Cuando Estados Unidos eligió a Barack Obama a la presidencia, México observaba con algo más que una simple curiosidad.  El drama de las elecciones y la amenaza de crisis económica captaron la atención de una nación donde la mayoría de las familias tiene parientes que han emigrado a EE.UU. y más del 80% de las exportaciones se destinan al mercado de ese país.

Durante la larga campaña, y en particular en las primarias Obama-Clinton, tres temas mantuvieron a México en el escenario político: la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte -TLCAN-, la creciente violencia de la guerra contra las drogas y la Iniciativa Mérida, y la inmigración.  Este artículo se refiere a los dos primeros.

Lo que suceda en estos temas definirá la relación bilateral durante al menos los próximos cuatro años.  La presidencia de Obama debe tomar ahora algunas decisiones difíciles para dar seguimiento a las promesas de campaña, en el contexto de una crisis de seguridad en México y de la crisis económica mundial que rápidamente se convirtió en el tema número uno del electorado estadounidense y en máxima prioridad de la nueva Administración.

Anticipación e incertidumbre

México, al igual que el resto de América Latina, acogió el final de la era Bush, con un suspiro de alivio.  George W. Bush fue considerado persona non grata por las grandes mayorías de todo el hemisferio luego de la invasión de Irak y de la adopción de la estrategia agresivamente imperialista de seguridad nacional, que justificó la tortura, el unilateralismo y los ataques preventivos.  Como lo han señalado líderes y medios de comunicación latinoamericanos, la elección de un presidente afro-americano fue una señal, no sólo de una ruptura de las barreras raciales, sino también de la posibilidad de una actitud de mayor cooperación hacia los países de América Latina, independientemente de su orientación ideológica.

Sin embargo, las expectativas de una relación drásticamente redefinida no son muy altas.  Para la izquierda mexicana la pregunta es: hasta dónde irá el cambio que el nuevo presidente está dispuesto y tendrá capacidad de realizar.  Hay escepticismo respecto a la capacidad del sistema político estadounidense de alterar fundamentalmente sus designios hegemónicos en el hemisferio (o en cualquier otro lugar).  Es más, en el marco del TLCAN y con el pleno apoyo del presidente derechista Felipe Calderón, la relación EE.UU.-México se ha tornado tan supeditada a las corporaciones -desde la negociación de las normas del comercio y de las inversiones, hasta cuestiones clave de uso de los recursos naturales- que el "espacio político" para la diplomacia se ha reducido considerablemente.

Si bien la ciudadanía espera algo entre "un mal menor" y "el amanecer de una nueva era" en la relación EE.UU.-México, la presidencia de Obama tiene al presidente Felipe Calderón mordiéndose las uñas.  Él, junto con el otro aliado de la administración Bush en la región, Álvaro Uribe, fueron los únicos líderes latinoamericanos a quienes John McCain visitó en su gira de campaña en julio.  Uribe respaldó abiertamente la candidatura de McCain y criticó a Obama; Calderón fue más cauto al expresar su preferencia por el candidato republicano.

En una entrevista de Radio Fórmula del 2 de septiembre, Calderón opinó que, de los dos candidatos, McCain "tiene un mayor conocimiento de la realidad mexicana".  Como punto a favor del derrotado candidato conservador, también señaló que fue él quien patrocinó "la propuesta más avanzada sobre la cuestión de la inmigración", en referencia al proyecto de ley McCain-Kennedy rechazado por el Congreso, haciendo apenas un guiño a las propuestas de inmigración de Obama.

Renegociar el TLCAN

Pero la verdadera razón detrás de la ferviente esperanza de Calderón de que John McCain podía ganar la presidencia de EE.UU. era el TLCAN.

"Las deficiencias del TLCAN eran evidentes cuando se firmó y ahora tenemos que modificar el acuerdo para resolverlas", declaró Obama durante la campaña.  Repetía este mensaje a tal punto que, en un momento dado, Obama y Clinton se disputaban sobre quien más se oponía al TLCAN; pero era sobre todo un intento por ganar votos en los estados de mayor población obrera, donde la pérdida de puestos de trabajo relacionada con el Tratado ha sido devastadora.

Obama defiende la inclusión en el texto del Acuerdo (y no en acuerdos laterales, como los negoció el entonces presidente Clinton) de estándares laborales y ambientales, y un principio rector de que "un acuerdo comercial no sólo debe ser bueno para Wall Street, sino que también debería ser bueno para Main Street" (la calle).  Además señaló que "hay que modificar el TLCAN para que quede claro que las leyes y reglamentos justos elaborados para proteger a los ciudadanos en cualquiera de los tres países no pueden ser anulados simplemente a petición de los inversores extranjeros".

El presidente electo Obama ha indicado que entiende el vínculo entre el TLCAN y la difícil situación de los agricultores mexicanos, y que el enorme incremento de la inmigración mexicana a los EE.UU. durante el período del TLCAN es, al menos en parte, resultado de las consecuencias del acuerdo comercial.

Recordemos que el opositor de Calderón, Andrés Manuel López Obrador, también se postuló sobre una plataforma que incluía la renegociación del TLCAN.  Cuando Calderón ganó las elecciones de 2006 por medio punto porcentual, bajo una nube de acusaciones de fraude nunca esclarecidas, se abrió un profundo cisma en la sociedad mexicana entre sus seguidores y una masa movilizada de personas, en su mayoría pobres, que exigía un cambio de fondo en la política económica codificada en el TLCAN.

La oposición al TLCAN en México ha sido masiva.  No una sino dos veces -en 2003 y 2007- más de 100.000 ciudadanos, en su mayoría campesinos, salieron a las calles para exigir la renegociación del capítulo agrícola que obliga a los agricultores mexicanos a competir con productos subsidiados de EE.UU. en el mercado nacional.  Dos millones de campesinos han sido desplazados de la agricultura debido, en gran parte, a la afluencia de importaciones.

La admisión de fallas en el TLCAN reabriría en México un debate sobre el modelo económico orientado a la exportación, que Calderón -un neoliberal pura sangre- no vería con agrado.

En respuesta, Calderón ha hecho coro con el presidente George Bush para tratar de pintar el llamado a la renegociación como un retroceso hacia el proteccionismo.  ''Estoy preocupado por el retorno al proteccionismo en Estados Unidos, que se ha hablado con gran superficialidad de la anulación o modificación del TLCAN", habría dicho en una entrevista radial, según reportó la prensa.

El embajador de México, Arturo Sarukhan, declaró al Houston Chronicle que "el probable final del juego (de la renegociación del TLCAN) va a ser la disolución de lo que hemos construido durante estos últimos 15 años".

Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil y algunos parlamentarios en los países del TLCAN lo ven como una oportunidad y han presentado demandas para la revisión y renegociación del TLCAN.  Estas demandas no se derivan de posiciones nacionalistas, sino de una creencia común de que el Acuerdo beneficia a las empresas transnacionales antes que a los ciudadanos de a pie.

Si -y es un gran SI- la administración de Obama cumple con sus promesas de renegociar el TLCAN, finalmente obligaría al gobierno mexicano a reconocer las desigualdades generadas al amparo del TLCAN y a permitir que los sectores con reclamos legítimos y alternativas viables tengan incidencia, en un momento en que el modelo económico que encarna entra en una crisis mundial.  El primer requisito sería un verdadero estudio de impacto del TLCAN que incluya el impacto social, económico y político en los tres países.  Las modificaciones resultantes podrían deconstruir algunos de los aspectos más descaradamente injustos de la agenda pro-corporativa del comercio y las inversiones.

ASPAN y el Plan México

La Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) es un acuerdo de caballeros entre las tres ramas ejecutivas de los países socios del TLCAN.  Extendió en la práctica el TLCAN hacia el ámbito de la seguridad y llevó al proceso de integración regional a un ámbito subterráneo.  El ASPAN creó una serie de grupos de trabajo de funcionarios públicos y dirigentes del sector privado cuyas deliberaciones no son supervisadas por los respectivos poderes legislativos ni en muchos casos conocidas por el público.

Durante la campaña, Obama fue cuestionado sobre la ASPAN por grupos de derecha que la ven como un preludio de una futura Unión Norteamericana.  Él respondió que esta Unión no existe y que la ASPAN debe revisarse.

Esta es una importante oportunidad para que activistas de México y aliados en los otros dos países insistan en la abolición de la ASPAN.  Aquellas actividades necesarias que se están llevando a cabo bajo los auspicios de ASPAN pueden y deben ser canalizadas a través de las instituciones oficiales que tienen que rendir cuentas ante el poder legislativo y estar abiertas a la revisión y los aportes ciudadanos.

Las organizaciones mexicanas por la justicia global desde hace mucho tiempo han criticado a la ASPAN por su falta de transparencia y la forma en que se la ha utilizado para imponer las prioridades de la administración Bush a México, incluyendo recomendaciones para la privatización gradual de la compañía petrolera estatal PEMEX y las leyes anti-terroristas que criminalizan la protesta social.

Sin embargo, la agenda de seguridad del gobierno Bush-Cheney ahora ha sido impuesta como parte del paquete de ayuda militar/policial conocido oficialmente como la Iniciativa Mérida o Plan México.  El Plan México ha colocado la relación EE.UU.-México en un sendero peligroso.  Multiplicó por 10 la ayuda total a México y enrumbó la relación binacional hacia una alianza que otorga fondos públicos a empresas de defensa y de tecnología de la información de EE.UU.; a la vez que refuerza el control sobre el territorio mexicano para imponer el modelo económico.  Reproduce en México las políticas de Bush de seguridad fronteriza, de lucha contra los estupefacientes y de lucha contra el terrorismo, que no sólo han fracasado sino que han erosionado los derechos ciudadanos.

El problema para la gobernabilidad y la seguridad pública en México que constituyen los carteles transnacionales del narcotráfico, es real.  Pero ningún análisis serio del modelo de "guerra contra las drogas" que implica interdicción e imposición de la ley, ha demostrado que logre sus objetivos declarados.  Desde la adopción del modelo de confrontación -a la vez que se descuidan otras opciones de rehabilitación, prevención, reforma de la política de drogas, o conversión de cultivos- la violencia relacionada con las drogas se ha disparado en México.

Las organizaciones mexicanas de derechos humanos han comenzado a monitorear el impacto del Plan México y de la guerra de Calderón contra las drogas en general, que incluye el despliegue de unidades del ejército nacional en el combate interno al narcotráfico.  De la iniciativa, algunas apoyan los aspectos de reforma judicial y policial, mientras que otras demandan la suspensión del plan Bush en favor de ayuda al desarrollo, junto a programas en EE.UU. de reducción del tráfico de armas hacia México, de reducción del mercado de las drogas ilícitas y de control del blanqueo de dinero en el sistema financiero.

La plataforma de Obama para América Latina apoya la Iniciativa Mérida y aboga por su ampliación a toda la región.  El Congreso de EE.UU. consignó 400 millones de dólares a México para 2008, el primer año de un plan proyectado para tres años, y los fondos para 2009 serán considerados en breve.

El equipo de Obama ha anunciado que la ayuda exterior prometida será ajustada a la baja debido a la crisis financiera.  Algunas estimaciones anticipan el regreso de los tres millones de mexicanos como resultado de la combinación de las redadas y el desempleo, al tiempo que las nuevas migraciones están disminuyendo.  La administración Calderón ha anunciado programas limitados de emergencia para hacer frente al desempleo, pero serán insuficientes dado el impacto esperado de la crisis.  El enorme presupuesto asignado a la seguridad, la disminución del precio del petróleo y la orientación del gobierno hacia soluciones de mercado inhiben su capacidad para responder.  La generación de empleo y el desarrollo son prácticamente inexistentes en la agenda bilateral dominada por el Plan México.

No debería ser así.  Nos guste o no, tanto la proximidad geográfica como el avanzado nivel de integración regional significan que los mercados laborales, las economías e incluso las familias tienen vínculos transfronterizos intrínsecos.  La suspensión del Plan México dejaría a México, junto a sus contrapartes de una amplia gama de instituciones internacionales, la delicada tarea de la reforma de la seguridad y liberaría fondos para canalizar hacia programas binacionales que no comprometan tanto la soberanía mexicana ni militarizaren tanto la sociedad mexicana.  Al abordar las necesidades humanas y los objetivos de desarrollo, muchas de las causas fundamentales de la producción, el comercio y el consumo de drogas ilegales podrían ser mejoradas y se podría construir una relación más positiva entre México y el nuevo gobierno de Estados Unidos.

Al desprenderse la herencia Bush de la agenda bilateral, se contribuiría mucho a la construcción de una relación más fuerte e igualitaria entre México y EE.UU.  Con tantas cosas cambiantes, nadie sabe como será la Obama-nización.  Sin embargo, la puerta se ha abierto para avanzar en cuestiones críticas que demasiado tiempo han estado represadas por la alianza conservadora.  No es cuestión de esperar y ver; la sociedad civil organizada debe tomar la iniciativa.

- Laura Carlsen, analista y escritora,  es directora del Programa de las Américas en la Ciudad de México.