El poder de la Iglesia Católica sobre la legalidad y legitimidad de la sexualidad ha sido, por siglos, hegemónico. Lo dictaminado por la jerarquía se presentó como inevitable y único y se impuso en los códigos morales y legales. La Iglesia no sólo fue exitosa en la defensa de una construcción de la sexualidad como esencialmente reproductiva sino que tuvo el poder de delimitar la agenda pública impidiendo que temas sobre la moralidad y legalidad sexual sean debatidos.
Por un lado, el Estado basaba sus legislaciones sobre la doctrina católica y le daba fuerza legal a lo sostenido por la Iglesia. Familia nacional y familia católica eran presentadas como parte de la misma realidad y cualquier intento de modificar los principios católicos era considerado (lo es todavía por diversos sectores) como un atentado a la nación. Así, la moral católica y la legalidad se presentaban como coincidentes en temáticas conectadas a la sexualidad. Por otro lado, los siglos de influencia de la Iglesia sobre la población latinoamericana generaron un proceso de ideologización donde el patriarcado y la heteronormatividad eran presentados y vivenciados como las formas naturales y legítimas. A nivel privado, resguardado en el secreto y la clandestinidad, las sexualidades eras complejas y las prácticas anticonceptivas diversas, pero dicha diversidad no era ni visible ni política. El doble discurso era el espacio de libertad que, irónicamente, reforzaba la hegemonía de la Iglesia.

Sin embargo, este poder hegemónico se ha ido debilitando en gran parte de Latinoamérica. Un hito importante fue el tema del divorcio donde frente a la indisolubilidad del vínculo matrimonial entendido como sacramento religioso se interpuso el derecho a divorciarse como un componente necesario para la finalización de un contrato civil. A ello siguió una serie de debates públicos sobre educación sexual, anticoncepción, separación estado/iglesia, derechos de las minorías sexuales o la despenalización del aborto. Más allá de los resultados de estos debates, inclusive más allá de la precariedad de los nuevos derechos reconocidos, la discusión sobre estos temas pone en evidencia el resquebrajamiento del poder hegemónico de la Iglesia.

El movimiento feminista ha logrado ampliar la agenda pública a través de politizar lo privado y disputar, material y simbólicamente, a la jerarquía de la Iglesia Católica. Ampliar los márgenes de libertad para decidir -decidir qué tipo de familia se quiere formar, qué tipo de sexualidad ejercer, o, en caso de querer tener hijos, cuántos y cuándo- va formando parte, lentamente, del vademécum de derechos humanos. En este contexto, el aborto y sus consecuencias, su legalidad e inclusive su moralidad son parte de las discusiones en la mayoría de los países latinoamericanos. Independientemente del lado en que uno se ubique en este debate (o inclusive mas allá de la capacidad de ubicarse en algún lado), el que se pueda discutir el tema de manera abierta era una deuda del proceso de democratización.

La ruptura del poder hegemónico de la Iglesia no implica que su jerarquía y los sectores aliados no sean poderosos. Al contrario, los mismos se han reconvertido, han mutado, en actores sociales y políticos con peso dentro del sistema democrático. Frente al avance del movimiento feminista, la derecha religiosa ha desarrollado nuevas estrategias para oponerse a los derechos sexuales y reproductivos considerando al aborto como el límite moral y social en la defensa de una concepción única de familia. A los obispos se les unen líderes de las sociedades civiles y políticas en la defensa de concepciones rígidas que buscan contrarrestar el creciente pluralismo. Junto a los discursos religiosos basados en la Biblia o en la doctrina oficial de la Iglesia Católica se escuchan, cada vez más, justificaciones científicas, bioéticas y legales para defender una forma dogmática de entender la sexualidad en el mundo contemporáneo. Objeción de conciencia, imágenes de fetos, persecución judicial de mujeres se articulan con las amenazas de excomuniones y las citas de la Biblia. Funcionarios judiciales y universitarios, miembros de Comités de Bioética, obispos y organizaciones pro-vida forman un bloque para dificultar, sino impedir, el aborto aún en aquellos casos que está permitido por el derecho. Frente a un movimiento feminista que pide una legalización amplia del aborto, la derecha religiosa reacciona intentando mover los límites más atrás y lograr que inclusive los casos excepcionales donde el aborto es legal sean impedidos.

Este contexto post-hegemónico implica diversos desafíos para enfrentar el poder de la derecha religiosa. Uno de estos desafíos es resistir los intentos de la Iglesia Católica de recuperar la hegemonía sobre la moralidad sexual, ante lo cual es necesario reforzar la importancia de sociedades laicas y la separación estado/iglesia. Las democracias latinoamericanas serán más reales si se fortifica la laicidad ya que para que el pluralismo sea posible es requisito contar con estados y gobiernos con autonomía de la jerarquía católica. Esta autonomía es condición para la coexistencia de diversos grupos y sectores religiosos con posturas diferenciadas sobre la moralidad sexual como así también para el reconocimiento de aquellos sectores que sostienen éticas que no reconocen identificación religiosa. Pero a este desafío se le agrega entender que la Iglesia y los sectores aliados a ella también utilizan, aunque sea sólo por cuestiones estratégicas, las vías y mecanismos de la democracia para defender su postura. A mayor éxito del feminismo resquebrajando el poder hegemónico de la Iglesia Católica mayor es la reacción y articulación política de posturas anti-pluralista. El desafío es aplicar las reglas del juego democrático como una forma de confrontar esta avanzada de los sectores de derecha religiosa. Por un lado, al inscribirse como actor político, la Iglesia pierde las prerrogativas que como institución religiosa aspira a mantener y debe someterse a las reglas jurídicas que privilegian el pluralismo y el anti-dogmatismo. Por otro lado, en un sistema democrático, al hacerse visible la virulencia y el dogmatismo de la postura de la jerarquía católica permite que la población tome una distancia crítica. Las formas en que el activismo religioso impide la interrupción de embarazos legales, en casos de violaciones de mujeres “dementes”, genera que importantes sectores de la ciudadanía se pronuncien en contra de la postura oficial de la Iglesia Católica.

El feminismo logró resquebrajar el poder hegemónico de la Iglesia Católica, pero de las fisuras emergieron actores y estrategias que dificultan la marcha hacia sociedades más justas. Estas reacciones son, en gran medida, indicadores de un cambio progresista en las sociedades latinoamericanas. La Iglesia Católica no controla solamente desde el lobby secreto e invisible, sino que se ve forzada a volverse pública y activa, a salir a las calles y a conformar organizaciones, a defender su postura con discursos seculares. Estos cambios, a pesar de que en apariencia presentan una derecha religiosa más poderosa y activa, son la consecuencia de sociedades que están cambiando las fronteras legales y morales en relación a la sexualidad en general y al aborto en particular: ni necesariamente delito ni irremediablemente pecado.

(*) Juan Vaggione es Investigador CONICET/ Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Cordoba.

Fuente: Artemisa Noticias