La mayoría de medios difunden que el 11 de septiembre, en Porvenir, hubo un enfrentamiento armado y que la masacre nunca existió, así como los menos se animan a decir que en aquella fatídica fecha los campesinos se mataron entre ellos, en tanto, pocos buscan la verdad cuando informan que sí hubo una matanza de campesinos e indígenas, luego del cerco que les tendieron empleados de la Prefectura y sicarios (que matan por paga) en aquella localidad pandina.

Las técnicas desinformadoras y subinformadoras que se emplean para desplegar esas tareas son: la censura, la autocensura, las medias verdades, la manipulación; matan a la verdad o lo intentan con un propósito que complementa al primero: ocultar aquella masacre para salvar al ex Prefecto de Pando de un juicio criminal ordinario y conseguir otro de privilegio, es decir, de responsabilidades. Este último con propósitos dilatorios en el camino de evitar el debido proceso y en la justicia ordinaria que sí merece Leopoldo Fernández, como autor intelectual de la masacre y contra los autores materiales, incluidos cómplices y encubridores que los hay no sólo entre los que fueron confinados, a los que ahora se les intenta implantar un juicio criminal que busca extender a otros que se encuentran refugiados en Brasilea-Brasil, a pocos metros de Cobija.

La censura

No se trata de la mordaza impuesta en tiempos de dictadura cuando periódicos como Presencia (diario de los obispos católicos ahora cerrado) publicaba espacios en blanco y allí explicaba que en ese lugar debió publicarse una noticia, pero que los agentes de la dictadura lo impidieron. En este tiempo, y a propósito de la matanza de Porvenir y del posible juicio criminal que merece Fernández de acuerdo a las víctimas, la censura se ejecuta con recursos varios: recorte de notas so pretexto de falta de espacio, supresión de otras porque se las considera "comprometedoras" o acaso porque a la fuente se la cree dudosa; se evita o se prohíbe entrevistas a la otra parte (lo que es un adiós deliberado a la consulta de la parte y contraparte); también se impide la publicación de noticias referidas a otros elementos de la situación informativa o al menos a los antecedentes, al contexto. Saben innumerables periodistas que también reciben instrucciones muy precisas para que tal o cual noticia ni siquiera se la escriba, esta práctica es censura, la que se impone ahora en la mayoría de los medios sobre el asunto que motiva este escrito. En casos como esos, es bueno recordar, la lucha de los periodistas por el derecho a ser informado y a informar es una tarea que debe emprenderse todos los días. Que la censura la impongan los dueños de los medios o los operadores suyos, aconseja una periodista argentina.

El uso o mal uso del lenguaje sirve también para imponer la mordaza, suave o simulada, a los redactores. A éstos se les sugiere que, mientras siga la investigación (por una comisión imparcial) de los hechos ocurridos en Porvenir no se debe usar en a ó z redacción la palabra "masacre" o "matanza". Es decir, no se censura toda la nota, se proscribe la utilización de ciertas palabras para suprimir lo esencial. En ese caso no se ocultan los hechos y/o los dichos, pero se cambian los términos claros, así se incurre en una imprecisión, pero hasta ésta se admite como tolerable, con similares metas desinformadoras y subinformadoras.

Autocensura o silencio

La autocensura o el silencio siquiera temporal o sin plazo es una práctica. Aunque es cierto que esa práctica cotidiana puede acabar cuando se la descubre o cuando el autor de un video, grabación o nota informativa (impelido por su conciencia), decide su divulgación, es decir, entrega ese material a alguien para su difusión.

Un ejemplo, sin ser el único, es el video entregado por la comisión investigadora de la masacre de Porvenir, de Unasur, que muestra torturas e interrogatorios forzados en contra de campesinos de Pando, de Racua en particular, hijo de un héroe de la batalla de El Porvenir, durante la guerra del Acre. (La batalla de Porvenir ayudó a recuperar parte del territorio boliviano perdido en aquella contienda bélica entre Bolivia y Brasil, por la goma, a la que se definía entonces como oro blanco).

Ese video, el que se espera sea asumido como indicio de prueba en un juicio criminal, denuncia torturas que violan derechos humanos y con agravantes visibles: aquéllas son utilizadas para arrancar confesiones, más aún, con ellas se obliga a los ultrajados que reconozcan que recibieron dinero de Chiquitín Becerra (ex alcalde de Cobija) a cambio de la marcha campesina hacia la capital pandina, en defensa de la tierra, cuyos trámites se realizaban en el INRA, cuya oficina estaba intervenida por grupos de choque al mando de Leopoldo Fernández. Además, el senador José Villavicencio, y un reportero y camarógrafo de la red televisiva PAT desempeñan el sucio papel de interrogadores de los campesinos e indígenas sometidos a castigos físicos.

El quehacer de los trabajadores de los medios es distinto a la de los interrogadores policiales y/o judiciales. Asimismo, cabe tener en cuenta que hace tiempo las organizaciones sindicales y profesionales de los periodistas decidieron aconsejar a sus afiliados que eviten la entrega de imágenes, grabaciones o apuntes a los agentes de las dictaduras de otro tiempo. Y en vez de filmar a una víctima de torturas e interrogatorios forzosos, por ejemplo, se sugirió que de acuerdo a su conciencia, el trabajador de un medio apoyado en las normas éticas de aquellas organizaciones, decidan auxiliar a las víctimas de un suceso luctuoso.

El silencio sobre las torturas y los interrogatorios forzosos contra campesinos pandinos, una extensión de la matanza, es una actitud cómplice. Especialmente el reportero y camarógrafo de PAT, en Pando, antes de nada informaron sobre esos hechos monstruosos. En términos técnicos esto es autocensura de aquellos trabajadores de la imagen y la palabra y, acaso, censura impuesta por los dueños y editores de aquel medio.

Quizás el factor esencial de aquella inconducta profesional obedece a una realidad como moneda corriente en Cobija y descrita por colegas en un taller organizado por la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP). Entonces, se dijo que en aquella capital departamental había dos grupos de periodistas: uno del prefecto Leopoldo Fernández y el otro del Alcalde de Cobija. Cuando a integrantes de uno de esos grupos se les pidió que en su trabajo periodístico tengan en cuenta la ética de las organizaciones sindicales y profesionales de ese sector laboral, la respuesta fue: "La ética no se come".

En un video que da cuenta de las relaciones entre el poder político regional de Pando y los medios de difusión, el ex Prefecto pandino de manera implícita admite que ayuda a los periodistas con pago de avisos propagandísticos difundidos en programas de diverso tipo periodístico. Esa ayuda, según L. Fernández, la hacía ante la inexistencia de empresas grandes y de otras oficinas públicas en aquella capital, que pagarían por esos avisos antes que la Prefectura.

Más aún, aunque con mucha reserva admiten periodistas, en este tiempo de cambios en Bolivia, la neutralidad de los medios hace tiempo es un mito, un recuerdo. Esto se debe a que los medios de difusión son actores de la política contingente y a que los periodistas (con las excepciones que no perdemos de vista) hace tiempo, también, han tomado partido en favor (seguro muy pocos) o en contra (los más) respecto de aquellos cambios.

La autocensura o silencio se cobra y se paga y, además, es una acción política que se la ejerce, a veces, por omisión, como ocultar videos que denuncian torturas e interrogatorios forzosos, a los que se refiere esta nota.

Las medias verdades

Las medias verdades que difunde la mayoría de los medios sobre la matanza de Pando y el juicio criminal que reclaman las víctimas contra L. Fernández no son fáciles de establecer, pero son una realidad de todos los días en el oficio periodístico al que Gabriel García Márquez definió como el mejor del mundo, pero por el que hace poco dijo que sufría como un perro, debido a su mala calidad.

Ejemplos sobran, pero basten dos como ilustración de medias verdades para comprender mejor lo que decimos sobre el caso que nos ocupa: La Razón informó sobre el viaje de la comisión especial de Unasur a la que se le encomendó investigar la masacre de Porvenir. Esa comisión fue acompañada hasta Cobija por el Viceministro de Justicia del actual gobierno, Wilfredo Chávez. ¿Qué dijo sobre ese viaje aquel diario?: La comisión de Unasur viajó a Cobija de la mano del Viceministro de Justicia. Nada más. Días después aquel Viceministro explicó que por cuestiones protocolares y ante un pedido de aquellos investigadores, los acompañó.

Los opositores al gobierno aseguran que aquella comisión de Unasur, en su informe acerca de la matanza, dice lo mismo que el gobierno o que mutila la verdad.

Aquel matutino, cuyas acciones mayoritarias son de los dueños de El País de Madrid-España, a propósito del video que evidencia las torturas contra Racua y otros dos campesinos, repite tres términos: que aquellas imágenes fueron "editadas", que no señalan "fuente" y que fueron difundidas por el Canal 7 del Estado boliviano (o del gobierno de Evo Morales, como dicen ellos). El propósito está a la vista para el que lea de manera atenta: ponen en duda la veracidad contenida en ese trabajo o cuando menos siembran dudas sobre ese video.

Otra vez La Razón (el ejemplo porque está escrito) cuando debe entregar información de aquella comisión de Unasur evita decir masacre en sus titulares, aunque los investigadores de aquella organización internacional digan como lo principal que en Porvenir hubo masacre planificada. Esa palabra, que comunica mucho, está proscrita en los titulares de aquel matutino, los que en todo el mundo son los que más se leen o los únicos que se leen de un periódico.

Manipulación

Poder y Placer, revista editada en Santa Cruz, en su penúltimo número, publica un reportaje (bien escrito) en el que, entre otros, recogemos dos elementos informativos: en uno de esos materiales se dice que no es una entrevista periodística (pero es) acaso para encubrir. Ahí el ex Prefecto admite que autorizó el uso de maquinaria de ABC (ex Servicio Nacional de Caminos) para que empleados de la Prefectura de Pando caven zanjas en el camino para impedir el paso de la marcha campesina rumbo a Cobija. Leopoldo Fernández confiesa, en conversación con el Director de Poder y Placer, que su intención no fue otra que evitar un enfrentamiento. Asimismo, la esposa del ex Prefecto habló del propósito pacificador de la ex autoridad.

Admitamos que aquella revista, al difundir esa declaración de L. Fernández sólo busca informar, esto es, cumplir con sus obligaciones periodísticas. Sin embargo, los abogados de la defensa del ex Prefecto reciben aquel obsequio periodístico, también como un indicio destinado a mostrar y/o demostrar que su cliente consumó aquella acción (para ellos quizá no sea falta ni delito) en el ejercicio de sus funciones, por tanto, merece un juicio de privilegio, de corte o de responsabilidades. Éste es el camino de la dilación en el que hay abogados que se llevan la flor en esa actividad, con la esperanza de que un cambio sustancial en la situación política dificulte y hasta suspenda, hasta esta fecha, un improbable proceso que buscan los estrategas jurídicos del ex Prefecto.

Aquella revista, en el mismo reportaje, publica una entrevista o un testimonio (la clasificación técnica en este caso es irrelevante) en la que o en el que la fuente de Poder y Placer divulga, según la fuente consultada, que en El Porvenir el 11 de septiembre los campesinos se mataron entre ellos.

Esa versión de la matanza de Porvenir no es contrastada con otra (pese a que abundan) que al menos la ponga en duda. Aquella declaración es de alguien que vivió un suplicio (dice), un testigo presencial de los hechos, diría un abogado, para inyectar fuerza a esa expresión legal.

Más aún: esa historia que se niega a referir que hubo masacre o enfrentamiento en Porvenir, un lector crítico calificaría de falsa. Y es falsa, pero la mentira difundida por Poder y Placer, en apariencia no es de responsabilidad directa de la revista sino de la fuente informativa. Si la revista cruceña se apropia de la versión recogida por sus reporteros y redactores, dirá que su trabajo periodístico se apoya en fuente conocida, con nombre y apellido.

Así lo nuevo en Poder y Placer es la mentira dicha por una fuente "creíble" y al parecer "suficiente", pero mentira al fin de cuentas, de acuerdo a informes y testimonios conocidos. Además distante de las hipótesis: masacre o enfrentamiento en Porvenir, pero como lo dice un testigo de los hechos (testigo de la novedad y de la actualidad porque se trata de un trabajador de un medio de difusión), a pesar de que no se presenta una contraparte, aunque no se lo diga expresamente, se le concede la categoría de verdad plena.

Las mentiras

Para ocultar la matanza y el juicio criminal que merecen sus autores se difunden mentiras multiformes: que hubo enfrentamiento en Porvenir, que los campesinos marchistas para eso llevaron armas de fuego, que fueron pagados por Chiquitín Becerra, que otros marchistas fueron contratados en Riberalta, que los campesinos se mataron entre ellos, que Leopoldo Fernández quería evitar el enfrentamiento en Porvenir, que los campesinos se proponían tomar la Prefectura pandina, que se impuso la censura de prensa en Cobija, que los militares impusieron el terror en esa capital, que una policía (la única mujer con mando) fue torturada por efectivos castrenses, que la violencia en Pando llegó con el estado de sitio, que el gobierno monta videos para culpar de las muertes a la oposición, que el enfrentamiento en aquel departamento es de responsabilidad del gobierno...

Sabemos que es difícil restaurar la verdad, por ejemplo, respecto de una matanza. Pero las mentiras que se difunden sobre la masacre de Porvenir se descubren en la medida en que se investiga (en tanto reconocimiento y descubrimiento), como lo hacen las comisiones de Unasur y de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB).

En Porvenir el 11 de septiembre hubo una masacre de campesinos e indígenas y, también torturas y confesiones forzosas.

De ello se desprende que los autores de esos crímenes merecen un juicio criminal ordinario, el que se intenta, a pesar de todas las maniobras jurídicas destinadas a conseguir que a Leopoldo Fernández se lo libere del proceso o se le instaure uno de responsabilidades porque los delitos que pudo cometer fue durante el ejercicio de sus funciones para el que fue elegido democráticamente.

Periodistas y dueños de medios

Los periodistas censurados, autocensurados, difusores de medias verdades, a los que se les indujo a manipular y a mentir, tienen la posibilidad cierta de contar la verdad que fue ocultada y/o matada mediante las "técnicas" dichas en esta nota.

En cuanto a los empresarios de los medios, la mayoría de ellos, ante la matanza de Porvenir, otra vez ponen en evidencia la razón o sinrazón por la que reclaman libertad de expresión y de prensa sin límites. Así olvidan deliberadamente que el límite de la libre expresión y de prensa es la responsabilidad, de acuerdo especialmente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.