San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Introducción

Este boletín pretende ser simplemente un esbozo de las desigualdades
culturales, económicas y sociales que las mujeres indígenas y campesinas
en Chiapas viven. Esto constituye un primer paso hacia la reflexión y
concientización sobre la situación de las mujeres, que consideramos
necesaria y trascendental para el trabajo del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC) Cabe mencionar que
el contenido de este boletín, parte de una realidad latente en las
comunidades con las que trabajamos y se alimenta de un proceso vivencial
que ahora queremos compartir en esta nueva etapa de CIEPAC, que incluye
como uno de los ejes fundamentales de trabajo el enfoque de género.
Esperamos que este escrito marque el inicio de una serie de boletines en
dónde ahondaremos sobre cada una de las problemáticas de las mujeres que
brevemente mencionamos a continuación.

La triple opresión

La subordinación de las mujeres indígenas puede ser reconocida desde la
perspectiva de una triple opresión: desde su clase, desde su género y
desde su condición étnica. Es decir, las mujeres indígenas son oprimidas
y excluidas por ser pobres, por ser mujeres y por ser indígenas. Es
necesario ver esta triple condición como producto de un proceso
histórico-cultural. Las mujeres indígenas a través de los años
reproducen esta condición subordinada de indígenas pobres, transmitiendo
de generación en generación esta característica como una más de su ser
mujer. La subordinación de género determina la forma de existencia en
todos los ámbitos de su vida: en la familia, con la pareja, con los
hijos e hijas, con la comunidad, con las autoridades, que imponen
socialmente este modelo, además de controlar su cumplimento y exigibilidad.

Los modelos genéricos en todas las sociedades han privilegiado a los
hombres, construyendo sobre las diferencias sexuales orgánicas un
sistema de desigualdades legitimado socialmente -y considerado como
natural en tanto producto histórico- con que el estado a través de sus
instituciones públicas, oprime y excluye a las mujeres de muchos
espacios públicos y considera que nuestra función es tener hijas e
hijos, educarlos y cuidarlos, y que por lo tanto nuestro lugar es la casa.

En las comunidades indígenas la construcción social del género se
fundamenta y se representa a través de una marcada división sexual del
trabajo, que sólo da valor a las mujeres en función de su maternidad,
concebida como fin natural de la mujer, mientras que los hombres son los
jefes, los dueños de las mujeres, los que tienen el poder y toman las
decisiones. Esta situación podemos observarla en el cotidiano en las
calles de San Cristóbal de las Casas, dónde los hombres caminan delante
de las mujeres, mientras éstas los siguen silenciosamente con la mirada
agachada, descalzas, junto con las hijas y los hijos.

Las identidades genéricas desiguales entre hombres y mujeres se
construyen desde la niñez. Desde la infancia las mujeres indígenas son
educadas para reproducir los patrones de género patriarcales y
socialmente aceptables; desde niñas asumen responsabilidades en la casa,
especialmente adquieren el deber de ayudar a su madre en las tareas
"normales" y cotidianas de ésta. Barren, limpian, lavan, hacen
tortillas, cocinan, además de cargar sobre su espalda a sus hermanos
pequeños. Cuestiones con las que se reafirman y recrean las identidades
genéricas de las funciones y los roles "naturales" del ser mujer. Los
hombres también tienen que ayudar a su padre en el campo, pero ellos al
igual que sus padres son dueños de su tiempo libre y sujetos de otros
derechos que a las niñas les son negados como el derecho a estudiar.

La discriminación por género, clase y etnia es parte de la estructura
nacional capitalista y patriarcal. En la actualidad, son evidentes los
datos que reflejan la situación subordinada y excluyente que ocupan los
indígenas en general y las mujeres indígenas en particular. Chiapas es
uno de los estados con mayor población indígena del país, situación
relacionada directamente con los altos índices de pobreza y marginación
de los que también es protagónico. Los datos censales nos indican que
las mujeres en relación a los hombres indígenas presentan índices más
altos de marginación. Según el censo de 2005, son monolingües el 15.6%
del total de las mujeres indígenas del país y analfabetas el 40%. En
Chiapas por cada 100 hombres analfabetos, existen 182 mujeres que no
cuentan con la capacidad de comunicarse por escrito. Asimismo, son
monolingües el 32% de las mujeres indígenas y analfabetas más del 50%.
Creemos que estos datos son bastante conservadores, ya que no es posible
que existan mujeres monolingües y que sepan leer y escribir a la vez.

Las mujeres indígenas tienen más hijos que las mujeres mestizas; en
algunos lugares el promedio es de seis o siete hijos por mujer en edad
reproductiva. Los altos índices de natalidad en el Chiapas rural van
acompañados de altos costos para la salud de las mujeres, teniendo como
consecuencia su temprano envejecimiento, amén de un alto índice de
mortalidad materna e infantil.

La discriminación que las mujeres indígenas padecen por su condición de
género y clase, no se da únicamente en los ámbitos económicos
nacionales, sino también en sus propios ámbitos familiares que las
considera y encapsula como madres, esposas y trabajadoras del hogar. El
trabajo doméstico es concebido en las comunidades indígenas y no
indígenas como una obligación femenina natural que recluye a las mujeres
en el espacio doméstico. Junto con la maternidad, el trabajo doméstico
es considerado aporte y garantía para la supervivencia diaria de los
miembros de una familia. En algunas ocasiones, se considera al trabajo
doméstico como un complemento del trabajo de los hombres para el sostén
y reproducción de una familia. Sin embargo, no se toma en cuenta la
desigualdad de género existente en esta supuesta complementariedad del
trabajo. Es decir, los hombres son dueños de su tiempo; su trabajo tiene
un principio y un fin. Pero el trabajo en el hogar nunca termina, ni
tiene horarios determinados. Además muchas mujeres realizan también
trabajos en la milpa, mientras que los hombres pocas veces se
responsabilizan del trabajo doméstico y del cuidado de los hijos e
hijas. Cuando logran acceder al mercado de trabajo, las mujeres
indígenas, al igual que las mujeres mestizas, no dejan de realizar el
trabajo doméstico, lo que se traduce en dobles y triples jornadas con
pésimos salarios.

La mujer en el neoliberalismo

La reestructuración del sistema económico y el embate de las políticas
neoliberales, han ocasionado muchas transformaciones en el campo, ya que
la falta de tierra y la dependencia cada vez mayor del mercado y de los
cultivos importados han aumentado la migración a Estados Unidos y
Canadá. La migración ha ocasionado que las mujeres asuman, además de sus
tareas cotidianas, el rol de jefas de hogar; en esta reestructuración
social muchas familias son encabezadas por mujeres. Una consecuencia más
de la migración de los hombres del campo, es la creciente ocupación de
las parcelas por las mujeres; esposas, hijas o hermanas de esos
migrantes. Sin embargo, la inequidad de género también está presente en
la tenencia de la tierra, ya que aún cuando hay cada vez más mujeres
campesinas, no existen mecanismos legales, ni políticas públicas que
aseguren la propiedad de la tierra para éstas. En este contexto muchas
mujeres también migran a las ciudades en busca de trabajo, algunas
también se arriesgan con sus hijos para ir a Estados Unidos, a pesar del
abuso de los "polleros", del temor a la migra, de ser violadas y hasta
asesinadas como ha sucedido con muchas mujeres.

Los intentos de las mujeres indígenas por acceder al trabajo asalariado
son especialmente difíciles. La mayoría de ellas se emplean en trabajos
domésticos en condiciones de semiesclavitud, asumiendo el papel de
reproductoras y garantes del bienestar familiar y social de otras
familias en las ciudades. El manejo deficiente del español y los bajos
niveles de escolaridad las conduce a trabajos con salarios muy bajos y
condiciones de explotación inimaginables. Las indígenas de Chiapas, se
han convertido también en una potencial reserva de mano de obra barata
para las maquiladoras que comienzan a instalarse en el estado, y las que
próximamente se instalarán para cumplir cabalmente con los mandatos del
Plan Puebla Panamá.

Los tratados comerciales que el neoliberalismo impulsa han resultado muy
favorables para las empresas. Pero para las campesinas y campesinos
estos tratados comerciales lo único que han ocasionado es hacerlos
dependientes de las grandes empresas transnacionales, que se han
convertido casi en la única vía para comercializar sus productos. Las
políticas comerciales del neoliberalismo privilegian la exportación de
los cultivos comerciales no tradicionales y la importación de los
alimentos básicos, por lo que están terminando la producción destinada
al autoconsumo y al mercado local dejando a las campesinas en desventaja
ante el mercado internacional. Muchos campesinos y campesinas se han
convertido en jornaleros en su propia tierra al quedarse sin sus
parcelas, que las grandes empresas van adquiriendo aprovechando las
oportunidades dadas por la modificación al artículo 27 Constitucional.

El Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de
Solares--PROCEDE (programa oficialmente concluido en 2006) es una
política federal dirigida al campo, que abre las vías para la
privatización de la tierra y para que las empresas transnacionales
puedan acaparar grandes extensiones de tierra para la producción de
cultivos comerciales. Con el cambio de propiedad ejidal o comunal a
propiedad privada, las mujeres quedan excluidas de la posesión de la
tierra, pues la titulación de tierras se hace a nombre de los hombres y
las mujeres sólo son propietarias cuando son viudas y los hijos son
menores de edad. Esta situación es especialmente grave, si se considera
que de los 30 millones de habitantes en las zonas rurales, la mitad son
mujeres, siendo Chiapas uno de los estados con mayor población femenina
rural, con alrededor del 54.3% de su población total. Con las reformas
constitucionales, la parcela que era el patrimonio familiar se convierte
en mercancía a manos del ejidatario, quien puede decidir rentarla,
venderla o dejarla en sucesión a quién le parezca (tradicionalmente al
primogénito masculino). La anterior ley agraria establecía obligadamente
que la sucesión de la tierra al morir el ejidatario, era preferente para
la viuda y después a los hijos. Esta exclusión de las mujeres permite
que los hombres vendan las tierras, sin consultar siquiera al resto de
la familia.

Sin embargo, este criterio sexista en la propiedad de la tierra no se da
únicamente a partir de las reformas al artículo 27 constitucional, sino
que en muchas comunidades indígenas es parte de los usos y costumbres.
Muchas mujeres indígenas no tienen acceso a la tierra, puesto que es
reservada para los hijos varones, limitando su participación también en
las asambleas y decisiones estratégicas que tienen que ver con la
tierra, el territorio y los recursos naturales. En este sentido, las
mujeres también son vulneradas puesto que son las administradoras y
responsables en muchas ocasiones de estos recursos; sobre sus espaldas
cargan la leña y sobre sus brazos el agua, ambos elementos fundamentales
para la supervivencia familiar. Entonces las mujeres indígenas se
enfrentan a una doble opresión y exclusión: por un lado la impuesta por
su comunidad y familia, y por otro lado la ejercida por un sistema
económico neoliberal que pauperiza cada vez más su entorno.

La respuesta gubernamental a esta situación han sido los llamados
"programas de combate a la pobreza", que no son otra cosa que migajas de
la economía nacional disfrazadas de beneficios, que pretenden reducir a
las comunidades indígenas al concepto de pobres, es decir, sujetos
pasivos y no actores sociales dueños de su propio destino. Son programas
focalizados que generan dependencia, desmovilizan a la población y que
no combaten las causas estructurales de la pobreza. El programa
Oportunidades es una beca bimensual otorgada a las madres de familia por
cada niño o niña cursante de educación básica. Este programa se ha
manejado como la panacea para la solución de la pobreza extrema. Sin
embargo, en los hechos la irrisoria cantidad es una solución
asistencialista que niega la cuestión de fondo de la pobreza. Además el
programa es condicionado a la aceptación de otros programas como
Procampo y Procede. La última modalidad de este programa es el llamado
"Oportunidades Energético" que otorgará cien pesos más para el pago de
la luz (cuando los recibos en las comunidades indígenas son por
cantidades estratosféricas) y les condicionará la entrega a la
presentación del recibo de luz pagado. La dependencia que genera este
tipo de programas provoca que algunas mujeres en las zonas rurales
procuren tener más hijos, porque mientras más hijos tienen más dinero
reciben. En muchas ocasiones estas situaciones son obligadas por el
esposo, quién se ve beneficiado la mayor parte de las veces del dinero
otorgado por estos programas asistencialistas.

Violencia: las mujeres como objeto

Hablar de violencia de género implica una necesaria integración de la
violencia social, económica, laboral, doméstica, política, emocional,
cultural y sexual, que las mujeres en general y las indígenas en
particular padecen. Violencia que sustenta el mandato del sistema
patriarcal, donde las mujeres somos consideradas desiguales, con menos
valor que el género masculino.

La violencia estructural del sistema se ha traducido en un fuerte
incremento de la violencia social y de género para muchas mujeres
indígenas. En pleno siglo XXI aún es practicada en varias partes del
mundo y nuestro país la venta de mujeres. En muchas comunidades
indígenas y campesinas de Chiapas, las mujeres son consideradas
mercancía; son vendidas por sus padres a hombres que las convierten más
que en sus esposas en sus esclavas y sirvientas. Por cantidades que van
de los 3 mil a los 10 mil pesos, según la edad, condiciones físicas y
estado civil (solteras o viudas, con hijos o no) las mujeres son objeto
de compra venta, como parte de los usos y costumbres, constituyendo un
acto de humillación y vejación. Cuando las mujeres no "cumplen
debidamente" con las tareas encomendadas, el esposo puede devolverlas a
sus padres y éstos se ven obligados, además de aceptarla de mala manera,
a regresar el dinero que ya les pagaron por ellas.

La militarización de los territorios indígenas en el estado de Chiapas,
incrementado a raíz del levantamiento armado del EZLN en 1994, ha traído
como consecuencias división en las familias, confrontación en las
comunidades y un incremento de la violencia hacia las mujeres. La guerra
de baja intensidad con la que el estado mexicano ha respondido al
levantamiento del EZLN, coloca en una situación de vulnerabilidad a las
mujeres y los niños y niñas. Las mujeres son blanco de violencia y abuso
sexual, son inclusive asesinadas como sucedió en Acteal, como ha
sucedido en varias partes del estado con la intervención de los grupos
paramilitares y como sucede en muchos otros lugares del país, siendo los
más recientes casos el de las trabajadoras sexuales violadas
tumultuariamente por militares en Coahuila y el de la indígena nahua de
73 años Ernestina Ascensión, quién fue violada tumultuariamente,
torturada y asesinada por militares en la sierra de Zongolica en el
estado de Veracruz.

Es así como la violencia contra las mujeres se "normaliza" en todos los
espacios, incluido ahora el judicial y militar, que ya no sólo tolera la
violencia sexista sino que la usa como forma sistemática de control.
Basta ver los ejemplos de Atenco y Oaxaca, donde el abuso y la violencia
sexual contra las mujeres se utilizaron como arma de intimidación y
represión, utilizando el cuerpo de las mujeres como botín de guerra. Sin
embargo, las mujeres indígenas no han sido únicamente víctimas de la
violencia, sino también símbolo de la resistencia y la respuesta. Si
bien en décadas recientes han comenzado a gestarse espacios de
participación, es a partir del levantamiento zapatista en 1994 que las
mujeres indígenas comenzaron a exigir espacios de participación pública,
política y social. Uno de los referentes más importantes de la
reivindicación de participación política de las mujeres se da en la
formulación de la Ley Revolucionaria de Mujeres, que marca un hito en el
proceso histórico de la vida de las comunidades, al legitimar la
participación política de las mujeres indígenas. La ley reivindica la
igualdad y el derecho de participación política, además de los derechos
elementales, y que históricamente han mantenido a las indígenas en una
posición subordinada, como el derecho de casarse con quien elijan y a
tener el número de hijos que quieran, el derecho a la educación, y el
derecho a la no violencia en sus cuerpos, en sus casas y en los espacios
políticos. La voz pública de las mujeres indígenas también se hizo
escuchar en la intervención de la Comandanta Esther en el Congreso
Federal en 2001, dónde hizo patente la situación de opresión que las
mujeres viven:

"También sufrimos el desprecio y la marginación desde que nacimos porque
no nos cuidan bien. Como somos niñas piensan que nosotros no valemos, no
sabemos pensar, ni trabajar, cómo vivir nuestra vida. Abusan de nuestra
decisión, nosotras como mujer nos golpea, nos maltrata por nuestros
propios esposos o familiares, no podemos decir nada porque nos dicen que
no tenemos derecho de defendernos...

Nosotras las mujeres indígenas no tenemos las mismas oportunidades que
los hombres, los que tienen todo el derecho de decidir de todo. Sólo
ellos tienen el derecho a la tierra y la mujer no tiene derecho como que
no podemos trabajar también la tierra y como que no somos seres humanos,
sufrimos la desigualdad..."

A manera de conclusión

La subordinación y exclusión de las mujeres indígenas de muchos espacios
políticos, laborales, sociales y culturales, es violencia. Violencia que
se manifiesta en muchas formas y grados. Sin embargo, las mujeres
comienzan a cuestionar los usos y costumbres que las mantienen
subordinadas y que refuerzan el mandato patriarcal construido y
legitimado histórica y socialmente. A través de los espacios de
reflexión que han generado, las mujeres indígenas comienzan a tomar en
sus manos su destino, su vida, sus preferencias y sus participaciones.

Es necesario considerar que la situación de opresión y exclusión de las
mujeres indígenas es resultado de un proceso histórico cultural, que
requiere un cambio de raíz estructural, pero también requiere de un
proceso de reflexión y concientización que parta de la experiencia
propia de las mujeres. El contexto social, político, cultural y
económico en el que las mujeres indígenas están insertas es determinante
en la construcción de sus identidades y marca las formas específicas de
sus relaciones con los hombres y con otras mujeres indígenas y no
indígenas. También marca la forma en que gestan sus luchas y
reivindicaciones políticas.

En este sentido, consideramos que una alternativa para el conocimiento y
el ejercicio de los derechos de las mujeres, son procesos de
empoderamiento personales y colectivos donde las mujeres sean las
protagonistas e impulsoras de su proceso de liberación. La fortaleza que
les proporciona la reflexión en espacios colectivos con otras mujeres
sobre su problemática, situación y condición de género, incrementa sus
capacidades analíticas y organizativas. El acceso a recursos como
información, capacitación y formación otorga elementos de reflexión y
concientización, pero sobre todo refleja una lucha al interior de sus
propias comunidades y organizaciones por cambiar aquellos elementos de
la "costumbre" que las oprime y subordina, además marca el inicio de su
participación e inserción en el contexto político, que les permite una
voz pública sobre sus experiencias de exclusión como mujeres y como
indígenas, y sobre las alternativas propuestas desde esta
concientización del ser mujer.

Sistematización y redacción: Norma Iris Cacho Niño.

Fuente: Boletín "Chiapas al Día" No. 539
Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, A.C.
Chiapas, México

http://www.ciepac.org