“Digo la verdad: no es Dios que abandona al hombre, es el hombre el que abandona la tierra y recibe su castigo: la sequía, la miseria y la desolación”. 
Jacques Roumain.  Gobernadores del rocío (1944)

En enero de este año, cables de prensa internacionales nos alertaban de una dramática situación.  En los barrios pobres de Haití, la tierra arcillosa que cubre el centro del país (zona de Hincha) se ha convertido en una valiosa mercancía que se recolecta y se vende en los mercados.  Es materia prima, increíblemente, para galletas comestibles que, con su sabor salobre y mineral, sacian el hambre de los habitantes empobrecidos de Haití.

Las noticias recientes que llegan desde Puerto Príncipe ahora, dan cuenta de una enorme crisis social, de movilizaciones y disturbios callejeros provocados por el aumento progresivo de los productos alimenticios que son cada vez más inalcanzables para los trabajadores haitianos.

Miles de personas se han lanzado a las calles para protestar contra el alza de precios, incendiando negocios y oficinas.  Las protestas han llegado hasta el punto de que algunos manifestantes intentaron tomar por asalto el Palacio Presidencial, levantando barricadas y lanzando piedras contra la policía.

La tendencia alcista de los precios internacionales de las materias primas, sobretodo de los alimentos, se refleja automáticamente en Haití, sin que las autoridades puedan hacer mucho para evitarlo.  La producción alimentaria local, diezmada por las importaciones, es incapaz, no sólo de responder positivamente ante el aumento de los precios internacionales, si no también de reducir el impacto negativo de la crisis mundial, garantizando alimentos a la población.  Los precios de los alimentos suben y los ya alarmantes niveles de hambre y desnutrición tienden a crecer. 

Pero, lo que sucede en Haití ahora, no es más que la consecuencia previsible de una crisis más antigua y latente, la que podemos definir como una crisis agroalimentaria.  La crisis alimentaria haitiana, que amenaza con destruir mucho más la gobernabilidad de aquel país, es la consecuencia del empobrecimiento del país y de la destrucción de su aparato productivo agropecuario nacional.

La falta de soberanía alimentaría de la República de Haití, producto de las políticas de liberalización comercial acelerada, por un lado, y abandono del campo por otro, le impide al país caribeño enfrentar la escalada alcista de los precios de los alimentos en el mercado internacional, y tener un “colchón” alimentario para protegerse de la inestabilidad en los mercados internacionales y garantizar la alimentación de la población.  Su alta dependencia agroalimentaria no le permite proteger a su población de los estragos del hambre.  Esta fue una consecuencia previsible del modelo.

Y es qué las últimas tres décadas han sido decisivas para la desarticulación productiva de la economía haitiana actual y el aumento escalonado de la pobreza y las iniquidades sociales.  La destrucción de la producción agropecuaria se vincula a una liberalización comercial acelerada e irresponsable, y a un abandono sistemático del sector en la política pública, ha ido sentando las bases para la eliminación de la cohesión social y política del país.  La destrucción del campo haitiano, no sólo ha generado pérdida significativa en el empleo y en el producto, pobreza rural e impacto sobre el mercado cambiario y la balanza de pagos; si no que ha generado un enorme movimiento migratorio urbano-rural y hacia el exterior, con todas las consecuencias que este fenómeno conlleva, incluyendo un desarraigo y una pérdida de valores culturales. 

Una aproximación general y rápida a la historia económica reciente de Haití permite sacar la conclusión de que ese país no logró una transición gradual que le permitiera una reestructuración económica desde la crisis del modelo sustitutivo de importaciones hasta el modelo neoliberal actual.

La liberalización económica emprendida en Haití en 1981, que incluyó la apertura de los puertos provinciales, y la reducción arancelaria (que pasan de 30 al 10% en los años 80’s), la eliminación de los impuestos a la exportación y licencias de importaciones, se inicia a instancias del Banco Mundial (BM) y la Agencia Desarrollo de los Estados Unidos USAID, quienes para esa época iniciaron una publicitada “estrategia de desarrollo conjunta” para Haití, basada en las cadenas de montaje y la exportación agrícola, que auguraba la conversión de la economía haitiana en el “Taiwán” del Caribe.  La historia ha sido diametralmente diferente.

Este proceso de liberalización económica se afianza y continúa, con ciertos altibajos después de 1986 con la pérdida del poder de Duvalier.  La segunda oleada neoliberal ocurre en Haití después del período del Golpe de Estado (1991-1994), cuando la política de liberalización comercial es reforzada en 1995 por la eliminación total y/o la fuerte reducción de los aranceles aduaneros a la importación.  La estructura de los aranceles se simplificó para llegar a seis tipos: 0%, 3%, 5%, 10%, 15% y 57.8%.  El arancel promedio en Haití pasa en 20 años, entre 1982 y 2002, de 27.7% en 1982, a 2.9% en 2002. 

La liberalización generalizada del comercio en Haití se afianzó y desarrolló en el marco de un “Programa de ajuste estructural” de los que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) impusieron a los países subdesarrollados a raíz de la Crisis de la Deuda de principios de los 80´s y como una “condicionalidad” para el financiamiento.  Estos condicionamientos convirtieron al régimen comercial haitiano en uno de los más abiertos de los países menos adelantados –PMA-.

La misma Organización Mundial del Comercio OMC, en sus tradicionales exámenes de políticas, ha criticado el modelo de liberalización comercial desarrollado en Haití a instancias del Banco Mundial y el FMI.  Según la OMC “dada su gran dependencia de los gravámenes aplicados a las mercancías importadas, el país se enfrenta a riesgos crecientes de inestabilidad social, debidos, sin duda, a una liberalización del comercio demasiado intensa.  En un contexto de dificultades internacionales, la fragilidad de sus estructuras socioeconómicas es cada vez mayor”.  (OMC, 2003).

Haití, un pequeño y pobre país del Caribe, resultó por mucho tiempo el mejor alumno del FMI y del Banco Mundial en todo el hemisferio occidental en la materia de liberalizar aceleradamente su comercio internacional; destacándose así en reiteradas ocasiones en el Índice de Restricción Comercial (IRC) del FMI[1].  Haití, junto a Uganda y Perú están entre las economías del mundo que se han liberalizado más rápidamente.  (OXFAM 2002)

Haití, el país más pobre del continente, llegó a ser en 1986 uno de los pocos países del mundo que alcanzaron el elevado estatus de economía totalmente abierta, con una clasificación de 1, según el indicador IRC del Fondo Monetario Internacional. 

La liberalización en el mercado agrícola ha tenido consecuencias atroces los productores y los consumidores haitianos, pero, aún así, el país es alabado, sobre todo por el Banco Mundial, por ser un “alumno aventajado”.

En los últimos 10 años de liberalización comercial, desde 1995, se eliminaron todos los aranceles sobre 67 productos.  Con la apertura casi total y sin medidas de protección se han perdido cerca de 830 mil puestos de empleo en cuatro sectores de la agricultura.  Actualmente el país se encuentra en una situación de dependencia casi total con el mercado estadounidense ya que sólo el 18% del mercado local está cubierto por su producción arrocera.  En términos per cápita, Haití es el principal comprador de arroz norteamericano. 

Desde 1995, Haití tiene un 2.8% de arancel, el cual no sólo es el más bajo de la región, si no, uno de los aranceles promedio más bajos del mundo, lo que significa que la economía haitiana ha sido la más abierta de toda América Latina.  El cuadro a continuación compara el arancel promedio haitiano con los aranceles promedios de algunos países.  Haití posee un arancel aplicado promedio más bajo, incluso, que países como Chile, La Comunidad Europea y Estados Unidos, los cuales se suponen países líderes en materia de libre comercio. 

Cuadro 1: Arancel (NMF) promedio aplicado (2005)