Al fin se dignó hablar el llamado fiscal Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República, Octavio Alberto Orellana Wiarco, para decir un par de cosas sin sustancia y sin sentido, primero para afirmar que el organismo a su cargo está acotado pero eso sí, según él, es muy eficaz, no obstante que prácticamente está paralizado.

En un triunfalismo equívoco afirmó que el organismo a su cargo es efectivo, pues ha llevado dos indagatorias por el delito de amenazas ante los tribunales locales, Tan desmesurada declaración la hizo a pesar que de 152 asuntos, 82 los resolvió enviándolos a la reserva al declararse incompetente o determinando un no ejercicio de la acción penal contra los presuntos responsables; además justificó su desconocimiento de la actividad periodística aduciendo que no es su profesión. Así habló la esfinge y se antoja la pregunta a la incapacidad: ¿Para qué aceptó Orellana Wiarco el puesto, sólo para cobrar el alto sueldo burocrático?

Luego, más sensible, calificó de muy preocupante la ola de violencia que azota el país en contra de los informadores. Esperemos que tenga cuando menos una idea de la nómina lúgubre, de las desapariciones forzosas y cientos y cientos de toda clase de agravios, todos en la vergonzante impunidad.

Nada más para su información, por si acaso le hacen llegar este Comentario a Tiempo, le decimos que la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-MÉXICO, en trabajos conjuntos con la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos y el Club Primera Plana, tiene documentados de 1983 a la fecha 68 periodistas asesinados y 9 desapariciones forzosas.

Para mayor explicación, hasta el año 2000 los asesinatos de periodistas eran estadísticamente de 2 por año; a partir del supuesto gobierno del cambio, la cifra superó el cien por ciento al ubicarse en 5 comunicadores victimados por año. El fenómeno de los secuestros, o como dicen en el argot policíaco, de los levantones, se presentó en nuestro país precisamente en estos últimos siete años.

A mayor abundamiento, señor Fiscal, le explicamos que de la lista ignominiosa, corresponde al periodo del actual Gobierno 4 asesinatos y tres desaparecidos. Hasta antes de los hechos de los compañeros de TV Azteca, se habían registrado 7 desapariciones, y se redujeron a 5, porque dos de los colegas fueron encontrados muertos; por consecuencia son nuevamente siete los colegas cuyo destino se desconoce.

Orellana Wiarco, descubre el Océano, al admitir que dirige un organismo "acotado en sus atribuciones y competencias", a tal punto que de los homicidios y desapariciones de periodistas atribuidas al crimen organizado, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), únicamente le comunica si las investigaciones siguen abiertas o se archivaron. Luego entonces la Fiscalía Especial no sirve para maldita la cosa.

Desde cuando el periodismo organizado ha señalado que se trata de una oficina burocrática, sin sustento de ley, creada ante la presión social por un decreto expedido por Vicente Fox Quesada. Antes de que se digne hablar nuevamente la esfinge, que ni siquiera tuvo el tino de presentarse ante los informadores, debería saber que mientras los delitos contra los periodistas no se federalicen, la fiscalía a sus cargo no tiene razón de existir.

- Teodoro Rentería Arróyave es periodista y escritor mexicano, vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP.
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