Una difícil coyuntura para los sectores democráticos
15/02/2008
- Opinión
Al tiempo que la Comisión de Seguimiento a la política pública frente al desplazamiento forzado entregaba su informe a la Corte Constitucional, francamente desalentador sobre la real situación de la población desplazada, el gobierno nacional a través del Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias defendía públicamente el despojo de 17 mil hectáreas de la hacienda Carimagua, en el municipio de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, que había sido destinada por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, al reasentamiento de 500 familias desplazadas.
Un grupo de empresarios palmicultores serían los beneficiarios directos de dicha adjudicación a la que por fortuna se opuso la Procuraduría General de la Nación. Pero Andrés Felipe no esta solo en este propósito, es el propio presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, el más interesado pues en dos ocasiones, la última de ellas el 14 de febrero, ha señalado que estas tierras deberían ir a los palmicultores. Este privilegio para los sectores palmicultores en detrimento de las víctimas muestra las claras políticas de este gobierno y no es de extrañar entonces que los resultados que arroja la verificación del cumplimiento de la sentencia T 024 de enero de 2004 de la Corte Constitucional, muestre resultados francamente aterradores.
Mientras el informe de la Comisión, realizado por una encuesta que cubrió 50 municipios y entrevisto a 6.616 familias incluidas en el Registro Único de la población desplazada, RUPD, después de 1998, encontraba que solo hay avances en materia de educación, en donde la cobertura de cubrimiento llega al 83.6% y en salud dicha cobertura llega al 79.2%, en el resto de los indicadores adoptados por la Corte Constitucional y sobre los cuales indagó la encuesta y los grupos ciudadanos que se conformaron para hacer una evaluación sobre todos los indicadores y sobre los derechos de la población desplazada, muestró unos resultados mediocres. Duele ver la indolencia del gobierno frente a esta población. En el RUPD, según Acción social hay 2’181.508 personas. Según el estudio de la Comisión el 50% de la población desplazada que esta ocupada gana menos de la mitad de un salario mínimo, el 75% se encuentra por debajo de la línea de pobreza, solo un 8% del total de la población desplazada que habitan viviendas tipo casa o apartamento cumple con todos los criterios que garantizan que sus viviendas puedan ser clasificadas como dignas, el 90% de la población desplazada se encuentra en el régimen subsidiado de salud mientras que solo un 10% de dicha población se encuentra en el régimen contributivo, y apenas un 7.5% cuenta con seguridad social plena, es decir, cotiza a los fondos de pensiones, tiene salud en un régimen contributivo y esta asegurada en riesgos profesionales. Los empleos en que se encuentran los desplazados son precarios y sus ingresos son insuficientes. Las jornadas laborales llegan hasta 60 horas a la semana, para cerca del 50% de los desplazados que tiene un trabajo[1].
La investigación muestra además que el 74.5% de las familias encuestados señalan que abandonaron bienes como tierras o casas y solo el 7.5% han acudido a organismos públicos para buscar su protección. Recientemente un informe de la Contraloría General de la República, taso el despojo en 2.9 millones de hectáreas con un valor superior a los 7.2 billones de pesos, esta cifra ha sido calculada por la Agencia Presidencial Acción Social en 6 millones de hectáreas.
Las políticas públicas aplicadas durante los más de cinco años de este gobierno frente a la población desplazada, muestran como ya señalamos resultados mediocres mientras que el sector financiero liquida para todos los años utilidades superiores para cada uno de los años de este gobierno en promedio por encima de los cuatro billones de pesos, es por ello que éstos sectores se muestran sumamente agradecidos con el actual Presidente de la República, a quien califican desmedidamente como el mejor de la historia del país. Digamos francamente que los sectores financieros y los terratenientes han tenido bajo este gobierno las mejores oportunidades de acumulación.
Así pues a los sectores democráticos que levantan principalmente las reivindicaciones de los excluidos, tienen en el frente de las políticas públicas sociales, un trabajo arduo ante un gobierno que considera que las tierras de la hacienda Carimagua, son ácidas para los desplazados pero aptas para los terratenientes de la palma aceitera. No es raro que esto ocurra, pues, ya desde el Incoder se habían concedido créditos al narcotraficante Micky Ramirez en el Caquetá y abundantes créditos a los palmicultores del bajo Atrato, que a su vez habían sido ayudados por los paramilitares para desplazar a las comunidades negras que ancestralmente han vivido y cuidado este ecosistema.[2] El Ministro Andrés Felipe Arias además ha sido acucioso en la cartera de agricultura para aprobar la exención de impuestos a los caucheros, a los palmicultores y a todos los cultivos de rendimientos tardíos durante un lapso de diez años. Pero también fue el impulsor de una ley forestal que buscaba entregar a la explotación de los bosques tropicales por parte de las multinacionales y a favor de estos sectores.
Todo ello en medio de los intentos del presidente Uribe por perpetuarse en el poder mediante una nueva reforma constitucional que le permita presentarse a un tercer período presidencial. Ello no obstante que de los 54 parlamentarios vinculados a la parapolítica, 48 sean de los partidos de su coalición y de que el jefe de la policía política Jorge Noguera Cote, haya sido acusado por la Fiscalía General de la Nación por delitos como el de poner al servicio de los grupos paramilitares, el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, el delito por el que se le acusa en este caso es el de concierto para delinquir agravado, de revelar información secreta de un organismo de seguridad del Estado y de abuso de autoridad. Digo por ahora, pues, en la resolución de acusación presentada por el Fiscal General Mario Iguarán ante la Corte Suprema de Justicia queda muy en claro que esta es una acusación parcial, pues, la investigación criminal por suministrar listas de sindicalistas a los paramilitares Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40 y a Hernán Giraldo sigue su curso de manera independiente. No hay que olvidar que Noguera fue el jefe de debate en las elecciones presidenciales de 2002 del señor Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.
Pero si por los lados del régimen y su coalición política y empresarial no hay respiro en cuanto, a favorecer los intereses de las transnacionales y del gran capital así sea a costa de los excluidos, por el lado de la extrema izquierda también los sectores democráticos tienen que librar una ardua batalla. En primer lugar contra el secuestro y el conjunto de crímenes de lesa humanidad que cometen a diario las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y en menor medida el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Para la muestra un botón. El estudio que mencionamos de la Comisión de Seguimiento, muestra que los paramilitares son los principales responsables del desplazamiento con un 37.0% mientras que el segundo actor responsable son las FARC con un 29.8% y el ELN con un 3%.
La reacción del movimiento ciudadano no se ha hecho esperar. Pero se equivocan las FARC, cuando atribuyen la inmensa movilización de más de 10 millones de personas registrada el 4 de febrero, en más de 50 ciudades de Colombia y en unas 60 del extranjero a la manipulación de los medios de comunicación y de los empresarios y el gobierno, como también se equivocó el gobierno, cuando pretendió manipularla para tratar de conseguir un consenso para la guerra y un apoyo a la perpetuación de Uribe en el poder.
Pero la izquierda democrática tiene que ahondar en la crítica a las guerrillas al tiempo que defiende el acuerdo humanitario debe levantar la bandera de la negociación política para acabar la guerra inútil que padecemos. Por ello, el norte debe ser la paz y el diálogo para salir de esta guerra cruel e inhumana. Hay que pensar que el 9 de abril se cumplen 60 años del asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán, podría ser el momento para lanzar una gran iniciativa hacia la paz, hacia los acuerdos humanitarios y en defensa y profundización de la Constitución de 1991, la independencia de los poderes y el acuerdo político para salir de la guerra. Mientras tanto y como lo hicimos el 4 de febrero en que salimos a la calle a repudiar al secuestro por parte de las FARC y de todos los que participan de este delito de lesa humanidad, nos concentramos para reivindicar los acuerdos humanitarios y condenar y rechazar la guerra; ahora también saldremos a la calle para reclamar por los desplazados, por las víctimas de los paramilitares y por los secuestrados, por todas las víctimas. En Bogotá nos concentraremos en el parque nacional y marcharemos hasta la Plaza de Bolívar el próximo 6 de marzo.
- Pedro Santana Rodríguez es Presidente de la Corporación Viva la Ciudadanía
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía.
www.vivalaciudadania.org
Un grupo de empresarios palmicultores serían los beneficiarios directos de dicha adjudicación a la que por fortuna se opuso la Procuraduría General de la Nación. Pero Andrés Felipe no esta solo en este propósito, es el propio presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, el más interesado pues en dos ocasiones, la última de ellas el 14 de febrero, ha señalado que estas tierras deberían ir a los palmicultores. Este privilegio para los sectores palmicultores en detrimento de las víctimas muestra las claras políticas de este gobierno y no es de extrañar entonces que los resultados que arroja la verificación del cumplimiento de la sentencia T 024 de enero de 2004 de la Corte Constitucional, muestre resultados francamente aterradores.
Mientras el informe de la Comisión, realizado por una encuesta que cubrió 50 municipios y entrevisto a 6.616 familias incluidas en el Registro Único de la población desplazada, RUPD, después de 1998, encontraba que solo hay avances en materia de educación, en donde la cobertura de cubrimiento llega al 83.6% y en salud dicha cobertura llega al 79.2%, en el resto de los indicadores adoptados por la Corte Constitucional y sobre los cuales indagó la encuesta y los grupos ciudadanos que se conformaron para hacer una evaluación sobre todos los indicadores y sobre los derechos de la población desplazada, muestró unos resultados mediocres. Duele ver la indolencia del gobierno frente a esta población. En el RUPD, según Acción social hay 2’181.508 personas. Según el estudio de la Comisión el 50% de la población desplazada que esta ocupada gana menos de la mitad de un salario mínimo, el 75% se encuentra por debajo de la línea de pobreza, solo un 8% del total de la población desplazada que habitan viviendas tipo casa o apartamento cumple con todos los criterios que garantizan que sus viviendas puedan ser clasificadas como dignas, el 90% de la población desplazada se encuentra en el régimen subsidiado de salud mientras que solo un 10% de dicha población se encuentra en el régimen contributivo, y apenas un 7.5% cuenta con seguridad social plena, es decir, cotiza a los fondos de pensiones, tiene salud en un régimen contributivo y esta asegurada en riesgos profesionales. Los empleos en que se encuentran los desplazados son precarios y sus ingresos son insuficientes. Las jornadas laborales llegan hasta 60 horas a la semana, para cerca del 50% de los desplazados que tiene un trabajo[1].
La investigación muestra además que el 74.5% de las familias encuestados señalan que abandonaron bienes como tierras o casas y solo el 7.5% han acudido a organismos públicos para buscar su protección. Recientemente un informe de la Contraloría General de la República, taso el despojo en 2.9 millones de hectáreas con un valor superior a los 7.2 billones de pesos, esta cifra ha sido calculada por la Agencia Presidencial Acción Social en 6 millones de hectáreas.
Las políticas públicas aplicadas durante los más de cinco años de este gobierno frente a la población desplazada, muestran como ya señalamos resultados mediocres mientras que el sector financiero liquida para todos los años utilidades superiores para cada uno de los años de este gobierno en promedio por encima de los cuatro billones de pesos, es por ello que éstos sectores se muestran sumamente agradecidos con el actual Presidente de la República, a quien califican desmedidamente como el mejor de la historia del país. Digamos francamente que los sectores financieros y los terratenientes han tenido bajo este gobierno las mejores oportunidades de acumulación.
Así pues a los sectores democráticos que levantan principalmente las reivindicaciones de los excluidos, tienen en el frente de las políticas públicas sociales, un trabajo arduo ante un gobierno que considera que las tierras de la hacienda Carimagua, son ácidas para los desplazados pero aptas para los terratenientes de la palma aceitera. No es raro que esto ocurra, pues, ya desde el Incoder se habían concedido créditos al narcotraficante Micky Ramirez en el Caquetá y abundantes créditos a los palmicultores del bajo Atrato, que a su vez habían sido ayudados por los paramilitares para desplazar a las comunidades negras que ancestralmente han vivido y cuidado este ecosistema.[2] El Ministro Andrés Felipe Arias además ha sido acucioso en la cartera de agricultura para aprobar la exención de impuestos a los caucheros, a los palmicultores y a todos los cultivos de rendimientos tardíos durante un lapso de diez años. Pero también fue el impulsor de una ley forestal que buscaba entregar a la explotación de los bosques tropicales por parte de las multinacionales y a favor de estos sectores.
Todo ello en medio de los intentos del presidente Uribe por perpetuarse en el poder mediante una nueva reforma constitucional que le permita presentarse a un tercer período presidencial. Ello no obstante que de los 54 parlamentarios vinculados a la parapolítica, 48 sean de los partidos de su coalición y de que el jefe de la policía política Jorge Noguera Cote, haya sido acusado por la Fiscalía General de la Nación por delitos como el de poner al servicio de los grupos paramilitares, el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, el delito por el que se le acusa en este caso es el de concierto para delinquir agravado, de revelar información secreta de un organismo de seguridad del Estado y de abuso de autoridad. Digo por ahora, pues, en la resolución de acusación presentada por el Fiscal General Mario Iguarán ante la Corte Suprema de Justicia queda muy en claro que esta es una acusación parcial, pues, la investigación criminal por suministrar listas de sindicalistas a los paramilitares Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40 y a Hernán Giraldo sigue su curso de manera independiente. No hay que olvidar que Noguera fue el jefe de debate en las elecciones presidenciales de 2002 del señor Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.
Pero si por los lados del régimen y su coalición política y empresarial no hay respiro en cuanto, a favorecer los intereses de las transnacionales y del gran capital así sea a costa de los excluidos, por el lado de la extrema izquierda también los sectores democráticos tienen que librar una ardua batalla. En primer lugar contra el secuestro y el conjunto de crímenes de lesa humanidad que cometen a diario las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y en menor medida el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Para la muestra un botón. El estudio que mencionamos de la Comisión de Seguimiento, muestra que los paramilitares son los principales responsables del desplazamiento con un 37.0% mientras que el segundo actor responsable son las FARC con un 29.8% y el ELN con un 3%.
La reacción del movimiento ciudadano no se ha hecho esperar. Pero se equivocan las FARC, cuando atribuyen la inmensa movilización de más de 10 millones de personas registrada el 4 de febrero, en más de 50 ciudades de Colombia y en unas 60 del extranjero a la manipulación de los medios de comunicación y de los empresarios y el gobierno, como también se equivocó el gobierno, cuando pretendió manipularla para tratar de conseguir un consenso para la guerra y un apoyo a la perpetuación de Uribe en el poder.
Pero la izquierda democrática tiene que ahondar en la crítica a las guerrillas al tiempo que defiende el acuerdo humanitario debe levantar la bandera de la negociación política para acabar la guerra inútil que padecemos. Por ello, el norte debe ser la paz y el diálogo para salir de esta guerra cruel e inhumana. Hay que pensar que el 9 de abril se cumplen 60 años del asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán, podría ser el momento para lanzar una gran iniciativa hacia la paz, hacia los acuerdos humanitarios y en defensa y profundización de la Constitución de 1991, la independencia de los poderes y el acuerdo político para salir de la guerra. Mientras tanto y como lo hicimos el 4 de febrero en que salimos a la calle a repudiar al secuestro por parte de las FARC y de todos los que participan de este delito de lesa humanidad, nos concentramos para reivindicar los acuerdos humanitarios y condenar y rechazar la guerra; ahora también saldremos a la calle para reclamar por los desplazados, por las víctimas de los paramilitares y por los secuestrados, por todas las víctimas. En Bogotá nos concentraremos en el parque nacional y marcharemos hasta la Plaza de Bolívar el próximo 6 de marzo.
- Pedro Santana Rodríguez es Presidente de la Corporación Viva la Ciudadanía
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía.
www.vivalaciudadania.org
[1] Ver informe completo en Semanario Virtual Caja de Herramientas No 97 del 8 de febrero de 2008 en www.viva.org.co
[2] Recientemente la Fiscalía General de la Nación ha vinculado a 23 palmicultores a la investigación penal por el despojo y apropiación ilegal de las tierras del Bajo Atrato que pertenecen a las comunidades afrodescendientes.
https://www.alainet.org/es/articulo/125741
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