A la discusión de la despenalización del aborto se ha sumado la voz del presidente Felipe de Jesús Calderón, quien dijo estar “en defensa de la vida” y llamó a no tocar temas que “dividen a los mexicanos”. El mandatario cedió a la tentación de enarbolar sus convicciones personales y religiosas, asunto al que se había resistido en otros temas álgidos como la promoción del condón como parte de las políticas públicas de salud.

El debate en torno al aborto en el Distrito Federal ha divagado entre la doble moral y un sentimentalismo pedestre que desvían la atención de las miles de mujeres que, prohibido o no, están interrumpiendo voluntariamente sus embarazos día con día en la ciudad de México y en todo el país; la mayoría lo está haciendo sin los requerimientos médicos mínimos para salvaguardar su salud y su vida.

De acuerdo con resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 2006, 80 por ciento de las mujeres no deseaban tener un hijo al momento de embarazarse y, según la organización civil IPAS México, 14 por ciento de los abortos realizados en el país se hace en la ciudad de México, donde ya es la tercera causa de muerte materna.

La discusión no es, entonces, si se va a autorizar el “asesinato” —como lo llamó el panista Carlos María Abascal— de “bebés”, o si se llegará al “genocidio”, como ha vociferado la Iglesia católica. No se trata de promover el aborto ni de sustituir con él la educación sexual o la planificación familiar.

Lo que se busca resolver con la despenalización es que todas las mujeres que hayan decidido interrumpir su embarazo puedan hacerlo de forma segura, pues esta práctica se ha convertido en un ejemplo más de las desigualdades sociales y económicas que determinan la vida o muerte de las ciudadanas mexicanas.

El aborto es una práctica común, con la diferencia de que quienes cuentan con recursos económicos acuden a hospitales privados a atenderse con profesionales (que no las denuncian ni les niegan el procedimiento), o incluso viajan a países donde el aborto es legal, mientras quienes no tienen el dinero suficiente corren el riesgo de perder la vida por complicaciones derivadas de la automedicación, o en consultorios clandestinos que son, a todas luces, un problema de salud pública.