Narcotráfico y políticas sobre drogas en el Perú: sin novedad en el frente

07/09/2008
  • Español
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Português
  • Opinión
-A +A

Contribución al Acuerdo Nacional, en el marco de un debate organizado por el gobierno peruano.

 

1. Introducción

 

Agradezco la invitación hecha por el Acuerdo Nacional para poner sobre la mesa algunos puntos relacionados al tema de las drogas. En 1998, la comunidad internacional estableció metas concretas para reducir los cultivos de coca, y la cantidad de drogas en el mercado (UNGASS 1998, ver www.ungassondrugs.org). Diez años después, estamos en un período de reflexión y evaluación que debe terminar en una nueva Declaración Política (marzo 2009).

 

¿Qué tiene que decir América Latina y particularmente el Perú, en la materia?

 

La DINANDRO intensifica acciones contra bandas organizadas[1]. DEVIDA anuncia el triunfo del desarrollo alternativo en la Selva Central y San Martín, mediante la instalación de monocultivos como la palma aceitera. En lo que va de 2008, se han incautado 500 toneladas de insumos químicos[2]. Las acciones de erradicación prácticamente han logrado eliminar los cultivos de coca en los referidos departamentos (IDEI)[3]. Todo parece un éxito, pero no lo es pues se repite el “efecto globo”, los impactos simbólicos que hemos conocido en la región Andina.

 

¿Por qué?

 

No se puede evaluar los éxitos por región, sino a nivel nacional donde hoy existen 51,400 has de coca, un peligroso promedio que se mantiene desde hace varios años. La hipótesis que manejamos es que los cambios producidos en el mercado internacional –mercados en Europa y el sur del continente- requieren cocaína procedente del sur del Perú (VRAE), antes que del Alto Huallága (mercados norteamericanos). Por ello, cada vez mayor cantidad de gente de Ayacucho, Cusco, Puno, se articula a los mercados de arrieros, mulas que pasan por los 321 kms de frontera con Bolivia (San Matías y Matto Grosso), con destino a la Argentina, Brasil.

 

En esta última década, los cultivos de coca en el Perú no se han reducido considerablemente (solamente 4,2% desde 1998). Solo en el VRAE, en el período del 2002 al 2007, se ha producido un aumento considerable de hectáreas de coca cultivadas:

 

2002

14.170 hás

2007

16.019 hás

 

La producción de hoja de coca en el VRAE es de 56.064 toneladas de hoja. La cantidad de cocaína producida en el Perú ha aumentado a 280 toneladas por año, representando el 28% de la producción mundial. Solo en el VRAE, se producen 94 de ellas. ¿Qué hace el Estado a través del sector Defensa? El establecimiento del Plan VRAE adolece de dos cosas: transparencia institucional y participación social. Esto en un escenario complejo no es una buena señal.

 

CUADRO UNO (Area Cultivada miles de hs)[4]

 

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

Area

106.000

108.800

110.400

120.400

121.300

120.800

129.100

108.800

108.600

 

CUADRO DOS[5]

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Aguaytía

2.559

1.051

1.065

510

500

917

1.570

Alto Huallaga

13.636

14.481

15.286

13.646

16.900

16.039

17.080

Huallaga Central

sd.

sd.

sd.

sd.

500

500

968

La Convención

13.914

13.980

12.170

12.340

12.700

12.503

12.747

Pichis Palcazú

340

350

350

250

300

211

426

VRAE

11.475

12.600

14.170

14.300

14.700

15.530

15.813

Tambopata Inambari

1.511

2.520

2.430

2.260

2.000

2.250

2.366

Otros

sd

1.250

1.250

920

2.700

292

446

Total nacional

43.400

46.200

46.700

44.200

50.300

48.200

51.400

 

Hectáreas de coca erradicadas

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

7.834

14.733

6.206

6.436

7.134

11.313

10.339

12.237

10.179

11.103

 

Las acciones de erradicación de cultivos de coca se han venido ejecutando de forma desproporcionada y sometido a otros intereses: es el caso del Alto Huallaga, Selva Central y el VRAE, donde las políticas impulsadas por el Narcotics Affairs Section de la Embajada de EE.UU arrojan resultados pobres e impactos sociales muy fuertes (SL, cocaleros, ausencia de Estado, problemas de derechos). No tienen ninguna incidencia sobre el área cultivada y menos sobre la droga producida.

 

2. La HCL y la globalización.El tráfico internacional de drogas, particularmente de cocaína, es la actividad agrícola proveniente del Sur, que ha logrado globalizarse e insertarse en el nuevo orden económico mundial, movilizando US$ 200,000, millones anuales. El sistema de precios entre la chacra y las calles reflejan esa asimetría que no puede ser comparada con ningún producto individual en la cartera del Desarrollo Alternativo:

 

HCl x kg.

En los valles

USD 850

Lima

USD 1.500

EEUU

USD 28.000

Europa

USD 46.000

 

La apertura de mercados, la suscripción de TLC particularmente con los EE.UU, y la presencia de los programas tales como “Sierra Exportadora”, tendrán efectos positivos parciales para la agro industria costeña (espárrago, limón, páprika). Pero, dadas las condiciones negativas de tecnología, crédito, acceso al agua, la agricultura en la Sierra no podrá competir en igualdad de condiciones y los subsidios y créditos previstos son insuficientes. Ello tendrá efectos graves en la economía campesina de la Sierra, particularmente en la población jóven de la Sierra y Selva Alta, que es donde se produce, transita la coca/PBC/HCl. Se presenta el riesgo de una sucesiva narcotización no solo de la Selva Alta, sino de la Sierra del Sur del país.

 

El “modus operandi” de las organizaciones de traficantes se ha modificado sustancialmente en el Perú en lo que tiene que ver con su composición, la fragmentación de actividades, su forma de operar, el involucramiento de mayor cantidad de personas, la búsqueda de nuevas rutas y medios. Este nuevo mapa compromete cada vez más a personas de escasos recursos, jóvenes, que van a llenar nuestras cárceles.

 

3. La Policía y la Justicia. El sistema de Justicia Penal apunta equivocadamente: detiene a más consumidores que delincuentes propiamente. Es decir, mientras el consumo esta exento de pena, la PNP sigue persiguiéndolos, deteniéndolos (tienen que ser liberados luego de 15 días).

 

TID

Micro Comercialización

Consumo

Total

2006

2.679

1.832

7.255

12.057

2007

1.076

1.133

5.609

8.059

Fuente DINANDRO

 

El sistema de justicia penal, a pesar de los intentos de reforma del proceso penal, está lleno de casos por drogas, particularmente de poseedores y micro comercializadores; la crisis carcelaria es terminal (más de 39,000 internos), siendo el delito de drogas el tercero después de los delitos contra la propiedad.

 

Por otro lado, en 2007 se detuvieron 721 “burrieres”, con 1,89 tm de droga. Solo en 2008 se han detenido a 167 “burrieres” en el aeropuerto Jorge Chávez, de ellos 132 varones y 35 mujeres. Los principales mercados son EE.UU, Holanda, España y Sudáfrica.

 

En cuanto al decomiso de drogas, en promedio anual se incauta 15,5 toneladas de droga (THC, PBC, HCl), respecto de un total de 280 toneladas que se producen en el país, es decir tan solo el 5,5% del total de la cocaína producida!!!

 

En el tema de lavado de dinero, en 2003 se creó el sistema de la UIF y una novedosa legislación.

 

Operaciones sospechosas de lavado (UIF)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

23

16

37

61

42

209

796

1.098

 

En 2007, la PNP investigó 140 casos por delito de lavado de dinero y envió 30 al Ministerio Público. Parece que los sectores asociados a las casas de cambio[6], turismo, construcción y explotación de recursos hidro biológicos, son los más sensibles.

 

4. El problema del consumo de drogas.

 

Las políticas en el Perú están basados en el uso de adjetivos: flagelo, cruzada contra, etc. 14 toneladas de cocaína, se quedan en el mercado peruano[7].

 

Por otro lado, las cifras de prevalencia de uso indican que en el año 2002, 700.000 peruanos habían usado alguna vez en su vida marihuana, 251.693 habían usado PBC y 210.000 habían usado alguna vez cocaína. La misma ONUDD[8] indica que en el Perú existen 60.000 toxicómanos en relación a drogas ilegales, es decir usuarios verdaderamente problemáticos.

 

Mientras se pretende ser muy duro con las sustancias ilícitas, existe un nivel de flexibilidad respecto del alcohol que ocasiona problemas mucho mayores de salud pública (cirrosis, accidentes de tránsito), o del tabaco (cáncer). La III Encuesta Nacional de Consumo de Drogas (2006) dice que mientras 30.000 peruanos se inician en el consumo de cocaína, 500.000 presentan signos de dependencia de alcohol. ¿Qué es más grave?

 

5. El dilema constitucional y el Acuerdo Nacional.

 

El artículo 17 de la Constitución establece:

 

“El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, regula el uso de los tóxicos sociales, drogas legales.

 

Mientras que el Estado dice proteger la salud pública de los peruanos, la prevalencia de uso de drogas legales e ilegales indica la siguiente cifra: indicadores de uso en el último mes indican uso de alcohol en 34,5% y tabaco de 18,4% lo cual demuestra que el problema del uso de alcohol y de tabaco es mayor al de todas las drogas ilícitas juntas (9,7% de la población encuestada).

 

  1. El Estado “combate” pero de forma desproporcionada (micro y comercializadores, ver cifras penitenciarias);

 

  1. El Estado no sanciona (población recluida, pero sin sentencia, es mayoritaria);

 

  1. El Estado no regula el uso de los tóxicos sociales (más de una tercera parte de la población los usa de forma descontrolada)

 

Por otro lado, entre 2005 y 2008 el T. Constitucional ha fallado ordenando que el tema de la coca es de competencia nacional y no puede ser delegado a las regiones. También recuerdan las referidas sentencias, la ociosidad del Legislativo y del Ejecutivo, para darle un marco legal a este tema complejo. Sin embargo, hasta la fecha, ni el Congreso de la República (19 proyectos de ley archivados), ni el Ejecutivo han tomado decisiones: se expende coca, se expende harina, se erradica coca, se incauta hoja; Salud da licencias, ENACO vende de forma parcial.

 

Vigésimo Séptima política de Estado

 

Erradicación de la Producción, el Tráfico y el Consumo Ilegal de Drogas

 

Nos comprometemos a adoptar una política integral contra las drogas que, sobre la base de principios éticos y valores sociales, esté compuesta por elementos educacionales, económicos, comerciales, punitivos, de salud pública y de control.

 

Nos comprometemos también a generar y apoyar programas eficientes de cultivo alternativo de productos rentables y los que estén destinados al uso benéfico de la hoja de coca, sistemas de interdicción para eliminar el tráfico ilegal de drogas y campañas destinadas a erradicar su consumo.

 

Atenderemos además la situación y las necesidades de las poblaciones más afectadas por el narcotráfico y la salud de las personas afectadas por su consumo.

 

Con este objetivo el Estado: (a) promoverá principios éticos y estilos de vida que motiven en la sociedad el rechazo a la producción, el tráfico y el consumo ilegal de drogas, así como a las actividades ilícitas conexas, a través de la mejora de los contenidos educativos y de una activa participación de la familia; (b) luchará frontal y legalmente contra el narcotráfico y sus organizaciones; (c) promoverá sistemas de prevención del consumo de drogas y de rehabilitación de los fármaco- dependientes; (d) promoverá el desarrollo alternativo integral, a fin de sustituir la economía basada en el cultivo de la coca para la producción de drogas por una economía lícita, rentable y sostenible, procurando el acceso a los mercados y el desarrollo de infraestructura vial; (e) respetará los compromisos internacionales sobre la materia asumidos por el país y consolidará la aceptación del principio de responsabilidad compartida entre países “productores” y “consumidores”; (f) fomentará el cuidado y la recuperación del medio ambiente afectado por la informalidad de la actividad agrícola dedicada a la producción de insumos para la elaboración ilícita de drogas; (g) combatirá toda relación existente entre el tráfico ilícito de drogas y la corrupción de funcionarios o ex funcionarios del Estado; (h) promoverá el ecoturismo con la utilización de mano de obra de las zonas afectadas; y (i) penalizará el consumo de drogas ilegales.

 

5. El caos legislativo

 

Las normas sobre drogas (TID) en el Perú son muy profusas, difusas y confusas. Partimos de una situación compleja que permite la subsistencia del DL 22095 de 1978, parcialmente reformado por las normas del Código Penal de 1991 (art. 296 y ss). Posteriormente, vendría un conjunto de nuevas leyes que se han dado sobre cultivos[9], insumos y precursores químicos[10], lavado de dinero[11], crimen organizado, y más recientemente, la pérdida de dominio[12]. El principal problema a resolver es:

 

- Cómo ser eficientes en la lucha contra el TID,

 

- Cómo ser selectivos,

 

- Cómo ser proporcionales (detención sin sentencia, detención excesiva). En las cárceles peruanas hay 39.684 internos, 10.611 están por delitos de TID (26,7%), 3.496 no tienen sentencia condenatoria

 

Un problema fundamental es que la legislación sobre micro comercialización[13] es la que permite que la mayoría de internos por TID estén recluídos con base en esta acusación, con un régimen que les impide los beneficios de cualquier tipo (trabajo, educación, 2 x 1).

 

Otro problema es que la ley penal no es disuasiva en el Perú. Por ello, es un fracaso intentar de aplicar una mayor represión y conseguir el incremento de las penas. Bajo este marco, la actividad policial, judicial y penitenciaria irá recluyendo cada vez mayor cantidad de población marginal.

 

6. A manera de conclusión

 

La política sobre drogas del Perú tiene severas contradicciones, omisiones, y lugares comunes. Bajo el Estado de Derecho, los actores políticos e instituciones del Estado han carecido de falta de voluntad política y de prioridades claras para pensar el problema y la forma más racional de abordarlo.

 

La política sobre drogas está basada en el enfoque de la reducción de la oferta que ha fracasado en los últimos 30 años en el mundo. Es muy dependiente de la política y presupuesto de los EE.UU. y en general de la cooperación internacional. Se requiere mayor sentido de la autonomía, modestia y pensar en nuestros problemas.

 

En el mundo y en el Perú, se debe entender que debemos aprender a convivir con el uso de sustancias con capacidad de alterar la conciencia, como ha sucedido en el pasado; podemos decir incluso que las drogas ahora se encuentran legalizadas de facto[14]. No podemos seguir viviendo con la falacia, la utopía de un mundo Drug Free.

 

- Ricardo Soberón es abogado

 

Fuente http://www.tni.org



[1] 4 toneladas incautadas en mayo del 2008, con destino a Italia (empresa minera). En el Callao se embarcan diariamente entre 600/800 contenedores, solo el 40% pasa por el scanner.

[2] Banda de “Floricienta”

[3] En 1992 la coca era en San Martín el 46% de la producción agraria y representaba el 17,4% del PBI regional; ahora es 7,4% y 1,9% respectivamente

[4] Información de la Embajada de los EE.UU. para el National Drug Strategy, 1995, State Department of the United States of America

[5] Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por la ONUDD, Elaboración OPD-DEVIDA

[6] Caso de hermano de ex congresista B Velit Nuñez, asociado a organizaciones colombianas, y cuyas empresas Money Exchange, Asmaban, World Money y Global Exchange se encuentran comprometidas en una investigación judicial.

[7] Informe ONUDD “Drogas y Delitos”, 2007, p.11.

[8] Informe ONUDD “Drogas y Delitos 2007”, p.16.

[9] Ley 26332 sobre cultivo de adormidera

[10] Ley 28305 y decreto supremo 053-2005-PCM y Ley 29037

[11] Ley 27693 (UIF) y 27765 sobre Lavado de Activos

[12] Ley 29212

[13] Ley 27817 de 2002 divide dos criterios: la posesión en pequeña cantidad (de 2 a 8 años) y la distribución en pequeña cantidad (de 1 a 4 años). Pequeña cantidad es: 50 grs de PBC, 25 grs de HCl, 80 grs de marihuana

[14] De acuerdo a la III Encuesta Nacional de Consumo de Drogas (2006), 2 millones de peruanos indican que les resulta fácil conseguir alguna droga.

 

https://www.alainet.org/es/articulo/129614?language=en
Suscribirse a America Latina en Movimiento - RSS