Sería un exceso el sólo pensar que el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa haya influido en los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su decisión, por cierto muy reconocida por la población, de echar abajo, por obviamente anticonstitucional, la llamada Ley Televisa, que en realidad son dos: la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley de Telecomunicaciones.

Preferimos, en contrario, pensar que el máximo tribunal tomó dicha determinación en uso de las facultades que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le concede, para asegurar la rectoría del Estado, y que el Poder Ejecutivo simplemente se mantuvo al margen.

Desde luego que de acuerdo a la costumbre, que ha hecho historia, de que el Poder Ejecutivo siempre ha dictado sus órdenes a los otros dos, el Legislativo y el Judicial, es el motivo de cuando menos surjan las sospechas.

Es muy posible, también como se asegura en notas periodísticas, que el presidente Calderón Hinojosa haya conocido del proyecto del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, sin embargo es de explicarse, que el mismo se quedó muy rebasado ante el resolutivo final de la Corte, que como lo hemos señalado mando al cesto de la basura la Ley de Medios.

Como lo han analizado no pocos expertos, el primer gran golpe que los 47 senadores que presentaron la controversia constitucional fue haberla bautizada como la Ley Televisa. Fue un mote que de entrada descalificó a la aberración jurídica.

Tres son los aspectos fundamentales en la determinación de inconstitucionalidad que determinó la Corte y que son básicos para que no se perdiera la rectoría del Estado tocante al espectro radioeléctrico: primero que por ninguna motivo se otorgaran las concesiones a perpetuidad; que una concesión dada, de acuerdo a las nuevas tecnologías, no permitiera en automático la explotación de otros servicios: telefonía, computación y otros, y lo más importante, que las concesiones no se otorgaran por subasta pública.

Subasta pública que iba a permitir que los más poderosos económicamente fueran los únicos que se quedaran con la estaciones de radio, los canales de televisión y demás servicios; que pudiera entrar hasta dinero extranjero, en una industria que se ha declarado cien por ciento mexicana, y que el narcotráfico también la contaminara.

Sí, definitivamente, sería de una gravedad que a estas alturas y cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha entrada en una reivindicación ante la sociedad, pudiera pensarse en una intromisión del Ejecutivo. Por lo pronto la noticia ha sido desmentida por la Secretaría de Gobernación y por el mismo tribunal, sin embargo el reportero de La Jornada, el colega Jesús Aranda Terrones, insiste en la ratificación de sus fuentes.

Por lo pronto, insistimos, sería un exceso el sólo pensar que el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa haya influido en la Corte en su decisión, por cierto muy republicana y muy reconocida por la población, de echar abajo, por obviamente anticonstitucional, la llamada Ley Televisa.

- Teodoro Rentería Arróyave es periodista y escritor mexicano, vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP.

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