Veinte y algo de días después de haberse vencido el plazo de su concesión (no renovada por el Estado) y de su salida del aire de la señal abierta, el canal RCTV reanudó sus actividades a través de varias señales por suscripción, tanto por cable como por satélite. Esta reanudación de actividades pareció haberles sentado como patente de corso para recrudecer sus ataques al gobierno desde la nueva señal y realizar sus actividades despojados de todas las limitaciones que la Ley de Responsabilidad Social en Radio y TV (ley RESORTE) les imponía en el uso de la señal abierta.

El domingo 29 de Julio en un programa de televisión, el ministro de Telecomunicaciones Jesse Chacón anunció que el Directorio de Responsabilidad Civil (ente adscrito a ese Ministerio), después de haber analizado las emisiones de RCTV a través de las señales de suscripción había calificado su actividad como de producción nacional, por lo cual debían registrarse como tales en CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones) y cumplir con las disposiciones de la ley RESORTE, para lo cual disponían de un plazo de cinco días hábiles so pena de tener que suspender su señal a través de suscripción.

Las razones para esta decisión parecían haber sido de sentido común. A pesar de salir al aire con la denominación de RCTV Internacional, su programación no había cambiado en lo más mínimo. No sólo los contenidos se producían integralmente en Venezuela, sino que el destinatario de esa programación seguía siendo el público del país. La publicidad también estaba destinada en su totalidad a este mismo público. Con esta perspectiva, al igual que otras señales de suscripción, debía ser considerada como producción nacional y atenerse al marco legal que reglamenta esta producción.

La respuesta fue un rápido contraataque mediático a través de Globovisión y la radio y prensa escrita de oposición, volviendo a la matriz del ataque a la libertad de expresión, de persecución de la disidencia y a una argumentación legal que fácilmente podía verse como débil. La supuesta existencia de una empresa internacional con muchos años de antigüedad fue fácilmente rebatida, mostrando que se habían limitado a cambiarle el nombre a la empresa que desde Miami comercializaba hace tiempo las telenovelas producidas por RCTV. Del mismo modo el argumento de que su señal es vista en las Antillas no la convierte en señal internacional, ya que lo mismo sucedía cuando transmitían en señal abierta, puesto que las Antillas no cuentan con un servicio de televisión que colme sus necesidades y están tan cerca de la costa venezolana que la señal abierta les llegaba libremente.

Igualmente aclaraciones del Ministerio de Telecomunicaciones acerca de los tiempos ocupados por una publicidad cuyo destino era el público nacional (que la ley marca en máximo de quince minutos por hora y que RCTV estaba llevando a más de veinte), mostraron como esta característica de la señal estaba pesando más para las instituciones oficiales que la clasificación de los programas, la obligación de transmitir diariamente el himno nacional o la de sumarse a las cadenas oficiales.

La Cámara de Empresas por Suscripción respondió también inmediatamente haciendo pública su obligación de cumplir con lo dispuesto por las autoridades respectivas, quienes entonces le solicitaron el listado de las empresas de producción nacional y la constatación de que esas empresas estuvieran registradas como productores nacionales en CONATEL.

El 6 de agosto, RCTV acudió a CONATEL a hacer oficial su intención de no declararse un medio de producción nacional, sino estar dispuesta a modificar su programación para ser un canal internacional. La respuesta del ministerio a través de declaraciones públicas del mismo ministro fue de que si eso se cumplía, las autoridades no tendrían objeciones al respecto.

La interrogante quedaba centrada en qué sucedería el miércoles 7, día que se vencía el plazo para la inscripción como productor nacional, ya que era obvio que no era posible cambiar de un día para otro la programación.

La respuesta a ese interrogante la dio ese mismo día la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quien aceptó una solicitud de amparo hecha por la Cámara de Empresas por Suscripción. Según la interpretación de esta Sala, existe un vacío legal para la denominación de productor nacional (aunque los artículos 1, 2 y 13 de la ley RESORTE parecían ser suficientes para definir este carácter). La aceptación de esta solicitud de amparo permitirá a RCTV mantenerse en el aire a través del sistema de suscripción hasta que exista una normativa legal.

Lo que resta ver ahora es de qué manera actuará RCTV en esta situación. Un factor a tener en cuenta es que el oposicionismo a ultranza que esta planta ha mantenido, (caracterizado por la actitud de su máxima autoridad de seguirse sintiendo como en otros tiempos al margen de toda ley o reglamentación) se verá estimulado por la necesidad de hacer crecer su ratting, ya que éste ha disminuido mucho desde su reaparición en el aire y es muy difícil justificar ante las inversiones publicitarias ya comprometidas el rendimiento de unas pautas que han sido comercializadas a precios mucho más altos que los habituales en la televisión por suscripción.

Así entonces es previsible que RCTV mantenga una posición de mayor provocación y ataque hacia el gobierno, que no sólo llene las expectativas personales de su dirigencia, sino que en este caso colabore con la buena marcha del negocio.

Dentro de esta perspectiva, es probable entonces que este enfrentamiento nos muestre en el futuro nuevas coyunturas.


Fuente: Barómetro Internacional, Análisis Político y Social de Venezuela y el Resto del Mundo. prensadiegoolivera@gmail.com