Los gobiernos de los países europeos más grandes suelen proclamar que han avanzado mucho en lo que se refiere a la anulación de la deuda. Citan los acuerdos bilaterales de anulación de la deuda del Club de París para los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPCs - Heavily Indebted Poor Countries), así como acuerdos para anular las deudas de Irak en 2004 (US$ 30 mil millones) y de Nigeria en 2005 (US$ 18 mil millones). Los Estados miembros del Club de París se congratulan de haber alcanzado "más de 400 acuerdos con cerca de 80 países deudores y la recalendarización de más de US$ 500 mil millones de deudas" en los últimos 50 años, y afirman que su “papel en la restauración de la deuda sostenible ha sido absolutamente trascendental”.

La Iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados y la Iniciativa Multilateral de Alivio de la Deuda (MDRI –Multilateral Debt Relief Initiative) acordadas en 1999 y 2005 respectivamente, también se mencionan como logros importantes para reducir la deuda multilateral adquirida por algunos de los países más pobres del mundo. Estas dos iniciativas combinadas han prometido condonar alrededor de US$ 100 mil millones y US$ 55 mil millones respectivamente, a condición de que los países concernidos sigan un programa de reformas económicas e institucionales supervisado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Hasta ahora, un total de 22 Países Pobres Altamente Endeudados se han beneficiado de casi US$ 60 mil millones en deudas anuladas mediante estas dos iniciativas. Sólo cuatro de ellos son países latinoamericanos: Bolivia, Guyana, Honduras y Nicaragua. Durante el proceso de negociaciones políticas en torno a la deuda y otros asuntos de desarrollo, el Reino Unido en particular se ha proyectado a sí mismo como un gobierno especialmente preocupado por la pobreza en los países en desarrollo y como un líder clave que ayuda a impulsar nuevos compromisos internacionales de incremento de la ayuda y anulación de la deuda.

No obstante, muchas organizaciones de lucha contra la deuda consideran que las medidas adoptadas por los acreedores no bastan. Si bien es cierto que han condonado toda la deuda bilateral y multilateral de un pequeño subconjunto de países de bajo ingreso, sin embargo, ni un paso han dado hacia la anulación de la deuda de aquellos excluidos de esta lista. Ello incluye algunos países de bajos ingresos, tales como Kenia y Lesotho, de ingresos medio-bajos como Ecuador y de ingresos medios como Indonesia y Perú, todos los cuales pagan un alto porcentaje de sus ingresos fiscales como servicio de la deuda.

Una tendencia reciente de algunos acreedores europeos, tales como España (líder en la materia), Italia, Alemania y Noruega, ha sido emprender una nueva ronda de canjes de la deuda con ciertos países de ingreso medio y bajo, que se encuentran excluidos del alivio de la deuda, como es el caso de Argentina, Perú, El Salvador, Ecuador (con España), Kenia (con Italia) y Perú (con Alemania). Un canje de deuda ocurre cuando los gobiernos deudor y acreedor llegan a un acuerdo de anular toda la deuda (o parte de ella), y depositan los fondos en una cuenta especial, desde donde se utilizan para los propósitos convenidos, como la educación o la protección del medio ambiente. Si bien estos canjes han logrado efectivamente liberar fondos para invertir en áreas importantes, en algunos casos, los acuerdos se han vinculado a la compra de mercancías y servicios de la nación acreedora, o no han involucrado a sectores locales en la identificación y gestión de proyectos en el terreno. Siendo relativamente pequeñas las cantidades de dinero involucradas, de ninguna manera pueden ser consideradas una solución alternativa o a largo plazo a la crisis de la deuda, como lo pretenden los acreedores europeos.

Es más, a pesar de que las cifras señalan un incremento de la carga de la deuda externa para muchos países en desarrollo, y no obstante la urgente necesidad de aumentar radicalmente los desembolsos relacionados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio en estos países, los acreedores tienden a presentar la anulación de la deuda como un "hecho cumplido". Su discurso está mutando hacia una preocupación por la reacumulación de deuda insostenible en los países que se han beneficiado de la anulación de la misma, así como por la aparición de nuevos prestamistas, tales como China, India, Venezuela y Brasil. Esta nueva tendencia preocupa seriamente a los acreedores "tradicionales". Hasta hace poco, el club de países europeos, junto a EE.UU., Canadá, Japón y Australia, habían mantenido un virtual monopolio sobre los flujos financieros estatales hacia los países en desarrollo. Pero ahora, muchos de éstos -especialmente aquellos ricos en recursos naturales- encuentran que pueden "ir de compras" a un “mercado" de préstamos y asistencia en rápida evolución. Los acreedores tradicionales argumentan que están preocupados por “la irresponsabilidad de prestamistas y prestatarios", con clara alusión a China y su incursión en África. Este año, China anunció que proporcionará alrededor de US$ 20 mil millones en financiamiento para infraestructura y comercio en África, durante los próximos tres años.

"Todo es normal"

La respuesta de los acreedores a estas preocupaciones políticas, se sitúa en dos terrenos: por una parte, en el desarrollo del Marco de Sostenibilidad de la Deuda del BM/FMI para los países de bajo ingreso, y por otra, en los debates en curso alrededor de una “Carta del Crédito Responsable”, en el seno del G8 y del G20. El primero implica un cálculo -por parte del BM y el FMI- de la capacidad de un país en desarrollo de sostener y administrar la deuda. De acuerdo con este análisis, los deudores deberían otorgar recursos financieros en forma de concesiones (o como subsidio, o de lo contrario nada), cuando existe un alto riesgo de dificultades con la deuda. El segundo implicaría un "código de conducta voluntario" para prestamistas que les compromete a no revender la deuda a los llamados “fondos buitres”, ni prestar más allá de lo prudente. Estas soluciones han sido ampliamente avaladas por la comunidad tradicional de acreedores como una respuesta política "robusta" a los ciclos repetitivos de endeudamiento excesivo.

Muchas organizaciones de la sociedad civil, sin embargo, no están de acuerdo. Citan el incumplimiento de los acreedores para tratar varias de las causas raíz de la crisis de la deuda. Mencionan, por ejemplo, la capacidad de los acreedores de aumentar unilateralmente las tasas de interés, haciendo aun más difíciles los reembolsos de la deuda; la negación de los acreedores de compartir el riesgo cuando otorgan un préstamo a un Estado soberano (principios que son parte de cualquier sistema confiable de mercado). A ello se añaden los préstamos irresponsables o políticamente motivados por parte de los acreedores; es decir, los préstamos que nunca fueron utilizados en función de los intereses de las poblaciones de los países deudores, o que fueron simplemente otorgados para ayudar a las empresas de las naciones acreedoras a hacer negocios en el exterior. Estas deudas han sido frecuentemente descritas como ilegítimas u odiosas, y muchas organizaciones que luchan contra la deuda argumentan que no se los debe rembolsar. Adicionalmente, no se puede prevenir ciclos repetidos de sobre-endeudamiento, si no se reforma radicalmente la manera en la cual se otorgan (y adquieren) los préstamos. Ello implica abordar temas como: una mayor transparencia en el proceso de contratación del préstamo, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, la gestión expedita por parte de los prestamistas y la responsabilidad compartida de los acreedores.

Sin embargo, los gobiernos europeos -y el Club de París en general- han exhibido hasta ahora una carencia notable de voluntad política para abordar tales temas. La excepción notable es Noruega. En octubre de 2006, Noruega anuló las deudas de cinco países -Ecuador, Egipto, Jamaica, Perú y Sierra Leona- reconociendo su "responsabilidad compartida" de la deuda, porque los préstamos fueron otorgados con el objetivo de apoyar una industria doméstica de construcción naval en crisis, en los años '70 y '80.

Con estas excepciones, parecería ser que "todo es normal". A pesar de la fuerte carga que implican las deudas para muchos países de ingreso bajo y medio (la cual va en aumento), una anulación de la deuda más amplia no consta para nada en la agenda política. Algunos acreedores están emprendiendo acuerdos de canje ad-hoc, si bien queda confuso quién decide cuando un país llega a ser elegible para un canje y sobre qué base. Mientras tanto, los acreedores parecen renuentes a tratar la problemática de la responsabilidad compartida de los prestamistas frente a las deudas soberanas. Las ONGs consideran que este tema es esencial, para lograr cualquier salida duradera a la crisis de la deuda. Sin embargo, el hecho de que algunos países en desarrollo estén recurriendo ahora a fuentes “alternativas” de financiamiento –y nada pueden hacer los acreedores para impedirlo- podría señalar a los prestamistas “tradicionales” que se necesita tomar medidas concretas a nivel internacional para que se adopten comportamientos responsables por parte tanto de deudores como de acreedores. Entre otros, significaría establecer estándares internacionales vinculantes de responsabilidad financiera, así como asegurar procedimientos justos e imparciales, tales como el arbitraje neutral en casos de dificultades o conflictos en el reembolso. Ciertamente, la problemática de la deuda continuará siendo un importante tema político, económico y social en los años venideros.

- Gail Hurley es oficial de políticas de la Red Europea de Deuda y Desarrollo, EURODAD, Bruselas.