"Eso ha permitido que algunas personas puedan estar incursas en crímenes, crímenes resultado de la confabulación entre delincuentes e integrantes del Ejército tienen por interés asesinar inocentes para dar la sensación de que se está enfrentando en esa región a los criminales, cuando son los verdaderos criminales los asociados con el Ejército para cometer esos crímenes".

Esta sorpresiva declaración no la hizo algún solitario defensor de los derechos humanos que grita contra el viento, sino el presidente de la República Colombiana Álvaro Uribe Vélez, que, según la Constitución es también el comandante último de las fuerzas armadas.

La frase ha sido acompañada por el retiro de las fuerzas armadas de 20 oficiales —incluidos tres generales— y siete suboficiales. Hecho sin precedentes en Colombia.

Según el presidente, que habló a la nación el pasado miércoles al amanecer, acompañado por el ministro de la defensa Juan Manuel Santos y el general Freddy Padilla, al mando de las fuerzas armadas, las culpas de los militares serian gravísimas. Una comisión interna de las fuerzas armadas habría comprobado la negligencia, cuando no la complicidad de los 27 militares, en el escándalo de los falsos positivos, manera políticamente correcta de indicar algunos jóvenes de la periferia de Bogotá secuestrados y luego resultados muertos en un falso enfrentamiento con el ejercito.

Entre los retirados del servicio se encuentran: José Joaquín Cortés, comandante de la II División, responsable de Santander, Norte de Santander y Arauca, el general Roberto Pico, comandante de la VII División, con base en Antioquia, y el general Paulino Coronado, comandante de la Brigada 30 en el Norte de Santander, bajo cuya jurisdicción se encontraron enterrados en fosas comunes varios de los jóvenes secuestrados en Bogotá. El mismo General Paulino Coronado apareció varias veces en los medios declarando que los jóvenes habían muerto en combate y no se trataba de falsos positivos.

“Come siempre pasa con el gobierno Uribe, una vez que el escándalo llega a los medios de comunicación el problema empieza a existir” han declarado para ALAI algunos defensores de los derechos humanos.

Solo unas pocas horas después de la rueda de prensa presidencial, otra rueda de prensa ha acompañado la presentación de un informe de la CCEEU (Coordinación Colombia Europa Estados Unidos) que reúne a varias ONGs que investigan sobre las violaciones de los derechos humanos. El informe, que se llama: “Ejecuciones extrajudiciales: realidad inocultable”, presenta datos escalofriantes sobre este tema que por mucho tiempo ha sido subvalorado por el gobierno y que es consecuencia directa de la política gubernamental de la seguridad democrática. Según la CCEEU desde el comienzo de la seguridad democrática en Junio de 2002 hasta Junio de 2007 se verificaron 955 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado, a las que hay que sumar 235 casos de desapariciones forzadas. Un incremento de casi el 68% frente a los 5 años precedentes. ¿Si las FARC son justamente considerados enemigo público número uno por detener 700 colombianos, un ejército que mata a más de mil, cómo se tiene que considerar?

El informe analiza también una serie de datos muy interesantes sobre este fenómeno. En estos años en Colombia se ha generado un patrón persistente de ejecuciones extrajudiciales y de impunidad que pero ha venido cambiando en el tiempo en su modalidad. Ahora las victimas ya no son campesinos de organizaciones sociales acusados de ser guerrilleros, como en los primeros años.

Estos primeros falsos positivos llamaban la atención de los medios y las protestas de varios actores sociales. Según la CCEEU, ahora las fuerzas armadas secuestran jóvenes en los barrios marginales de las grandes ciudades, o sea una población más vulnerable cuya desaparición no llama la atención. Estos jóvenes son llevados hacia aéreas rurales en donde se simula un enfrentamiento con el ejército y estos jóvenes son dados de baja y registrados como integrantes de grupos emergentes o de criminalidad común. Luego son enterrados en fosas comunes como NN. Esto genera mucha menos atención de los medios de comunicación y ha favorecido una difundida impunidad.

Las razones de estos homicidios son los sistemas de incentivos y premios que el alto gobierno ha venido implementando. Cada guerrillero o criminal dado de baja es recompensado generosamente en términos económicos y de licencias. Por esta razón se ha creado este macabro mercado de cuerpos humanos cazados, comprados y vendidos por peso, como si fuesen animales. Para algunos militares la vida humana de un inocente vale menos que unos días de vacación.

El informe analiza también la estructura de impunidad de la cual la fiscalía forma parte. Los fiscales, violando normas elementales, dejan las investigaciones y los procedimientos a la justicia militar y no las asumen en los aparatos de la justicia civil. “Existen unidades de fiscalía ubicadas al interior de las guarniciones militares o policiales, que actúan en combinación con la Fuerza Pública para legalizar operativos en desarrollo de la lucha contrainsurgente”.

Las mismas acusaciones llegan también de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas que en su último informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, reconoció: "la persistencia de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerza pública, fundamentalmente del ejército", señalando además que "algunas características comunes a los casos denunciados son presentar a las víctimas como muertos en combate, alterar la escena de los hechos antes del levantamiento del cadáver y en la mayoría de las ocasiones hacer que la justicia penal militar asuma las investigaciones. Las investigaciones adelantadas por las autoridades sobre algunos de estos casos revelan que podrían estar motivados por la presión de resultados y el interés de algunos miembros de la fuerza pública de obtener a partir de dichos resultados una serie de beneficios y reconocimientos".

El informe de la CCEEU será presentado a la Corte Penal Internacional y a la misma Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señora Navi Pillay que justo el miércoles inició su gira por Colombia.

Como reacción a estos hechos, la oposición ha pedido la renuncia también del general Padilla y del ministro Juan Manuel Santos -con aspiraciones presidenciales- directo responsable de la aplicación de las políticas militares de la seguridad democrática. El partido del Polo Democrático ha pedido también la renuncia del presidente Uribe como comandante del ejército. Alirio Uribe del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo responsabiliza también al general Mario Montoya, comandante del ejército y ya acusado de complicidad con el paramilitarismo.

Efectivamente tienen que existir unas responsabilidades políticas. El ministro parece haber ignorado los falsos positivos voluntariamente, solo hace un mes declaró contra la CCEEU: “algunas personas siguen desconociendo la realidad y tratan de vender la falsa aseveración de una política gubernamental de las mal llamadas ejecuciones extrajudiciales. Esta es una práctica que hemos descubierto, una política deliberada de ciertas organizaciones, que lo que quieren es que se denuncie para que la cifra vaya aumentando y aumentando. Es una cifra que se utiliza para después deslegitimar las fuerzas públicas y cuando uno va a averiguar realmente que significan estas denuncias, no se encuentra nada. Se encuentra que hay personas interesadas en simplemente inflar las cifras para después denunciar esta cifra como si fuera realidad.”

Resuenan también las palabras del mismo presidente Uribe del pasado junio de 2007, pronunciadas en contra de algunos defensores de los derechos humanos: “ahora la estrategia guerrillera es otra. Cada vez que se da una baja a la guerrilla ahí mismo se movilizan sus corifeos en el país y en el extranjero para decir que fue una ejecución extra judiciaria. Pero las fuerzas armadas han puesto todo el cuidado para no dar lugar a que se señale a miembros de las fuerzas armadas de estar en colusión con grupos paramilitares”.

Si el presidente hubiese escuchado a aquellos corifeos de la guerrilla de pronto se hubieran podido salvar por lo menos las 535 víctimas que desde Enero de 2007 hasta Julio de 2008 se han transformado en falsos positivos, según la CCEEU.

- Simone Bruno es periodista italiano radicado en Colombia.