Cuando estaba en discusión el TLC con Estados Unidos, el entonces ministro de Comercio, J. H. Botero, ahora funcionario del Banco Mundial, escribió así para validar la inicua negociación pactada: “Burkina Fasso, un país pobrísimo, cuya renta per cápita es el 11% de la nuestra, hace bien en cultivar algodón, sorgo y mijo en exceso de sus propias necesidades de consumo para comprar en el exterior los alimentos que con tanta urgencia demanda” ¿Qué dirá ahora cuando en Burkina Fasso se están dando las peores huelgas por hambrunas? En esa misma tesis neoliberal insiste el Ministerio de Agricultura al decir: “el país está blindado ante la silenciosa embestida de la crisis alimentaria de nuestro tiempo”, argumentando que la balanza comercial agrícola es positiva, que la oferta nacional cubre el 90% de la demanda y que algunos importados “no son alimentos” porque se emplean en “sustento animal”. Con tales sofismas se busca ocultar la grave realidad de la inseguridad alimentaria que vive Colombia.

La crisis de la comida ya llegó. Se expresa en el alza de sus precios en 7,15% de enero a abril. La inflación total de la economía es 4,15%, cifra en la que pesan los alimentos ya que el gasto de los hogares en ese renglón es el 33% de su ingreso. En los últimos quince meses, las harinas subieron 23,26%, las pastas 32,54%, el pan 16,1% y los aceites 37,95%; todo lo cual tiene que ver con que en 1990 se producían 123 kilos de cereales por habitante y en 2007 fueron 92, con que se importe el 65% del maíz, el 95% del trigo, el 99% de la cebada; la lenteja, el garbanzo y la arveja seca, el 33% del fríjol, con que sólo se produzcan 100.000 toneladas de sorgo y 50.000 de soya y con que el PIB agropecuario crezca mucho menos que el resto de la economía.

Ante la carestía, se llama a sustituir alimentos “caros” por “baratos”, a reemplazar granos, cereales y oleaginosas por tubérculos, frutas y hortalizas, cuando es menor el poder nutricional de los segundos frente a los primeros. La papa y el ñame tienen tres veces menos calorías y seis y media veces menos proteínas que el arroz; y los granos poseen hasta 32 veces más proteínas que la uchuva. La crisis también traerá sub-nutrición al impulsarse el consumo hacia estos bienes sustitutos, que además subirán de precio porque su oferta no reaccionará de inmediato a los desplazamientos de la demanda, lo cual ya ha incidido en el alza del precio de la papa del 71,5% en lo corrido de 2008.

Los hechos ratifican que la seguridad alimentaria entendida como que “toda la gente, en todo momento, tiene acceso físico y económico a suficiente alimento nutricional y en forma segura, con el fin de suplir sus necesidades dietéticas y preferencias alimenticias” sólo puede garantizarse si la prioridad es la producción nacional de alimentos, lo que es todavía más viable en países con posibilidades tanto para variedades tropicales como de clima templado como es Colombia. Estados Unidos, desde la Ley Agrícola de 1933, definió como objeto, “mantener precios razonables y estables de productos agrícolas a los consumidores, proveer una oferta adecuada de los frutos agrícolas para las necesidades domésticas y foráneas” y esto lo hace al costo que sea necesario, relevando los alimentos básicos y la fibra para vestuario.

Sectores afines al gobierno están adoptando al respecto posiciones diferentes a las oficiales, “Es hora de que el gobierno se concentre en el tema y trace un plan de mediano y largo plazo para garantizar la seguridad alimentaria en el país” (Revista DINERO) o que “para producir comida –que es de lo que se trata- haría falta un remezón de la estructura agraria…” (Editorial El Tiempo). Por fortuna, parece estarse gestando un consenso: construir la seguridad alimentaria nacional, como lo ordena el artículo 65 de la Constitución Política, hasta ahora desestimado, y desechar el modelo alimenticio de Burkina Fasso propuesto por J. H. Botero, porfiado en la entelequia de una supuesta seguridad alimentaria “global”.