Medellín

Los defensores de derechos humanos en América Latina y el Caribe están preocupados por el futuro del sistema interamericano de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA). Reformas que limitan sus alcances y una crisis financiera profunda generan incertidumbre.

Las inquietudes se hicieron manifiestas durante este lunes, primer día de sesiones ordinarias de la XXXVIII Asamblea de la OEA que sesiona en Medellín, Colombia, y fueron expuestas por representantes de las diversas plataformas de derechos humanos de la región que asistieron a las plenarias.

Entre las organizaciones más preocupadas por el carácter de las reformas propuestas se encuentran aquellas que representan jurídicamente a las víctimas ante los dos organismos centrales del sistema de defensa de la OEA: la Comisión y la Corte interamericanas de derechos humanos.

En particular, son dos las reformas de fondo que se han empezado a discutir en Medellín: evitar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acompañe a las víctimas ante la Corte y endurecer los requisitos para que personas amenazadas puedan acceder a diversas medidas de protección que brinda el sistema.

Tal como opera hoy el sistema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene la facultad de investigar y divulgar el estado de los derechos humanos en los diferentes países miembros del organismo americano; además, recibe denuncias de violaciones de los derechos humanos en casos particulares, las cuales pueden ser presentados por individuos o por organizaciones no gubernamentales u otras organizaciones sociales.

Una vez aceptada la denuncia, la CIDH intenta propiciar arreglos amistosos entre las partes. Si esto no resulta, recomienda acciones concretas a los estados, a las cuales se les hace seguimiento. Si no se cumplen, el proceso pasa a la Corte, cuyos fallos son obligatorios para los estados que han aceptado esta jurisdicción.

Pero lo que proponen los gobiernos de Colombia, México y Perú, es eliminar el acompañamiento de los afectados por las violaciones de derechos humanos que hace el CIDH cuando lleva el proceso ante la Corte y enfrentarse en esa instancia solamente con ellos.

“El argumento de los estados para introducir esta reforma es que, ante la Corte, llegan en condiciones de desventaja, pues hay dos instancias que los acusan. Por ello quieren excluir a la Comisión para que no actúe como fiscal cuando los procesos pasen a la Corte”, explicó el jurista Eduardo Carreño, integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, grupo que representa a las víctimas del conflicto colombiano en esas instancias de defensa.

Lo que pretenden los estados es que haya equilibrio entre ellos y las víctimas, aspecto que, a juicio de Carreño, no se compadece con las realidades de los países americanos, “donde el Estado siempre está en superiores condiciones frente a los ofendidos, que no sólo han sufrido violaciones de sus derechos humanos sino que tienen que pasar por un régimen judicial de cada país ineficaz”.

Colombia ha recibido varias condenas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos al comprobarse acciones y omisiones en la protección de personas y comunidades. Cabe destacar fallos como el de la masacre de La Rochela, ocurrida en 1987 y en la murieron 19 comerciantes. La decisión, de julio de 2004, obligó al Estado colombiano a pagar una indemnización de 6,5 millones de dólares.

Otras condenas contra Colombia fueron proferidas en el año 2002, por el asesinato de siete campesinos, a manos de policías, en el Putumayo; y en 1995, por la masacre de Trujillo, Valle, donde fueron asesinadas 160 personas.

Otra limitación

Pero no sólo se busca limitar la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otro conjunto de reformas propuestas ante la OEA, planteadas por Colombia, México y Brasil, pretende establecer un nivel de rigurosidad mayor que el vigente actualmente para otorgar medidas cautelares o provisionales para aquellas personas que por su actividad en la defensa de los derechos humanos han sido amenazadas o se encuentran en un grave estado de riesgo.

“Se intenta volver más formalista el sistema de protección endureciendo las condiciones para que la CIDH decreté las medidas de protección, eso lleva a que menos gente pueda acceder al Sistema y a esos beneficios, lo que aumenta los niveles de riesgo”, explicó Carreño.

La reforma planteada riñe también con la realidad de varios países de América Latina y el Caribe, pues entre más demorada sea la decisión sobre las medidas de protección, más peligro corren las personas que buscan ayuda. “Lo que nosotros decimos es que se agilice el procedimiento para otorgar las medidas cautelares y haya eficiencia en la protección efectiva”, indica el jurista colombiano.

La petición del endurecimiento no es compatible con la eficiencia actual de las medidas, pues además de ser otorgadas por estas instancias internacionales deben conciliarse con el Estado donde se presente la amenaza. El problema es que pasa mucho tiempo entre la decisión y la aplicación efectiva de las medidas de protección, en algunos casos transcurren hasta ocho meses, con los riesgos que eso representa para las personas amenazas.

Problemas de plata

A los intentos de reforma que se plantean en la OEA, se le suma la falta de presupuesto para que tanto el CIDH como la Corte funcionen en mejores condiciones para beneficio de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Sus limitados recursos sólo bastan para funcionar dos semanas, dos veces al año, y atender todos los problemas que hay en América en esta materia.

Ante ese panorama, la propuesta del representante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo es que dado el volumen de trabajo que genera América Latina y el Caribe, se requiere que funcione dos meses por dos veces al año, “no sólo para atender suficientes casos, sino para realizar los seguimientos en el cumplimiento de las disposiciones que de allí emanan. Se necesita multiplicar el presupuesto actual por tres o cuatro, porque, de lo contrario, vamos hacia el fracaso”, vaticinó Carreño.

La coyuntura no es fácil. La Comisión, durante el año pasado 2007, reiteró su pedido a los diferentes órganos de la OEA para que se continúen analizando los medios para obtener un incremento efectivo de los recursos económicos asignados a la CIDH.
Durante la presentación del informe anual ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA, en abril pasado, se reconoció la limitación de recursos del CIDH y se predijo que para el año 2008 no se podrá responder a las crecientes exigencias que se le presentan sin una acción decidida de los Estados miembros.

La situación financiera del organismo evidencia una paradoja: las denuncias aumentan y el presupuesto se mantiene igual. El año pasado, la CIDH recibió 1.456 denuncias y tramitó 1.251; celebró, además, 105 audiencias sobre situaciones generales y temáticas de los derechos humanos, medidas cautelares, peticiones y casos.

No obstante, su presidente, Palo Carozza, reconoció que los recursos que recibe no aumentan en proporción a la creciente importancia de la Comisión y su papel en la región y ha disminuido en términos reales, al menos desde 1999. Incluso, las difíciles circunstancias financieras llevaron a la CIDH a recurrir a contribuciones especiales de países miembros y organizaciones privadas para solventar sus acciones en la región.

El asunto financiero es de fondo, pues de recurrir a las donaciones constantes y contribuciones especiales para atender sus necesidades quedaría en cuestión la independencia y autonomía del CIHD, temor que abriga Carozza y que expuso en abril de este año en Washington.

Retos globales

Las condiciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos no permiten vislumbrar un futuro halagador. Las reformas que se quieren imponer y la precariedad financiera impactan su trabajo.

En esa perspectiva, el abogado Carreño insistió en llamar la atención de las diferentes organizaciones y plataformas defensoras de los derechos humanos para evitar que el Sistema desmejore y se desprotejan a las víctimas.

“La discusión va para largo, por eso es necesario acompañar a la Comisión y a la Corte. Se requieren más facilidades, mejores accesos al sistema y mayor fortalecimiento para que los derechos humanos sean protegidos con eficacia”, sostuvo el jurista.

Superar esta coyuntura no sólo es un desafío para el Sistema sino para los defensores de derechos humanos, que les exige hacer un trabajo a fondo a nivel americano, diseñado estratégicamente para que se tomen decisiones que mejoren el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y eviten su reducción o, en el peor de los casos, su desaparición.

Agencia de Prensa IPC, Medellín, Colombia
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