El presidente Rafael Correa ha logrado transparentar un tema fundamental de la realidad ecuatoriana, como es el poder que tiene la Banca y el papel que cumplen ciertos medios de comunicación en la defensa de ese poder. Como consecuencia, estos medios, al igual que la Banca y otros sectores de poder, se asumieron como opositores políticos del gobierno.

Ante el quiebre de los partidos políticos tradicionales que muchas veces representaban los intereses de esos grupos de poder, en la actualidad algunos medios, la Banca y ciertos clanes empresariales decidieron transparentarse y representarse a sí mismos sin recurrir ya a los intermediarios políticos. Algunos fundaron su partido y ya son candidatos a la Asamblea Constituyente. No es nada difícil, además, que algún “periodista estrella” de televisión, que es aceptado por los sectores de poder y que ha logrado construir una imagen “progresista” se constituya en un presidenciable con capacidad de disputarle a Correa las elecciones que vendrán seguramente después de la Asamblea Constituyente.

El hecho de obligar a transparentar esa realidad de los medios y de la Banca, es en sí un logro del mandatario. Pero además, por primera vez en muchos años, puso a los diferentes sectores vinculados a la comunicación a debatir sobre las relaciones de poder en los medios de comunicación, la “libertad de expresión” en todas sus dimensiones y diversos temas que los comunicadores parecían haber olvidado.

Sin embargo, en este camino ha cometido varios errores políticos. Aunque el diario La Hora haya utilizado un titular amarillista como “Vandalismo oficial" en un caso, y en otro “Correa asalta la Junta Bancaria”, el juicio del mandatario a ese periódico es un error político. Aunque no vaya en contra de un periodista, sino de un empresario cuya actividad fundamental es el comercio y no la comunicación, no se puede estar de acuerdo con la medida porque judicializa la opinión y sienta un mal precedente ya que abre las puertas a que se puedan multiplicar los juicios por injurias contra periodistas en un país donde el Poder Judicial es muy cuestionado.

En provincias, donde la mayoría de veces los hechos no cobran estado público a nivel nacional, puede ocurrir que cualquier alcalde, concejal o consejero decida enjuiciar a un periodista local por denunciar un abuso o irregularidad del funcionario, contando fácilmente con el beneplácito de algún fiscal y algún juez. En los últimos tiempos han ocurrido dos casos que son ejemplo en Latacunga y Machala.

Otro error del Presidente es, en ciertas ocasiones, personalizar en algunos periodistas la crítica a los medios como instrumentos de poder, porque además de ser muy injusto con sus apreciaciones, como en el caso entre otros de llamar “gordita horrorosa” a una periodista de El Universo, finalmente esas actitudes se va contra él propio mandatario. Pero, sobre todo, porque distrae la atención del centro nodal del conflicto que es, o debería ser, con la Banca y los medios vinculados a ésta y a otros sectores de poder.

La campaña mentirosa de la Banca contra el gobierno ecuatoriano demuestra la falta de ética de un sistema financiero cuyo único objetivo es lucrar, que da préstamos para vivienda con base en una ganancia exorbitante, asegurada mediante intereses, garantías, hipotecas, descuento previo de la primera cuota y una serie de mecanismos que no permiten acceder al crédito a gran parte de los ecuatorianos y ecuatorianas que sueñan en adquirir casa. Conozco varios ejemplos al respecto y tengo una experiencia personal amplia sobre el cuento del crédito bancario para vivienda.

Un amigo que trabajó muchos años en un Banco me decía cierta vez que su único aprendizaje en ese trabajo es saber que la frase “el que le roba a un ladrón, tiene cien años de perdón” seguramente “fue inventada para aplicarla a quienes asaltaban un Banco”, y enseguida agregaba: “no sé si es mayor pecado asaltar un Banco o fundarlo”.

No soy tan radical, pero la propaganda realizada por la Asociación de Bancos en estos días, que busca crear el ambiente favorable para que los diputados se pronuncien nuevamente contra la Ley de Justicia Financiera, hace desconfiar de los “nobles” propósitos de esa asociación y de los bancos en general...