La conmemoración del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer este año coincide con el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la más importante y amplia de todas las declaraciones de las Naciones Unidas, fuente inspiradora de promoción y protección de las garantías y libertades fundamentales.

En su primer artículo señala que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están, de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. También consagra que “no debe haber distinción alguna por razón de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública o de cualquier otra índole”.

Nadie estará sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y todos son iguales ante la ley, establece ese importante instrumento, tan desconocido y ajeno para muchas personas, como ignorado por el Estado guatemalteco, que, con su negligencia e incapacidad, ha permitido y tolerado el irrespeto a los derechos humanos fundamentales de las mujeres.

Es inconcebible que vengamos arrastrando una historia de asesinatos brutales, que nos han colocado, junto a Rusia, en los primeros lugares de países en donde se masacra a las mujeres. Da congoja mencionar las cifras que representan vidas truncadas de víctimas de esta desolación que hoy nos abruma.

Pero no solo es la privación de la vida; la violencia intrafamiliar, preludio de ese fin indeseable, se pasea por todo el territorio nacional y aunque ahora algunas víctimas denuncian estos hechos, no hay autoridad, ni ley, mucho menos políticas dirigidas a frenarlos. Y que no nos digan que es un problema de otros gobiernos, hay que asumir responsabilidades y no buscar a quién echarle la culpa, ya que ¡la indiferencia también mata!

En esta coyuntura conmemorativa también se anuncian planes para frenar los femicidios, se coloca el tema en todos los medios, se dan a conocer estadísticas, hay comunicados, declaraciones y ofrecimientos; sin embargo, pasada la fecha, todo vuelve a esa anormalidad que provoca la continuación del luto o los malos tratos, las agresiones verbales, los golpes, los abusos, las violaciones y, finalmente, la muerte, que incrementa la cifra de las asesinadas; este año han aumentado las distintas expresiones de violencia hacia nosotras.

La otra parte de la tragedia es que entre las víctimas se cuentan niñas y adolescentes, quienes ven sus vidas destrozadas cuando se les somete a esos altos niveles de abuso que las denigran y lastiman, cercenándoles el derecho a la felicidad.

La pobreza y la falta de oportunidades para las mujeres son otras de las facetas de la violencia, ya que no tener una vida digna también es transgredir las garantías fundamentales. Hay un sentimiento generalizado de desesperanza ante tanto crimen, algunas familias han perdido la confianza de alcanzar justicia. Los victimarios y el Estado permisivo son responsables de estos actos.

¿Hasta cuándo tendremos que esperar para que quienes tienen el poder de diseñar políticas públicas, de aplicar la ley y la justicia, o de legislar para hacer la diferencia, actúen consecuentemente?

- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, es Directora de la Agencia CERIGUA.
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