Los preliminares

A raíz del episodio de la liberación sin condiciones de Clara Rojas, y Consuelo González de Perdomo, en cautiverio de las FARC por varios años, acción realizada con el aval de la Cruz Roja Internacional y la mediación de facto del presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, y la senadora colombiana, Piedad Córdoba, dicho presidente al rendir su informe anual ante la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela planteó que los dos principales grupos guerrilleros colombianos “son verdaderos ejércitos, que ocupan espacio en Colombia… hay que darles reconocimiento a las FARC y al ELN son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, que tienen un proyecto Bolivariano que aquí es respetado”.

Ante esta afirmación, el mismo Chávez señaló ante el congreso venezolano –con la práctica ausencia de la oposición-, que para normalizar las relaciones con el Estado colombiano es necesario que este gobierno les quite al ELN y a las FARC el calificativo de grupos terroristas. A tal solicitud y exigencia el gobierno de Colombia respondió con un comunicado de prensa indicando que todos los grupos violentos de Colombia son terroristas “…por atentar contra una democracia respetable y por sus métodos de exterminio de la humanidad”.

Al respecto, el mismo comunicado aclaró que: “El uso de la fuerza o solamente su amenaza contra esa democracia, es puro terrorismo… En Colombia los grupos violentos atentan contra la democracia; en consecuencia, el calificativo que merecen es el del terroristas”.

El texto oficial, enseguida, explica que son terroristas los grupos violentos, porque: 1. Se financian con el narcotráfico; 2. Secuestran, ponen bombas indiscriminadamente, reclutan y asesinan niños, asesinan mujeres embarazadas, asesinan ancianos y utilizan minas antipersonales dejando a su paso miles de víctimas inocentes; 3. Destruyen el ecosistema; 4. Lo único que han producido es desplazamiento, dolor, desempleo y pobreza; 5. Secuestran en cualquier parte.

Por último, las guerrillas como grupos violentos, específicamente, son terroristas que “cambiaron sus viejas ideas de revolución marxista por el mercenarismo financiado por las drogas ilícitas y, además, engendraron el terrorismo paramilitar”.

Terrorismo y estatus político

Con ocasión del acontecimiento de la agresión terrorista del 11 de septiembre de 2001 al territorio de los Estados Unidos de América, su presidente G. W. Bush, [1] hizo la declaratoria de condena y guerra planetaria contra el terrorismo. En coincidencia con esta situación local, en Colombia, su entonces presidente, Andrés Pastrana, calificó de terroristas a las FARC en consonancia con la ruptura unilateral de las negociaciones de paz que había adelantado con ellas en la zona de distensión de San Vicente del Caguán.

En dichas conversaciones, basado en la Ley 418, el gobierno de entonces reconoció estatus político a la guerrilla de la FARC. Estas, luego de la ruptura, perdieron dicha condición legal y les fue ordenado el retiro inmediato de la zona de distensión en un plazo perentorio de 72 horas. De ese modo, concluía con fracaso la fórmula de negociación política sin cese de hostilidades, que tuvo como incidente desencadenante el secuestro/retención del ex senador huilense Jorge Gechem Turbay.

Después, en virtud de la Ley 762 que reemplazó lo proveído en la Ley 418, no es necesario calificar como grupo político a ningún grupo terrorista para negociar con él, como ahora lo volvió a resaltar el ex canciller conservador Augusto Ramírez Ocampo, cabeza visible de la estrategia de paz que trabaja la Iglesia Católica en sintonía con los gobiernos de Suiza, España y Francia. Estos insisten, por ende, en el diálogo directo entre el gobierno y las FARC en las montañas de Pradera y Florida durante 45 días, para realizar el Acuerdo humanitario que regrese a la libertad a 744 personas, entre ellas 14 militares, en poder de la fuerza insurgente.

¿A qué apunta, entonces, la enconada disputa con respecto al calificativo de terrorista? Al hecho, primero, que señalar a las guerrillas como grupos terroristas, el gobierno colombiano, y no sólo éste, asocia tal condición a retirarle a éstos el carácter de grupos rebeldes, de grupos políticos, incursos en esta clase de delitos reconocidos por la legislación internacional, y por el propio estatuto del DIH. En segundo lugar, un sector del establecimiento, sin darles el carácter legal de grupos políticos, mediante un dispositivo jurídico local, autoriza al ejecutivo nacional negocie con los grupos terroristas por razones humanitarias. Obviamente, al realizar, tal tipo de negociación, en los hechos, establece con ellas una interlocución y una deliberación esencialmente política.

Sin embargo, a la luz de lo señalado oficialmente en el comunicado de prensa, las guerrillas y los paramilitares son equiparados como grupos violentos, y en su condición de tales calificados todos como terroristas. En virtud de la Ley de Justicia y Paz, con la cual el gobierno colombiano ha conseguido la desmovilización de 46.000 combatientes, siendo algo más de 30.000 los paramilitares. Éste ha pretendido también, dentro y fuera de la Corte Constitucional, conseguir para la tropa rasa de las AUC el cobijo del delito de sedición, reconociéndole de ese modo el carácter de actor político, cuando las AUC nunca han tenido el propósito de hacer “una revolución marxista”, ni rebelarse contra el Estado legalmente existente, sino combatir a las guerrillas marxistas y a sus auxiliares y simpatizantes por todos los medios.

En lo fundamental, el debate en que metió esa política el presidente venezolano con ocasión de su exitosa reciente mediación, después de la fallida entrega del niño Emmanuel, solicitando abiertamente que Colombia, los gobiernos de América Latina y la Unión Europea retiren el calificativo de terroristas a las FARC y al ELN, tiene que ver con la equiparación que el gobierno colombiano y el norteamericano hacen entre el terrorismo y la condición esencial no política de quienes incurren en dichos actos. El comunicado de la presidencia colombiano reitera esta posición respondiendo el pasado 11 de enero de 2008, que “El gobierno de Colombia por ningún motivo acepta que a estos grupos se les levante el calificativo de terroristas y se les de estatus de beligerancia”.

En adición a lo anterior, el presidente Hugo Chávez fundamenta su audaz demanda en señalar que la calificación de terroristas dada a las FARC y al ELN obedece a los dictados, a la injerencia indebida de los Estados Unidos, al desconocimiento por éstos del principio de la autodeterminación de los pueblos, a la condición imperial de su gobierno.

En virtud de la aplicación del principio de la autodeterminación, de la soberanía de Venezuela, reclama Chávez de la Asamblea Nacional respaldo para la exigencia al gobierno colombiano de que quite la denominación de terroristas a las dos guerrillas. De lo contrario, ambos países no normalizarán sus relaciones. La respuesta de los asambleístas fue respaldada por una sonora aclamación, de la cual, obviamente, estaba excluida la oposición que en diciembre pasado triunfó en contra del referéndum propuesto por el mismo gobierno venezolano.

En conclusión, una y otra parte, los dos gobiernos implicados por el evento del intercambio humanitario en ciernes con las FARC no distinguen entre estatus político y terrorismo. La verdad es que estatus político es distinto de terrorismo. En la realidad existen grupos políticos y estados que incurren de diverso modo en actos terroristas, sin que por ello pierdan ni su condición de Estados ni la de grupos políticos rebeldes o insurgentes. Otra cosa es pretender señalar que los actos terroristas como tales constituyan, establezcan una condición política y creen mediante exclusivas acciones terroristas a un nuevo sujeto político.

Para la muestra más de un botón, el gobierno de los EUA ha incurrido e incurre en actos terroristas sobre la población civil con el pretexto de combatir el terrorismo global. Tales actos ilegales e inconstitucionales son objeto hoy de investigación por parte del FBI y otras agencias oficiales contra las acciones de la que se sindica a la CIA, por actividades realizadas no sólo en la base de Guantánamo sino en otros sitios del mundo, como Abu Graibh, ilustradas por Fernando Botero en su pintura de denuncia, y el gobierno de Polonia, entre otros. Irene Khan, secretaria de Amnistía Internacional señaló para el año 2004, “Si el gobierno de Estados Unidos no tiene nada que ocultar debe poner fin de inmediato a la detención en régimen de incomunicación y permitir el acceso a todos los centros de detención de observadores independientes de derechos humanos, como los de Amnistía Internacional y las Naciones Unidas”. Ella misma añadía: “El gobierno de Estados Unidos siempre ha demostrado su falta de respeto hacia los Convenios de Ginebra y los principios básicos de la ley, los derechos humanos y la dignidad humana. Esto ha creado un clima en el que los soldados estadounidenses creen que pueden deshumanizar y degradar a los prisioneros impunemente”.[2]

Estatus Político y Beligerancia

El actual presidente del Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria Díaz, ex magistrado de la Corte Constitucional, entrevistado por Caracol, recientemente, reiteró lo que ha venido sosteniendo desde los tiempos en que ofició como magistrado que los grupos insurgentes de Colombia en su condición de tales tienen el carácter de grupos políticos; no se requiere que haya una declaratorio oficiosa de los gobiernos para que tengan tal estatus. Además, el jurista y político recuerda que en su acción político-militar incurren en actos violentos que no siempre pueden ser englobados con el carácter de actos terroristas cuando ocurren en acciones de guerra contra los gobiernos; y que también son responsables de delitos de lesa humanidad. Pero, el que incurran en ellos no hace que pierdan su carácter de actores políticos, ni que por ser tales pueden reclamar en su beneficio la impunidad, o la inimputabilidad.

De otra parte, está el asunto de la beligerancia que tampoco se confunde con el estatus político de un determinado actor. No se requiere reconocer beligerancia de un actor político para que éste sea tal. Tampoco es requisito para ser un sujeto político que se le reconozca la condición de beligerancia. Además, es importante, y así lo señalaba el mismo Carlos Gaviria en su intervención, la condición de beligerancia según lo estatuido en el DIH no es reconocida por el Estado que es afectado por los grupos rebeldes e insurgentes, sino por otros países, como bien podría ser el caso de Venezuela.

Dicho lo anterior, el comunicado de prensa pretende de modo equivocado una competencia que no tiene, cuando dice: “El gobierno de Colombia por ningún motivo acepta que a estos grupos… se les de estatus de beligerancia”. Tampoco es pertinente confundir, en rigor conceptual, grupos terroristas con la ausencia de carácter político a las organizaciones insurgentes “que tienen un proyecto político”, por el hecho que éstas incurran en acciones terroristas.

El gobierno puede no aceptar el estatus de beligerancia que eventualmente le den otros estados y uniones de estados a las FARC y el ELN, pero tal conducta, según el DIH, no invalida el carácter de beligerante que otros estados le otorguen. Cosa bien diferente es que las FARC y el ELN reúnan o no las condiciones que para la beligerancia se requieren, y las cuales son de público conocimiento. Desde hace más de 10 años, las FARC buscan la condición de beligerancia y hasta la fecha no la han obtenido de ningún Estado, sin embargo, si han tenido el carácter de sujetos políticos, y tal condición hicieron parte de las negociaciones que por tres años adelantaron con el gobierno presidido por Andrés Pastrana Arango, hasta que se asumió una abierta estrategia de guerra en lugar de los diálogos de paz. Otro tanto había ocurrido durante la presidencia de Belisario Betancur, cuando éste iniciara los diálogos de paz con varias organizaciones guerrilleras, y, en particular, con las mismas FARC que fueron el antecedente para la existencia de la Unión Patriótica.

La verdad y la perspectiva del Acuerdo Humanitario

A pesar que el gobierno del presidente Uribe Vélez afirma, una vez más, que todos los grupos violentos del país son grupos terroristas, con el objeto de descalificar a las guerrillas como grupos políticos, tal pretensión no se corresponde con la verdad jurídica universal ni con los hechos. En cambio, se trata de una descalificación ideológica que sirve a la causa de la guerra con el alegado propósito de procurar a la comunidad política nacional, la que se ha dado en llamar seguridad democrática.

Con tal justificación se ha venido aceptando por acción o por omisión que se desconozca de modo sistemático la garantía de la vida de los nacionales colombianos, y de los extranjeros que se encuentran en poder de las organizaciones insurgentes en Colombia por periodos de tiempo que se extiende entre uno y diez años.

Al día de hoy, la intervención del gobierno de Venezuela ha puesto en el límite el accionar de la llamada seguridad democrática como política pública viable, al no aceptar, su presidente con el apoyo de la mayoría de la Asamblea Nacional, más la descalificación política de los grupos insurgentes de las FARC y el ELN. En una forma poco ortodoxa, el presidente Chávez, después de coronar exitosamente el rescate de Clara Rojas y Consuelo González, ha puesto los puntos sobre las íes. De ninguna manera, su accionar presente implica una intervención indebida en la política colombiana, tampoco ha violado él “el principio de no intervención”, como lo manifestara el vocero del partido Liberal, el senador Juan Fernando Cristo.

A lo sumo, como lo señaló el senador Roberto Gerlein se trata no de una intervención sino de “una intromisión indebida” del presidente Chávez, para quien la preocupación central de la llamada “razón de estado” es servir al propósito de la paz que garantice, sin ahorrar esfuerzos desde la perspectiva humanitaria, de preservar la vida digna para cualquier nacional colombiano, incluidos los más pavorosos delincuentes comunes. Además, porque, formalmente, Colombia a diferencia de los Estados Unidos de América no tiene legalmente consagradas ni la tortura, ni la muerte, ni las desapariciones. Aunque, con brutal ironía, en los últimos 30 años, después de concluida la hecatombe de La Violencia, se hayan empeorado todos los desastrosos registros nacionales, y no pocos internacionales, en contra de la condición humana que no han respetado los señores de la guerra, de uno y otro lado.

Es el tiempo de la ciudadanía, y en procura de una verdadera democracia, conviene releer las importantes reflexiones de un notable jurista latinoamericano, el argentino Carlos Santiago Nino, autor de varios libros y tratados, y en particular de La Constitución de la Democracia Deliberativa, quien expresa en forma analítica y dialógica los fundamentos que permiten establecer una democracia deliberativa. Y dicha reflexión la cumplió Nino de cara a las dictaduras y los autoritarismos del Cono Sur. Estas lúcidas elucubraciones pueden ser una excelente compañía para realizar el Acuerdo Humanitario teniendo como protagonista principal a la comunidad política colombiana, más allá del diálogo directo entre el gobierno y la guerrilla, como lo viene proponiendo sin éxito reconocible la Iglesia Católica y sus ilustres voceros laicos.

De todo lo cual es prueba fehaciente, no sólo los miles de cadáveres que pueblan con horror y deshonra innumerables fosas comunes, sino las desapariciones y torturas practicadas también por funcionarios del gobierno colombiano contra militantes de la izquierda, y la oposición tanto armada como desarmada, de lo cual dan testimonio inocultable las cortes internacionales y las instancias judiciales colombianas.

- Miguel Ángel Herrera es profesor asociado del Departamento de Ciencia Política, Universidad Nacional.

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía.
www.vivalaciudadania.org