Entre noviembre de 2006 y septiembre de 2007, Rafael Correa ha ganado en cuatro citas electorales (elecciones presidenciales de finales de 2006 a dos vueltas, referéndum a favor de la convocatoria de una asamblea constituyente en abril de 2007 y elección de los miembros de dicha asamblea el 30 de septiembre de 2007). Mientras tanto, realizó varios cambios importante: acercamiento a Venezuela y Bolivia; rechazo de la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y anuncio de la evacuación de la base militar estadounidense en Manta, en el 2009; afirmación de la necesidad del socialismo del siglo xxi; medidas económicas contra las empresas petroleras privadas extranjeras; medidas sociales tendientes a mejorar las condiciones de vida de los más pobres.

A pesar de que toda la derecha hizo campaña para frenar a los partidarios de Rafael Correa, agitando la amenaza comunista, su movimiento «Alianza País» logró 80 de los 130 escaños, lo que dio una cómoda mayoría para la redacción y la aprobación de la nueva Constitución. Por otra parte, el MPD y Pachakutik, movimientos políticos de izquierda, tendrían que llegar a establecer una alianza con el movimiento de Correa, a fin de poder reformar profundamente y de un modo democrático la estructura política del país. El resultado de las elecciones de la Asamblea Constituyente es netamente más favorable al cambio que en Bolivia, donde el movimiento político del presidente Evo Morales y sus aliados, aunque con mayoría en la Asamblea, no reúnen los dos tercios de votos necesarios para aprobar una nueva Constitución. Esto explica la lentitud de los trabajos de la Asamblea Constituyente boliviana, continuamente saboteada por la derecha. Felizmente, la situación se desbloqueó en diciembre de 2007. La nueva Constitución boliviana fue aprobada finalmente por dos tercios de los constituyentes presentes, gracias a la política de la silla vacía adoptada por la derecha más dura. Por lo demás, la situación de Venezuela es diferente: el dos de diciembre de 2007, la nueva constitución promovida por Hugo Chávez fue rechazada por el 51 % del No (contra el 49 % del Sí). Una de las causas de la victoria de No fue la precipitación del presidente venezolano, que no convocó una nueva asamblea constituyente que elaborara el nuevo proyecto, como había hecho con éxito en 1999. Aquel año, la Constitución apoyada por Chávez logró el 81,7 % de votos favorables. Por lo tanto, ésta sigue vigente, y constituye, junto con la nueva Constitución boliviana, un modelo democrático frente a las Constituciones de los demás países del planeta.

Las grandes medias tomaron partido, decididamente, contra Rafael Correa durante la campaña electoral de septiembre de 2007. A pesar de ello, los partidos de derecha, así como los de centro-derecha (democratacristianos de ID) fueron arrasados. El PRIAN, partido del magnate de la banana Álvaro Noboa, derrotado el año anterior en la segunda vuelta de las presidenciales por Rafael Correa, no consiguió más que el 5 % de los escaños de la Constituyente. El Partido Social Cristiano, puntal de la derecha, está en declive. El ex presidente Lucio Gutiérrez, apenas logró salvar los muebles (su partido obtuvo 18 escaños). Fueron tomados desprevenidos dado que los sondeos arrojaban modestos resultados a los candidatos que apoyaban a Correa.

El calendario de la Constituyente es apretado. Inaugurada el 30de noviembre de 2007, debe elaborar una propuesta de nueva Constitución en seis meses (plazo que puede prolongarse otros dos meses si fuese necesario). A continuación, el proyecto se someterá a referéndum 45 días más tarde. El año 2008 será rico en nuevas instancias electorales: referéndum sobre la Constitución, elección de un nuevo parlamento y nueva elección presidencial. En efecto, antes del término de su mandato, que normalmente sería a finales del 2010, Rafael Correa pondrá en juego su cargo después de la aprobación de la nueva Constitución a fin de reforzar su base popular. Si este calendario se confirma, si la democracia ecuatoriana no es terrada por un golpe militar, a finales del año 2008 Ecuador debe haberse dotado de una nueva Constitución democrática, de un nuevo parlamento (en el cual, a diferencia del actual, Rafael Correa dispondrá de la mayoría) y un presidente elegido para un nuevo mandato. Esto abrirá la vía a unas reformas económicas y sociales que podrían ser profundas.

El economista Alberto Acosta, uno de los veteranos dirigentes de la campaña por la anulación de la deuda,[1] preside la nueva Asamblea Constituyente. Propone que ésta trabaje en comisiones temáticas y en asamblea plenaria. En materia de deuda pública, su intención es asociar la Comisión de Auditoría Integral del Crédito (CAIC), creada en julio de 2007,[2] a los trabajos de la comisión económica de la Constituyente. La nueva Constitución podría contener una definición clara de las condiciones en las que el Estado y los poderes públicos locales contraigan deuda pública, proscribiendo las deudas odiosas y fijando un límite máximo al pago de la deuda. Por ejemplo, la Constitución podría prever que jamás la parte del presupuesto del Estado destinada a dicho pago pueda ser superior a los gastos acumulados en materia de educación y sanidad pública.

Unos días después de la victoria electoral del 30 de septiembre de 2007, el gobierno de Rafael Correa anunció que en adelante las empresas petroleras que operan en el país deberán aportar al Estado una parte más elevada de sus beneficios. Esto significaría un ingreso de un poco más de mil millones de dólares suplementarios a las arcas del Estado, que éste podría invertir en el aumento de los gastos sociales.

Esta medida es muy bien recibida por la población. Además, el gobierno de Rafael Correa quiere que los bancos bajen los tipos de interés, que son muy altos. Hace unos meses, el parlamento, con mayoría de derecha, rechazó un proyecto de ley que bajaba los tipos de interés. Este cuerpo colegiado se ha vuelto absolutamente impopular. La gran mayoría de la población aprueba a la Asamblea Constituyente, que, reunida el 30 de noviembre de 2007, suspendió sin límite el parlamento

Evolución de la deuda pública externa de Ecuador entre 1970 y 2007

Ecuador forma parte del grupo de los numerosos países que han reembolsado varias veces unas deudas que no fueron contraídas en beneficio de la nación y de su población. En realidad, los préstamos concertados por Ecuador fueron usufructuados por los acreedores del Norte, las multinacionales, los especuladores financieros y las clases dominantes locales.

Las diferentes etapas de la evolución del endeudamiento testifican la ilegitimidad de las deudas cuyo pago se supone que Ecuador debe satisfacer. Son ilegítimas: las deudas contraídas por las dictaduras militares en el curso de los años 70, y que no han cesado de crecer bajo los gobiernos que las sucedieron; las deudas que sirvieron para financiar proyectos que no beneficiaron a la población o que han resultado destructivos para el ambiente; las deudas contraídas apoyándose en la corrupción de los responsables; las deudas contraídas con tasas usurarias de interés; las deudas privadas convertidas en deuda pública; las deudas vinculadas a las condicionalidades impuestas por el FMI y el Banco Mundial, con desprecio de la soberanía del país, del derecho a la autodeterminación, violadoras del derecho de los pueblos a definir su política de desarrollo comercial, fiscal, presupuestario, energético, su legislación laboral, condicionalidades que obligan a reducir drásticamente los gastos sociales y a privatizar sectores estratégicos, etc.

Todas ellas son deudas ilegítimas que el Estado ecuatoriano debe negarse a pagar.

Durante el período 1970-2007, aunque el Estado ecuatoriano ha desembolsado 172 veces el monto de la deuda pública externa de 1970,[3]

En este período de 38 años, el saldo entre los préstamos y los pagos de la deuda pública externa es claramente negativo. La transferencia neta negativa acumulada a expensas de Ecuador se eleva a 9.000 millones de dólares.

Entre 1982 y 2007, la transferencia neta sobre la deuda pública externa ha sido negativa durante 22 años y positiva sólo 4 años.

Un testigo importante: John Perkins

Es notable el caso de John Perkins, cuyo libro Confesiones de un ganster económico: la cara oculta del imperialismo americano,[4] levantó una gran polvareda. Explica en su libro con toda claridad su misión, que era «la de incitar a los dirigentes de diversos países a integrarse en una vasta red que promueve los intereses comerciales de Estados Unidos. En fin de cuentas, estos dirigentes se encuentran cargados de deudas, lo que asegura su lealtad. Podemos por lo tanto recurrir a ellos en cualquier momento para nuestras necesidades políticas, económicas o militares. Por su parte, consolidan su posición política creando para sus pueblos áreas industriales, centrales eléctricas y aeropuertos. Los propietarios de las compañías estadounidenses de ingeniería y de construcción se enriquecen así fabulosamente.» Justamente Perkins actuaba en Ecuador y trabajó con el presidente Roldós: «Jaime Roldós se había comprometido. Fiel a sus promesas electorales, había lanzado un ataque en toda regla contra las compañías petroleras. [...] La reacción de las compañías petroleras era previsible: hicieron todo lo posible para impedir la aprobación de esta ley. [...] Se pintaba al primer presidente del Ecuador moderno elegido democráticamente como un nuevo Castro. Pero Roldós no cedió a la intimidación. [...] Pronunció un gran discurso en el estadio Atahualpa de Quito, y después se dirigió hacia una pequeña comunidad al sur del país. Murió en un accidente de helicóptero, el 24 de mayo de 1981.» ¿Accidente como el del presidente de Panamá, Omar Torrijos, en la misma época? Para Perkins, evidentemente no, no había nada de accidental: «Fueron asesinados porque se opusieron a esa fraternidad de corporaciones, gobiernos y elites bancarias cuyo objetivo el imperio mundial. Nosotros, los “economic hit men”, fallamos en obtener la colaboración de Roldós y Torrijos, y otro tipo de “hit men”, los chacales castigadores de la CIA, que siempre estaban detrás de nosotros, llevaron a cabo su tarea.» El balance es claro: «Ecuador ahora está hundido en un mar de deudas y debe dedicar una parte anormal de su presupuesto nacional a reembolsarlas»; por consiguiente, «este país sólo puede saldar sus obligaciones vendiendo sus bosques tropicales a las compañías petroleras». En resumen, pisoteando la soberanía ecuatoriana que, sin embargo, es inalienable, «el imperio mundial reclama lo adeudado en forma de concesiones petroleras». John Perkins volvió a Ecuador el 22 de mayo de 2007 para presentar sus excusas al pueblo ecuatoriano. Otros responsables del endeudamiento ilegítimo podrían seguir su ejemplo.

Los principales acreedores de la deuda pública

La deuda pública total se elevaba al 30 de noviembre de 2007 a 13.504,7 millones de dólares. La deuda pública externa alcanza los 10.356,4 millones de dólares, de los cuales el 42,9 % concierne a la parte multilateral, el 16,5 % a la parte bilateral y el 40 % a bancos y mercados financieros, en forma de títulos llamados Bonos globales, a la altura de 37,2 %.

En cuanto a las acreencias multilaterales, la deuda con el Banco Mundial (704,4 millones de dólares) representa el 6,80 % de la deuda pública externa; la deuda con el Banco Interamericano de Desarrollo se eleva 1.846,6 millones de dólares, o sea, el 17,8 %; la que se tiene con la Corporación Andina de Financiación (1.704,4 millones de dólares) representa el 16,5 %. Hay más de 15 acreedores bilaterales por un monto de 1.704,4 millones de dólares, siendo los principales España (el 3,8 % del total de la deuda pública externa), Brasil (2,3 %), Japón (2,8%) e Italia (3,18%). La deuda pública interna se eleva a 3.148,4 millones de dólares, la mayor parte de ella en títulos.

Entre 1990 y julio de 2007, el Banco Mundial (BIRD) entregó a Ecuador 1.440 millones de dólares, mientras que en el curso del mismo período el gobierno ecuatoriano pagó a dicha institución 2.510 millones de dólares. Lo que significa que durante el período mencionado las relaciones financieras que Ecuador mantuvo con el Banco Mundial arrojaron un saldo neto negativo de 1.070 millones de dólares. En resumen, el Banco Mundial ha sido más que reembolsado. El saldo de la deuda pública con este organismo se elevaba a 704,4 millones de dólares al 30 de noviembre de 2007.

Si Ecuador decidiera en el año 2008 repudiar la totalidad de su deuda con el Banco Mundial, esta decisión permitiría economizar más de mil millones de dólares.[5] Tal suma permitiría financiar, durante 15 años, el desayuno y la comida de 1,28 millones de escolares.[6] La suma ahorrada representa cinco años de cobertura sanitaria para la población pobre y para la indigente del país.[7]

Por qué se ha de repudiar la deuda reclamada a Ecuador por el Banco Mundial

La intervención del Banco Mundial en la definición de las políticas económicas y sociales aplicadas en Ecuador fue intensiva y permanente hasta el año 2006. Varios préstamos importantes del Banco Mundial que Ecuador debería reembolsar hasta el 2005 han tendido claramente a apoyar ciertos cambios en la legislación del país. Actuando de esta manera, el Banco Mundial utilizó los préstamos como instrumento de presión a fin de lograr unos cambios legislativos que tuvieron un efecto negativo para la mayoría de la población del país, y favoreciendo el enriquecimiento de los más ricos. Estas reformas han favorecido, o más bien provocado, diversas crisis financieras en los años 90, entre ellas la gran crisis bancaria de 1999 que tuvo consecuencias desastrosas para la economía y la población del país.

El Banco Mundial ha apoyado a las fuerzas financieras nacionales que se consideran los amos del país y que aprovechan del Estado y del gobierno para conseguir sus fines egoístas. El Banco Mundial intervino para desestabilizar los gobiernos que intentaron aplicar una política económica y social tendiente a una mayor justicia social y resguardo de la soberanía frente a Estados Unidos.

La política del Banco Mundial va a la par de las medidas que han debilitado el Estado frente a las crisis financieras así como de las que han arrasado su papel regulador y reducido drásticamente los servicios públicos.

La acción global del Banco Mundial no ha mejorado la vida de la población, todo lo contrario. Su intervención ha sido claramente nefasta y constituye, en resumen, desde el punto de vista jurídico, un fraude al país.

En conclusión, el gobierno, la presidencia de Ecuador y el nuevo poder constituyente legislativo, tienen el derecho de repudiar la deuda reclamada por el Banco Mundial. Es posible que haya alguna excepción a esta decisión, si en el curso del estudio se encontrara que ciertos préstamos tuvieron efectivamente un efecto positivo para el país. Pero la línea general frente al Banco Mundial debe centrarse en el repudio firme y definitivo.

El gobierno ecuatoriano podría exigir una indemnización

La crisis bancaria y financiera de 1999 costó al Estado por lo menos 8.000 millones de dólares en forma de nuevas deudas, contraídas para organizar el salvamento bancario. El Estado está en vías de exigir a los responsables y beneficiarios de dicha crisis que indemnicen a los poderes públicos. Esto es lo que recomienda la Comisión de investigación de la crisis económica y financiera establecida en abril de 2007[8], y que remitió sus trabajos en julio del mismo año.

¿Cuestionará Correa el pago de la deuda?

La población espera mucho de Rafael Correa. Su discurso radical ha convencido a la mayoría de los ecuatorianos que un cambio fundamental es necesario y posible, con la condición de que se dé al presidente una mayoría clara. El presidente Correa quiere reducir radicalmente la parte del presupuesto destinada al pago de la deuda pública. A la vez, desea aumentar los gastos sociales. ¿Llegará hasta la suspensión del pago de algunas deudas en el año 2008? ¿Decidirá repudiar las numerosas deudas odiosas e ilegítimas?[9] El 15 de diciembre de 2007 comunicó su intención de repudiar los 20 millones de dólares reclamados por el Banco Mundial debido a su apoyo a la privatización del agua. Si pone en práctica esta orientación, eso sería ya un gran paso adelante. Pero no es seguro que realmente tome esta decisión, por varias razones.[10] La principal es la siguiente: con unos ingresos importantes por el petróleo, el gobierno piensa que puede seguir pagando la deuda y aumentando progresivamente a la vez los gastos sociales. Para aplicar esta política, como se ha indicado antes, aumenta los impuestos sobre los ingresos de las sociedades petroleras y adquiere nueva deuda en los mercados internos y externos para reestructurar las deudas anteriores. Esta política no es prudente, pues no tiene en cuenta los peligros que amenazan a Ecuador y a la mayor parte de los países en desarrollo: el posible aumento de los tipos de interés, en particular el del Libor[11] (una parte importante de los nuevos préstamos se contratan a tipo variable con el CAF, el BID y la banca privada) y una caída del precio del petróleo y de otras materias primas. Por otra parte, es muy probable que la CAIC identifique las deudas odiosas e ilegítimas. ¿Continuará el Estado ecuatoriano pagando con el argumento de evitar las tensiones internacionales con los acreedores y las internas con los grandes grupos privados que controlan buena parte de la economía del país? Este debate fundamental tendrá lugar en el año 2008. ¿Tomará Rafael Correa la vía de la solución soberana y justa de la deuda ilegítima? Eso esperamos, pero no es seguro.

Conclusiones

El camino de las reformas sociales está sembrado de obstáculos. Muchos mandatarios de izquierda que fueron elegidos en Latinoamérica en estos últimos años proponían romper con la política neoliberal de sus predecesores, pero pocos han puesto en práctica sus promesas- Esperamos que Rafael Correa no vacilará y realizará una política democrática y de justicia social. En todo caso, hasta ahora su estrategia ha permitido aumentar y consolidar el apoyo popular a favor del cambio. También ha permitido crear las condiciones de un cambio democrático de las instituciones. Ha reforzado la independencia del país frente a Estados Unidos consolidando un proceso de integración latinoamericana. Ya es mucho. Por todas estas razones, hay que seguir de cerca la situación de Ecuador.  (Traducido por Raúl Quiroz).