¡Cuidado que viene el lobo!, alertaban a los tres cerditos en el cuento popular ante la posible amenaza del voraz canino, pero la insistencia de su anuncio sin que el peligroso carnicero apareciera debilitó la defensa de los pobres animalitos que no pudieron hacer nada cuando de verdad se hizo presente con saña y astucia su permanente enemigo. El resultado lo conocemos todos los que tuvimos una dulce abuelita que nos contaba cuentos antes de dormir.

Los pueblos de América Latina y el Caribe no deberían, entonces, seguir esperando expresiones más concretas de la amenaza estadounidense para ponerla de manifiesto ante la opinión pública y estar preparados, porque la intervención ya comenzó.

Ésta, vista como “la injerencia de un gobierno en los asuntos propios de otro Estado” de acuerdo a lo que señala el Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas de Torcuato S. Di Tella, ha sido una constante en la política exterior de Estados Unidos desde que se enunció la doctrina Monroe en 1823. En 1904 el presidente Teodoro Roosevelt le agregó un corolario que lleva su nombre, el cual expresa “La delincuencia crónica (de algunos países latinoamericanos) puede (…) hacer necesaria la intervención de alguna nación civilizada, y en el hemisferio occidental la Doctrina de Monroe puede obligar a Estados Unidos (…) a ejercer de policía internacional” En aplicación de este corolario Estados Unidos intervino en Haití, República Dominicana, Honduras y Nicaragua para salvaguardar intereses de las empresas transnacionales estadounidenses que tenían controversias con esos países.

Eso ocurrió a comienzos del siglo XX, 100 años después, otra empresa gringa, la Exxon-Mobil, pareciera apelar al Corolario Roosevelt para tratar de imponer su voluntad en contra del pueblo y gobierno de Venezuela.

El 1° de mayo de 2007, con base legal en el decreto 5.200 del 27 de febrero del mismo año el Estado venezolano decidió nacionalizar la Faja Petrolífera del Orinoco y establecer la figura de empresas mixtas para aquellas compañías extranjeras que quisieran seguir operando en territorio venezolano. Ante esta decisión soberana del pueblo y gobierno venezolano Exxon buscó congelar 12 mil millones de dólares de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), con órdenes de tribunales británicos y holandeses. El Vice ministro de Energía y Minas de Venezuela Bernard Mommer indicó que de las 13 empresas que operaban en la Faja Petrolífera del Orinoco, antes de que se implementara la figura de empresas mixtas, 12 aceptaron la sociedad con Pdvsa, “mientras que Exxon Mobil quedó aislada, a partir de una posición política, para defender el control extranjero sobre los recursos petroleros nacionales” Abiertamente, esta decisión de Exxon responde a la política del gobierno de Estados Unidos que no es nueva y que se implementa no sólo en Venezuela.

La decisión de Exxon- Mobil tiene antecedentes. Ante el anuncio del presidente Chávez a comienzos de diciembre de 2006 en el sentido de que procedería a estatizar los sectores de la electricidad y las telecomunicaciones y a solicitar la modificación de los contratos con petroleras extranjeras que operaban en la faja petrolífera del río Orinoco, el portavoz del departamento de Estado Sean Mc Cormack declaró a finales de ese mismo mes que esperaba compensaciones "justas" para las empresas extranjeras que pudieran ser afectadas por eventuales nacionalizaciones en Venezuela, al tiempo que advirtió que este tipo de política "no brinda realmente beneficios económicos positivos". Con absoluto descaro afirmó que "en caso de que se produzcan nacionalizaciones de activos controlados por extranjeros, esperamos que se elaborará una justa compensación de mercado, según las normas de la regulación legal internacional para una compensación justa" para concluir diciendo que "sólo quiero subrayar que el camino de la nacionalización de varias industrias clave está muy desgastado y no brinda realmente beneficios económicos positivos, por decirlo así". O sea, el gobierno de Estados Unidos advertía un año antes lo que iba a pasar y además daba pautas a las empresas de lo que debían hacer.

En este contexto y en preparación de la decisión de la Exxon –Mobil diversos personeros del gobierno de Estados Unidos han visitado la región, en especial Colombia para lanzar sus amenazas contra Venezuela y aquellos pueblos que han elegido gobiernos que reivindican la independencia y la soberanía en sus decisiones de política exterior y en el manejo de sus recursos naturales.

Ya en marzo de 2007 el presidente Bush visitaba la región para tratar de revertir la ola de gobiernos progresistas que comenzaban a cambiar la correlación de fuerzas en el escenario regional. Adam Isacson, del Centro para los Estudios Políticos, con sede en Washington afirmaba que "Si hay algo que los tiene con los pelos de punta es esto. Al visitar a Brasil y Uruguay, (Bush) muestra su interés en acercarse también a regímenes de izquierda y no solo a los aliados de siempre: Colombia, México y Guatemala, que comparten su visión del mundo".

Sin embargo, el viaje de Bush fue objeto de duros cuestionamientos en un debate que realizó el Congreso de Estados Unidos. Se afirmaba que la administración Bush iba reduciendo el gasto en América Latina., de los US 1.200 millones de dólares que se proponían para el año 2007 en toda la región pasaría a poco más de 800 en el 2008.

El más contundente fue el demócrata Bill Delahunt, durante esa audiencia en el legislativo afirmó que "Egipto, que es un solo país recibe anualmente más de 2.000 millones de dólares. América Latina en su conjunto menos de 1.000”. Esta cifra contrasta con los 3.400 millones de dólares destinados ese año 2007 para el rubro militar del nuevo Plan Colombia. Y todo esto a pesar que ese mismo Congreso ha utilizado como argumento para no firmar el TLC con Colombia que en ese país se violan los derechos humanos y se persigue a los líderes sindicales y de organizaciones sociales.

Posterior a la visita del “Jefe”, comenzaron los desfiles y las palabras altisonantes de elevados personeros civiles y militares de la potencia del norte. El primero fue el jefe del Comando Sur, almirante James Stavridis, quien alineó su artillería con la de Bush para expresar las “preocupaciones de su país con las compras de armas hechas por Venezuela y con el supuesto apoyo al terrorismo en la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay”

En una entrevista a un periódico brasileño en mayo pasado afirmó que "En relación a las grandes compras de armas, el país con el que estoy un poco preocupado es con Venezuela, cuyo gobierno compró aviones avanzados y nuevos helicópteros y acordó la compra de cien mil armas automáticas", y agregó que "Es difícil para mí ver dónde está la amenaza para Venezuela (que justifique esas compras)",

Lo que no dijo es que si revisamos las cifras, es evidente “que el gasto militar de Chile y Colombia en 2006 fue mucho más elevado que el de Venezuela y que, en realidad, el gasto militar en el gobierno de Chávez, que alcanza los 1.445 millones de dólares, es en promedio menor que en gobiernos anteriores (1.619 millones de dólares), como afirma Víctor Figueroa Clark de Red Pepper. El gobierno de Chávez también ha gastado en armas un porcentaje menor de su PIB (1,3%-1,4%) que los gobiernos anteriores (1,6%-1,8%) Compárese esto con el porcentaje del PIB que ha invertido en programas sociales: 14.69%. Figueroa nos recuerda además que “los tipos de armas que Venezuela está comprando no representan una verdadera amenaza para sus vecinos, contrariamente al gasto de Chile, que ha adquirido submarinos, tanques, destructores y aviones de combate en cantidades suficientes para preocupar a sus vecinos”. Nos dice que “la Brazilian Military Power Review coloca a Venezuela en el quinto lugar en el cuadro de potencial militar de la región, por debajo de Brasil, Perú, Chile y Argentina.”. Concluye diciendo que queda claro que Venezuela está muy lejos de convertirse en una superpotencia militar de la región.

Es difícil creerle a Stavridis cuando en la misma entrevista, reseñada por la agencia EFE, negó que su gobierno planee construir una base militar en Paraguay. Fue más enfático aún ante el periodista al decir que “eso era completamente falso" y que él “sería la persona que tendría esa respuesta y te aseguro, completamente, que no hay planes para construir una base en Paraguay". Parece raro que el Jefe del Comando sur no sepa que el 1° de julio de 2005 arribaron en Paraguay 400 marines con el objetivo de establecer una base que por la zona en que está enclavada significa el control estratégico del Cono Sur. Estas tropas ingresaron con el consentimiento del Gobierno paraguayo que a través de la firma de documentos el 5 de mayo de ese año, autorizó hacer “Ejercicios e intercambios militares bilaterales”, todo lo cual fue aprobado por el Parlamento paraguayo ese mismo 1° de julio de 2005 válido hasta diciembre de 2006, aunque el mismo ha sido prorrogado. Vale recordar que este parlamento es el mismo que se niega a formalizar el ingreso de Venezuela a MERCOSUR.

Si de bases militares e intervención de Estados Unidos se trata, en Tierra del Fuego un decreto del gobierno de esa provincia argentina autorizó la cesión de tierras en Tolhuín para la instalación de una base estadounidense que se supone realizará “estudios nucleares con fines pacíficos”. Sin embargo, la ley que lo sustenta en sus anexos contempla que “podrán realizarse explosiones nucleares subterráneas con fines pacíficos”. Esto ha reavivado temores en el sur argentino porque todos los elementos apuntan a la instalación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en esa región, muy cerca de la Antártica.

En este mismo sentido, el ministro de Defensa de Brasil Nelson Jobim, se vio obligado a advertir que la soberanía sobre el Amazonas “es inegociable”. De esa manera tuvo que salir al paso a todo un movimiento que proviene de las grandes potencias del norte las que están proponiendo el control internacional sobre la mayor reserva de agua y oxígeno del planeta.

Al comenzar este año una avalancha que podría transformarse en alud llegó en forma de visitas desde el norte. La inició el 17 de enero el almirante Mike Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de EE.UU., que antes de llegar a Bogotá efectuó declaraciones contra el presidente Chávez propias de la época del Gran Garrote. Según una Nota de Prensa, la reunión tenía por objeto “reafirmar los lazos de cooperación bilateral entre los dos países”. La visita de Mullen tuvo como propósito fundamental afinar las relaciones entre las fuerzas armadas de Estados Unidos y Colombia, como eje fundamental de la política intervencionista de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, la que se ejecuta a través del Plan Colombia.

Sólo un par de días después el Jefe de la “lucha “ contra las drogas de Estados Unidos, John Walters, otra vez en Bogotá, y después de reunirse con el presidente Uribe hizo explosivas declaraciones. El blanco: nuevamente el presidente Chávez, a quien acusó de “gran facilitador del tráfico de cocaína hacia Europa” y fue más allá, afirmó que “En un punto donde la negligencia se convierte en complicidad es una política activa no intervenir y tomar cartas en este problema. Va más allá del yo no puedo hacerlo o yo no voy a hacerlo. Y yo no voy a hacerlo significa que estoy en connivencia”. Lo dice el subordinado de un presidente drogadicto en el país de un presidente, cuya familia ha tenido fuertes vínculos con el narcotráfico y todo porque Venezuela canceló sus relaciones con la DEA, al descubrir que esta agencia realizaba labores de espionaje en el país. Vale decir que después de este hecho las incautaciones de droga en la República Bolivariana han superado en un 70% a las que ocurrían mientras la DEA operaba en el territorio nacional.

Una semana después llegaba a Bogotá la Secretaria de Estado Condolezza Rice, venía a ser la misión número 11 de un alto funcionario de Estados Unidos en Colombia. Rice anunció la posterior llegada de otras delegaciones para trabajar en la agenda común, fundamentalmente en la confirmación del enorme interés de Bush en el TLC con Colombia y la identidad de Uribe con las aspiraciones de Estados Unidos de articular su política hacia América Latina desde Bogotá.

Dando continuidad a los evidentes planes de intervención y para reafirmar y hacer operativas las visitas de Mullen, Walters y Rice, el Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Almirante Stavridis también visitó Bogotá a finales de febrero para reunirse con el Presidente Uribe quien estuvo acompañado del Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y los altos mandos militares y de policía. La cooperación en materia militar y la implementación del Plan Colombia siguieron siendo los temas de la agenda del principal jefe militar de Estados Unidos en el continente.

Finalmente, y para no ser menos que sus jefes, el embajador de Estados Unidos en Colombia. William Brownfield, quien también fungió como embajador en Venezuela afirmó el 17 de febrero que "en los últimos cinco años la cantidad estimada de droga ilícita que transita, que pasa por la República Bolivariana de Venezuela, ha aumentado de una estimación de 20 a 30 toneladas por año, a una estimación de 200 a 300 toneladas”.

Ni Mullen, ni Walters, ni Brownfield han entregado pruebas de sus alegatos. En su imaginario no las necesitan. Actúan de acuerdo al Corolario Roosevelt como policías, como vaqueros del lejano oeste en un territorio en el que suponen sin ley.

Esto no es un cuento de la abuelita, son realidades concretas de la actuación de altos funcionarios de un imperio decadente que como fiera herida da zarpazos para intentar impedir el camino de los pueblos hacia su independencia. Ellos desempeñan sus funciones escuchando a Roosevelt quien asumió como propio un proverbio del África oriental” Cuando vayas a visitar a tu adversario, habla en voz baja, pero lleva un garrote en la mano”. No nos equivoquemos con demócratas o republicanos, somos el adversario, nos debemos cuidar del garrote.

Fuente: Barómetro Internacional (Venezuela)