Desde comienzos de la república las comunidades afrocolombianas e indígenas vienen siendo violentadas por la voracidad de grandes compañías nacionales y extranjeras, con el beneplácito de los diferentes gobiernos nacionales y regionales. Un ejemplo de ello fue la Compañía Minera Chocó Pacifico S.A., filial de la International Mining Corporation de New York, la cual a su vez adquirió derechos y activos de otras compañías inglesas, belgas y francesas que venían operando en la región desde 1.880. Por más de 70 años desarrolló actividades mineras de saqueo del oro, el platino, uranio, Iridium, paladium y otros minerales estratégicos en el Chocó, sur del pacifico, Frontino y Bajo Cauca Antioqueño. Y en sus actividades de saqueo destruyó las economías autóctonas que venían desarrollando las comunidades, causó graves daños a las culturas ancestrales, devastó ecosistemas, especies maderables y acuáticas.

Esta compañía, después de agotar los recursos alcanzables con las tecnologías de que disponía, a nivel de alta rentabilidad, para marcharse en 1974, burlándose de compromisos con sus trabajadores y jubilados, con las comunidades y con la nación, se asoció en patrañoso negociado con la empresa Mineros de Antioquia, de la cual es accionista mayoritaria la familia del presidente Álvaro Uribe Vélez, que se quedó con los mejores activos que la empresa yanqui debió haber revertido a la Nación Colombiana por vencimiento de concesión, para lo cual usaron como fachada la razón social “Mineros Colombianos S.A.”. Dejando finalmente una dramática situación social de pobreza, miseria, atraso y desesperanza.

Para el desarrollo de sus actividades la Chocó Pacifico se soportaba en concesiones expedidas por los gobiernos nacionales, en el respaldo de la fuerza pública y de autoridades judiciales. Hoy las comunidades indígenas y afrocolombianas del Chocó están viviendo una situación similar, con la presencia de las empresas cultivadoras de palma aceitera para los biocombustibles, ligadas a capitales transnacionales, compañías petroleras extranjeras y en particular, con la presencia de la empresa estadounidense Muriel Mining Co, respaldada por la fuerza pública - y quizás también por paramilitares como ha ocurrido con las empresas bananeras gringas asociadas con empresarios nacionales, que han promovido y financiado las peores masacres y crímenes de lesa humanidad en la región de Urabá - con el propósito de saquear depósitos naturales de oro, cobre y molibdeno en Jiguamiandó y el Cerro Careperro.

Para lo cual se ampara en una concesión expedida por el actual Gobierno Nacional sobre un territorio de 16.000 hectáreas aproximadamente, sin contar con los respectivos acuerdos previos concertados con las comunidades indígenas y afrocolombianas pobladoras ancestrales de estos territorios y portadoras de títulos colectivos sobre los mismos, como ordenan nuestra Constitución Nacional, leyes nacionales y convenios internacionales. Coincidencialmente esta compañía se estableció en Medellín desde mediados de los años de 1.990, compartiendo negocios con Mineros de Antioquia, cuando era gobernador de este departamento Álvaro Uribe Vélez.

Precisamente, para evitar la continuidad de los abusos y la acelerada destrucción de los ecosistemas de parte de compañías nacionales y extranjeras, y de particulares, los representantes de las comunidades afrocolombianas lograron introducir en la Ley 70 de 1.993, la titulación colectiva de los territorios ancestrales y la consulta previa con las mismas para la realización de cualquier tipo de proyecto u obra dentro de estos, o que las afecten. De allí que los/as afrocolombianas/os en cabeza de sus organizaciones de base y de los espacios autónomos de las comisiones consultivas departamentales y nacional debemos respaldar las luchas de las comunidades afrocolombianas e indígenas de Jiguamiandó-Cerro Careperro, al tiempo que exigimos al Gobierno Nacional el cumplimiento de la constitución y las leyes en relación con el respeto y protección de sus derechos.

Asimismo, consideramos que la Comisión Consultiva Nacional, desde su Espacio Autónomo, está en mora de denunciar estos hechos violatorios de los derechos humanos, colectivos y civiles ante los organismos internacionales correspondientes y ante la opinión pública. Hay que dejar tanto gobiernismo y no perder de vista que los consultivos representan intereses comunitarios que deben defender a como de lugar, y en consecuencia, deben mantener una actitud vigilante, propositiva y crítica. Sobre todo hay que dejarse de lambonerias con un gobierno como el actual que solo ha sido hipócrita, inconsecuente y represivo con nuestras comunidades.

Por otra parte, compartimos la preocupación del Colectivo de Estudiantes Universitarios Afrocolombianos, CEUNA, en relación con la actitud indiferente y hasta de silencio cómplice de la Comisión Consultiva Nacional de Comunidades Afrocolombianas, Espacio Autónomo, frente al TLC entre nuestro país y USA, ya que este tratado no se limita solo a acuerdos comerciales, sino que incluye disposiciones dañinas sobre múltiples aspectos socioeconómicos, culturales, ambientales y judiciales.

Tales como:

1. Privilegia la operación del capital norteamericano, lo cual va en detrimento del desarrollo nacional y sobre todo, de la generación de oportunidades de empleos e ingresos.
2. Privilegia los derechos de propiedad intelectual a favor de las transnacionales, lo cual constituye un peligroso riesgo de usurpación para los saberes ancestrales, para los/as intelectuales, investigadores/as y científicos/as nacionales.
3. Traslado de importantes potestades de nuestros tribunales de justicia a órganos supranacionales, en materias laborales y de medio ambiente.
4. Liberalización de los servicios públicos y privados, que conllevaría a un peligroso control de compañías norteamericanas sobre resortes claves de nuestras economía y vida social, a través de lo cual se daría continuidad a la permanente descapitalización de nuestro país y al envilecimiento de la mayoría de las familias colombianas que se encontrarían con grandes dificultades para cancelar las costosas facturaciones, como ya viene ocurriendo con el sistema bancario y las telecomunicaciones.
5. La educación media, técnica, tecnológica y universitaria, quedan dentro de la posibilidad de ser totalmente privatizadas y en buena parte manejadas por negociantes extranjeros, que la convertirían en uno de sus jugosos negocios, lo cual limitaría al extremo las posibilidades de acceso y permanencia a los hijos de los trabajadores, campesinos y familias de bajos ingresos, además de fortalecer las condiciones para la continuidad de modelos y procesos educativos favorables a los intereses colonialistas, descontextualizados de nuestras realidades nacionales y de las aspiraciones de bienestar y progreso socioeconómico de nuestras comunidades.
6. Obliga a patentar vegetales vivos a las transnacionales, con lo cual se pondrá en riesgo el conocimiento y prácticas culturales ancestrales y nuestra seguridad alimentaria.
7. No obliga a cumplir los convenios y tratados  internacionales sobre biodiversidad y medio ambiente, ya que Estados Unidos se ha negado a firmarlos, ni es miembro de los mismos, lo cual podría traer una acelerada destrucción de nuestros ecosistemas y del equilibrio ambiental en general por la voracidad de las compañías transnacionales.
8. Nuestros campesinos y demás productores nacionales quedarían en desventajas frente a los estadounidenses, por los altos subsidios estatales que reciben estos últimos y por las tecnologías mucho más avanzadas de que disponen, lo cual pondría en peligro nuestra seguridad alimentaria y traería la quiebra masiva de las empresas nacionales y su absorción por las norteamericanas, las cuales por su alta concentración tecnológica y su orientación colonialista reducen a la más mínima expresión las oportunidades de empleo.
9. Todo es considerado mercancía, objeto de negocio y de sometimiento al mercado, incluida el agua, la cual queda dentro de la posibilidad de ser privatizada y de entregar el manejo de nuestras fuentes hídricas a compañías transnacionales, que también la convertirían en un jugoso negocio más, lo cual constituye un inminente peligro para la vida misma. 
10. Las comunidades afrocolombianas e indígenas, y sus organizaciones, con sus acuerdos previos y su defensa del medioambiente, del equilibrio ecológico, se convierten en obstáculos para la implementación del TLC, y pueden ser acusadas de violadoras del mismo, terminando muchos/as de nuestros/as dirigentes, y nuestro propio país, juzgados/as en tribunales internacionales. Por tanto, no deben sorprendernos los comportamientos arrogantes de la Muriel Mining Co; a lo mejor su dirigencia sueña con el TLC como un hecho.

No podemos perder de vista que la superación definitiva del pueblo afrocolombiano está ligada a cambios estructurales en la sociedad colombiana, lo cual obliga a conocer y mostrar preocupación por los grandes problemas nacionales, a contextualizarnos con las situaciones mas relevantes  del país y del mundo, a marchar cogidos de las manos con el resto del movimiento popular, democrático y progresista; al tiempo que ponemos en escena nuestras reivindicaciones particulares.

Creemos que es esta la más grande lección que entrega a los demás movimientos afros y populares del mundo, el Movimiento Social Afroestadounidense, con sus máximas conquistas representadas en la mejora del reconocimiento social y de las condiciones de vida de amplios sectores del pueblo afroestadounidense, el logro de una gran bancada parlamentaria y el ascenso a la presidencia de Obama.

Por todo lo dicho, nuestra dirigencia, representada en organizaciones de base y especialmente en los espacios autónomos de nuestras consultivas, deben manifestarse en contra del TLC entre Colombia y los Estados Unidos por ser lesivo a los intereses de nuestras comunidades y de nuestro país, y exigir su revocatoria porque para su firma no se tuvo en cuenta claros mandatos constitucionales y legales, y de tratados y convenios internacionales, como son el acuerdo previo, la participación de nuestras comunidades en la toma de decisiones en los asuntos que las afecten y el respeto a sus territorios.

El Estado Colombiano aun tiene una gruesa e histórica deuda con el pueblo colombiano y en particular con nuestras comunidades afrocolombianas e indígenas, para que a estas alturas, con altas dosis de cinismo e irresponsabilidad, pretenda el gobierno actual ponernos en manos de unos comerciantes colonialistas, a quienes solo les interesa maximizar sus utilidades económicas y financieras. Tenemos que propender porque nuestro país establezca y mantenga relaciones de todos los tipos éticamente posibles y mutuamente provechosas, con todos los países del mundo, en la medida que contribuyan a nuestro desarrollo autóctono y a la generación de bienestar social.

Fuente: Barómetro Internacional
http://www.barometro-internacional.org/