Tras algo más de dos semanas de atención y saturación mediática enfocada en el Gigante Asiático, el globo parece que volvió a girar.

Una vez finalizada la etapa de las cuentas, análisis y posteriores balances mediáticos sobre las imágenes y episodios de los Juegos Olímpicos Beijing 2008, la prensa mundial reorientó su enfoque hacia las vicisitudes políticas, económicas y sociales de la coyuntura global actual.

Tensiones entre poderes públicos, ataque a civiles, elecciones, nuevo proyecto partidario, y acuerdos bilaterales integran esta selección.

1- ¿Jaque inverso?

En Colombia, tras el shock mediático y popular que produjo la denominada Operación Jaque (o la liberación de Betancourt), pocos analistas preveían un escenario político de tan alto voltaje como el que atraviesa por estos días la administración Uribe.

El escándalo de la parapolítica (expresión que alude a vínculos de funcionarios oficialistas con paramilitares) resurgió con vigor el pasado domingo, cuando el portal digital SEMANA reveló que el secretario jurídico de la Presidencia de Colombia, Edmundo del Castillo, y el secretario de prensa César Mauricio Velásquez, se habían entrevistado el 3 de abril en la Casa de Nariño con delegados de el ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, porque supuestamente tenían información que comprometía a la Corte Suprema.

El portal mencionado afirmó haber obtenido “audios y videos que revelan cómo el jefe paramilitar `Don Berna` y sus hombres de confianza diseñaron un maquiavélico plan que consistió en grabar clandestinamente a miembros de la Corte -y otras personas- con el fin de llevarle las grabaciones al Gobierno a cambio de beneficios”.

“¿Y qué querían los paras a cambio? Dilatar la extradición de `Don Berna`, según dijeron los propios representantes de los paramilitares a SEMANA”, agregó el medio en su nota titulada El complot de los paras.

La noticia desencadenó la serie de reacciones cruzadas entre la Corte Suprema colombiana y el Gobierno de Álvaro Uribe, polémica a la que se sumó un nuevo frente de tensión con la oposición parlamentaria.

El presidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, anunció que el alto tribunal acudiría a la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar "un complot entre funcionarios de la Casa de Nariño y paramilitares" contra el órgano judicial, que actualmente investiga a 70 congresistas -la mayoría oficialistas- por supuestos lazos con las fuerzas paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Por su parte, Álvaro Uribe no se limitó a negar la hipótesis del complot (argumentó el encuentro de funcionarios con los ‘paras’ diciendo que “teníamos que escucharlos porque aquí hay tráfico de testigos”) sino que acusó a los magistrados de la Corte de “buscar testigos” que comprometan al Poder Ejecutivo con parlamentarios vinculados a la parapolìtica.

El Presidente colombiano apuntó principalmente contra el magistrado auxiliar Iván Velásquez Gómez, coordinador de la Unidad Especial de Investigación encargada del proceso de la parapolìtica, a quien acusó de “emborracharse con los testigos”, en relación a una charla que el funcionario judicial mantuvo con un testigo en un sitio público.

"Yo creo que enfrentar el tráfico de testigos no es obstruir la justicia, sino evitar corrupción en la justicia" señaló Uribe y afirmó que “hay muchos que mantienen mucha gana de tenerme preso aquí o destituido o preso en el Tribunal Penal Internacional”.

El miércoles 27 se profundizó la polarización entre los poderes del Estado colombiano, tras la presentación al Congreso, por parte del ministro del Interior y Justicia, Favio Valencia Cossio, de un proyecto de reforma judicial y política.

Los legisladores del Partido Liberal Colombiano se opusieron a discutir la iniciativa ya que no consideran al ministro “un interlocutor válido por sus evidentes impedimentos éticos y políticos”. Estas palabras se refieren a la reciente destitución como fiscal de Guillermo Valencia, hermano del Ministro, por supuestos contactos con el paramilitarismo y el narcotráfico en el departamento de Antioquia.

La actual atmósfera política colombiana no es la que hubiesen imaginado últimamente los funcionarios de Nariño. El renovado impulso de la investigación judicial por el caso de la “Yidispolítica” (en relación a Yidis Medina, la legisladora que confesó haber recibido prebenda para la aprobación de la ley que permitió la reelección de Uribe), la causa de la parapolìtica y el creciente protagonismo de la oposición parlamentaria, plantean un grave desafío al Gobierno colombiano, preocupado por mantener intactos los niveles de consenso logrados tras el mediático “jaque” a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En vista de los últimos acontecimientos, queda claro que ni el Congreso ni la Justicia colombiana aceptarán la consolidación de un Gobierno unilateral y sin contrapeso político.

2- Daños colaterales… otra vez

La llamada “guerra global contra el terrorismo” impulsada por la gestión Bush continúa desafiando las reglas básicas de la convivencia mundial entre los Estados y las instancias supranacionales encargadas de evitar las violaciones legales de todo tipo.

El viernes 22 de agosto la Coalición Internacional, encabezada por Estados Unidos, llevó a cabo un bombardeo aéreo cerca del pueblo de Azizabad, distrito de Shindand, en Afganistán. Hasta aquí ninguna novedad.

Los problemas (efímeros por cierto) surgieron en torno al esclarecimiento de los motivos, total de víctimas reportadas, y la identificación del status de estas últimas, es decir, si pertenecían a grupos insurgentes o si se trataba de civiles.

Según un informe publicado el sábado por el Ejército estadounidense, el ataque se produjo luego que soldados afganos y de la coalición fueran emboscados por insurgentes mientras patrullaban en busca de un comandante talibán en la provincia de Herat (zona cercana al lugar del bombardeo).

El comunicado también asegura que “las fuerzas conjuntas respondieron con fuego de armas pequeñas y un ataque aéreo que provocaron la muerte de 30 militantes”.

Sin embargo, los datos anteriores fueron refutados por la investigación realizada por la Organización de Naciones Unidas (ONU). La comisión investigadora reveló que, según “pruebas convincentes” obtenidas de los lugareños, el saldo de víctimas fatales asciende a 90 civiles, entre estos, 60 niños, 15 mujeres y 15 hombres.

El representante especial del secretario general de la ONU, Kai Eide, declaró: “He repetido constantemente que la seguridad de los civiles debe ser la prioridad durante la planificación y ejecución de operaciones militares”, y añadió que este tipo de ataques “destruye la confianza del pueblo afgano”.

Claro que desde Washington no surgió una explicación precisa y prudente con relación al ataque: el presidente George W. Bush sostuvo, sin mayores detalles, que “los talibanes y grupos extremistas a menudo salen de allí con mucha rapidez y una vez que se han ido, culpan a Estados Unidos y nuestros aliados”. Tales palabras suenan muy parecido a aquellas que suponían supuestas armas de destrucción masiva en Irak.

Por su parte, el teniente Nathan Perry, portavoz de la coalición, declaró: "No tengo información alguna sobre ninguna víctima civil", al tiempo que ratificó los desacertadas cifras de muertos (30 según el Ejército) tras el ataque.

Más allá de las vagas expresiones de los “líderes antiterroristas”, lo cierto es que el saldo del reciente bombardeo en Afganistán acrecienta la extraordinaria cifra de muertes civiles en los últimos meses en ese país. Según el relator especial de la ONU, Philip Alston, “en los primeros cuatro meses de 2008 murieron alrededor de 200 civiles afganos en acciones militares de las fuerzas internacionales”.

Con ataques inesperados e injustificados como el que nos ocupa, pocas dudas quedan sobre la necesidad de una reconceptualización del término terrorismo y sus derivaciones. De lo contrario, habrá que ampliar la lista de actores internacionales incluidos en dicha categoría.

3- Antesala electoral

A poco más de dos meses para la elección presidencial en Estados Unidos, los candidatos Barak Obama (del partido demócrata) y John McCain (del partido republicano) se preparan para lo que se prevé, un cierre imprevisible, y eventualmente, un empate técnico.

Obama fue nombrado oficialmente candidato a la presidencia el pasado 29 de agosto, durante el último día de la Convención del partido demócrata, al cual representará el próximo mes de noviembre.

Durante su discurso realizado ante más de 80.000 seguidores, en un estadio de fútbol de Denver, Colorado, el senador por Illinois se encargó de subrayar las diferencias que lo separan de su rival republicano. Obama acusó a McCain de desviar su mirada hacia Irak días después del atentado del 11 de septiembre, cuando todos los recursos y la atención deberían haber estado en Afganistán.

“A John McCain le gusta decir que seguirá a Bin Laden hasta las puertas del infierno, pero no llegará ni a la cueva donde vive”, advirtió el flamante candidato oficial demócrata, e interpeló a su rival político: "¿Que dice acerca de su juicio el que esté de acuerdo con Bush el 90 por ciento de las veces?". Queda claro que una de las tácticas preferidas del afro demócrata ha sido comparar permanentemente las propuestas del candidato republicano con la actual gestión de la Casa Blanca.

Entretanto, John McCain mira con optimismo los datos sobre intención de voto que se manejan en los principales medios estadounidenses y agencias de medición.

Según una encuesta realizada por CNN Opinion Research Corporation, publicada el día previo a la Convención Demócrata, ambos candidatos estarían empatados en un 47 por ciento de intención de votos. Estas cifras distan mucho de aquellas estimadas durante mayo y junio, que daban una amplia ventaja a Barak Obama, y que con el correr de las semanas fue disminuyendo hasta los actuales pronósticos.

El futuro escenario electoral se hace cada día más incierto. El debate continúa enfocado sobre las acusaciones cruzadas de los candidatos a la Casa Blanca: la inexperiencia de Obama y sus fallas en la campaña, o la continuidad belicista (respecto a la gestión Bush) de John McCain. No obstante ello, la historia estadounidense indica que pocos cambios podrán esperarse cualquiera sea el resultado en los comicios, en un país poco acostumbrado a reformular las políticas de Estado.

4- “Yacaré que se duerme es cartera”

Tal el eslogan de la reciente iniciativa que impulsa buscar adherentes para un eventual “Partido del Campo y la Ciudad”, como lo llaman sus mentores, entre ellos el presidente del Grupo Pampa Sur y director del Mercado de Hacienda en representación del partido Propuesta Republicana (PRO), Miguel Saredi.

El lema no termina allí: a continuación de “Yacaré que se duerme es cartera”, apela a sus posibles adherentes con la siguiente frase: “Que eso no te pase…”. Podría pensarse, sin asegurarlo, que la expresión invita a no permitir la toma de decisiones (por algún poder del Estado) sin negociación en condiciones igualitarias con algún sector implicado, como podría ser el caso de Junta Agraria.

Según miembros de la iniciativa, el Partido del Campo y de la Ciudad (que tramita actualmente el reconocimiento jurídico en al menos una decena de distritos de la provincia de Buenos Aires), no tejería alianzas con las entidades que forman parte de la Mesa de Enlace.

Más allá de las primeras versiones de este inesperado proyecto, queda claro que, de prosperar, se definirían en los próximos meses nuevas alianzas políticas en un escenario nacional que ha sufrido profundas transformaciones durante y después del conflicto entre las patronales del agro y el Estado Nacional.

El “Partido del Campo y la Ciudad” constituye un reflejo de la polarización social que se produjo en torno a las retenciones móviles, finalmente rechazadas en Cámara de Senadores, y la oportunidad para sectores opositores al gobierno de Cristina Fernández de canalizar ese potencial electoral.

Oposición que por cierto se ha aglutinado en torno de un reclamo sectorial (válido por cierto), pero en el que han confluido las ideologías y posturas políticas más contradictorias de los partidos argentinos.

El tiempo dirá, en vista de las elecciones legislativas del año próximo, cómo se estructuran las alianzas y cuál será el destino de esta iniciativa partidaria, en caso de concretarse.

5- Acuerdo nuclear bilateral

Resta hacer mención a un próximo aviso energético por parte los gobiernos de Brasil y Argentina, de interés estratégico para ambos, ya que dicho sector, clave para el desarrollo y el acompañamiento del crecimiento económico, ha presentado dificultades y falencias durante los últimos años.

Ambos países anunciarán el próximo 6 de septiembre la creación de una empresa bilateral de energía nuclear, la que se destinará, según un informe de prensa argentino, no sólo a la producción de energía eléctrica sino también al reprocesamiento de uranio, usos agrícolas, y posiblemente a su utilización en submarinos atómicos.

El proyecto forma parte de un acuerdo firmado en el encuentro que mantuvieran, el pasado 22 de febrero, la presidenta Cristina Fernández y Luis Inacio Lula Da Silva. De aquella cumbre surgió el Comité Binacional de Energía Nuclear (COBEN), y la firma de otros 16 acuerdos estratégicos.

Dicha empresa sería ampliada a toda Sudamérica, donde según el gobierno brasileño se estarían construyendo entre 12 y 15 centrales nucleares antes de 2030, en el marco de una perspectiva compartida por varios países tendiente a la integración regional e independencia en materia energética.

Cinco escenarios de la semana aparentemente sin conexión uno con otro, pero unificados bajo la premisa inicial de la presente publicación: vicisitudes del mundo post Beijing.

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de la Plata,  Argentina. 

http://www.prensamercosur.com.ar