Declaración de la Sociedad Civil de las Américas de cara a la Conferencia Mundial de Revisión de Durban
15/06/2008
- Opinión
MANIFESTAMOS QUE
1. La Sociedad Civil de las Américas enfatiza la importancia de la Conferencia Mundial contra el Racismo como un evento significativo para todas las victimas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y todas las formas conexas de intolerancia en las Américas.
2. A siete años de la aprobación de la Declaración y el Plan de Acción de Durban, no obstante, a los esfuerzos de la Sociedad Civil y de algunos Estados de la región, no existe la institucionalidad ni los recursos presupuestarios necesarios para implementar los compromisos establecidos, y los Estados no han creado las condiciones para una participación efectiva y paritaria de la sociedad civil en el diseño, implementación de las políticas.
3. Las mujeres siguen enfrentando el racismo, la discriminación y la xenofobia por su condición de género, raza y etnia, su orientación sexual, religión, edad, discapacidad, que se manifiestan en diversas formas de abuso y explotación sexual, exclusión, trata, tráfico y violencia doméstica e institucional.
4. Vivimos en un contexto en donde el incremento de los fundamentalismos de índole religioso, económico e ideológico, que niega la diversidad cultural y los derechos humanos para las víctimas del racismo se asocia con el modelo de desarrollo neoliberal deshumanizado que tiene consecuencias de múltiples formas de exclusión, pobreza, incremento de la desigualdad, racismo y discriminación.
5. La violencia racial estructural que afecta a la gran mayoría de los 150 millones de afrodescendientes de la región es alarmante e inaceptable, exigiendo acciones inmediatas, urgentes y comprometidas tanto de los Estados como de las instituciones internacionales e intergubernamentales. Esta violencia racial, se manifiesta en desplazamientos forzados, criminalización de jóvenes, genocidio justificado en la delincuencia o conflictos internos, inexistencia políticas públicas, negación política, explotación social de jóvenes y niñas, trata y tráfico de mujeres jóvenes, negación del derecho a la inscripción e identidad jurídica, violencia contra las mujeres y sobre-representación de jóvenes en el sistema penitenciario.
6. Prácticas similares son sufridas por personas a razón de su orientación sexual e identidad y¬/o expresión de género, con el agravante de que en muchos casos tales prácticas son avaladas legalmente.
7. Los pueblos indígenas somos poseedores de nuestras tierras y territorios ocupados ancestralmente, sin embargo, los Estados vienen implementando políticas públicas y permiten inversiones privadas para la explotación de nuestros recursos naturales y conocimientos sin consulta previa, libre e informada sin el consentimiento de los pueblos indígenas, especialmente en lo relativo a la integridad de nuestro territorio.
8. La propiedad de las tierras, territorios y territorios étnicos incluida el suelo y el subsuelo, de los pueblos y comunidades afrodescendientes están siendo amenazada por prácticas de concentración del capital e inversiones privadas con consentimiento de los Estados, ocasionando el desplazamiento forzado de comunidades enteras.
9. El despojo de nuestras tierras y territorios obliga al desplazamiento de pueblos indígenas y afrodescendientes a centros urbanos incrementando la pobreza integral, el racismo y discriminación en todas sus formas.
10. La inexistencia de políticas concretas que reconozcan el derecho a la tierra, a la educación y la salud han puesto en riesgo la sobrevivencia y sustentabilidad de las comunidades quilombolas, palenqueras y cimarronas, tradicionalmente identificadas con la ancestralidad africana.
11. La retirada de la Conferencia de revisión de Durban del gobierno de Canadá y la falta de definición del gobierno de Estados Unidos, viola sus compromisos con los tratados internacionales para cumplir con la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos los procesos multilaterales de las Naciones Unidas.
DEMANDAMOS Y EXIGIMOS A LOS ESTADOS
1. Realizar censos basados en indicadores concretos desagregados por género, raza y etnia, con la participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en todo el proceso que nos permita conocer la situación en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio hacia el 2015.
2. Concluir con las negociaciones de la Convención Interamericana para la Eliminación del Racismo y todas las Formas de Discriminación e Intolerancia.
3. Ratificar el artículo 14 de la Declaración de la Convención contra el Racismo para que el Comité de Eliminación de todas las formas de discriminación racial tenga competencia de recibir quejas individuales de racismo.
4. El diseño e implementación de legislación y políticas públicas antidiscriminatorias con presupuestos adecuados y con la participación de organizaciones sociales en la formulación, aplicación y evaluación de las mismas.
5. Incluir en la Conferencia de revisión de Durban en Ginebra 2009 la orientación sexual, identidad y expresión de género como motivo de discriminación. Por otro lado, la garantía legal e igualdad jurídica del libre ejercicio de la orientación sexual y de la libre expresión de la identidad de género, donde los Estados democráticos y de Derecho aseguren el goce pleno de los derechos humanos y a la ciudadanía por medio del financiamiento de acciones afirmativas y políticas públicas.
6. A los Estados que son signatarios de la Plataforma y Plan de Acción de Durban ser coherentes en su discurso y acciones internas con su aceptación expresa de la existencia de dicha del racismo y discriminación creando políticas pertinentes para combartirlo.
7. Impulsar y fortalecer políticas, programas y acciones participativas, con valores democráticos que promuevan el desarrollo con identidad étnica cultural de la población juvenil afrodescendiente e indígena.
8. Desarrollar acciones efectivas como la consulta previa con consentimiento previo, libre e informado para la protección de los territorios ancestrales históricamente habitados por los pueblos afrodescendientes e indígenas como los quilombos en Brasil, los consejos comunitarios de comunidades negras y resguardos indígenas en Colombia.
9. Un debate amplio y efectivo que conduzca a las acciones concretas y reformas legales necesarias para el fortalecimiento de las democracias participativas paritarias, interculturales e intergeneracionales.
10. Desarrollo de políticas articuladas de enfrentamiento al racismo ambiental en todas las agendas internacionales de cambio climático, crisis energética, alimentaría, comercial, democracia, medios de comunicación incluidas las nuevas tecnologías y nanotecnologías .
11. Respetar e incorporar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (aprobado el 13 de septiembre del 2007), a las leyes nacionales como reconocimiento de la lucha lograda por los pueblos indígenas para la superación de la discriminación y racismo histórico y moral. Así mismo, exhortamos a los países que aun no han ratificado la Declaración mencionada ni el Convenio 169 de la OIT lo hagan efectivo.
12. Reformas estructurales en un plazo no mayor de 3 años a los sistemas de judiciales y a los procedimientos penales que garanticen un acceso a la justicia sin discriminación para los jóvenes afrodescendientes, así como medidas efectivas que enfrenten la criminalidad y la brutalidad policial.
13. La protección, restitución y administración del acervo y patrimonio cultural de afrodescendientes incluyendo nuestros lugares sagrados, nuestros lugares tradicionales de residencia, religiones tradicionales, lengua, música, danza, conocimiento medicinal, monumentos y todas las expresiones en todos los aspectos de nuestras culturas materiales, intelectuales y espiritual.
14. Políticas públicas inmediatas que garantice los derechos de la infancia y adolescencia afrodescendiente especialmente con relación al acceso universal y permanencia en el sistema educativo que considere su identidad cultural y el derecho a la no discriminación en el marco de la Convención Internacional de los derechos de los niños.
15. Involucrar en las políticas públicas a los pueblos gitanos, y apoyar la causa del pueblo Rom conforme a lo aprobado en Santiago en el 2000.
16. Desarrollar políticas públicas que incluyan el papel de los medios masivos de comunicación como instrumento que permita visibilizar la lucha contra el racismo, la discriminación, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia.
17. Que conforme al mandato de la OMS (Organización Mundial de la Salud) se garantice el acceso universal a medicamentos y se fomente la producción local para garantizar la calidad de vida de las personas viviendo con HIV/SIDA. Así mismo, se promuevan insumos para la prevención.
18. Que los Estados de la región ratifiquen el articulo 14 de la Convención contra el Racismo para que el Comité de Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial tenga competencia de recibir quejas individuales de racismo. Adicionalmente que los Estados Americanos atribuyan Estatus Constitucional a los tratados internacionales de Derechos Humanos.
19. Que las Agencias de las Naciones Unidas en cada uno de los países y a nivel regional involucren a la sociedad civil en los programas de lucha contra el Racismo. Reiteramos que los gobiernos deben implementar todas las acciones previstas en el Plan de Acción de Durban en la Región.
20. Que las Naciones Unidas apoyen y garanticen la participación efectiva de la sociedad civil en la Conferencia de Revisión de Durban y en todos los procesos preparatorios, incluidos fondos de apoyo para el Foro de la Sociedad Civil y para la propia Conferencia en Ginebra 2009.
21. REITERAMOS NUESTRO COMPROMISO Y NUESTRA PARTICIPACION ACTIVA EM TODO EL PROCESO DE REVISION DE LA CONFERENCIA DE DURBAN ASI COMO EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EL MONITOREO DE LAS ACCIONES DE LOS ESTADOS Y LAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES, ESPECIALMENTE LAS AGENCIAS DE LAS NACIONES UNIDAS.
Brasilia, 15 de junio 2008
1. La Sociedad Civil de las Américas enfatiza la importancia de la Conferencia Mundial contra el Racismo como un evento significativo para todas las victimas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y todas las formas conexas de intolerancia en las Américas.
2. A siete años de la aprobación de la Declaración y el Plan de Acción de Durban, no obstante, a los esfuerzos de la Sociedad Civil y de algunos Estados de la región, no existe la institucionalidad ni los recursos presupuestarios necesarios para implementar los compromisos establecidos, y los Estados no han creado las condiciones para una participación efectiva y paritaria de la sociedad civil en el diseño, implementación de las políticas.
3. Las mujeres siguen enfrentando el racismo, la discriminación y la xenofobia por su condición de género, raza y etnia, su orientación sexual, religión, edad, discapacidad, que se manifiestan en diversas formas de abuso y explotación sexual, exclusión, trata, tráfico y violencia doméstica e institucional.
4. Vivimos en un contexto en donde el incremento de los fundamentalismos de índole religioso, económico e ideológico, que niega la diversidad cultural y los derechos humanos para las víctimas del racismo se asocia con el modelo de desarrollo neoliberal deshumanizado que tiene consecuencias de múltiples formas de exclusión, pobreza, incremento de la desigualdad, racismo y discriminación.
5. La violencia racial estructural que afecta a la gran mayoría de los 150 millones de afrodescendientes de la región es alarmante e inaceptable, exigiendo acciones inmediatas, urgentes y comprometidas tanto de los Estados como de las instituciones internacionales e intergubernamentales. Esta violencia racial, se manifiesta en desplazamientos forzados, criminalización de jóvenes, genocidio justificado en la delincuencia o conflictos internos, inexistencia políticas públicas, negación política, explotación social de jóvenes y niñas, trata y tráfico de mujeres jóvenes, negación del derecho a la inscripción e identidad jurídica, violencia contra las mujeres y sobre-representación de jóvenes en el sistema penitenciario.
6. Prácticas similares son sufridas por personas a razón de su orientación sexual e identidad y¬/o expresión de género, con el agravante de que en muchos casos tales prácticas son avaladas legalmente.
7. Los pueblos indígenas somos poseedores de nuestras tierras y territorios ocupados ancestralmente, sin embargo, los Estados vienen implementando políticas públicas y permiten inversiones privadas para la explotación de nuestros recursos naturales y conocimientos sin consulta previa, libre e informada sin el consentimiento de los pueblos indígenas, especialmente en lo relativo a la integridad de nuestro territorio.
8. La propiedad de las tierras, territorios y territorios étnicos incluida el suelo y el subsuelo, de los pueblos y comunidades afrodescendientes están siendo amenazada por prácticas de concentración del capital e inversiones privadas con consentimiento de los Estados, ocasionando el desplazamiento forzado de comunidades enteras.
9. El despojo de nuestras tierras y territorios obliga al desplazamiento de pueblos indígenas y afrodescendientes a centros urbanos incrementando la pobreza integral, el racismo y discriminación en todas sus formas.
10. La inexistencia de políticas concretas que reconozcan el derecho a la tierra, a la educación y la salud han puesto en riesgo la sobrevivencia y sustentabilidad de las comunidades quilombolas, palenqueras y cimarronas, tradicionalmente identificadas con la ancestralidad africana.
11. La retirada de la Conferencia de revisión de Durban del gobierno de Canadá y la falta de definición del gobierno de Estados Unidos, viola sus compromisos con los tratados internacionales para cumplir con la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos los procesos multilaterales de las Naciones Unidas.
DEMANDAMOS Y EXIGIMOS A LOS ESTADOS
1. Realizar censos basados en indicadores concretos desagregados por género, raza y etnia, con la participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en todo el proceso que nos permita conocer la situación en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio hacia el 2015.
2. Concluir con las negociaciones de la Convención Interamericana para la Eliminación del Racismo y todas las Formas de Discriminación e Intolerancia.
3. Ratificar el artículo 14 de la Declaración de la Convención contra el Racismo para que el Comité de Eliminación de todas las formas de discriminación racial tenga competencia de recibir quejas individuales de racismo.
4. El diseño e implementación de legislación y políticas públicas antidiscriminatorias con presupuestos adecuados y con la participación de organizaciones sociales en la formulación, aplicación y evaluación de las mismas.
5. Incluir en la Conferencia de revisión de Durban en Ginebra 2009 la orientación sexual, identidad y expresión de género como motivo de discriminación. Por otro lado, la garantía legal e igualdad jurídica del libre ejercicio de la orientación sexual y de la libre expresión de la identidad de género, donde los Estados democráticos y de Derecho aseguren el goce pleno de los derechos humanos y a la ciudadanía por medio del financiamiento de acciones afirmativas y políticas públicas.
6. A los Estados que son signatarios de la Plataforma y Plan de Acción de Durban ser coherentes en su discurso y acciones internas con su aceptación expresa de la existencia de dicha del racismo y discriminación creando políticas pertinentes para combartirlo.
7. Impulsar y fortalecer políticas, programas y acciones participativas, con valores democráticos que promuevan el desarrollo con identidad étnica cultural de la población juvenil afrodescendiente e indígena.
8. Desarrollar acciones efectivas como la consulta previa con consentimiento previo, libre e informado para la protección de los territorios ancestrales históricamente habitados por los pueblos afrodescendientes e indígenas como los quilombos en Brasil, los consejos comunitarios de comunidades negras y resguardos indígenas en Colombia.
9. Un debate amplio y efectivo que conduzca a las acciones concretas y reformas legales necesarias para el fortalecimiento de las democracias participativas paritarias, interculturales e intergeneracionales.
10. Desarrollo de políticas articuladas de enfrentamiento al racismo ambiental en todas las agendas internacionales de cambio climático, crisis energética, alimentaría, comercial, democracia, medios de comunicación incluidas las nuevas tecnologías y nanotecnologías .
11. Respetar e incorporar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (aprobado el 13 de septiembre del 2007), a las leyes nacionales como reconocimiento de la lucha lograda por los pueblos indígenas para la superación de la discriminación y racismo histórico y moral. Así mismo, exhortamos a los países que aun no han ratificado la Declaración mencionada ni el Convenio 169 de la OIT lo hagan efectivo.
12. Reformas estructurales en un plazo no mayor de 3 años a los sistemas de judiciales y a los procedimientos penales que garanticen un acceso a la justicia sin discriminación para los jóvenes afrodescendientes, así como medidas efectivas que enfrenten la criminalidad y la brutalidad policial.
13. La protección, restitución y administración del acervo y patrimonio cultural de afrodescendientes incluyendo nuestros lugares sagrados, nuestros lugares tradicionales de residencia, religiones tradicionales, lengua, música, danza, conocimiento medicinal, monumentos y todas las expresiones en todos los aspectos de nuestras culturas materiales, intelectuales y espiritual.
14. Políticas públicas inmediatas que garantice los derechos de la infancia y adolescencia afrodescendiente especialmente con relación al acceso universal y permanencia en el sistema educativo que considere su identidad cultural y el derecho a la no discriminación en el marco de la Convención Internacional de los derechos de los niños.
15. Involucrar en las políticas públicas a los pueblos gitanos, y apoyar la causa del pueblo Rom conforme a lo aprobado en Santiago en el 2000.
16. Desarrollar políticas públicas que incluyan el papel de los medios masivos de comunicación como instrumento que permita visibilizar la lucha contra el racismo, la discriminación, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia.
17. Que conforme al mandato de la OMS (Organización Mundial de la Salud) se garantice el acceso universal a medicamentos y se fomente la producción local para garantizar la calidad de vida de las personas viviendo con HIV/SIDA. Así mismo, se promuevan insumos para la prevención.
18. Que los Estados de la región ratifiquen el articulo 14 de la Convención contra el Racismo para que el Comité de Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial tenga competencia de recibir quejas individuales de racismo. Adicionalmente que los Estados Americanos atribuyan Estatus Constitucional a los tratados internacionales de Derechos Humanos.
19. Que las Agencias de las Naciones Unidas en cada uno de los países y a nivel regional involucren a la sociedad civil en los programas de lucha contra el Racismo. Reiteramos que los gobiernos deben implementar todas las acciones previstas en el Plan de Acción de Durban en la Región.
20. Que las Naciones Unidas apoyen y garanticen la participación efectiva de la sociedad civil en la Conferencia de Revisión de Durban y en todos los procesos preparatorios, incluidos fondos de apoyo para el Foro de la Sociedad Civil y para la propia Conferencia en Ginebra 2009.
21. REITERAMOS NUESTRO COMPROMISO Y NUESTRA PARTICIPACION ACTIVA EM TODO EL PROCESO DE REVISION DE LA CONFERENCIA DE DURBAN ASI COMO EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EL MONITOREO DE LAS ACCIONES DE LOS ESTADOS Y LAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES, ESPECIALMENTE LAS AGENCIAS DE LAS NACIONES UNIDAS.
Brasilia, 15 de junio 2008
https://www.alainet.org/es/articulo/128175
