Presente y futuro de la radio televisión

11/10/2007
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  • Opinión
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Introducción

La IV Convención de Periodistas de España, celebrada en 2005 en Gijón, en su resolución final citaba el Protocolo 27 del Tratado por el que se establece una Constitución Europea en el que se decía: "el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros está directamente relacionado con las necesidades democráticas, sociales y culturales de cada sociedad y con la necesidad de preservar el pluralismo de los medios de comunicación".

Una de las numerosas resoluciones del Parlamento Europeo favorables al sistema público de radio televisión contiene el siguiente texto: "no tendría sentido hablar de cadenas públicas solo cuando se dirijan a un sector particular o a una minoría, y que sus programas deben incluir un conjunto equilibrado de entretenimiento, cultura, espectáculos y educación", "las cadenas públicas han de tomar la delantera en el desarrollo de nuevos servicios y la plena utilización de todas las nuevas tecnologías".

El Parlamento Europeo así mismo considera que "los acelerados procesos de concentración que se están produciendo están creando poderosísimos grupos privados transnacionales, lo que representa el riesgo de reducir el servicio público radiotelevisivo a una función marginal".

El Tratado de Ámsterdam reconoce que "el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros está directamente relacionado con las necesidades democráticas, sociales y culturales de cada sociedad y con la necesidad de preservar el pluralismo de los medios de difusión".

El número de resoluciones, sentencias, indicaciones y directrices de órganos institucionales de la Unión Europea y de la mayoría de sus Estados miembros en los que se expresa la necesidad de mantener el servicio público de la radiotelevisión es absolutamente abrumador. Por otra parte las reiteradas denuncias de los operadores privados ante las instituciones europeas no han tenido éxito. Desde 1992 se han presentado ante la Comisión Europea al menos once denuncias por ayudas excesivas, competencia desleal y financiación ilegal a las empresas de radiotelevisión de titularidad pública. Ninguna ha sido estimada en su totalidad y tan solo han generado algunas puntualizaciones de la Comisión sobre financiación transparente o compensaciones excesivas. Es claro, en consecuencia, que en la actualidad la radiotelevisión pública constituye una de las señas de identidad informativa y cultural más firme en el ámbito de la Unión Europea.

Los nuevos escenarios para la radiotelevisión

En el año 2010 se producirá en España el llamado "apagón analógico". La televisión digital terrestre permitirá un aumento de oferta televisiva (multiplicidad de canales) y en consecuencia una fragmentación importante de la audiencia.

Pero este no será, en los próximos años, el único cambio predecible. La televisión sobre IP, permite la aparición de servicios audiovisuales prestados sobre la infraestructura de banda ancha de acceso a Internet, aumentando sensiblemente más la oferta. Si a esto sumamos otros desarrollos como la televisión en el teléfono móvil, obtenemos un panorama en el que la televisión se convierte en algo más parecido a la idea de vídeo digital, es decir, al acceso a contenidos que al que tenemos de la televisión actual, difusión de contenidos.

De estas nuevas realidades se desprenden claras consecuencias en una doble dirección:

-La industria audiovisual de producción de contenidos adquiere una relevancia especial, para garantizar horas de emisión en un panorama de multiplicación de la oferta televisiva.

-Los perfiles tradicionales de las empresas audiovisuales, de sus trabajadores y de las cadenas productivas se modifican radicalmente. Las televisiones, tanto las públicas como las privadas, tienden a convertirse en "postes de emisión", reduciendo el número de sus empleados y sacando fuera la producción.

En este contexto, los procesos de concentración en la propiedad de los medios de comunicación, el retroceso de las televisiones de titularidad pública como empresas de producción de contenidos, la reducción de sus plantillas de trabajadores, la externalización de servicios y el riesgo de no mantener una posición de liderazgo en los nuevos sistemas de distribución (satélite, Televisión Digital Terrestre, TV-IP, televisión en el móvil, amenazan especialmente el futuro del servicio público de radiotelevisión.

En un nuevo escenario presidido por diversas formas de distribución, la televisión pública puede quedar condenada a ser un sistema residual, con escasa producción propia, sin oferta para una audiencia fuertemente segmentada .En definitiva la vía de los hechos puede transformar en papel mojado las políticas aprobadas por las instituciones europeas, convirtiendo en meras declaraciones de principios la defensa de la radiotelevisiones de titularidad pública.

Un futuro para la radio televisión en España

En España, como en el resto de Europa, el sector de la comunicación social está en expansión. La industria audiovisual constituye un sector en alza, tanto en su volumen de negocio como de empleo. Sin embargo, hay bastantes incertidumbres sobre el futuro de este sector.

La aprobación el 11 de mayo de 2006 del proyecto de ley de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal por el Parlamento, con el único voto en contra del partido Popular, supone un importante avance en una regulación progresista de la concepción del servicio público audiovisual.

La citada Ley, que regula la actividad y el papel de TVE y RNE, deja claro su carácter de servicio público esencial, así como determina la creación de una nueva Corporación de RTVE con competencias en el desarrollo de la sociedad de la información. Incorpora asimismo mecanismos de independencia, como la elección por el Parlamento, de entre los consejeros de administración, del Presidente de la corporación y abre la participación en el consejo de administración a los sindicatos. Asimismo es de señalar que en su artículo 24 la ley recoge la existencia de los Consejos de Informativos como órganos de participación de los profesionales de la información de la Corporación RTVE.

No obstante, la necesaria reforma de la legislación audiovisual no será efectiva hasta que se completen dos piezas fundamentales:

La ley de Creación del Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales. Esta ley es imprescindible para garantizar la existencia de una autoridad independiente, con competencias de supervisión, vigilancia y capacidad sancionadora efectiva, tanto para las radiotelevisiones públicas como privadas. La pervivencia de la manipulación informativa en algunos medios, como en el escandaloso caso de Telemadrid, hace urgente la existencia de este órgano. Si ya existiera el Consejo, probablemente los compañeros y compañeras de esta televisión autonómica no tendrían que haber ido a Bruselas, a pedir el amparo de las instituciones europeas. Asimismo, los flagrantes incumplimientos en los tiempos de publicidad permitidos tendrían una sanción efectiva.

La Ley General del Audiovisual. La necesidad perentoria de ordenar el caos legislativo en España sobre la radio y la televisión, determinando desarrollos armónicos para los diferentes ámbitos, limitando la concentración de la propiedad de los medios, exige la tramitación de esta ley, de la que ya existe un anteproyecto.

Además de estas carencias citadas, es digno de mención especial el Expediente de Regulación de Empleo por el cual 4150 trabajadores mayores de 52 años están siendo prejubilados en RTVE. Más allá de las condiciones pactadas entre empresa y sindicatos, que son incuestionablemente buenas, el expediente consagra una reducción drástica del empleo, que siembra razonables dudas sobre la futura capacidad de actividad y producción propia de la nueva Corporación, en un horizonte, que como hemos visto anteriormente, está plagado de retos para el servicio público de radio televisión.

Un futuro tambien para los trabajadores

Como veíamos anteriormente el futuro de la radio y la televisión está marcado por un desarrollo vertiginoso de la oferta, una fragmentación de la audiencia y una lucha por el control de los nuevos mercados generados por estas transformaciones.

Una de las consecuencias de estos cambios es la traslación del empleo generado desde las empresas tradicionales de emisión (Televisiones) hacia las empresas de producción (Productoras). Aparte del ERE de RTVE, también algunas empresas de televisión privada han reducido sus plantillas, como en el caso del expediente vivido hace unos años en Antena 3 televisión, o la continua externalización de servicios en casi todas las empresas.

La utilización de Empresas de Trabajo Temporal, -que ya de por sí frecuentemente cubrían puestos de trabajo que deberían ser estrucutrales- ha remitido, utilizándose cada vez con más frecuencia empresas de servicios que emplean trabajadores en condiciones muy precarias y a menudo ilegales.

Por otra parte, el incremento del número de trabajadores que prestan sus servicios con contratos atípicos, freelancers, autónomos, intermitentes, etc.) aumenta considerablemente. En muchos casos estas prestaciones son forzadas y fruto de la presión de los empleadores.

La utilización de becarios de diferentes instituciones universitarias sigue siendo un problema cuando se les usa para hacer trabajos estables. La consecución de acuerdos con Universidades y otras instituciones académicas para la vigilancia y evaluación de las prácticas es muy importante.

Estamos, por lo tanto, ante un panorama laboral que tiende más hacia la desregulación que hacia la consecución de convenios colectivos generales que sirvan de "paraguas" para garantizar condiciones laborales justas y negociadas.

En este marco es imprescindible abrir espacios de negociación con patronales como la AERC o UTECA, con la finalidad de concluir convenios sectoriales para la radio y la televisión privada. Es inadmisible que a estas alturas ambas patronales se nieguen a iniciar ese proceso, por lo que se debería estudiar una estrategia sindical que incluya, si es preciso, la presión y la movilización.

Así mismo, se hace absolutamente necesario un marco de actuación bien a través de las mesas negociadoras de los convenios colectivos o en las comisiones paritarias de interpretación, aplicación y desarrollo de los mismos, que actualicen las funciones de cada una de las categorías recogiendo el impacto que en las mismas ha tenido y tiene la aplicación de la tecnología digital.

- Ponencia presentada en el X Congreso de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), Villa Gesell, Buenos Aires, 4, 5 y 6 de octubre de 2007.
https://www.alainet.org/es/articulo/123758

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