El gobierno de Uribe ha querido mostrar como gran éxito haber conseguido la aprobación en el Congreso de sus principales proyectos en la legislatura que recientemente acaba de concluir: el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos, la reforma constitucional al régimen de transferencias presupuestales del gobierno central a las entidades territoriales, la Ley de Desarrollo Rural o Estatuto Rural, entre los más relevantes. No obstante, un análisis detallado de la forma como el gobierno logró tales aprobaciones y las irregulares circunstancias que las rodearon llevan a concluir que se trata de logros vergonzosos conquistados mediante la trasgresión de normas constitucionales y procedimientos legales.

En el caso del TLC, lo aprobado no corresponderá al eventual texto definitivo que tendría vigencia en el futuro. Lo que la Cámara de Representantes y el Senado de Colombia votaron positivamente no tiene las reformas que el Congreso de Estados Unidos y la administración de Bush están concretando para los capítulos ambientales, laborales, de propiedad intelectual y de inversiones; eso que el oficial de comercio de Estados Unidos, John Veroneau, denominó “una nueva plantilla”. Ese acto tramposo no recibió el voto afirmativo de una mayoría abrumadora como la que pretendía el gobierno. El que solamente 55 de 102 senadores colombianos lo hubieran validado, antes que mostrar un fuerte aval significa un debilitamiento todavía mayor de la posición gubernamental y en nada le ayudará para mostrar alguna fortaleza frente a Washington que era el propósito perseguido con tan equívoco proceder.

Algo similar ocurrió con la reforma constitucional al régimen de transferencias. Según el vocero del Polo Democrático Alternativo en el Cámara, Germán Reyes, en la votación de la ponencia del gobierno se contabilizaron 71 votos electrónicos y 8 manuales y luego se certificaron 86, dos más de los reglamentarios. Es decir, el proceso se adelantó sin contar con el quórum decisorio.

Tan bochornoso como lo anterior fue el beneplácito para el Estatuto Rural. Los colombianos vieron por televisión al ministro de Agricultura, Andrés Arias, sin guardar mínimo respeto por la división de poderes, contrafuerte del sistema democrático, sentado en la Mesa Directiva de la Cámara, coordinando la sesión, ordenando voz en cuello cuáles proposiciones modificatorias deberían ratificarse o negarse y dirigiendo para tales efectos hasta al Secretario de esa corporación. El provocador espectáculo brindado por Arias no tiene antecedentes en la historia legislativa del país y es típico de los regímenes dictatoriales donde los cuerpos de representación se transforman en instrumentos de bolsillo de los mandamases.

Como colofón, pese a haber recibido la respectiva aprobación en el Senado y en la Cámara, el proyecto de ley que prescribe derechos patrimoniales y de seguridad social para parejas del mismo sexo, se hundió en la conciliación de los textos diferentes sancionados en los dos cuerpos legislativos. Acorde con algunos columnistas, como Felipe Zuleta Lleras, se trató de una trapisonda previamente orquestada y en complicidad con la Casa de Nariño.

El gran alboroto desplegado contra erráticos artículos en algunas leyes, como el que excluye a la Procuraduría de la investigación y sanción de los congresistas u otros calificados como “micos”, aparece desproporcionado frente al silencio que se ha tenido con relación a los atropellos que desde el Ejecutivo se han cometido contra la democracia para forzar la aprobación de los proyectos nombrados y de otros tantos. Un régimen que recurre a la trampa, a la imposición y a la impostura para adelantar sus iniciativas es a todas luces un gobierno autoritario que sólo intenta cumplir con las formalidades de la democracia, de una democracia “virtual” como la ha calificado Carlos Gaviria. Cada cual da de lo que tiene y la esencia antidemocrática del uribismo quedó más reflejada que nunca en la legislatura que concluye.

Fuente: La Tarde, Pereira, junio 26 de 2007