y aborda los temas de propiedad intelectual, inversiones, recursos naturales y ambiente con base a la lógica de sus intereses y no al desarrollo e integración de los pueblos de Centroamérica. Por su parte, los gobiernos centroamericanos, complacientemente, defienden intereses de grupos económicos poderosos, en vez de promover una integración desde los pueblos y la defensa de los sectores populares de la región”.

Entre los objetivos más importantes detallados en el documento se evidencian:

- Una integración regional: política, social, económica, ambiental y cultural, que contribuya a la redistribución equitativa y justa del ingreso y la riqueza en la región;

- Un progreso científico y técnico compartido entre las dos regiones y dirigido al desarrollo económico y social de los pueblos centroamericanos;
- Derechos de propiedad intelectual que favorezcan el cuidado de la salud de la población y la protección de los recursos genéticos del área;

- Una inversión extranjera regulada, que respete el derecho de los trabajadores, el ambiente y promueva el desarrollo de los pueblos centroamericanos;

- Una reforma agraria integral, así como la protección de los pequeños productores y productoras agrícolas y agroindustriales que contribuya a alcanzar la soberanía alimentaria;

- Estados que asuman su responsabilidad para el desarrollo social, económico y político de los países centroamericanos, con control sobre la propiedad de los servicios públicos, garantes del acceso universal a la educación y salud, así como de la protección y manejo correcto de los recursos naturales;

- Una cooperación al desarrollo que contribuya a eliminar las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad en Centroamérica;

- Ratificar y cumplir los acuerdos, tratados y convenios internacionales de protección a los derechos humanos, laborales, al medio ambiente, a los derechos de los afro-descendientes y de los pueblos y nacionalidades indígenas a la defensa y respeto de sus territorios ancestrales;

- Mecanismos adecuados de participación directa de los actores sociales en la discusión;

- Respeto a los derechos laborales y humanos de los migrantes y relaciones justas y equitativas entre mujeres y hombres.

Fuente: Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (Rel-UITA)

http://www.rel-uita.org