Los comunicadores se encuentran atrapados bajo la violencia y la impunidad del gobierno y los narcos. Un informe de la CIDH afirma que, entre 1995-2008, 37 periodistas fueron asesinados en el país.

Ejercer el periodismo en México, sobre todo, en estados como: Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Sonora, Michoacán y Jalisco, resulta una tarea más que difícil.

El clima que vive un sector de la prensa por defender la libertad de prensa en contra del crimen organizado y el encubrimiento de actos de corrupción, va del bloqueo comercial e informativo a las amenazas, las detenciones arbitrarias y los asesinatos.

Según datos de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), durante 2008 fueron asesinados 14 periodistas en el continente Americano, seis de ellos en México.

Resulta importante destacar que el trabajo de un periodista cumple un rol fundamental en una sociedad libre y democrática. Informar es su trabajo. Esto quiere decir que cuando un periodista es censurado o siente que está limitado en poder informar o investigar sobre determinado tema, no sólo se está atentando contra su derecho a investigar, sino también contra el de la sociedad en su conjunto a recibir información.

Sin embargo, en México, los comunicadores se encuentran atrapados bajo la violencia, la impunidad, la intolerancia política y la brutalidad de dos grandes poderes representados por el Estado y las presiones que se ejercen contra la información crítica, y por la delincuencia organizada, llevada adelante por los carteles de la droga. (Ver: “Gladiadores del horror”. APM 01/03/2009)

Tal es el miedo que se vive, que en algunos medios en el norte del país los periodistas hacen un recuento cada mes. A este recuento lo llaman (con una expresión triste y poco profesional) el ejecutómetro, en la que hacen una relación de todos los muertos por el narcotráfico, ponen nombres y apellidos, fechas, formas en que fueron ultimados.

Con respecto a lo expuesto, en diálogo con APM, el periodista mexicano Javier Valdez, del portal sinaloense Río doce, comentó que “los periodistas estamos en medio de dos fuegos: de un lado los militares, encapuchados que usan matrículas de las unidades motrices cubiertas, tapadas, borradas, que patrullan la ciudad. Desfilan, apuntando con sus armas de alto poder (calibre 50) y además se meten en las casas de colegas a revisar y secuestrar documentos, teléfonos celulares, y otros objetos personales, incurriendo en abusos, robos, rapiña y violaciones a los derechos humanos.

Y agregó que “por el otro lado los narcos, los operadores, gatilleros y capos, que tienen gente en las corporaciones policíacas. Los dueños del negocio del tráfico ilegal de drogas son impunes, y poseen un gran poder corruptor. Son ufanos y prepotentes”.

En este sentido, Amor Lajud Rivero Directora Ejecutiva del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo de México (PNP) comenta en una nota del portal El sol de Morelia que: “Los poderes fácticos, presionan para que los reporteros no puedan cubrir temas de piratería, tráfico de drogas y nada relacionado con las acciones que se están perpetrando hacia la sociedad, como pueden ser los secuestros que se dan en los centros de diversión, por parte de los integrantes del crimen organizado”.

Además, Lajud señaló que “cuando hablamos de esto no debemos referirnos solamente a agresiones físicas. También es una agresión que un político se voltee con el director o propietario de un medio y le diga que si el reportero sigue escribiendo de este tema le quita la publicidad, lo que puede causar como reacción, que despidan a los comunicadores o los censuren. Eso es una verdadera desgracia en cuanto a que violentan la libertad de expresión en México".

Violación del derecho a la información

El derecho a la información consiste en el ejercicio de recibir, investigar y difundir información, opinión e ideas de cualquier índole a través de cualquier medio de comunicación.

El Doctor Manuel Larrondo, Abogado y Docente de la Cátedra II de Derecho de la Comunicación de la Facultad de Periodismo de la UNLP explicó a APM que “este derecho es inherente al ser humano y está legalmente consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos que posee jerarquía constitucional”.

Larrondo sostiene que “el hecho de que este derecho tenga ese respaldo y reconocimiento dentro de la constitución implica advertir que se le ha otorgado una vital importancia y protección legal que realmente merece”.

Se puede observar que si estos derechos son vulnerados de la forma que fuera, se atenta contra los derechos individuales de todo ser humano. Ni hablar si a eso se le suma que los periodistas son las víctimas de asesinatos, lo que resulta totalmente repudiable y muestra a un Gobierno -como el de Felipe Calderón en México- sumergido en una profunda crisis.

Siguiendo esta línea, la periodista e investigadora de violencia ligada al narcotráfico de la Universidad de Texas, Gabriela Polit comentó a APM: “En México hoy por hoy, es muy difícil saber quien desapareció a un periodista. Y voy aquí a hablar de una situación política muy particular, ya que me parece importante que se tengan en cuenta las dificultades a las que tiene que enfrentarse un periodista a la hora de informar en el norte de México”.

Primero, la división del gremio es una de las consecuencias de la censura que se ejerció en México en los años que gobernó el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Cuando el PRI estuvo en el poder (1929-2000), los asesinatos a periodistas eran menos frecuentes, pero en contrapartida el Estado ejercía un fuerte control y censura sobre los medios de comunicación.

Con la llegada del conservador Vicente Fox a la presidencia en 2000, disminuyeron las presiones oficiales, pero aumentaron las de la llamada delincuencia organizada. El mismo problema continúa en el actual gobierno de Felipe Calderón.

Teniendo en cuenta lo expuesto, Leonarda Reyes, Directora del no gubernamental Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet) sostiene en un artículo titulado “Asesinatos que calan en mar de violencia” que “existe una ausencia enorme del Estado. Es evidente que las medidas y acciones que se han adoptado hasta ahora en el gobierno no han dado resultados aceptables, porque la reacción de los criminales ha sido más avasalladora que la respuesta oficial".

Por ejemplo, en estados como Sinaloa el narco es el que tiene poder sobre los medios de comunicación. (Ver: “Dinero y violencia en la tierra de los narcos”. APM 04/04/2009)

Según el periodista mexicano Valdez: “a la hora de de escribir una nota uno piensa no en el jefe de redacción o el editor, sino en ese narco que anda en la calle, que se pasea impune, que nos puede responder a balazos. Entonces uno opta por omitir el nombre de ese capo, por ocultarlo, o bien no publica la historia, el reportaje, la nota, por más espectacular que sea, con tal de no tocar a esa persona omnipotente”.

Además agregó: “el trabajo periodístico se ha hecho mediocre y de muchas maneras el narco ha ganado. Manda en las redacciones porque manda en la calle, en el gobierno y en las corporaciones de seguridad. No hay garantías para un ejercicio periodístico que vaya más allá de lo cotidiano, que siguen siendo dos o tres ejecutados diarios, aunque recientemente en algunos días ha llegado a cinco”.

Informe de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

El Doctor Manuel Larrondo explicó a APM que “en un gobierno donde los derechos son constantemente vulnerados y se toma como una práctica adicional el hecho de asesinar a periodistas que pretendan informar con la verdad, debe intervenir la Comunidad Internacional para brindar la ayuda y fuerza necesaria para tratar de impedir que esa situación continúe teniendo lugar”.

Esta función está representa por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene dos objetivos: ser consultiva y judicial.

Según Larrondo: “en la primera los Estados partes de la Convención Americana de Derechos humanos pueden requerirle opiniones acerca de la compatibilidad o no de sus propias leyes en relación con el Pacto de San José de Costa Rica, tal el caso de la Opinión Consultiva Nº5/85 sobre colegiación periodística. En los casos de controversias, la Comisión Interamericana presenta ante la Corte la demanda a iniciar contra un Estado por las supuestas violaciones a los derechos humanos. La sentencia que emita la Corte es de carácter obligatorio, lo que está establecido en el artículo 64 del Pacto”.
En este sentido, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó un informe anual sobre el tema, destacando que en México el periodismo se ha convertido en una profesión de alto riesgo.
El informe muestra que de 1995 a 2008 han sido asesinados 37 periodistas en México por razones ligadas al ejercicio de su profesión, aunque resalta que hay otros casos de homicidios en ese periodo que no han sido incluidos en la estadística, en la medida en que aún no existe una clara conexión de éstos con el ejercicio de la labor informativa. También denuncia que hay reportes de comunicadores desaparecidos en el país.
Catalina Botero, relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirma que “la CIDH exige al Estado mexicano prevenir la violencia contra esta profesión, realizar investigaciones exhaustivas sobre las violaciones a la libertad de expresión, crear mecanismos de protección y seguridad para los comunicadores, avanzar efectivamente en la sanción a los responsables de esos actos y adoptar medidas para garantizar su vida e integridad profesional, así como su derecho a la libertad de expresión”.

Albert Camus y Gabriel García Márquez opinaban que el periodismo era el “oficio más bello del mundo”, pero en México ejercerlo, como hemos visto, puede llegar a ser mortal. Lo positivo es que frente a este panorama, está claro que, hay muchas personas y organismos luchando por salvaguardar la libertad de prensa.

Los periodistas llevan adelante la profesión con miedo y luchan por lograr sobrevivir de la corrupción enorme que se vive en este país, en donde la libertad de informar aparece totalmente desdibujada.

El comunicador social debe aprender a administrar la información cuidándose del gobierno, los funcionarios, la oposición política, la policía, los narcos y los matones que los protegen a la hora de publicar una noticia, porque una vez emitida ponen en juego su propia vida.

vbenaim@prensamercosur.com.ar

Fuente: APM | Agencia Periodística del Mercosur | www.prensamercosur.com.ar
Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata.