Perú y Guatemala son dos naciones que se encuentran distanciadas por miles de kilómetros, pero hay realidades al interior de estas naciones que hace verlas más cercanas una de la otra.

Uno de estos casos es el de los pueblos indígenas de ambos países, que hoy deben soportar la arremetida de los gobiernos y las empresas transnacionales dedicadas a la explotación minera, quienes se han propuesto liquidarlas.

Magdiel Carrión Pintado, vicepresidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería CONACAMI PERU, señala que hoy el gobierno y las autoridades ven en los pueblos originarios a un obstáculo a los intereses económico de un reducido grupo.

Es por ello que se han propuesto terminar con los pueblos indígenas del Perú, porque es en sus territorios donde se encuentran los grandes yacimientos mineros.
El dirigente de la CONACAMI PERU indicó que esta situación se presenta pese a que el Estado peruano ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, la cual protege los derechos de los pueblos indígenas.

Carrión Pintado señala que mientras para los indígenas peruanos existe el Convenio 169 como instrumento de defensa de sus derechos, el gobierno de su país sólo actúa en base a lo establecido en los acuerdos comerciales firmados con otros países como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

La Historia se repite

En Guatemala la situación de los pueblos indígenas es similar. En ese país al igual que en el Perú se pretende desconocer los derechos territoriales de las comunidades, a las cuales se les despoja de sus tierras para entregarlas a las empresas mineras.

Juan Tiney, presidente de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas y Campesinas, señala que en su país las empresas ingresan a los territorios comunales con engaños, comprando las tierras con ofertas de implementación de grandes proyectos agrícolas, sin embargo, luego se implementan proyectos de explotación minera.

Tiney señala que en su país, a pesar de la ratificación del Convenio 169 de la OIT, el gobierno no cumple con proteger los derechos de los pueblos originarios. Como ejemplo señaló que no se pone en práctica el derecho a consulta que asiste a las comunidades según lo establecido en ese instrumento internacional.

Por ello, el dirigente indígena guatemalteco no descartó la posibilidad de plantear una denuncia contra el Estado de Guatemala por el incumplimiento de ese convenio que tiene carácter de ley.

- Aldo Arnao, Minga Informativa / CONACAMI