Como se sabe, en Argentina se está discutiendo la recuperación de los fondos previsionales administrados por las AFJP y la restauración del antiguo sistema de reparto, mientras en Chile, el sistema de capitalización individual aún está vigente. Es más, con la reciente reforma previsional del año 2007, las AFP fueron reforzadas al permitirles incorporar a cerca de un millón 700 mil personas más –los independientes-, se les autorizó a colocar fuera del país hasta el 80% de los fondos y se eximió del pago del IVA por los servicios que éstas contratan.

En Argentina no hay nadie que defienda el sistema privado de pensiones, no solo el gobierno presentó el proyecto, sino también, la Cámara de Diputados aprobó por 2/3 el proyecto del gobierno de terminar con las AFJP y se espera una votación tan contundente como ésta en el Senado. Ni siquiera en la oposición había alguien que defendiera a las AFJP, puesto que, el argumento era un posible mal uso de los fondos por parte del gobierno. Es más o menos obvia la razón: utilidades extraordinarias por parte de las administradoras, bajas pensiones y pérdidas irrecuperables de los fondos de pensiones como producto de la crisis financiera.

En Chile pasa otro tanto con las AFP: utilidades extraordinarias de 30% por más de 25 años; bajas pensiones que representan la mitad e incluso 1/3 de las pensiones recibidas por quienes se mantuvieron en el sistema antiguo; muy baja cobertura, al punto que hoy con suerte las AFP se encargan del 4% de los adultos mayores, mientras el Estado debe atender a más del 80% con un costo equivalente al 6% del PIB, es decir, 1/3 del gasto público; baja rentabilidad; y pérdidas extraordinarias como resultado de las crisis financieras, las que ascienden a más de 20 mil millones de dólares.

No obstante, en Chile, la actitud de la autoridad contrasta dramáticamente con la del gobierno argentino. Acá incluso se las protege desincentivando el cambio de los fondos de alto riesgo a los de bajo riesgo. Cuando hoy es del todo conveniente emigrar al fondo E, las autoridades dicen que no es conveniente. La razón es simple: si todos se cambian, se produciría un desplome de la bolsa de comercio, pues las AFP son inversionistas claves del sistema financiero.

No importa que los trabajadores sigan perdiendo sus fondos, acá lo importante es que la bolsa no quiebre, independientemente que eso implique augurar pensiones miserables en el futuro próximo.

- Marcel Claude es Economista