El presidente García ha declarado en Chiclayo que el minifundismo “es totalmente improductivo y una tragedia para el país”.

Resulta que en el Perú, según el censo agropecuario de 1994, el 92.2% de las explotaciones agropecuarias tienen menos de 20 hectáreas. Y que, al contrario de lo que dice el presidente, sería una tragedia para el país que no existiesen, pues proveen el 71.5% del valor bruto de la producción agrícola del país. Son la base de la seguridad alimentaria del Perú, pues siete de cada 10 toneladas son producidos en ellas.[1]

El presidente confunde pequeña agricultura comercial con minifundio. La pequeña agricultura –llamémosle así de manera arbitraria a la que cuenta entre 5 y 20 hectáreas de tierras bajo riego- puede tener viabilidad económica si hubiese un contexto favorable. Contexto favorable es acceso al crédito, asistencia técnica, carreteras, acceso a bienes públicos (in-formación, comunicación, educación, salud). En todo esto el Estado, gobernado hoy por el presidente García, tiene una gran responsabilidad que no está asumiendo. Por contraste, la gran agricultura no necesita del apoyo estatal, aunque éste se lo da de distintas maneras (vendiendo tierras irrigadas gracias a la inversión pública a precios inferiores a los costos, montando oficinas promotoras de exportaciones). No todo es culpa del actual gobierno: el gobierno del ex presidente Fujimori desmontó lo poco que había de apoyo estatal a la pequeña agricultura, y los siguientes gobiernos no hicieron nada por ella).

Pero aún sin un contexto favorable la pequeña agricultura ha mostrado su capacidad de progresar. El caso de los cafetaleros –casi todos ellos minifundistas según los criterios del presidente– organizados en cooperativas, asociadas a la Junta del Café, han sabido remontar una grave crisis de precios bajos orientando su producción a café gourmet y orgánico.

El presidente García acertadamente recomendó que se impulse la formación de asociaciones de pequeños agricultores para superar algunas de las desventajas de la pequeña escala de producción. Pero aquí también el gobierno tiene un papel que cumplir facilitando, por ejemplo, el acceso a ciertos servicios a los pequeños agricultores que están asociados.

¿Pero qué pasa con los minifundios ‘de verdad’, aquéllos que no llegan ni a una hectárea, que también son centenares de miles, que albergan a los muy pobres? Imagínese el presi­dente García lo que ocurriría si no tuviesen esa hectárea, que mal que bien les permite pro­ducir parte de los alimentos que necesitan para sobrevivir y un espacio para la vivienda. Estas familias minifundistas tienen que dedicarse también a otras actividades económicas para complementar sus ingresos, y por eso parte de sus miembros migran temporal o defi­nitivamente. Este numerosísimo sector de pobres rurales encontrarían grandes beneficios si es que en el Perú estuviese ocurriendo no solo una descentralización político – administrativa, sino también un desarrollo económico descentralizado. La multiplicación y diversifi­cación de las actividades económicas rurales y la intensificación de las relaciones entre el campo y las ciudades pequeñas e intermedias abrirían nuevas oportunidades a los minifun­distas quienes, sin necesariamente tener que abandonar sus tierras ‘para formar predios agrícolas viables de 20 o más hectáreas’, accederían a un mercado de trabajo diversificado. Es una estrategia llamada hoy de ‘desarrollo territorial’. También aquí corresponde al gobierno central una tarea de orientación y estímulo.

En la misma oportunidad el presidente García afirmó que debería dejar de cultivarse el arroz, pues no es rentable y consume mucha agua. Pero resulta que se están entregando decenas de miles de tierras para el cultivo de caña de azúcar – cultivo que también es gran consumidor de agua – para la producción de etanol para la exportación por grandes em­pre­sas (¡que están exigiendo exoneraciones tributarias para ser rentables!). ¡Por lo menos el arroz sirve para alimentar a la población y es una fuente de ingresos para miles de pequeños agricultores! Y resulta que el Programa Sierra Exportadora parece más un programa para que los grandes inversionistas se aprovechen de las particularidades ecológicas de esa región que para ayudar a una parte del campesinado (gran parte de ellos minifundistas) a salir de la miseria. De otra manera no puede entenderse las declaraciones del Ing. Benza, presi­dente del Programa, por dedicar 200 mil hectáreas al cultivo de insumos para biodiesel de exportación.

Lo preocupante es que detrás de las palabras del presidente pueda estar la intención de orientar el desarrollo del agro por el lado de la consolidación de la gran empresa agraria dedicada a la exportación, y continuar ignorando las necesidades de las centenares de miles de familias ‘minifundistas’ y el mismo concepto de desarrollo rural.

Nota

[1] Después de trece años, es tiempo que el gobierno haga un nuevo censo agropecuario para actualizar esta información, sin la cual es difícil diseñar y ejecutar políticas de desarrollo rural.

- Fernando Eguren
CEPES