El Foro Ecuatoriano de la Comunicación, en un proceso de sensibilización y socialización, abrió un debate con diversas organizaciones sociales sobre la propuesta de nueva Ley de Comunicación, que se encuentra en preparación para su próxima discusión en la Asamblea Nacional, la cual -según dispone la nueva Constitución ecuatoriana- debe aprobarla hasta octubre de este año.

La reformulación de la legislación en materia de comunicación, en un sentido democratizador, es un tema que se está planteando en diversas partes del continente, como lo señaló Osvaldo León, director de ALAI. En Argentina, por ejemplo, se debate una propuesta de ley de servicios de comunicación audiovisual que propone un reparto equitativo del espectro entre los sectores público, comercial y comunitario; asimismo, en Brasil la Corte Suprema derogó recientemente la ley de prensa adoptada por la dictadura, por estar inconforme con la actual constitución.

La nueva Constitución de Ecuador, adoptado por referendo en septiembre pasado, es la más avanzada de América Latina, y quizás del mundo, en materia de comunicación, según León; pero el reto ahora sería cómo plasmar los derechos en leyes que garanticen su vigencia. Tiene que ver con el control público del sistema de comunicación en todos los niveles, afirmó.

Entre otros, implica el reto de incorporar el carácter plurinacional y pluricultural del Estado ecuatoriano, lo que significa necesariamente repensar la relación comunicación y cultura. Siendo que la comunicación es hoy una reivindicación ciudadana fundamental, León destacó la necesidad de dar cuenta de la expresión y participación de los diversos actores sociales, y sus temáticas, así como incorporar ejes transversales como el de género, el generacional y lo étnico.

René Espín, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, comentó por su parte que este proceso de debate y presentación de propuestas en torno a la comunicación, lo ha venido desarrollando el Foro de la Comunicación desde que se inició el proceso de construcción constitucional.

Entre los temas que entran en discusión con esta nueva ley de comunicación, está la democratización de las frecuencias y su reparto entre los tres sectores reconocidos en la Constitución: el privado, el público y el comunitario, frente a lo cual el Foro de la Comunicación propone el 33% para cada sector. Otros temas incluyen si la propiedad intelectual de los productos comunicacionales es del medio o del periodista; la necesidad de rendición de cuentas de los medios; la seguridad laboral para los y las comunicadores/as; el acceso e innovación de las nuevas tecnologías; las instancias encargadas de emitir orientaciones, políticas y directrices; la participación ciudadana en sistemas de veeduría; el acceso a una información pública transparente; los tipos de publicidad en beneficio y en detrimento de quién, y el compromiso de los medios de comunicación con la sociedad.

Según los y las participantes, esta democratización de la comunicación no pasa solo por una redistribución de frecuencias, sino por poner en discusión a qué tipo de comunicación apuestan los sectores sociales, la visión y dimensión de la misma, su carácter local, nacional y/o regional, el acceso a los medios de comunicación masivos y a las nuevas tecnologías. Estos son puntos básicos sobre los cuales deberían construirse las propuestas que se quiere incorporar en esta ley.

Otros desafíos señalados incluyen la investigación y el desarrollo tecnológico, la comunicación más allá de las telecomunicaciones, la concepción de lo comunitario y la seguridad y soberanía en la comunicación.

Es ahí donde esta nueva ley de comunicación en el Ecuador genera expectativa al ser parte de una reestructuración del Estado, y por ende la necesidad de que las organizaciones sociales, universidades, medios alternativos, gremios profesionales, formulen propuestas y aseguren su inclusión en los debates de la Asamblea Nacional. Para el Foro de la Comunicación la consigna de que “Sin democratización de la Comunicación no hay democracia”, tiene más vigencia que nunca. Es un reto en construcción que va más allá de la nueva ley de comunicación.