Desde que Andrés Arias llegó al ministerio de Agricultura ha promulgado que Colombia debe producir uchuva y no trigo y que la prioridad de su gestión es la Agenda Agro-exportadora de palma de aceite, caña, caucho, forestales y algunos frutales del trópico. Varias leyes, como el Estatuto Rural y la Ley Forestal, abandonaron la seguridad alimentaria para promover enclaves empresariales de materias primas para agro-combustibles y madera -al estilo del fallido proyecto Carimagua- y el programa-bandera, “Agro, Ingreso Seguro”, para el primer año destina sólo el 35% de los recursos para cultivos como cereales y oleaginosas y en cinco años los desmantela del todo. El gobierno no ha cumplido con la obligación constitucional de brindar “especial protección del Estado a la producción de alimentos”.

¿De dónde saca, entonces, el ministro Arias que “Colombia está blindada frente a la crisis alimentaria” que hoy afecta ya a más de 40 países del mundo? No solamente la política agropecuaria no persigue este propósito sino que el país, merced a ella, depende cada vez en mayor grado del exterior para proveerse de alimentos básicos; es decir, de granos, de cereales y de oleaginosas. Estos productos tienen más calorías, carbohidratos y proteínas que cualquier otro del reino vegetal y superan en esas categorías (y por varias veces) a los tubérculos, las frutas y las hortalizas, los cuales se intentan presentar como equivalentes. En 2002 apenas se estaba produciendo el 7% de la cebada, el 36% del trigo y el 98% del maíz de 1990. Esto es, no sólo no se ha satisfecho por igual el consumo nacional de hace doce años, sino que puede afirmarse que a todos los colombianos nacidos en este periodo se les ha atendido con alimentos foráneos. Al respecto, un perfil alimenticio de Colombia, de la FAO, en 2002 concluyó que el país ya compraba afuera el 51% de las proteínas y calorías vegetales y el 33% de las grasas, contrario a 1990 cuando el 90% de la demanda nacional se cubría con producción autóctona.

Las importaciones han crecido en volumen y en costo. Es grave que las compras externas del país de productos agropecuarios y agroindustriales pasaran entre 2002 y 2007 de 6’106.564 toneladas a 8’126.637, pero es peor la curva ascendente de los precios a los que se están trayendo. Una tonelada de maíz amarillo ingresó al mercado nacional en agosto de 2002 a 96 dólares y en marzo de 2008 lo hizo en 249; la de trigo ha pasado, en igual periodo, de 172 a 485; la de arroz de 242 a 524; la de cebada de 133 a 485; la de maíz blanco de 148 a 259. Cada vez importamos más y más caro.

Los neoliberales insisten en esas importaciones, eliminando los aranceles. Parecen desconocer que en casi todos los productos ya llegaron a cero desde hace un rato. Por ejemplo, el del maíz amarillo desde diciembre de 2006, el de la cebada desde septiembre de 2007, el de aceite de palma desde enero de 2007, el de trigo desde julio de 2007, el de la soya desde octubre de 2007 y el del sorgo desde diciembre de 2006. Tampoco pueden aducir que la tasa de cambio frente al dólar sea desfavorable para “traer comida”, si precisamente estamos en el nivel más bajo desde marzo de 2003, descendió de $2.960 a $1.790 y desde enero la revaluación es del 12%. Aún así ya no hay pan ni de $100 ni de $200.

Estas soluciones de comercio exterior para la alimentación de los colombianos, y sobre todo de los más pobres, están agotadas; persistir en ellas, como en el TLC, es propiciar iguales padecimientos a los de haitianos y africanos por hambruna. Porfiar que los importadores y sus casas matrices, como CARGILL, KRAFT FOODS, y KELLOGS, van a ofrecer una respuesta adecuada para esta problemática es pensar que nos van a salvar los mismos que nos están emboscando; los que hoy, en conjunto con los fondos de inversión, controlan y especulan con las negociaciones de la comida del mundo. La tabla de salvación no puede ser el neoliberalismo, dado que es ahí donde radica nuestra verdadera debilidad.

Publicado en La Tarde, Pereira, 28 de abril de 2008