Este primer semestre del gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) no pudo ser más complicado. Le ha llovido sobre mojado, junto con toda la población: violencia indiscriminada, asesinatos continuos de pilotos, femicidio galopante, revelaciones de nepotismo, disputas entre narcos, desavenencias partidarias, funcionarios ineptos, un aparato estatal que camina lentamente como consecuencia del desmantelamiento que hicieron de casi todas las estructuras para abrirles paso a todos los que reclamaron sus trabajitos como compensación por su aporte a la campaña.

De ajuste, ahora tiene que lidiar con el tremendo escándalo en el Congreso, que, aunque no nos asombra, confirma tanto el cinismo que caracteriza a quienes, con ambición desmedida, se aprovechan del erario, como la negligencia en las instituciones; entre ellas, la Contraloría de Cuentas.

Pero hay otro tema que es estratégico, relacionado con la seguridad alimentaria y las decisiones gubernamentales recientemente anunciadas, que exigen dedicar un 10 por ciento de las fincas al cultivo de granos básicos, desenterrando el decreto 40-74, que obliga a quienes poseen, arrienden o utilicen tierras, cuya extensión supere las cien manzanas, a contribuir a garantizar los alimentos en el país.

Esta decisión, como era de esperarse, ha provocado la reacción negativa de los empresarios del agro, quienes se oponen, de manera rotunda, a la medida, y han anunciado que tomarán acciones para abortar esta decisión que consideran inconstitucional y que violenta la propiedad privada.

Uno de los principales argumentos esgrimidos es que no hay crisis alimentaria en nuestro país y que existe suficiente producción de granos. Esta justificación suena ilógica, disonante y contradictoria con las preocupaciones mundiales. En su intervención en la apertura de la cumbre de la FAO, dedicada a la escalada de los precios de los alimentos, el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, enfatizó que hay que incrementar la producción en un 50 por ciento.

Desde hace 12 años, los gobiernos acordaron en la ONU erradicar el hambre en el mundo, asumieron compromisos para reducir el número de desnutridos y las estadísticas de la pobreza; sin embargo, poco se ha avanzado y será muy difícil alcanzar la meta para el 2015.
Mientras los países desarrollados imponen sus reglas, desperdician, consumen de manera ilimitada, contaminan y destinan descomunales recursos para la industria armamentista, 862 millones de personas en el mundo padecen hambre y desnutrición, situación que parece agravarse debido a otros factores que han encarecido los productos básicos alimenticios.

El director de la FAO, Jacques Diouf, reveló que son necesarios US$30 mil millones anuales para asegurar los alimentos de esta masa empobrecida; se trata de acciones de prevención, entre las que se cuenta el incremento de la obtención de productos básicos. Otros expertos aseguraron que los gobernantes piden una y otra vez paciencia a los afectados, pero no propician los medios indispensables para enfrentar la problemática.

La producción y acceso de alimentos para las mayorías deben ser garantizados, pues todos tenemos derecho a una vida digna; los empresarios deberían sumarse al esfuerzo.

Guatemala, 9 de junio de 2008

- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, es Directora de la Agencia CERIGUA.