Colombia

Lo que se nos oculta sobre el conflicto colombiano

Manoel Santos

12/07/2008

Opinión

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Terrorismo de Estado

Hacia el exterior hay una estrategia del gobierno colombiano para evitar que la cruda realidad que vive el país se sepa. En ese ocultamiento –de guerras, miseria y destrucción productiva interna- Uribe Vélez gasta millones de dólares que bien podrían servir para luchar contra la desnutrición, la pobreza y la ignorancia de millones de seres, a quienes los grandes medios no tienen en cuenta.

El llamado conflicto colombiano no es sólo una guerra entre el gobierno de Álvaro Uribe y la guerrilla de las FARC. De hecho, este parece ser el menor de los sus problemas, o cuando menos un menudo esguince al lado de la existencia de cuatro millones de desplazados –refugiados de guerra se mire por donde se mire– que en las últimas dos décadas tuvieron que abandonar el campo huyendo de bombas, asesinatos, torturas y amenazas para engrosar los cinturones de miseria de las ciudades y por tanto el sistema capitalista dominante.

Detrás de este drama humano están cientos de grupos paramilitares que, en asociación con las fuerzas gubernamentales, roban las tierras de las comunidades para entregarlas a las agroindustrias que alimentan la opulencia de los países industrializados y empobrecen la biodiversidad de la joya natural mundial que es Colombia. La sombra del terrorismo de Estado no es sólo una sospecha, es una realidad de la que gobiernos como español, que mantiene excelentes relaciones con el oscuro régimen parapolítico y paramilitar de Álvaro Uribe, son, con todas las letras, cómplices y partícipes.

ENTREVISTA CON GISELA CAÑAS, LUIS ALBERTO RENTERÍA Y TOM KUCHARZ

La Red Capicúa, en la que se integran organizaciones como Ecologistas en Acción, organizó la gira por Europa de Gisela Cañas Uribe y Luis Alberto Rentería Mosquera para sensibilizar sobre el desplazamiento ilegal y la ocupación de tierras para megaproyectos agroindustriales en Colombia. Tan sólo en las cuencas fluviales del Curvaradó y Jiguamiandó (región del Chocó), de donde ellos vienen, la expansión de los monocultivos de palma originó 30.000 desplazados y al menos 114 asesinatos.

Gisela Cañas es de la "Comisión Intereclesial Justicia y Paz", que acompaña a comunidades desplazadas y en proceso de retorno. Luis Alberto Rentería es un líder afrodescendiente del "Consejo Comunitario de él Curvaradó", desplazado de su comunidad cuando las tierras fueron ocupadas en 1996 por la empresa de palma africana Urapalma, S.A. Ahora regresó, como otros, a sus tierras. ALTERMUNDO habló con ellos y con su anfitrión, Tom Kucharz, activista colombiano afincado en Galiza.

"El Estado español debe dejar de apoyar a un gobierno que practica los crímenes de Estado"

El seis de marzo decenas de ciudades del mundo salían a las calles para protestar contra el terrorismo de Estado en Colombia convocadas por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia (MOVICE). Seis organizadores de la protesta, sindicalistas y activistas por los derechos humanos, fueron asesinados. La ONU acaba de pedir una investigación. Más no fue un hecho puntual. En Colombia cerca de cuatro millones de personas fueron desplazadas en las dos últimas décadas, en su mayoría por los grupos paramilitares. Estos grupos, solos o en alianza con miembros de las Fuerzas Militares, hicieron desaparecer por lo menos a 15.000 personas enterrándolas en cerca de 3.000 fosas comunes; asesinaron a más de 1.700 indígenas, 2.550 sindicalistas, y cerca de 5.000 miembros de la UP, un partido de izquierdas que fue eliminado.

Entre 1982 y 2005 los paramilitares perpetraron más de 3.500 matanzas y robaron más de seis millones de hectáreas de tierra. Con los empresarios de las oligarquías dominan la mitad de las tierras rurales del país. Desde 2002, después de su supuesta "desmovilización", los paramilitares asesinaron 600 personas cada año. Llegaron a "controlar" el 35% de los diputados del Parlamento. Se sabe también que desde que Álvaro Uribe Vélez llegó a la presidencia en 2002, miembros del Ejercito Oficial cometieron más de 950 ejecuciones extrajudiciales. Visto el visto, las FARC son el menor de los problemas para el grueso de la sufrida población colombiana.

Alfredo Molano, sociólogo colombiano que estudió los desplazamientos de la población en Colombia por la violencia armada escribe: "La violencia no es un fenómeno coyuntural en la historia de Colombia. Es una constante. ¿A que se debe? Creo que en última instancia a la resistencia y a la fuerza con la que la gente busca conservar y reconstruir sus relaciones sociales primarias frente a regímenes políticos abusadores. La violencia acompaña siempre al expansionismo –se llame mercantilismo, liberalismo económico o globalización–, fue establecida en rigor a la catástrofe democrática que significó la colonización española en América, en parte fue producto de una guerra de exterminio tendente a la dominación y de ahí el término de conquista con la que se define la época, y en parte un cometido religioso de naturaleza cultural. Las dos armas, la espada y la cruz, sirvieron para desplazar a la población nativa, arrebatarles sus tierras y riquezas para subordinarla, explotarla y en el mejor de los casos volverla tributaria de la corona española". Algo semejante encontramos cuando hablamos de los desplazamientos de población civil en Colombia.

—En los últimos meses Colombia está bastante presente en la prensa del Estado español, pero sólo haciendo referencia a las FARC, a los secuestrados, a Ingrid Betancourt, pero nada se conoce sobre la parapolítica que lleva instaurada décadas en el país y sobre el drama de los desplazados. Son cuatro millones en veinte años. ¿Cuáles son las causas principales?

Gisela: Fueron variando con los años. Por ejemplo en el Jiguamiandó y el Curvaradó hay gente que viene de la violencia de los en los cincuenta y sesenta. Pero fundamentalmente nosotros vinculamos estos desplazamientos a los intereses económicos en la región. Había un plan preconcebido para expulsar a la gente.

— ¿De donde viene ese plan?

Gisela: Es una estrategia paramilitar encubierta. Y es también la fuerza pública. Si uno se pone a mirar por donde va a pasar la carretera Panamericana ya lo descubre. Es algo que viene ya del siglo pasado.

—Luís Alberto es un desplazado. ¿Por qué causa?

L.A.: A nosotros nos desplazaron en el 1996 y tres años después iniciaron la implantación de ganadería extensiva y la plantación de grandes monocultivos de palma aceiteira, que fundamentalmente se emplea para la industria agroalimentaria –el aceite de palma es el 59% de todos los aceites vegetales comercializados– y ahora también para agrocombustibles. El gobierno pretende cultivar entre 3 y 6 millones de hectáreas de palma destinadas al biodiésel. Hay que decir que la producción de una tonelada de aceite de palma para hacer agrocombustibles emite diez veces las cantidades de gases de efecto invernadero que una tonelada de combustible fósil.

—Y esos desplazamientos forzados ¿por quién vienen auspiciados?

L.A.: Por grandes corporaciones, por industrias dedicadas a la palma y la ganadería intensiva que entran protegidas con los paramilitares.

Tom: Muchas veces sólo se descubre años más tarde la razón de los desplazamientos.

—¿Son empresas nacionales?

Gisela: Normalmente sí. Son empresas con vínculos probados con los paramilitares y familias relacionadas con el tráfico de drogas. Los empresarios son llevados allí por los paramilitares y la palma se siembra a sangre y fuego. Pero no sólo es la palma, manejan la gasolina, la ganadería, etc.

—¿Como se produce físicamente ese desplazamiento?

L.A.: Llegan los paramilitares y por ejemplo agrupan pueblos enteros, de hasta 50 familias, matan 4 o 5 personas y los demás huimos.

Gisela: Hay incursiones militares y paramilitares, pues actúan en conjunto, y también hay rafagueos sobre la población con la excusa de atacar a la insurgencia y las comunidades tienen que salir.

—¿Emplean entonces la lucha contra la guerrilla como un pretexto?

G.: Ese es un pretexto y fue el argumento por ejemplo en el Cacarica y en el Curvaradó. Pero la guerrilla no está ahí instalada, sólo usa la zona como mucho de lugar de tránsito. Las poblaciones desplazadas acaban en los cinturones de miseria de las ciudades, donde muchas veces no hay ni que comer. Cuando hacían intentos de volver para recopilar alimentos en los cultivos de pancoger (plátano, maíz, yuca, etc) y muchas veces se encontraban con los militares o paramilitares que hacían rondas, les decían: ustedes o se van o siembran palma o siembran coca, porque esta tierra es de tal o cual paramilitar, el que tiene la jurisdicción en la zona.

Tom: Hay todo un entramado político-económico que hay que cuestionar y analizar. Por una parte hubo muchos desplazamientos porque la población local tenía una lucha política fuerte, donde funcionaban ciertos procesos de democracia participativa, donde hubo asambleas, la elección de representantes por parte del pueblo. La gente creía en la lucha política. Los cuadros políticos que salían en los años 70 o 80 recibían todo el apoyo de las comunidades. Salían a estudiar fuera y volvían después a prestar el servicio a la comunidad. Muchos desplazamientos van pues contra esta organización civil que defiende el derecho a vivir en su tierra y que no acepta que Colombia se convierta en un país capitalista donde todo vale y donde todo se vuelve mercancía. Las poblaciones campesinas, las indígenas y las afrodescendientes tienen una relación muy ligada con el territorio.

El otro complejo económico-político tiene que ver con la fase de globalización, donde hay un deterioro sobre el suelo muy importante en los países centrales, por lo que precisan la adquisición de territorio en los países del sur para la mera reproducción y crezca del sistema capitalista. Buscan recursos naturales y terrenos para sembrar lo que se demanda en las grandes metrópolis. Y también por otra parte, aunque en Colombia de forma algo retrasada, se vive ese proceso que obliga a concentrar las poblaciones campesinas en las ciudades. Es una migración forzada hacia las ciudades, en las que se genera el modelo capitalista.

—¿Y por qué en Colombia se mantiene un conflicto armado que fue despareciendo en los otros países del entorno?

Tom: Colombia es especial. La gente tenía un fuerte componente de resistencia y una formación política importante que hizo que estas resistencias duraran en el tiempo a pesar de todo el terrorismo de Estado. Las personas creían en su lucha. Los campesinos, los sindicalistas los dirigentes sociales o indígenas siempre dicen que prefieren morir por algo a vivir para nada.

—Vaya, que estamos en un proceso de ocupación por intereses económicos pero también políticos.

Tom: Una población muy dispersa en el campo puede ser políticamente incontrolable. Una población empobrecida en los cercos de las chabolas, de los cinturones de miseria en las grandes ciudades es más controlable por la oligarquía y sirve para hacer crecer el sistema capitalista.

—¿El destino de los desplazados siempre es a esos cintos de miseria?

L.A.: Sí. Pasas a no tener nada y si te resistes mueres. Además, cuando nos desplazaron no podías ir a cualquier parte. Éramos repudiados porque la gente pensaba que eras un desplazado por ser de la guerrilla. A muchos nos mataban y la gente ocultaba que era desplazada. En las comunidades faltaban todos los servicios básicos, pero nunca la dignidad.

—La Comisión Intereclesial Justicia y Paz trabaja con la gente que quiere regresar.

Gisela: Nosotros acompañamos la comunidades desplazadas. O bien a las que están en proceso de desplazamiento o en proceso de retorno. Es un acompañamiento permanente, 350 días al año, desde lo educativo a lo psicosocial, lo jurídico. Vivimos en las comunidades y nos convertimos en testigos de lo que allí sucede, velando porque las medidas cautelares que existen jurídicamente se cumplan. Hay personas que permanecen en los cascos urbanos, que no pudieron regresar y otras que a través de mecanismos creados por ellos mismos, como las llamadas Zonas Humanitarias o las Zonas de Biodiversidad, regresan.

—¿Quien crea esas zonas?

Gisela: Es por iniciativa de la comunidad que permite la reconstrucción de los proyectos de vida de las comunidades pero también permiten a otras acercarse a las suyas, como dar el primero paso. En el Jiguamiandó y en el Curvaradó había 14 veredas y unas 12 comunidades que fueron desplazadas para sembrar la palma. Las zonas humanitarias acercaron gente de varias comunidades que luego estudian cómo reconstuír lo que queda de las suyas. La idea de estas zonas humanitarias surge en la cuenca del Cacarica. Estas comunidades fueron desplazadas en febrero de 1997 –unas 30.000 personas, de ellas 4.000 afrodescendientes– por causa de los bombardeos por tierra, aire y agua. La gente salió al casco urbano, al municipio de Turbo. Pasó mucho tiempo y varias conversaciones con el presidente de la época, Ernesto Samper, que se negaba a reconocer que había habido un desplazamiento masivo y que las comunidades vivían en condiciones deplorables en el coliseo de Turbo (un estadio de fútbol). Cuando estas personas salían al pueblo muchas veces eran perseguidas y amenazadas. Al regresar lo que tratan es de crear zonas cerradas al conflicto, a pesar de que el ejército diga que no existe terreno vedado para ellos, pero se buscó una figura jurídica para crear estas zonas humanitarias donde vivan los no combatientes.

—¿La gente cuando regresa a su tierra que encuentra?

L.A.: Nosotros en el Curvaradó encontramos que las tierras habían sido todas destinadas para megaproyectos y los caseríos destruidos. Ya no había pueblo. En el Curvaradó por ejemplo la escuela estaba literalmente comida por la palma. A nosotros los tocó la palma, a los del Cacarica el plátano, a otros la madera, etc.

Gisela: las comunidades hicieron el proceso de regreso sin el acompañamiento de la fuerza pública porque no había garantías. Los mismos que los desplazaron no podían acompañarlos y brindarles seguridad. Muchos iniciaron sus propias estrategias porque llegaban la zonas destrozadas, sin educación, sin sistema de salud, por lo que se autoorganizaron. El gobierno hacía promesas pero no cumplían ninguna.

—Y aún con las amenazas, los paramilitares, la guerra, volvéis. ¿Como os protegéis?

Tom: El Jiguamiandal y el Curvaradó son ejemplos de dignidad y valentía que consiguieron muchos apoyos internacionales. Son un ejemplo de valor.

L:A:: La primera iniciativa que nace en el Cacarica fue esa configuración de las Zonas Humanitarias, lugares pequeños, vallados y en los que se visibilice que allí hay población civil que no hace parte del conflicto.

—¿Y las Zonas de Biodiversidad?

L.A.: Son lugares más amplios en los que renovamos nuestro compromiso con la naturaleza. Reforestamos y recuperamos lo poco que nos queda porque el territorio fue desertizado por la palma.

—¿La agroindustria intensiva que efectos tiene sobre lo medio ambiente colombiano?

Tom: El desastre ecológico es enorme. El caso de Colombia aun es pequeño si lo comparamos con las deforestaciones masivas del sureste asiático –de Indonesia o de Malasia–, con las zonas del Amazonas del Brasil o las deforestaciones por el cambio de cultivo hacia soja de la Argentina, Paraguay o el mismo Brasil. No obstante en Colombia se deforestan anualmente extensiones enormes de selva virgen para el aprovechamiento de los materiales de los bosques o son sustituídas por plantaciones de árboles o monocultivos agroindustriales. El simple hecho de destrozar, de hacer desaparecer un ecosistema ya tiene de por si implicaciones, como el cambio climático, porque pierdes el sumidero de CO2. Cuando labras la tierra emites todo el carbono orgánico acumulado durante el ciclo vital de los ecosistemas. Cuando tienes monocultivos, que en el Chocó por ejemplo les llaman desiertos verdes porque hace un calor terrible en comparación con el que antes tenían con los bosques autóctonos, secan las tierras al hacer canales de drenaje para que las palmas no estén en medio del agua. Emplean grandes cantidades de fertilizante y pesticidas, porque en los cultivos se desarrollan muchas plagas cada vez más resistentes. Hay por tanto contaminanción de tierras y acuíferos y también pérdidas irreversibles de biodiversidad. El Jiguamiandal y el Curvaradó son la segunda zona con más biodiversidad de Suramérica. Es un patrimonio de la humanidad que va muriendo para siempre jamás. Ya no se trata sólo de la pérdida de vidas humanas, sino de la pérdida de una cultura y de la madre naturaleza. Los monocultivos siempre significan la muerte, de la biodiversidad y de la soberanía alimentaria de la gente. Además, hay un doble crimen, porque a parte de los efectos de estos monocultivos insostenibles en la tierra, la producción no queda en Colombia, va para Europa, para Estados Unidos, para apoyar su crecimiento económico. El crecimiento en el norte global está teñido de sangre.

—¿Y regresa mucha gente?

L.A.: En nuestra comunidad éramos unas cien familias hasta el desplazamiento de 1996. Ahora sólo 10 regresamos.

—Pero seguís teniendo sus más y sus menos con los paramilitares.

L.A.: Las amenazas son constantes, tanto a nosotros como a los acompañantes. Hay también violencia del ejército, que no quiere que regresemos.

—¿La gente es neutral en el conflicto?

Gisela: No. La gente tiene su posición con respeto al conflicto interno, pero no son combatientes, son población civil. Pero saben reconocer quien los desplazó.

Tom: En el conflicto colombiano se quieren desdibujar las diferencias. Todo parece igual. Guerrilla es igual la paramilitares, es igual a Estado, pero no es así. Las comunidades lo tienen políticamente muy claro, saben que fue el Estado y que los grupos paramilitares forman parte de una política de Estado que los desplazó y que lo sigue haciendo.

—¿Y cuál es el papel de la guerrilla? ¿Quien la forma?

Tom: En los años sesenta el conflicto era tan fuerte que no se permitía la tenencia de tierras. Hubo una fuerte lucha por la reforma agraria y los campesinos se protegían, por lo que fundaron lo que eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Pero los grupos paramilitares se fundan antes del surgimiento de las FARC. Se crean con una visita de altos mandos militares de Estados Unidos en 1961 y las FARC se crean en 1964. No es tan cierto que los grupos paramilitares surjan como reacción a la guerrilla. Fueron más bien grupos creados para eliminar la oposición política, la llamada "amenaza roja".

—Pero después de tantos años, ¿qué es hoy el llamado conflicto colombiano, como describiríais lo que acontece? ¿Hay una guerra?

L.A.: Desde mi punto de vista en Colombia hay un conflicto sí, pero no contra los grupos insurgentes sino contra el campesinado. En Colombia hay guerrilla y hay paramilitares pero quien sufre es la población civil.

—¿Y si tuvieses que definir las razones de este conflicto?

L.A.: El territorio.

Gisela: hay tantos puntos de vista. Si lo miras desde el punto de vista de los desplazados es el territorio, si lo miras desde el punto de vista de la respuesta paramilitar a la guerrilla ves otra cosa, si lo ves según el drama de los secuestrados miras otra cosa... Es muy complicado, nunca se abordó en serio la causa del conflicto en sí.

Tom: En Colombia no existió nunca la libertad real de ejercicio político. Esa es una de las causas fundamentales del conflicto armado en Colombia. Todo esto está ligado la una pequeña oligarquía muy organizada y altamente academizada que concentra el poder de la administración pública, el jurídico, el parlamentario, el militar y toda la ruqueza ya desde la liberación nacional de la monarquía española. Colombia es uno de los países más ricos del continente y una zona estratégica, la entrada del cono sur y el control a partir de los Andes del Amazonas. Quien controle Colombia controla la síntesis de la riqueza y los bienes comunes de América Latina y del Mundo, la Amazonía, que es un bien de la humanidad. La ausencia de una reforma agraria siempre reclamada por el pueblo es también crucial.

—¿Y no hay resistencia política?

Tom: En Colombia asesinaron la muchísimos candidatos a la presidencia, algunos muy aclamados polo pueblo como Gaitán, que lo asesinaron a punto de tomar el poder, a punto de romper ese bipartidismo creado en la Colombia oligárquica entre liberales y conservadores que se turnaban entre ellos. Todos los candidatos de la Unión Patriótica fueron asesinados, también los del M-19, que fue una guerrilla no muy de izquierdas, sino bastante socialdemócrata, y que cuando abandonó las armas y entró en la vida política vio como asesinaron a su candidato, que era muy popular y tenía muchas posibilidades de llegar a la presidencia. Eso pasó con todos. No tener la posibilidad de ejercicio político real y que en el seno del Estado colombiano, en la cabeza de sus gobernantes, siempre exista esa tendencia al terrorismo de Estado y al aniquilamiento de los adversarios políticos es la principal causa del conflicto.

—Pero no defiendes a la guerrilla.

Tom: El tema es muy claro. La guerrilla viola los derechos humanos. Un 20% de los cuatro millones de desplazados fueron producidos por diferentes actuaciones de los grupos de la guerrilla. Pero la guerrilla no es igual que los grupos paramilitares. Es una insurgencia que en un momento dado usa el derecho te existía en el derecho internacional de hacer una insurgencia frente al Estado. Hoy esto se llama terrorismo, pero antes las Naciones Unidas reconocían ese derecho. Pero se trataba de un actor frente al Estado opresor, mientras que los grupos paramilitares son creados para hacer el trabajo sucio, los asesinatos extrajudiciales que legalmente no puede hacer el Estado y la oligarquía, que es quien tiene la autoridad ideológica.

—¿Uribe es un terrorista de Estado?

Tom: Sí, yo le llamaría así. Fue responsable de muchos crímenes –y hay testigos–, incluso de su propia familia de terratenientes, que provocó muchos desplazamientos. Lo diferente de Uribe es que los anteriores presidentes eran de ciudad y Uribe también es de buena familia, pero es del campo, y él utiliza eso. Es como un caudillo que gobierna Colombia como quien gobierna una hinca.

—¿Uribe niega que haya desplazados?

Tom: ES que hasta hace bien poco ni reconocía que hubiese un conflicto armado.

Gisela: Las cifras oficiales nunca coinciden con las cifras de las organizaciones de derechos humanos. Cuando una persona es desplazada tiene que ir a registrarse como tal la una entidad del gobierno para que pueda recibir las ayudas y para que puedan iniciarse acciones para su regreso. Esto mucha gente no lo hace por miedo, muy pocos se registran. En el Chocó el gobierno decía que no había desplazados y hubo, entre otros, 30.000 que salieron en 1996 pero no estaban registrados. Hay sentencias a favor de los tribunales de justicia pero cuando recibes ayudas seis meses en el casco urbano dejas de figurar cómo desplazado, desapareces del sistema.

—¿Y hay programas de desmovilización para paramilitares?

Gisela: Sí. El gobierno reconoce que hay paramilitares pero no que los creó él.

Tom: Hay un texto de Javier Giraldo en "Guerra y Democracia" que define esas conversaciones entre el gobierno y los paramilitares. Le llama monólogos. Dialogan consigo mismos, como si el Estado se hubiese vuelto esquizofrénico.

—¿Cuál es la reacción internacional?

Tom: Actualmente el gobierno colombiano ganó el discurso internacional porque en el exterior se piensa que los paramilitares son un ente diferente a la guerrilla, que es cierto, pero también al Estado.

—¿Y que imagen os lleváis? ¿Aquí la gente sabe de vuestro conflicto?

Gisela: Aquí la gente sólo habla de Ingrid Betancourt y de los secuestrados, cómo tú decías al principio.

Manoel Santos

Altermundo/Inestco

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