Medellín.- 

La captura este martes en Cúcuta de Raúl Hasbún, empresario que integró las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), abre la posibilidad de conocer en detalle los mecanismos utilizados en Urabá para financiar el proyecto paramilitar, pues este hombre tuvo bajo su responsabilidad organizar el sistema de pagos de las firmas exportadoras y comercializadoras de banano destinados a financiar los grupos paramilitares en Colombia.

Razbún no sobrepasa los 40 años de edad, se vinculó en 1996 a los grupos paramilitares y se convirtió en hombre de confianza del líder de esa facción armada de extrema derecha Carlos Castaño Gil, quien lo describió en su libro autobiográfico como “un joven profesional antioqueño integrante de una familia de empresarios a quien se le debe en gran parte la normalidad social en el Urabá antioqueño y cordobés”.

Sus tareas de coordinación empresarial en el sector bananero no fueron una ficción. La sanción económica por 25 millones de dólares impuesta en septiembre pasado por la justicia norteamericana a Chiquita Brands Internacional, tras comprobar que esta compañía bananera, previa autorización de sus directivas, giró 1,7 millones de dólares a las Auc entre 1997 y 2004 a través de la firma colombiana Bananos de Exportación S. A. (Banadex), es una muestra de la efectividad de sus gestiones.

Este empresario es hijo de uno de los grandes colonizadores de Urabá, muerto en un accidente aéreo en los años 80. La Sociedad Emilio Hasbún S. en C., fundada por su padre es reconocida en el Urabá antioqueño como pionera en la siembra de banano para exportación.

En sendas cartas enviadas por las Auc a diversas personalidades nacionales y extranjeras, Hasbún, bajo el alias de Pedro Ponte, aparece como uno de los integrantes de la dirección política y militar de esta organización armada ilegal. Rubrica, además, como comandante del Bloque Bananero, la Declaración por la paz de Colombia, enviada por las Auc el 29 de noviembre de 2002 al Presidente de la República, al Alto Comisionado de Paz y a la Conferencia Episcopal colombiana, en la que se comprometen a iniciar los diálogos con el Gobierno Nacional.

Si bien se desmovilizó con el bloque Bananero de las Auc el 25 de noviembre de 2004 en el corregimiento El Dos, del municipio de Turbo, sus tareas paramilitares continuaron, esta vez bajo la coordinación de Daniel Rendón, conocido con el alias de “don Mario”, quien es señalado por las autoridades como el capo del narcotráfico en el norte del país. De ello tienen registro en Urabá, pues a finales del año 2002, cuando tomó fuerza el proceso de desarme, desmovilización y reinserción de las Auc, Hasbún citó en Chigorodó a varios ganaderos de la región para ver cómo se iban a organizar y evitar que la guerrilla regresara a la región. Uno de los asistentes recuerda que el paramilitar fue enfático al advertirles que “a toda persona rara que apareciera por ahí, a todo sospechoso, había que darle de baja”.

Hablan de él

El recrudecimiento de la guerra en el Urabá antioqueño, a comienzos del año 2000, llevó a las Auc a reorganizar sus dispositivos de seguridad y creó dos frentes: el de Turbo, a cargo de Ever Veloza, alias HH, y el Bananero, bajo la responsabilidad de Hasbún. De sus actividades han dado cuenta ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, los comandantes paramilitares Salvatore Mancuso, Jesús Roldán, alias Monoleche, y Ever Veloza, alias HH.

El primero en referirse a Hasbún fue Mancuso, quien el 18 de mayo de este año declaró ante los tribunales: “a finales de 1997, el jefe paramilitar Raúl Hasbún, conocido con el alias de Pedro Bonito, llegó a un acuerdo con varias bananeras de la región de Urabá, entre las que se encuentran Chiquita Brands, Banacol, Delmonte, Dole, Proban y Uniban, que pagaban un centavo de dólar por caja exportada a las autodefensas. Este pago se hacía a la Convivir Papagayo, y se destinaba una parte para Carlos Castaño, otra para obras sociales y una tercera parte para el pago de policías corruptos”.

Jesús Roldán, alias Monoleche, describió a Raúl Hasbún como “un reconocido empresario de Urabá, que se reunió con varios bananeros y con los hermanos Castaño. Él facilitó una finca para que llegaran nuevos hombres, comandados por alias 90. La finca queda en El Dos, un corregimiento de Turbo”.

Por su parte, Ever Veloza narró ante la Fiscalía que Raúl Hasbún llegó a las autodefensas en 1996: “él es un bananero de Urabá que había perdido tierras invadidas por el EPL (Ejército Popular de Liberación). Llegó, hizo contacto con Vicente y las Accu y asume el mando en Apartadó, Chigorodó, Carepa y los corregimientos Currulao, de Turbo, y Saiza, de Tierra Alta, en el departamento de Córdoba. Y se encarga desde ese momento de la relación con los bananeros”.

Estos jefes paramilitares, sometidos hoy a la ley de Justicia y Paz, coinciden en precisar que la tarea de Hasbún fue prestarle la máxima colaboración a los empresarios bananeros, afectados a mediados de los años 90, por constantes paros sindicales. Para tal fin, organizó el sistema de pago de cuotas de los grandes propietarios y de las empresas comercializadoras de la fruta para financiar a los paramilitares, quienes eliminaron de manera sistemática y sangrienta a quienes alteraban las relaciones patronales y promovían la protesta social. La Escuela Nacional Sindical calcula que entre 1994 y el 2004 los paramilitares asesinaron a cerca de 66 sindicalistas en el Urabá antioqueño.

Campesinos lo señalan

Pero no sólo los comandantes paramilitares hablan con propiedad de Hasbún. Son múltiples las voces en corregimientos y veredas del Urabá antioqueño y chocoano que dan cuenta de sus andanzas no sólo como el intermediario entre empresarios y autodefensas, sino como un voraz comprador de tierras que utilizaba su poder armado para someter a los campesinos y obligarlos a vender sus predios al precio que él estableciera.

Abelardo* es uno de ellos. “En el año 2001 llegó un tipo a la finca, llamado Guillermo González, y me dijo que su patrón mandaba decir que necesitaba mis tierras y que me pagaba 250 mil pesos por hectárea”, narra el colono, propietario en ese tiempo de por lo menos 300 hectáreas y cuyo valor comercial real por hectárea sobrepasaba el millón de pesos.

¿Y quién era el patrón? Abelardo responde: “A mí me mencionó tres patrones: primero, El Profe (Vicente Castaño). Yo dije que no quería vender. Días después le dije a Guillermo que quería hablar con su patrón y me dijo que ya no era El Profe, que ya era El Alemán (Fredy Rendón). Unas semanas después, me dijo que ya tenía otro patrón, se llamaba Raúl Hasbún”.

Aquellos colonos y campesinos que no querían vender sus propiedades se veían sometidos a varias formas de presión. La primera era gravarlos con impuestos: debían pagarle a las Auc 10 mil pesos anuales por hectárea para sostener a los hombres que prestaban la seguridad en las áreas rurales; y en algunos sectores, 10 mi pesos anuales por hectárea por valorización. La segunda era exigirles la renovación de las cercas de acuerdo a sus condiciones específicas. “Si un colono o campesino no tenía con qué hacer el cercado, entonces los paramilitares lo hacían y había que pagarles con tierras. Es más, si acumulaban deudas les quitaban los predios”.

Dadas las presiones, Abelardo decidió ceder sus tierras al precio que le propusieron. “Vendí el producto de más de 20 años de trabajo, una tierra ganadera con unos bosques naturales que nunca quise cortar. Mejor vender que hacerme matar”, dice.

Pero a otros no les fue tan bien. Jorge*, un colono dedicado a la explotación ganadera y maderera, recibió la visita de Guillermo González a mediados del año 2001. “La orden que llevaba era la de comprar seis mil hectáreas, a 250 mil pesos por hectárea titulada y a 200 mil pesos sin titulación. Nunca nos dijo quién era el patrón, pero averiguando, averiguando, resultó ser Raúl Hasbún”, narra.

Agrega que resistió la presión por lo menos tres meses: “La gente me decía que dejara de ser bruto, que me iba a hacer matar si no vendía, pero yo aguantaba. Al final, tuve que ceder porque me advirtieron que no me iban a dejar caminos para salir”.

Jorge no sólo perdió sus tierras sino que no recibió la plata completa: “Vendí a 200 mil pesos la hectárea, con un plazo inicial de 6 meses, pero me pagaban de a millón de pesos cada vez que podían y al final, luego de que empezaron a maltratarme, dejé de ir a cobrar. Ellos quedaron con un poder. Allí tienen sembrada palma africana”. Este colono asegura que, como él, hay muchos campesinos dispuestos a declarar ante las autoridades las presiones que recibieron para vender sus predios.

Bien articulados

El mecanismo de apropiación de tierras por parte de las Auc no sólo era sometiendo a los campesinos y ofreciéndoles bajos precios. Varios empresarios bananeros utilizaron a los paramilitares para ampliar sus propiedades.

“El mecanismo era simple: enviaban emisarios de los jefes de las Auc a presionar a los colonos y campesinos. Compraban los predios por una cuarta parte de su valor y los paramilitares se quedaban con la mitad de las propiedades adquiridas”, relata un conocedor de las transacciones, quien expone como uno de los casos más sonados el de Antonio Argote, quien bajo este mecanismo compró cientos de hectáreas, pero tuvo que darle la mitad a Raúl Hasbún.

Pero la relación no sólo era comercial. Entre grandes propietarios de tierras, empresarios y las Auc hubo acuerdos para eliminar a quienes consideraban auxiliares de la guerrilla. Para tal fin se había dispuesto un número de fax, cuya línea estaba ubicada en una oficina del edificio Apartacentro, en Apartadó. Los empresarios bananeros enviaban allí los nombres de líderes comunitarios, sindicalistas y trabajadores de las haciendas, considerados cercanos a la guerrilla, para que ser asesinados.

Se cree que por esta vía le llegó la muerte a Fidel Hernández, campesino que se opuso a la venta de parcelas. “A su familia y amigos cercanos les decía que lo estaban amenazando para que se saliera de las parcelas, pero siempre dijo que no se iba a ir”, narrá unos de sus amigos. Murió en Turbo un viernes 14 de noviembre de 2003 tras recibir varios impactos de bala por desconocidos que huyeron del sitio sin que nadie los reconociera.

Personas cercanas a Fidel, aseveran que quienes lo presionaban a él y a muchos otros campesinos, a nombre de Raúl Hasbún, para que vendieran sus tierras eran Rafael García, conocido con el alias de El Viejo, capturado el 17 de marzo de este año en Apartadó sindicado de conformar nuevos grupos paramilitares; Antonio Arboleda, representante de la empresa de seguridad privada Papagayo, a través de la cual Banadex le giró miles de dólares a las Auc pagados por la Chiquita Brands; y Carlos Mario Vásquez, alias "Cepillo", segundo al mando de las Auc en el Eje Bananero, muerto en un accidente de tránsito en octubre de 2006.

Colonos y campesinos también señalan a Rosalba Zapata, por varios años integrante de la junta directiva de la Unión de Bananeros de Urabá (Uniban), y a su hijo Felipe Echeverri, quien perteneció a las juntas de Uniban y Augura (Asociación de Bananeros de Colombia). Echeverri está vinculado a una investigación por los delitos de estafa y constreñimiento ilegal, al venderle a un grupo de campesinos de Urabá tierras por más 480 millones de pesos, que según él eran de propiedad de la familia Hasbún, pero que resultaron ser de la Nación.

Las víctimas de la ambición de quien ha sido calificado como un “prestante empresario antioqueño” guardan la esperanza de su captura sirva para que el país y el mundo conozcan cómo fue que convenció a los grandes empresarios bananeros para que financiaran el desangre en Urabá y paguen por ello.

(*) Los nombres y las ubicaciones de los predios fueron cambiados u omitidos por razones de seguridad