El Salvador

Las reformas neoliberales y, más recientemente, los acuerdos de comercio e inversión han subsumido a los Derechos Humanos a una lógica mercantil, consolidando un orden planetario en el que el “valor superior de las cosas” se ubica en la ganancia.  En este afán los servicios públicos, la biodiversidad, los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, los recursos del subsuelo y el agua misma han sido transformados en simples mercancías, objetos de comercio.

Este “orden” no sólo resulta ser insustentable sino también inadmisible, y nos insta a renunciar al hecho de que sea el mercado –a través de la oferta y la demanda-- quien dirija el destino de los pueblos y de nuestras vidas.  Tiene todo el sentido del mundo plantearnos otro orden de cosas y reivindicar nuestro derecho soberano a construir el sendero que como naciones decidamos enrumbar.

La lógica de “integración” de los TLC

Las reformas neoliberales promovidas por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que han sido aplicadas al pie de la letra por los gobiernos de la región centroamericana, sentaron las bases en que se fundamenta el proceso de acumulación internacional del capital.  La erosión de las funciones y competencias de los Estados, la privatización de las empresas y activos públicos, y la desregulación y liberalización de la economía, favorecieron el posicionamiento del capital transnacional en la región y la consolidación de los núcleos hegemónicos empresariales nacionales.

De manera complementaria a los programas de ajuste estructural y respondiendo a la misma lógica mercantil de maximización de ganancias, desde 1994 se viene impulsando una ola de “libre comercio” a través de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y los Tratados de Libre Comercio (TLC), apoyados por un conjunto de megaproyectos recogidos en el Plan Puebla Panamá (PPP), a través de los cuales se crea la infraestructura económica necesaria para el funcionamiento del capital transnacional en la región[1].

La superioridad jurídica de los Tratados y Acuerdos Internacionales les permite subordinar la legislación secundaria de los países a sus principios y contenidos, convirtiéndolos en un instrumento idóneo y altamente eficiente que garantiza que los privilegios de las corporaciones transnacionales se transformen en derechos.  Los Tratados introducen una gama de mecanismos que conjugan prohibiciones a los gobiernos –limitando su capacidad de definir sus propias políticas públicas--, con derechos para las empresas extranjeras en materia de inversiones, tratos no discriminatorios, propiedad intelectual, acceso a la provisión de servicios públicos y licitaciones gubernamentales, así como el control de los recursos naturales.

La lógica del “libre comercio” apunta hacia una integración de los capitales y la consolidación de un bloque económico regional liderado por los Estados Unidos, a partir del cual las corporaciones de ese país pueden ejercer el control hemisférico y obtener un posicionamiento favorable frente a la Unión Europea y las economías del sureste de Asia.  Se trata de una integración que ofrece libre acceso al capital corporativo, sin regulaciones, con tratamiento nacional y con tribunales supranacionales corporativos para dirimir sus controversias contra los Estados.  Este tipo de integración se convierte en una pieza fundamental de la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos.

La “integración” de los gobiernos centroamericanos

La integración promovida por los TLC se yuxtapone al proceso integracionista impulsado por los gobiernos de los países centroamericanos, en el cual han primado los intereses de los capitales nacionales.  La preeminencia del ámbito económico en la integración regional se hace evidente en los mismos límites que observa el proceso: una primera fase del Mercado Común Centroamericano (MERCOMÚN), en la que las grandes empresas nacionales lograron posicionarse en los mercados regionales, hasta finales de la década de los sesenta en que se rompe el proceso con la guerra entre El Salvador y Honduras.

Luego, el proyecto de integración centroamericana se recompone en 1991, a partir de la suscripción del Protocolo de Tegucigalpa (PT), dando origen al Sistema de Integración Centroamericana (SICA), el cual es concebido desde una lógica sistémica y holística en la que se incluyen los ámbitos político, económico, social, cultural y ambiental; no obstante, en la realidad, el proceso de integración centroamericana se ha reducido a los planos comercial y financiero, y se expresa en la búsqueda de los gobiernos -sin lograr su concreción- de una Unión Aduanera[2].

Desde una perspectiva estrictamente formal, el SICA tiene un alcance y profundidad que trasciende de la lógica mercantil del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), tal como lo recoge el texto de la Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES); sin embargo, los resultados que arrojan los quince años del proceso integracionista sólo pueden dar cuenta de las ventajas comerciales para unas cuantas empresas derivadas de la supresión de barreras arancelarias y las facilidades para la integración de los capitales financieros de la región.

Vale señalar que el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) señala que "el Sistema de la Integración Centroamericana es el marco institucional de la Integración regional de Centroamérica” (Art.  2) y que "la tutela, respeto y promoción de los Derechos Humanos constituyen la base fundamental del Sistema de la Integración Centroamericana" (Art. 4); con lo cual los gobiernos centroamericanos están en la obligación de abstenerse de adoptar cualquier medida que sea contraria a las disposiciones del Protocolo o que obstaculice el cumplimiento de los principios fundamentales del Sistema de la Integración Centroamericana o la consecución de sus objetivos[3].

Los instrumentos jurídicos de la integración centroamericana formalmente se anteponen a cualquier otro acuerdo relacionado con esa materia[4], por lo que con la implementación del DR-CAFTA se genera una ruptura del marco jurídico de la integración centroamericana y, en particular, la violación de la Constitución de la República de El Salvador.

En contrapunto, el DR-CAFTA limita las facultades de los Estados para perfeccionar los instrumentos de la integración, en todo aquello que pueda resultar inconsistente con el DR-CAFTA[5].  Además, los contenidos de este tratado están referidos principalmente a aspectos relacionados con el comercio e inversión, por lo que resulta contraproducente darle preeminencia sobre un marco jurídico más general como es de la integración centroamericana que formalmente regula aspectos humanos, culturales, económicos y sociales, más allá de lo comercial.

El Protocolo de Tegucigalpa reafirma algunos principios de la integración de Centroamérica (Art.3), como son la consolidación de la democracia y el fortalecimiento de sus instituciones, concretar un nuevo modelo de seguridad regional o lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica y social para los pueblos centroamericanos[6].  Si consideramos que el DR-CAFTA conlleva impactos negativos en el ámbito laboral, medioambiente, salud, entre otros, es evidente que el tratado resulta incompatible con los objetivos formales de la integración centroamericana.

Otra integración: desde abajo, desde adentro y a la izquierda

Es evidente que la integración de las corporaciones y del capital nacional no es la integración para los pueblos.  Las alternativas no se construyen a partir de modelos globales, la idea de homogeneizar realidades disímiles en un esquema único es una de las grandes limitaciones que entrañan las simplificaciones y abstracciones de la realidad, y además son fuentes de debilidad e inaplicabilidad.  Las alternativas se construyen desde las experiencias locales, territoriales y sectoriales, en un esfuerzo que parte de la realidad específica y cuyas propuestas dimanan desde abajo, desde los sujetos y sujetas del proceso.

Aunque la dimensión local es la base para la construcción de propuestas alternativas y de las acciones ciudadanas, éstas deben integrarse en una dimensión nacional a efecto de que no se conviertan en intentos dispersos o expresiones aisladas; además, los esfuerzos nacionales deberían articularse con los procesos que, en los planos regionales y globales, se están llevando a cabo.  Esto porque el carácter global del neoliberalismo exige respuestas globales, aunque éstas se van tejiendo desde el plano territorial o sectorial.

Avanzar en la construcción de una integración regional nos exige la definición de nuestros propios proyectos nacionales de desarrollo, estructurados en base de principios de participación democrática, sustentabilidad y reducción de las brechas de desigualdad -genérica, etárea, étnica, social y geográfica--, que conduzcan hacia el cumplimiento y prevalencia de los Derechos Humanos y de un orden fundamentados en la justicia y dignidad de los pueblos.

Estos esfuerzos exigen superar la visión cortoplacista prevalente, reivindicar el rol del Estado en la actividad económica y en la planificación del desarrollo, priorizando el desarrollo de las empresas sociales y cooperativas; recuperando la capacidad de los pueblos de producir sus propios alimentos, las formas tradicionales de cultivo y las semillas nativas; retomando el control de los recursos naturales y garantizando la provisión pública de los servicios públicos.

Profundizar en la elaboración de propuestas alternativas representa un enorme reto para todas aquellas organizaciones y personas que, desde el plano ético y técnico, reconocemos las insuperables limitaciones que el orden capitalista tiene, y que se traducen en las intolerables brechas de desigualdad, exclusión y deterioro presentes en los países de la región.  De allí que una de las acciones de importancia meridiana sea el desarrollo de nuevas formas de organización económica, social y política, que propendan a la construcción del poder popular.

La construcción de una integración desde los pueblos pasa por empujar la resistencia, lo cual entraña la realización de acciones ciudadanas que contengan y/o reviertan los proyectos neoliberales, como son los TLC, el ALCA y la privatización de los servicios públicos, entre otros; pero la resistencia también implica la concreción del esfuerzo por construir las alternativas, tal como se ha planteado anteriormente.

Uno de los ejes de la resistencia lo constituyen las acciones ciudadanas para poner freno a los procesos de privatización de los servicios públicos, pues trasladar a la esfera del mercado servicios fundamentales como la salud, la educación y el agua, implica su mercantilización y la consecuente negación del acceso de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), en un contexto que se caracteriza por la falta de acceso a los mercados de importantes sectores de la población.

Movilización ciudadana

La intención de los gobiernos de avanzar en la privatización de un bien público como el agua[7], esencial e indispensable para la vida misma, constituye la exacerbación de la lógica de la ganancia que ve en la privatización de este recurso un negocio altamente rentable, sin importar las serias implicaciones que ello entraña sobre la existencia de los seres vivos del planeta.  Esta situación podría convertirse en un vector movilizador que articule los esfuerzos locales, nacionales y regionales para evitar la mercantilización y el control corporativo de los recursos hídricos.

En este contexto, resulta indispensable avanzar en las labores de difusión y alfabetización económica y política como factor de movilización, a partir de las cuales se logre elevar la conciencia ciudadana de hombres y mujeres para que puedan asumirse como sujetos y sujetas de derechos, y luchar por su vigencia y cumplimiento.  Los medios de comunicación social juegan un rol fundamental en este esfuerzo de difusión de información; para ello vale identificar los vehículos idóneos y eficientes para acercar la información hasta los actores sociales.

Las dimensiones local, territorial y sectorial constituyen la base de las acciones ciudadanas, pues las reivindicaciones por la solución de sus problemáticas particulares es la que podría generar la sinergia de movilización y acción social.  La organización en los lugares de vivienda, de trabajo y estudio, o la organización por la consecución de intereses comunes, pueden marcar una vía para enfrentar la globalización neoliberal.

La movilización también es un instrumento idóneo para reivindicar el respeto a la participación ciudadana en la toma de decisiones, con ello se busca la inclusión de las organizaciones sociales en la formulación de políticas públicas, haciéndolas participes en la función de contraloría ciudadana.  Las acciones ciudadanas deberían emerger desde el seno mismo de las organizaciones y apoyarse en el trabajo y reivindicaciones realizadas desde otros espacios nacionales e internacionales.

Debería buscarse la mayor creatividad posible, incursionar en fuentes inéditas de resistencia y organización que puedan combinar las denuncias ante las instancias nacionales e internacionales idóneas, con la participación en la formulación y seguimiento de las políticas públicas, el involucramiento en las labores de contraloría social, y la exigencia concreta de reivindicaciones acogidas por los sectores sociales.

La magnitud de los procesos regentados por la OMC, y los que se impulsan desde el ALCA, los TLC y el PPP, desbordan nuestras capacidades locales y nacionales para aspirar a la posibilidad de lograr su modificación en los aspectos esenciales; esto nos impone el reto de imprimirle a las acciones ciudadanas la mayor creatividad y audacia posibles, lo cual exige mantener un profundo conocimiento del fenómeno, pero también una estrecha coordinación ciudadana en los planos local, nacional e internacional.

Sólo desde una lógica que parta y se construya desde abajo, activando la movilización ciudadana desde los territorios, podremos tener alguna seguridad de que los proyectos e iniciativas podrían generar bienestar para la población.  Los tratados y acuerdos internacionales sólo pueden ser beneficiosos para los pueblos en la medida en que éstos sean definidos a partir de las estrategias nacionales de desarrollo, construidas democráticamente, y antepongan el respeto a la vida por encima del beneficio económico y la prevalencia de los intereses comerciales.

Raúl Moreno, economista salvadoreño, catedrático de la Escuela de Economía de la Universidad de El Salvador y miembro de la Red de Acción Ciudadana frente al Comercio e Inversión, SINTI TECHAN.