Buenos Aires

El 27 de mayo de 2007 los sudamericanos comenzamos a recuperar la soberanía popular sobre los medios de comunicación privados que confiscaron nuestro derecho a la información.

Sin lugar a dudas, el 27 de mayo debería ser considerado como el Día Latinoamericano la Democracia y la Soberanía Mediática, pues este lunes cesaron las transmisiones de RCTV, emblema de las corporaciones que desde hace décadas vienen privando a los ciudadanos del derecho a informar y a estar informados. En cumplimiento de la Constitución Nacional y de la doctrina de Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la información como parte del cuerpo universal de Derechos Humanos, el gobierno de Venezuela decidió no renovarle la concesión al canal privado de televisión RCTV, varias veces sancionado por incumplimiento de la ley y sostén del golpe de Estado de abril del 2002.

La concesión venció justamente el pasado domingo 27 y a partir de las cero horas del 28 los venezolanos contarán con una nueva señal – Teves - gestionada por el Estado, con amplia participación de organizaciones sociales y de creadores y productores independientes en la gestión del medio.

Directivos de RCTV y representantes empresarios y políticos de la derecha recalcitrante, con el a veces no tan silencioso apoyo de la embajada de Estados Unidos en Caracas, habían lanzado una campaña nacional e internacional contra la decisión legal y legítima del gobierno de Hugo Chávez, aunque sin éxito alguno.

La Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA) –más allá de las reales intenciones de esas entidades – debieron admitir que la decisión oficial venezolana se ajusta tanto al derecho local como a las normas internacionales sobre la cuestión.

El marco legal de la televisión privada venezolana está dado por el sistema de concesiones. En 1987 – Chávez no gobernaba -, el decreto 1577 estableció que todas las concesiones otorgadas antes de esa disposición - la de RCTV se encontraba en esa categoría y venció justamente el 27 de este mes - serían válidas durante 20 años, sin obligación alguna de extensión o renovación.

La decisión gubernamental no hace otra cosa que cumplir con el artículo 108 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “(…) El Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas e informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información”.

La no renovación de la licencia a RCTV acata además la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y el Plan Nacional de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales de 2007.

Además se somete a todas las recomendaciones formuladas por la ONU sobre el derecho a la información como parte integrante del cuerpo universal de Derechos Humanos y lleva a la práctica algunos de los principios consagrados por aquella organización multinacional, como el de ruptura del monopolio Medio – Mensajes; pluralidad, abierta y democrática; participación popular y los medios dirigidos a ciudadanos y no a consumidores.

Según estadísticas, incluso aceptadas por la más reaccionaria de las entidades patronales mediáticas de la región – la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)-, legendaria sostenedora de dictaduras militares y poderes monopólicos, el 80 por ciento del mercado publicitario de Venezuela está en manos de los medios privados y el 70 por ciento de esos negocios pertenece a un puñado de grupos corporativos.

El libro “Periodistas y Magnates” de los investigadores argentinos Guillermo Mastrini y Martín Becerra (Prometeo, Buenos Aires, 2006) –uno de los mejores estudios realizados sobre el tema – sostiene que “los bajos niveles de acceso en América Latina se complementan con una estructura del sector altamente concentrada, en la cual las cuatro primeras firmas de cada mercado dominan (promedio regional) más del 70 por ciento de la facturación y de la audiencia” de los medios de comunicación.

Ese libro sintetiza los resultados de la primera investigación sobre la estructura y sobre los indicadores de concentración de las industrias culturales y las telecomunicaciones en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela.

La semana pasada, en Caracas y Cochabamba (Bolivia), respectivamente, tuvieron lugar las Jornadas Internacionales sobre el Derecho Ciudadano a Informar y estar Informado y el V Encuentro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad.

En ambas citas, decenas de escritores, cineastas, periodistas e investigadores analizaron el rol de los medios de comunicación como agentes sociales y políticos, especialmente en América Latina, y pronunciaron su decidido apoyo a la decisión del gobierno de Venezuela de no renovarle la licencia al canal RCTV y alertaron sobre las maniobras desinformativas que las grandes corporaciones que controlan los medios privados están desplegando en toda la región, en particular contra los gobiernos democráticos de Evo Morales en Bolivia y de Rafael Correa en Ecuador.

Al participar en ambos eventos en calidad de director de APM, quien esto escribe sostuvo que, “así como nadie en su sano juicio aceptaría que los alimentos de su hogar fuesen propiedad discrecional de un grupo de cinco familias poderosas, nadie debería aceptar que los medios de comunicación estén en manos de esas cinco familias, como sucede en América Latina, porque tanto la alimentación y la información son derechos humanos inalienables de los ciudadanos y de los pueblos”.

“La decisión del presidente Chávez, de no renovarle la concesión a RCTV, no significó otra cosa que el cumplimiento de una obligación que tienen los gobiernos, acatar el mandato de las Constituciones, e implicó un acto de gran coraje político respaldado en el mismo coraje que tienen las mayorías del pueblo venezolano, comprometidas con un proceso revolucionario con amplias bases democráticas. Esa determinación soberana, legal y legítima implica una saludable ampliación del derecho a la libertad de expresión real”, afirmó en Caracas y en Cochabamba el autor de esta nota.

La campaña lanzada en su defensa por los propietarios y directivos de RCTV – que incluso organizaron movilizaciones callejeras de sectores sociales recalcitrantemente opositores al gobierno de Chávez – se basó en un cuerpo de sistemáticas mentiras, según revelaron trabajadores y ex altos ejecutivos de ese canal privado.

Un testimonio por demás revelador en ese sentido fue el de Andrés Izarra, quien fuera director de producción de RCTV cuando las jornadas golpistas de abril del 2002.

“Recibimos la orden de silenciar los micrófonos y cerrar las pantallas del canal a todo lo que no fuese apoyo a las los elementos golpistas”, dijo Izarra, quien se negó a cumplir las instrucciones e inmediatamente presentó su renuncia.

Izarra es actualmente el presidente de la cadena Telesur, primera señal latinoamericana con clara línea editorial democrática, antihegemónica y propulsora de un programa de integración regional de corte pluralista y no dependiente de las estrategias de las corporaciones transnacionales.

La semana pasada, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela confirmó la legalidad y la legitimidad de la decisión gubernamental y en distintos puntos del país tuvieron lugar multitudinarias marchas populares de apoyo a la medida adoptada por Chávez, sin que, por supuesto, ninguna de las televisoras privadas que monopolizan las pantallas de ese país –entre ellas la poderosa Globovisión – le dedicaran un segundo de cobertura a esos eventos.

El diario caraqueño “Vea” reveló el jueves último documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos según los cuales un grupo de destacados periodistas de RCTV y Globovisión recibieron pagos por parte del gobierno estadounidense.

Esos pagos, que van de los 6.000 a los 12.000 dólares fueron efectuados en 2004 y 2005 a Miguel Angel Rodríguez, Aymara Lorenzo, Ana Karina, Pedro Luís Flores y Roger Santodomingo, todos conductores de programas y periodistas con enconados discursos antigubernamentales y en muchas ocasiones de corte golpista.

Como cierre de esta crónica, la Agencia APM propone que el 27 de mayo pase a ser el Día Latinoamericano de la Democracia y la Soberanía Mediática, pues la determinación de las autoridades venezolanas debería inspirar a otros gobiernos de la región a seguir pasos similares. Todos; los gobiernos, la sociedad y los ciudadanos no debemos permitir que “cinco” familias oligopólicas nos confisquen nuestro derecho a informar y estar informados.

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Mar del Plata / Argentina

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