Vamos al referéndum y queremos garantías democráticas, para que sea transparente, honesto, sin trampas. Queremos un referéndum donde la fuerza del dinero no aplaste la voluntad democrática de la sociedad costarricense, que ha conformado desde abajo un gran frente nacional de lucha contra el TLC y la agenda de implementación. Por eso pedimos garantías para el referéndum, por ser un instrumento nuevo y de importancia extraordinaria para el futuro de nuestra democracia; por eso hay que defenderlo de cualquier intento de prostituirlo o manipularlo.

En primer lugar, se debe respetar la iniciativa popular autorizada por el Tribunal Supremo de Elecciones. Hay una consulta popular, que es un derecho de la ciudadanía tutelado constitucionalmente, una figura autónoma en la forma de convocar a referéndum que se debe acatar, permitiendo el inicio de la recolección de firmas. Si el TSE encuentra alguna razón para anular la iniciativa del ex diputado José Miguel Corrales y otros ciudadanos, se lo tiene que explicar a la ciudadanía; si ésta no existe debería darle prioridad a la iniciativa popular, frente a la propuesta del presidente Arias.

En segundo lugar no se puede llevar al pueblo a una consulta sin seguridades jurídicas evidentes. Este proyecto tiene que ser consultado a la Sala Constitucional antes de ser sometido al voto popular, porque, de lo contrario, se le podría estar tomando el pelo a la ciudadanía; llevando al país a un referéndum sobre el TLC, cuando ya destacados juristas y académicos han señalado más de quince inconstitucionalidades.

Queremos que la Sala Constitucional resuelva. La Constitución de la República exige el examen constitucional de los tratados internacionales. Esto no se lo puede saltar nadie con garrocha. Claro que no hay antecedentes, porque el referéndum es inédito en la vida política del país. Pero, precisamente por serlo, requiere mecanismos creativos y originales, sin atenerse a una reglamentación que no sea adecuada para una institución democrática desconocida hasta ahora en la vida del país, como el referéndum. Contrario a lo que algunos defensores del TLC sostienen, la Ley de la Jurisdicción Constitucional sí permitiría a la Sala IV pronunciarse antes de la celebración del referéndum.

En tercer lugar, queremos garantías porque hemos sido testigos de que en las elecciones hay financiamiento criminal a los partidos, que tratan de vulnerar, al final, la voluntad de la gente en las urnas. Hay dinero criminal que ha financiado campañas políticas proveniente del narcotráfico, de gobiernos extranjeros y de las transnacionales. Queremos garantías para poder ir a una votación, donde el poder del dinero no quiera doblegar fraudulentamente la voluntad ciudadana.

En cuarto lugar se deben retirar de la agenda legislativa los proyectos de ley incluidos en la llamada agenda de implementación, aquellos que obligatoriamente esta conociendo la Asamblea Legislativa y que forman parte orgánica del TLC. No se puede engañar al país, el tratado es un texto orgánico e integral y la agenda de implementación, es parte del TLC. No se puede tratar de aprobar la agenda de implementación y, al mismo tiempo, someter a referéndum el TLC.

La movilización social seguirá para evitar la privatización del ICE y del INS, para evitar que se patente la vida, que se quiera comercializar con las semillas y con las plantas, en defensa de nuestra patria, de las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo. Seguiremos en las calles, democrática y pacíficamente, y ganaremos en las urnas el referéndum. Será una batalla histórica de David contra Goliat donde, como ha dicho el expresidente Monge Alvarez, se repetirá el episodio bíblico. Después de todo como canta Guadalupe Urbina: "David no es Goliat, pero sabe pensar".

- Artículo publicado en el Diario Extra y la Prensa Libre, el día 20 de abril de 2007

José Merino del Río
Diputado del Frente Amplio