Todas las experiencias en cuanto a las fiscalías especiales que se han establecido son de total fracaso, de ahí nuestra incredulidad, ello no evita otorgar el beneficio de la duda a las creadas en el estado de Chiapas, entre ellas la de los Derechos de la Mujer y la de Atención a Periodistas, a iniciativa del gobernador Juan Sabines Guerrero, fundamentalmente porque se les dotó de estructura, son permanentes y se les elevó a rango constitucional.

Lo anterior debe de analizarse desde el entorno histórico más abyecto que se halla dado en una entidad federativa, puesto que no sólo el gremio periodístico, que fue uno de los más salvajemente reprimidos, sino toda la sociedad sufrió y padeció a un dictadorzuelo de quinta categoría, para calificarlo de alguna manera, Pablo Salazar Mendiguchía, el cual con un Congreso títere creo dos aberraciones jurídicas:

Una Fiscalía General del Estado en la que colocó al represor número uno de la entidad, Mariano Herrán Salvatti, del cual por cierto, Sabines, no ha podido librarse, de acuerdo a su enclenque categoría y no obstante haber ocupado el alto cargo ahora aceptó uno menor, con tal de estar en la nómina presupuestal.

Y una ley mordaza privativa, cuyos alcances estaban etiquetados esencialmente contra los periodistas, mediante la elevación de la penalización -hasta nueve años de prisión y multa de hasta mil salarios mínimos-, de los mal llamados delitos contra la prensa: difamación y calumnia.

Durante esa larga pesadilla, el dictadorzuelo, Salazar Mendiguchía con la mano servil y represora de Herrán Salvatti, persiguió, encarceló y expulsó del estado a decenas de periodistas. Dos colegas son símbolos de esas luchas porque sufrieron en carne propia la represión: Miguel González Alonso y Ángel Mario Ksheratto, presidentes saliente y entrante del Frente de Periodistas de Chiapas, FREPECH, organización que con el apoyo irrestricto de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, se creo precisamente para enfrentar al represor.

La excarcelación de compañeros fue el primer compromiso cumplido del actual gobernador Sabines Guerrero, desde luego siempre lamentaremos que el colega, Conrado de la Cruz Jiménez, director y fundador del querido diario Cuarto Poder, falleciera en el exilio obligado. Otra promesa consumada en su totalidad, fue la derogación de la ley mordaza, en un principio había quedado trunca y hace un año con motivo del I Congreso Estatal de Periodismo así se lo hicimos ver al Jefe del Ejecutivo, prometió y cumplió con la modificación.

Decimos que la experiencia de las fiscalías especiales es negativa en su totalidad. De nada sirvieron la creada para investigar el magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, aun yace impune el crimen; la Fiscalía Especial para investigar los feminicidios ha sido de total fracaso, y para no seguir con más es de referirse a esa entelequia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, FEADP, dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, una entelequia y nada más porque no sirve para maldita la cosa, ni siquiera tiene sustento de ley.

Las fiscalías creadas por el gobierno de Sabines Guerrero, entre ellas la de Atención a Periodistas, efectivamente representan un paso trascendental y vanguardista en la transformación y el fortalecimiento de la procuración de justicia, sin embargo dejamos expresada nuestra extrañeza de que el Ministerio Público tenga la potestad de calificar la acreditación del sujeto pasivo, es decir su calidad de periodista. Ello es inadmisible, porque ya antes nos opusimos a que el Ministerio Público federal pusiera en duda la calidad de periodista de la colega Lidya Cacho, cuando se fraguaba la impunidad del “gober precioso”, Mario Marín, que finalmente le otorgó “la suprema”.

Ese renglón quedó pendiente en el II Congreso Estatal de Periodistas, recién llevado al cabo en la ciudad capital, Tuxtla Gutiérrez, que reunió a colegas de todas las regiones de Chiapas y de algunas partes de la República, al igual que el compromiso de elevar a rango Constitucional el secreto profesional de los periodistas, promulgar una la Ley de Seguridad Social de los Periodistas y el apoyo jurídico y social al joven colega, Mario Francisco Álvarez Cancino, quien después de sufrir un grave accidente de trabajo, fue desconocido por los ejecutivos del Diario de Chiapas, para escamotearle la indemnización. Confiamos en el gobernador Sabines Guerrero porque hasta ahora ha cumplido con su palabra, desde aquella su firma cuando candidato al Protocolo de San Cristóbal de las Casas, que lo comprometía a derogar la "ley mordaza Mendiguchía". Los atentados a periodistas, como las agresiones a cualquier ser humano, deben de ser castigados. Basta de impunidades.

Teodoro Rentería Arróyave, periodista y escritor.mexicano.