El desafío de un nuevo contrato

30/09/2008
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Introducción

 

El subcontinente, al que denominamos América Latina, está compuesto de múltiples experiencias de contraste. Formas institucionales y socio-históricas articuladas en torno a proyectos nacional-territoriales. En las cuales, se han acoplado específicos contratos institucionales, políticos, económicos, sociales, culturales, etc. Estos contratos, han posibilitado formas de inclusión y exclusión social. Contratos que han variado en el tiempo acorde a “mapas de ruta” que median entre las aspiraciones nacionales y las exigencias internacionales, que llamaremos lógicas contractuales[1]: agro-exportador, sustitución de importaciones, programas de ajuste estructural, apertura comercial, etc.

 

A las puertas de concluir el primer decenio de este siglo XXI, la región y sus países afrontan el desafío de construir un nuevo contrato, que no sólo combata la pobreza, sino, reduzca las brechas en la repartición de la riqueza socialmente producida y equilibre los riesgos y responsabilidades ante las nuevas demandas de los hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, etc., que le plantean en las nuevas dinámicas de inserción laboral, dinámicas demográficas y las dinámicas familiares.

 

En las siguientes páginas, desarrollaremos un balance de la situación (comparada) de América Latina que permita vislumbrar los principales desafíos a ese nuevo contrato, a la luz de dos indicadores centrales para dicho reto. A través, del enfoque de regímenes de bienestar. Estos indicadores son: la pobreza y bono demográfico.

 

Regímenes de bienestar en una región de malestar[2].

 

El estudio de los Regímenes de Bienestar fue impulsado desde los 90´s por el sociólogo C. Esping-Andersen, como un esfuerzo por estudiar las dinámicas de los riesgos y responsabilidades sociales en la gestión del bienestar. Éste resulta de los pactos institucionales que en un colectivo social reparten el equilibrio entre la triada del bienestar: Estado, Mercado y familias.

 

 

            Juliana Martínez, afirma, que “el bienestar es la capacidad para el manejo colectivo de riesgos (…) el bienestar se construye a partir de múltiples interdependencias: reglas, expectativas, valores y normas sociales que definen qué prácticas son deseables y posibles (…) los regímenes de bienestar son precisamente la constelación de prácticas, normas, discursos relativos a qué le corresponde a quienes en la producción del bienestar” (Martínez, 2007: 2-3). Para, que dichas prácticas sean materialmente viables deben cumplir dos condiciones: ser política e institucionalmente impulsadas-sostenidas y contar con un mínimo de legitimación social.

 

            Para esta autora, además, el bienestar determina un campo de capacidades en el cual las personas pueden enfrentar los diversos riesgos. Es decir, dichas prácticas se orientan a la construcción de un marco universal de posibilidades para resolver las diversas demandas de las personas: educación, salud, divertimento, empleo, cuido, etc.

 

            A través, de un análisis estadístico conglomerado (cf. Martínez, 2007:93-107), determina la existencia de, tres tipos de regímenes (conglomerados) para América Latina: 1. estatal-proteccionista, 2. estatal-productivista y 3. familiarista.

 

Fuente: Martínez, 2007:27

 

            Afirma Martínez, respecto de estos conglomerados:

 

“En los conglomerados 1 y 2 las políticas públicas son centrales. En el primero éstas se enfocan principalmente en la formación de capital humano, principalmente de población que tiene condiciones para acceder a servicios privados de educación y salud. Pueden considerarse por lo tanto políticas con una orientación productivista, de mejorar las condiciones de la fuerza laboral para participar del mercado laboral. En el segundo conglomerado, las políticas públicas enfatizan la protección social a partir de contribuciones asociadas a las ocupaciones, en particular en sectores formales de la economía (…) El tercer conglomerado muestra un gran peso de prácticas de producción informales: como lo argumentan Gough y Wood (2004), la mayoría de la población depende sólo de arreglos familiares y comunitarios, en el marco de mercados laborales y políticas públicas excluyentes. Como lo muestra la proporción de trabajadores/as independientes no calificados/ as y el peso relativo de las remesas en el producto interno bruto promedio de los respectivos conglomerados, el ámbito doméstico es central porque transforma a los hogares en unidades productivas y busca compensar la falta de empleo a través de la emigración y las remesas” (Martínez, 2007: 24-25)

 

Pobreza[3] y bono demográfico

 

            En el mismo estudio de Martínez, ésta, realiza un esfuerzo por comprender los “mundos del bienestar” (Cf. Martínez, 2007:55-89) dentro de los regímenes, a partir de estudio comparado de un representante por cada régimen. Es decir, caracterizar más concretamente las estrategias con las cuales las personas agencian su bienestar. Para nuestro, interés el siguiente cuadro muestra la distribución de los hogares según éstos logran apropiarse de la riqueza socialmente producida. El mundo 1 indica los mayores ingresos, el 2 los medios ingresos y el 3 los de menor ingreso, cerca de la denominada línea de la pobreza.

 

 

Fuente: Martínez, 2007:59

 

            Como se observa en los casos estudiados, éstos muestran que más allá de la pobreza en América Latina lo que persiste es un profundo mecanismo de desigualdad en la distribución de la riqueza. Este cuadro, muestra el caso de Nicaragua, donde, sólo el 2,7 de las familias acceden al mundo de mayores ingresos, mientras un 79,3 está en el mundo de menores ingresos. Veamos datos más exactos a nuestro interés.

 

            Según la CEPAL, entre 2004-2004 el PIB regional ha crecido en promedio un 3%, el gasto social ha crecido y ha tendido a estabilizarse (pero con diferencias patentes entre los países, por ejemplo, Nicaragua $61 y en Argentina de $1650). En el caso de la pobreza, para el 2006 “un 36% de la población de la región se encontraba en situación de pobreza. Por otra parte, la extrema pobreza o indigencia abarcaba un 13,4%, de la población. Así, el total de pobres abarcaba 194 millones de personas, de las cuales 71 millones eran indigentes” (CEPAL, 2007:9) Pero, como se observará en el próximo cuadro, de los 18 países en comparación, hay países donde la pobreza está bastante controlada (Chile 13,7%), otros han logrado un porcentaje moderado de  pobreza de alrededor del 20-22% (Costa Rica, Uruguay, Argentina), un tercer grupo con una pobreza fuerte entre el 30-45% como Brasil, Perú y México. Destaca como un caso de preocupación Honduras con un 71,5% de pobreza y de un 49,3% de personas en indigencia[4].

 

 

Fuente: CEPAL, 2007: 11

 

En este panorama, las familias (y para nosotros, éstas dentro de los regímenes de bienestar) afrontan:

 

“las tendencias de la pobreza y la dinámica del desarrollo en América Latina han ido acompañados de cambios en la mortalidad y fecundidad de la población –debido a la transición demográfica- y de las consecuentes modificaciones en las esktructuras por edad y tamaño de las familias. Por otro lado, los miembros activos de estas familias acceden a mercados segmentados de trabajo, afectando su perfil ocupacional, mediante distintos niveles de incidencia de problemas de empleo como el de la informalidad, la precarización, el desempleo y las discriminaciones en los ingresos familiares. El mercado de trabajo constituye así un transmisor importante de la desigualdad social, como consecuencia de exponer la población a situaciones de riesgo frente al empleo en forma diferencial conforme a los atributos de las personas” (Cecchini y Uthoff, 2007:13)

 

Es decir, las oportunidades frente a los riesgos deben ser asumidos desde dos realidades concretas de las familias:

 

ü   La transición demográfica en especial, la disminución de la tasa de reemplazo y que genera un “bono demográfico” que deberá ser aprovechado entre 2015-2050, cuando dicho bono haya terminado. Este bono (Cf. Cecchini y Uthoff, 2007:17), indica que las familias tienden a ser más reducidas en el número de hijos, estos gastos y el tema del cuido son menores que hace 25 años, pero al concluir el ciclo, tendremos una población mas “vieja” que demandará otro tipo de cuidados y gastos.

 

ü   El ingreso segmentado al mercado laboral indica no sólo las capacidades que cada individuo porta, sino, ante todo, las políticas de transformación del mercado laboral que desde los ochenta se impulsaron: informalización, precarización, flexibilización y tercerización.

 

Hacia un nuevo contrato

 

            El núcleo duro, de este nuevo contrato, está en garantizar una serie de políticas públicas universales, progresivas (impuestos progresivos) y anti-cíclicas.

 

Este reto, pasa hoy por una coyuntura internacional que determinará en gran medida estas posibilidades: la crisis financiera internacional. El quiebre de los mercados especulativos y la gran inversión de fondos públicos (socialización de pérdidas) con el fin de no dejar quebrar el sistema (privatización de las ganancias) pone en jaque la propuesta ideológica del neoliberalismo y da un paso atrás a las políticas aperturistas y del “capitalismo salvaje” por ellas impulsadas.

 

Es una época de revisión de los principios del mercado, donde el Estado empieza nuevamente a emerger, pero con la ventaja, respecto de la década de 80´s, de la casi inexistente deuda externa, que fue el leitmotiv los cambios estructurales y el rezago de región.

 

Pero, la mayor responsabilidad de dicho contrato recae en actores, dinámicas e instituciones propias de cada país de América Latina, tal como, lo habían anunciado Cardoso y Faletto: “son justamente los factores político-sociales internos –vinculados, como es natural, a la dinámica de los centros hegemónicos- los que pueden producir políticas que aprovechen las “nuevas condiciones” o de las nuevas oportunidades de crecimiento económico. De igual modo, las fuerzas internas son las que definen el sentido y el alcance político-social de la diferenciación “espontánea” del sistema económico.” (Cardoso y Faletto, 1979:27)

 

- Javier Torres Vindas, sociólogo y linotipista costarricense

 

 

Bibliografía citada

 

-       Cardoso, Fernando Henrique y Faletto, Enzo. (1979) Dependencia y desarrollo en América Latina. México: Siglo XXI. 15ta edición.

 

-       Cecchini, Simone y Uthoff, Andras. Reducción de la pobreza, tendencias demográficas, familias y mercado de trabajo en América Latina. Serie Políticas Sociales No.136. Santiago de Chile. Comisión Económica para América latina y el Caribe. División Desarrollo Social. Pág. 64.

 

-       CEPAL (2007) Panorama Social de América Latina. Documento Informativo. Santiago de Chile. Comisión Económica para América latina y el Caribe, División de Desarrollo Social y División de Estadística y Proyecciones Económicas de la CEPAL, Pág. 43

 

-       Machinea, José Luis y Serra,  Narcís [editores] (2007) Visiones del Desarrollo en América Latina.  Santiago de Chile. Comisión Económica para América latina y el Caribe. Pág. 77-245.

 

-       Martínez Franzoni, Juliana. (2007) Regímenes de Bienestar en América Latina. Madrid: Fundación Carolina-CeALCI. Pág. 120

 

-       Pérez Sáinz, Juan Pablo y Mora Salas, Minor. (2007) La persistencia de la miseria en Centroamérica. Una mirada desde la exclusión social. San José, C.R.: FLACSO.

 

-      Sunkel, Guillermo (2006) Políticas Familiares y Regímenes de Bienestar en América Latina. CEPAL, (reunión de expertos) Gestión y financiamiento de las políticas que afectan a las familias. Santiago de Chile. Comisión Económica para América latina y el Caribe



[1] Lógica contractual, se dice en este escrito, de los acuerdos formales e informales que los colectivos sociohistóricos favorecen e impulsan con el fin de asegurarse su producción y reproducción material-simbólica. En este caso, acusamos principalmente la articulación en torno a contratos cuya base es estructural y que tiene que ver con el modo de orientar las políticas de incentivos hacia ciertos sectores productivos del mercado. Esta preeminencia, la acentuamos, en tanto que ella sería el núcleo duro de la supervivencia ontológica de una sociedad. En otras palabras, las relaciones económicas, son aquellas relaciones sociales cuya peculiaridad consiste en que se anudan en el proceso económico en dos aspectos centrales: producción (desarrollo y carácter de las fuerzas productivas) y distribución (cuotas de distribución de que se puede disponer según la participación en el proceso productivo).Pero, ello, no debe invisibilizar otros contratos de carácter colectivos que legitiman o cuestionan este contrato político económico. Nos referimos a: régimen político, políticas culturales, entramado institucional, políticas familiares, valores, etc. Es decir, el contrato gesta un tipo de contexto material-objetivo de posibilidades desde el cual determinar el horizonte de expectativas legítimas y viables para un colectivo social.

[2] Aquí retomamos una pregunta de Martínez (2007:1) y la utilizamos como afirmación. Partimos de la experiencia cotidiana e histórica de dicho malestar, fastidio, desazón, incomodidad, tedio. Que afecta a diversos sectores y que se manifiesta en niveles tales como: abstencionismo, violencia, intolerancia, indiferencia, etc. Aspectos que aquí sólo mencionamos.

[3] El concepto pobreza y su estudio, es una discusión. Efectivamente es el enfoque más difundido y que utilizaremos aquí. Para una discusión, y un análisis alternativo véase Pérez y Mora, 2007.

[4] Afrontar la pobreza y la desigualdad implica avanzar (en cada país) en diversos frentes “deben afrontar las grandes disparidades entre ricos y pobres proporcionando una base justa de activos productivos y sociales a todos, es decir, igualar las condiciones iniciales y en particular  las oportunidades económicas y sociales (…) el reto más grande se encuentra en la definición e implementación de prioridades en las estrategias de reducción de pobreza, dadas las restricciones presupuestarias y políticas que enfrentan los países” (Machinea y Serra, 2007: 227)

https://www.alainet.org/es/articulo/130035

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