El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT, por su sigla en inglés), después de haber examinado, en su 42° periodo de sesiones, el informe presentado por el Estado de Nicaragua y el informe alternativo presentado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y cuatro organizaciones nacionales, decidió adoptar dieciséis recomendaciones hacia las autoridades nicaragüenses en vista de la implementación de la Convención contra la Tortura, firmada por Nicaragua en 1985 y ratificada en 2005.
El tema de género fue uno de los puntos más destacados en la resolución emitida por el CAT.
 
Después de haber demostrado satisfacción por diferentes aspectos positivos, como por ejemplo la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, el establecimiento de la Coalición Nacional contra la Trata de Personas, el mejoramiento del funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional y la aprobación de la Ley de Protección de Refugiados, entre otros, el CAT expuso en su resolución los principales motivos de preocupación y sus relativas recomendaciones.
 
A fin de prevenir y combatir la impunidad en casos de tortura y otros malos tratos, el CAT se demostró preocupado por “la ausencia completa de casos y sentencias relativas a delitos de tortura y malos tratos, lo que puede asemejarse a la impunidad”, y llamó al Estado de Nicaragua a adoptar “las medidas necesarias para garantizar investigaciones inmediatas e imparciales de las eventuales quejas por tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y proseguir con las investigaciones y sanciones necesarias”.
 
El Comité contra la Tortura se demostró también preocupado por la “existencia de deficiencias en el sistema de administración de justicia” y señaló alegaciones que indican la “falta de imparcialidad e independencia de las instituciones públicas del poder judicial, irregularidades en el nombramiento de jueces, utilización partidista de las estructuras del Poder Judicial, así como casos de corrupción entre los jueces y los agentes de la policía”.
 
Violencia hacia las mujeres
 
El punto número 15 de la resolución del CAT abordó el tema de la violencia contra las mujeres, demostrando preocupación por “la prevalencia de todas las formas de violencia contra la mujer y la niña en el país y el aumento del fenómeno del asesinato de mujeres en los últimos años, dentro de la problemática de la violencia de género y particularmente de la violencia doméstica y sexual”.
 
Se señala también el deficiente acceso a la justicia por parte de las víctimas, la falta de información relativa a las sentencias judiciales y las penas impuestas por violencia contra la mujer, así como la falta de medios dispuestos para evaluar la eficacia de las medidas adoptadas para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.
 
El Comité Contra la Tortura instó al Estado de Nicaragua otorgar atención prioritaria a la adopción de medidas integrales para combatir y eliminar la violencia contra la mujer, al mismo tiempo que pidió “velar por la plena aplicación de la legislación sobre la violencia contra la mujer, así como que se someta a juicio a los culpables y se les imponga la pena debida”.
 
El aborto terapéutico
 
Otro punto destacado de la resolución del CAT fue el relacionado con la penalización del aborto terapéutico.
 
Según Fátima Millón, activista de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV), “En ocasión del Día Mundial de la Salud de la Mujer hemos decidido manifestarnos nuevamente frente la Corte Suprema de Justicia, para exigirles a los magistrados que resuelvan sobre los recursos de inconstitucionalidad que se han introducido por la penalización del aborto terapéutico en Nicaragua.
 
Sobre ese tema –continuó Millón– no solamente ha expresado su preocupación el Comité contra la Tortura, sino también otras organizaciones como el Comité de la CEDAW y Amnesty International, coincidiendo en que el Estado de Nicaragua ha violado los derechos de las mujeres, que es una forma de someterlas a tortura y a la muerte.
Además, penalizar el aborto y plantearlo en la Ley de Igualdad de Oportunidades como garantía y deber para las niñas que quedan embarazadas, es como legalizar un delito y no está abonando a que haya una atención adecuada para estas menores”, aseveró la activitsa de la RMCV.
 
En este sentido, el CAT urge al Estado de Nicaragua a que revise su legislación en materia de aborto, y que estudie la posibilidad de prever excepciones a la prohibición general del aborto para los casos de aborto terapéutico y los embarazos resultantes de violación o incesto.
Pide también “garantizar el tratamiento inmediato y sin condiciones de las personas que buscan atención médica de emergencia, y evitar penalizar a los profesionales de la medicina en el ejercicio de sus responsabilidades profesionales”.
 
Para Wendy Flores, abogada del CENIDH, “el Comité contra la Tortura fue muy claro al decir que Nicaragua debe readecuar su legislación en materia de aborto a fin de evitar la muerte de mujeres.
Durante la audiencia los expertos transmitieron sus dudas a la delegación de Nicaragua de cómo un Estado, que profesa trabajar para los más pobres, esté apoyando una ley tan drástica y tan dura que solamente afecta a las mujeres más pobres”.
 
La abogada del CENIDH recordó que el Estado se defendió indicando que respetaba la posición de la mayoría, haciendo enfasis en la petición de la Iglesia catolica y de las otras opciones religiosas que se han decalardo abiertamente contra cualquier forma de aborto. “Sin embargo –explicó Flores– el Comité dijo que en un Estado pluralista y democrático debe haber el respeto de las minorías.
Esto es muy importante porque se trata de un aspecto de caracter jurídico y de derechos humanos, y es necesario que el Estado provea a las mujeres de un servicio de salud especializado”, concluyó.
 
Sobre estos puntos, el CAT pidió al Estado que proporcione en el plazo de un año, informaciones sobre los progresos realizados.
 
Finalmente, la resolución pidió al Estado tomar las medidas necesarias para combatir los presuntos casos de “acoso sistemático y amenazas de muerte contra defensores de derechos humanos en general y en particular contra defensoras de los derechos de las mujeres, sancionando a los culpables”.
Así mismo, el CAT instó adoptar “medidas efectivas para combatir y prevenir actos de violencia contra miembros de la oposición política, sus simpatizantes y representantes de las organizaciones no gubernamentales, en el marco de las manifestaciones pacíficas, así como proteger adecuadamente a los manifestantes”.