Convocados por los sindicatos azucareros UTAA y SOCA, representantes de movimientos sociales, populares y sindicales, y pobladores de la zona se reunieron del 5 al 7 de diciembre de 2008 en la norteña ciudad uruguaya de Bella Unión, en el Primer Encuentro Internacional sobre Soberanía Alimentaria y Afincamiento Territorial.

Bella Unión, en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Uruguay, ha sido para el imaginario popular uruguayo un sinónimo de lucha, organización y resistencia, de la mano de los “peludos”, los zafreros de la caña de azúcar. Allí se fundó hace casi medio siglo –de la mano de Raúl Séndic, luego líder del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros- la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), que sensibilizó al pueblo uruguayo con sus marchas de más de 600 kilómetros sobre Montevideo, sobre la inequidad y marginalización de los trabajadores rurales y la explotación de los terratenientes.

Hoy, Bella Unión es sinónimo de esperanza. El Frente Amplio cumplió una de las promesas electorales y tras el abandono de la zona por imposición de las políticas neoliberales de las últimas décadas, se puso en marcha el estatal complejo sucro-alcoholero ALUR, un proyecto de desarrollo endógeno, soberanía alimentaria y energética, en el que también participa, minoritariamente, la estatal petrolera venezolana Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Hoy abastece el 45% del azúcar que consumen los uruguayos, y en breve producirá no solo biocombustibles sino también energía eléctrica para la zona.

En el encuentro, donde se analizó y discutió el presente y el futuro del proyecto, participaron invitados especiales de Brasil, Argentina, México, Venezuela y Paraguay y el ministro uruguayo de Industria, Daniel Martínez; el presidente de la estatal petrolera Ancap, Raúl Séndic, directivos del proyecto sucro-alcoholero estatal ALUR, y el director del Observatorio Latinoamericano en Comunicación y Democracia, de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, Aram Aharonian.

Los ejes temáticos sobre los que debatieron durante tres días, en plenarias y talleres, los más de dos centenares de participantes fueron a) proyecto sucro-alcoholero, ¿productivismo o soberanía alimentaria?, b) el problema de los agrocombustibles y la reconfiguración territorial; la presencia de transgénicos y agro tóxicos como consecuencia del nuevo modelo; c) El papel del Estado en el diseño, regulación y presencia en la producción y necesidad de un modelo de integración territorial.

El encuentro propuso convertir a Bella Unión y al área de influencia (o cuenca) del proyecto sucro-alcoholero en un proyecto piloto de desarrollo social y de ordenamiento territorial, prestando especial atención al derecho a la salud, educación y afincamiento de los habitantes de los llamados pueblos de la nada, hoy condenados a la desaparición. Este proyecto debe atender, asimismo, los problemas derivados de la tenencia de la tierra y del agua, la explotación de piedras semipreciosas, los fertilizantes y las fumigaciones que dejan graves saldos de enfermedades e impiden los cultivos, la carencia de capacitación para el trabajo, y la explotación del trabajo infantil.

Los participantes dejaron en claro que toda propuesta de producción azucarera, ya sea para alimentación o para biocombustibles, deberá estar dentro de un Plan Agrario Nacional donde se contemple la alimentación de la población como prioridad, y destacaron la necesidad de un reordenamiento territorial y atención del medio ambiente con otorgamiento de tierras a los que la trabajan. Todo reordenamiento, señalaron, debe priorizar el afinamiento de la población y el respeto a la biodiversidad y el medio ambiente en procura de optimizar la relación ser humano-naturaleza, y debe inscribirse en el Plan Agrario Nacional.

La labor de los cañeros es zafral, por eso se hace necesario complementarla con actividades agrarias durante todo el año: huerta, granja familiar, pisciculturam, facilitando el conocimiento y la preparación, la infraestructura, las vías de comercialización, etc. Es necesario concebir al trabajador cañero como un habitante del medio rural donde lo que es zafral es el corte de la caña.

Asimismo, los ciudadanos de la cuenca de Bella Unión insistieron en la incorporación de los temas de enfermedades laborales o profesionales a su tratamiento dentro del sistema de salud nacional para su atención. Señalaron, asimismo, la necesidad de capacitar a los jóvenes para poder aplicar tecnologías de acuerdo a las necesidades del país, de la región y de la localidad desde la maquinaria que se incorpora hasta la matriz o matrices energéticas que se incorporan.

Tras exigir al Estado la conformación de una Comisión de Tierras con la participación decisiva de la sociedad organizada, del movimiento social y popular, el encuentro manifestó su apoyo irrestricto a la lucha por la Reforma de la Constitución contra la extranjerización de la tierra.

Los participantes señalaron que la deuda externa y su pago tanto del principal como de los intereses, ha sido uno de los flagelos más paralizantes para el desarrollo de la vida económica y productiva del país y del agro. Por ello propusieron una auditoría de dicha deuda en procura de su eliminación, que permita destinar los recursos del país al bienestar de nuestro pueblo sobre la base de un país productivo con justicia social.

Entre las conclusiones y propuestas del encuentro se destaca la exigencia de la instalación de una Asamblea Constituyente, donde el movimiento popular organizado pueda materializar una nueva Carta Magna que incorpore nuevas formas de representación institucional, con formas de democracia directa y participativa, y construya un modelo de inclusión y de propiedad social de los medios de producción.

Asimismo, se propuso la puesta en marcha por parte de los movimientos sociales y populares de un programa de sensibilización, difusión y movilización para expropiar el sistema de riego en Bella Unión, en manos de oligopolios disfrazados de cooperativas y endémicos deudores del estatal Banco República.

El encuentro denunció la creciente apropiación y enajenación de los recursos naturales por empresas trasnacionales, recursos sin los cuales es imposible asegurar el bienestar de los pueblos, así como la creciente extranjerización de la tierra que provoca la proliferación del modelo forestal y la producción transgénica, en especial de la soja, que desplazan otras producciones, hacen inviables otros cultivos, y acorralan a los pequeños y medianos productores. Se solicitó a la Universidad de la República que aborde el tema de la propiedad social de la tierra y que incorpore la reforma agraria y urbana como eje temático especial para la elaboración de conocimiento en el período 2009-2014.

Señaló que se hace perentorio la desconcentración de la propiedad de la tierra, el agua y otros recursos naturales, a ser reapropiados con sentido social, con el imprescindible apoyo técnico, financiero y tecnológico del Estado y sus instituciones e instó a la redefinición de un ordenamiento territorial que estimule el afincamiento y la producción local, para frenar los éxodos internos hacia las periferias de los polos productivos, que amenaza con la desaparición de las pequeñas comunidades rurales que generan una cultura de pertenencia.

Una de las resoluciones más destacadas fue la exigencia de la sanción de una ley que garantice la soberanía alimentaria y que reglamente a su vez las áreas de producción de agrocombustibles, junto al replanteo de la moratoria a la entrada de transgénicos y a su vez garantizar la prohibición del uso de agrotóxicos prohibidos en otros países.

Preocupados por la creciente extranjerización de la propiedad de la tierra en Uruguay, el encuentro exigió del gobierno definiciones en defensa de la soberanía y la puesta en marcha de una política de expropiación de tierras, que comience con hacer cumplir la Ley de Colonización, para que no se siga favoreciendo el nepotismo y el clientelismo.

Se solicitó, asimismo, que la exención de tributación al proyecto sucro-alcoholero se extienda a toda la cadena productiva, en especial al mediano y pequeño productor, de modo que el Estado aplique sus políticas de subsidios cruzados para garantizar el acceso de la población rural y urbana de Bella Unión a los servicios básicos de electricidad, agua y salud.

Asimismo, se solicitó a la empresa nacional Alcoholes del Uruguay SA (ALUR) la puesta en marcha en Bella Unión de un Centro de Investigación y Desarrollo Agroenergético, sobre las bases de asegurar la soberanía alimentaria y energética, y para adelantar proyectos de cooperación, complementación y solidaridad con naciones latinoamericanas y caribeñas.

Los participantes insistieron la necesidad de definir la inserción territorial, regional e internacional del Uruguay sobre los valores de la cooperación, la complementariedad y la solidaridad entre los pueblos de nuestra América, no limitándola a un mero intercambio comercial. Impulsar la cooperación publica, el intercambio de saberes y conocimientos en el marco de la solidaridad y reciprocidad entre los pueblos en contraposición de los acuerdos de libre comercio, y el proyecto IIRSA.

El documento, que fue elevado a las autoridades nacionales, de los partidos políticos, de las organizaciones sindicales y de los movimientos sociales y populares, revela el llamado a una una alianza nacional social por los temas energéticos.

Finalmente, ofrece su más amplio respaldo a las luchas campesina e indígena en Paraguay, ahora contra la nueva colonización de las trasnacionales sojeras, e impulsar una movilización regional en marzo de 2009, que culmine en el II Foro Internacional sobre Soberanía Alimentaria y Afincamiento Territorial, en Asunción. "Remontando el olvido", la movilización de movimientos sociales argentinos, brasileños y uruguayos hasta Cerro Corá, lugar de la última batalla de la genocida guerra de la Triple Alianza provocada para favorecer los intereses coloniales, será en desagravio a la agresión de hace 138 años.