Los más de 24 millones de litros de agrotóxicos al año que se emplean en Paraguay siguen provocando muertes de niños, malformaciones en recién nacidos y deterioro medioambiental. Pese a ello, los parlamentarios paraguayos aprobaron el pasado 22 de mayo la Ley de Control de Productos Fitosanitarios de Uso Agrícola, que da luz verde al uso de los productos químicos altamente tóxicos para la salud humana.

La decisión parlamentaria pasó por alto el decreto 1937/09, suscrito a fines de abril por el presidente Fernando Lugo, y que establece medidas sanitarias para el uso adecuado de plaguicidas en la producción agropecuaria, teniendo en cuenta la protección de la salud, los alimentos y el medio ambiente. El decreto establece una franja protectora de bosques de al menos 100 m para los cursos de agua, como también barreras vivas en lugares donde se aplicarían plaguicidas y sean colindantes con zonas de aglomeración y tránsito de personas.

Los movimientos campesinos, indígenas, instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales consideran que la ley aprobada en la Cámara de Senadores muestra una total irresponsabilidad por parte de los legisladores, teniendo en cuenta que la misma deja sin protección legal a miles de comunidades campesinas e indígenas, quienes día a día sufren las consecuencias de la aplicación indiscriminada de agrotóxicos y la contaminación del medio ambiente.

Bajo la excusa de crear condiciones para la producción, se da vía libre a las intoxicaciones de la población, la destrucción de cultivos, montes, la contaminación del suelo y las aguas al facilitar la siembra mecanizada de soja, sostienen las organizaciones de la sociedad civil.

Señalan además que la ley parlamentaria atenta contra principios básicos de la Constitución nacional, como lo derechos a la vida, a la salud y a vivir en un ambiente sano.

Posiciones encontradas

En audiencia pública realizada en el Congreso Nacional el 11 de mayo, las organizaciones sociales, apoyaron el decreto presidencial al considerar que el mismo establece medidas sanitarias para el uso adecuado de plaguicidas en la producción agropecuaria, con vistas a la protección de la salud de las personas, así como de los alimentos y del ambiente.

De esta manera, el decreto del presidente Lugo, se ve enfrentado con la ley emitida por el Senado, la cual a su vez tiene el respaldo de los sectores involucrados en el agronegocio. Las organizaciones de la sociedad civil temen que en el futuro la llamada "ley de plaguicidas" pueda anular el decreto 1937/09.

Mientras tanto, para los productores sojeros, el decreto presidencial es inaplicable dentro del sistema de producción, porque se perderán áreas útiles de cultivo.

La controvertida ley aprobada en el Senado excluye al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y a la Secretaria del Ambiente (SEAM), y da toda la potestad al Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), como única autoridad de aplicación, registro y control de agrotóxicos. El SENAVE es un órgano público cuya única competencia es el desarrollo agrícola mediante la protección, el mantenimiento e incremento de la condición fitosanitaria y la calidad de productos de origen vegetal (semilla).

En este contexto, el país se encuentra dividido en dos. Por un lado, se encuentran los sectores económicos rurales aglutinados dentro de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, la Unión de Gremios de la Producción (UGP) y la Asociación Rural del Paraguay (ARP), y por otro están las organizaciones campesinas, indígenas y las instituciones integrantes de la agrupación Red Rural que apoya el decreto del Ejecutivo y bregan en favor de la defensa de los derechos humanos, la vida y un ambiente sano, pues enfatizan que por primera vez se prioriza y se defiende a la producción campesina desde el gobierno.

Mientras los campesinos e indígenas esperan que el presidente vete la ley aprobada en el Parlamento, los sojeros esperan que Lugo anule su decreto 1937/09. De no lograr su objetivo, los sojeros han amenazado con un paro nacional, con un "tractorazo", para fines de este mes.

Lugo afirmó su disposición para dialogar con los empresarios agrícolas dentro de los cánones legales, pero advirtió que hará cumplir la legislación sobre el uso responsable de los agrotóxicos en la producción agrícola mecanizada. Al defender su decreto, el mandatario mencionó que "fue originado en el Ministerio de Salud y SEAM, y que no busca otra cosa que el cumplimiento de la ley y preservar de toda contaminación que pudiera acarrear el uso indiscriminado del [herbicida] glifosato o Roundup Ready".

Expansión sojera

Los grandes sojeros en el Paraguay son en su mayoría productores de origen brasileño. Comenzaron a instalarse en los años 60 atraídos por el bajo precio de las fértiles tierras fronterizas y las facilidades otorgadas por la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-89). Con el inicio de la "revolución verde" a comienzos de los años 80 en Paraguay, práctica agrícola basada en la mecanización y utilización de agroquímicos, se generó la desaparición de millones de hectáreas de bosques nativos.

Así, la expansión de la agricultura empresarial provocó que el monocultivo de la soja aumentara a casi un millón de hectáreas entre 1999 y el 2004, llegando en el periodo agrícola 2007/2008 a más de 2.8 millones de hectáreas "más del 5% del área total del país y 61% del área agrícola" en ocho departamentos de la región oriental.

Paraguay es el país con mayor proporción de superficie agropecuaria cultivada con soja en América del Sur, ubicándose como el cuarto exportador mundial de la oleaginosa y el sexto productor del mundo.

Para el sociólogo y director de la organización BASE Investigaciones Sociales (BASEIS), Tomás Palau, Paraguay está siendo literalmente invadido por la soja, y sus consecuencias sociales y sanitarias no tienen precedentes.

"La pulverización con herbicidas desde el aire está intoxicando a las comunidades aledañas a los campos de soja, obligando a los campesinos a dejar sus parcelas que luego son compradas a precios irrisorios por los empresarios agrícolas", asevera Palau.

Amenaza a la vida

Los departamentos de alta producción de soja transgénica como Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú y Caaguazú son los principales afectados por casos de malformaciones y muertes a causa de contaminación por agrotóxicos.

Con los más de 24 millones de litros de agroquímicos que se emplean al año en la tierra guaraní "según la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales del Paraguay" desde el 2003 Paraguay ingresó en la lista de "países preocupantes" para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Un estudio de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, realizado entre marzo del 2006 y febrero del 2007 en el departamento de Itapúa, revela que alrededor del 40% de los niños cuyas madres tuvieron contacto directo o indirecto con los agrotóxicos nacieron con algún tipo de malformación. La investigación advierte que el riesgo de que un niño nazca con malformaciones congénitas de algún tipo aumenta al doble si las embarazadas residen a menos de un kilómetro de los cultivos de soja.

Para Luis Aguayo, de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), la aprobación de la Ley de Control de Productos Fitosanitarios de Uso Agrícola es una licencia para el genocidio que perjudicará al pueblo, principalmente a la vida, pues da vía libre al envenenamiento de la población.

"Defenderemos la vida de los miembros de nuestras familias, defenderemos nuestra comunidad y el medioambiente sin ninguna vacilación", aseguró Aguayo al tiempo de anunciar que implementarían medidas de fuerza para que Lugo vete dicha ley.

Fuente:  Noticias Aliadas.  www.comunicacionesaliadas.org