El Presidente Felipe Calderón invitó al depuesto mandatario hondureño Manuel Zelaya, a una visita a México, la cual se concretará el martes 4 de agosto. Para ese momento habrán transcurrido 38 días desde que las fuerzas armadas hondureñas ingresaron a la residencia del presidente Zelaya, en Tegucigalpa, para arrestarlo y enviarlo en un avión a Costa Rica, lo que posibilitó que el Presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, asumiera la jefatura de Estado de manera interina.

 

A lo largo de esos 38 días se han gestado algunas iniciativas para tratar de solucionar la crisis. Una de ellas es la encabezada por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, quien a principios de julio realizó una visita a Honduras para entrevistarse con las autoridades “interinas” sin llegar a ningún acuerdo. Acto seguido, la OEA suspendió a Honduras de la institución el 4 de julio invocando el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. Tres días después, el presidente costarricense Óscar Arias –a instancias de Estados Unidos-- ofreció mediar en la crisis, argumentando que Centroamérica era la región mejor capacitada para hacerlo. Su mediación, sin embargo, se enfrenta a la negativa de ambas partes –Zelaya y Micheletti-- de modificar sus posturas. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea y, de manera algo tibia y tardía Estados Unidos, son algunos de los actores más destacados que han desconocido al gobierno de Micheletti pidiendo la restitución de la democracia.

 

Ante esta situación México ha jugado un papel secundario. Si bien casi de inmediato retiró a su embajador acreditado ante el gobierno de Honduras en apego a la Doctrina Estrada, además de que llegó a ofrecer asilo político al depuesto mandatario Zelaya, no es quien lleva la batuta en la gestión de esta crisis, a pesar de que posee atributos que sugieren que podría ser más influyente y persuasivo que, por ejemplo, Costa Rica, con todo y que el presidente Arias goza de una muy buena reputación internacional. Con todo, si sigue pasando el tiempo, los grupos que apoyan tanto a Micheletti como a Zelaya se polarizarán y se alejarán cada vez más de un escenario de reconciliación política, situación que ya ha generado numerosas víctimas por la violencia en Honduras.

 

Es importante entender que para cualquier negociación que se desee desarrollar con las partes en conflicto, los escenarios del “todo o nada” son inviables. Ni Zelaya podría regresar al poder castigando y “neutralizando” a sus opositores –que incluyen, nada más y nada menos que a las fuerzas armadas y a la élite económica-, ni Micheletti podría gobernar ante una sociedad civil cada vez más organizada que cuestiona su legitimidad, amén de la condena internacional que enfrenta. México, por lo tanto, podría intentar una gestión que satisfaga a ambas partes a fin de generar condiciones para el retorno de la democracia, donde las fuerzas antagonistas, coexistan.

 

En cualquier cálculo que se quiera hacer respecto a las posibles negociaciones a desarrollar entre Zelaya y Micheletti, no hay que perder de vista que éste última seguramente buscará permanecer en el poder, por lo menos hasta que se lleven a cabo elecciones presidenciales y parlamentarias en Honduras, mismas que están programadas para el 29 de noviembre de este año. Se buscará, por parte de la élite económica en alianza con los militares en ese país, favorecer el arribo, por canales “institucionales” –léase, elecciones-- de una figura política que satisfaga sus intereses.

 

Al respecto, vale la pena recordar que las dos principales figuras políticas que contenderían en los comicios de noviembre próximo son Porfirio Lobo Sosa, por el Partido Nacional –quien participó en los comicios de 2005, perdiendo a favor justamente de Manuel Zelaya-- y Elvin Ernesto Santos, por el Partido Liberal, quien, habiendo sido vicepresidente de Honduras –con Zelaya-, renunció al cargo el 18 de noviembre de 2008 a fin de alcanzar la nominación de su partido para la presidencia, venciendo, en el camino, nada más y nada menos que al ya citado Roberto Micheletti. Ésta es una ecuación política que hay que ponderar en todo momento, porque ayuda a explicar parte del problema.

 

México, por lo tanto, debe intentar una mediación, no sólo tomando en cuenta el contexto interno hondureño, sino también el contexto internacional y por supuesto, la política interna mexicana. A continuación se enumeran diez razones por las que esta mediación es deseable y posible.

 

1. Pugnas entre el presidente Barack Obama y la secretaria de Estado Hillary Clinton en la agenda de política exterior. El presidente de Estados Unidos ha perdido de manera sostenida una parte del enorme capital político que disfrutó en el primer semestre del presente año, capital que tuvo por la desastrosa gestión de su antecesor, George W. Bush. Sin embargo, la crisis económica más la negociación entre el titular del Ejecutivo y el Congreso para numerosos temas, demandan buena parte de los esfuerzos de Obama, por lo que la atención a los problemas internacionales no es la que esperarían las naciones del mundo. La secretaria de Estado busca, por su parte, proyectar su gestión en la política internacional, muy posiblemente con miras a objetivos personales más trascendentes, por lo que busca un protagonismo que ya le ha generado fricciones con Barack Obama. En el caso de México, no existen fricciones entre la canciller Patricia Espinosa y el presidente Calderón. La política exterior de México la dicta el titular del Ejecutivo, aun cuando carece de experiencia –y quizá también de interés-- en los temas internacionales, pero, de entrada, no hay conflicto de intereses entre el mandatario y su canciller.

 

2. Estados Unidos ha tardado mucho en reaccionar ante el golpe de Estado hondureño. Parte de la explicación estriba en la orientación política del depuesto presidente Zelaya, quien dio un giro hacia la “izquierda”, aliándose inclusive con países como Venezuela e integrándose a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Libre Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) que encabeza el mandatario Hugo Chávez. Son harto conocidas las tensiones entre EU y el gobierno de Chávez, aun cuando la administración de Obama y el propio mandatario venezolano han buscado la normalización de las relaciones bilaterales. Sin embargo, varios sectores influyentes en Estados Unidos simpatizan con Micheletti y los golpistas, porque temen que la “izquierdización” centroamericana impida a la Unión Americana promover adecuadamente sus intereses en la región y en América Latina, en general. Ante la falta de consenso interno en Estados Unidos, no es de extrañar que el país todavía mantenga a su embajador en Tegucigalpa –lo que implica un reconocimiento de facto a Micheletti-- mientras que la mayor parte de las naciones latinoamericanas y el mundo condenan a un gobierno considerado como espurio. Estados Unidos, por lo tanto, ha perdido credibilidad ante esta crisis. México, en contraste, al haber retirado a su embajador desde el inicio de este conflicto, goza, pese a todo, de autoridad moral.

 

3. La ambigüedad de Estados Unidos en torno a Honduras también tiene una explicación desde la óptica militar. En Palmerola, Estados Unidos tiene una de las bases militares más importantes de América Latina: la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, la cual puede recibir aviones de gran tamaño. De hecho, Palmerola tiene una de las pistas de aterrizaje más sofisticadas y seguras de Centroamérica, a diferencia de lo que ocurre con el aeropuerto Toncontin de Tegucigalpa, cuya pista principal es atravesada por una carretera, de manera de que, cada vez que va a aterrizar un avión es necesario detener el tráfico de autos, amén de que es una pista corta que desemboca en un barranco, razón por la que los aterrizajes deben ser rápidos –y por lo mismo, son muy aparatosos y peligrosos. Se especula que ante la orientación izquierdista de Zelaya, Estados Unidos temiera presiones para el retiro de su base militar, algo inaceptable para Washington. En contraste, México no tiene ningún conflicto de interés con el gobierno de Zelaya en torno a este tema.

 

4. Incompetencia de la OEA. Al margen de las críticas que el ex canciller mexicano Luis Ernesto Derbez externó recientemente respecto a la gestión de José Miguel Insulza al frente de la OEA, considerando que el diplomático chileno ha tenido una actitud más bien pasiva, la Organización de los Estados Americanos no ha logrado contribuir a un desenlace positivo ante la crisis hondureña. Es evidente que tanto la ONU como diversos gobiernos del mundo han reposado en la OEA la solución del golpe de Estado, pero pareciera que se ha sobre dimensionado esta opción, que a todas luces, debe ir acompañada de otras medidas, como por ejemplo, el endurecimiento de las sanciones de EU contra la élite y en particular, contra los militares hondureños. La OEA, per se, carece de importancia para los artífices del golpe de Estado, por lo que, al margen de los encuentros que Insulza sostuvo o podría volver a tener con las partes en conflicto y de las sanciones políticas que se puedan decretar contra las autoridades “espurias” del país centroamericano, no hay mayor impacto ni capacidad de castigo de la institución. Cierto, la OEA tiene cierta autoridad moral, pero en el mundo real se requiere que las instituciones tengan “dientes” para restablecer la normatividad. Agotada la instancia regional, México puede entrar en acción.

 

5. Deslinde de la ONU. Como se sugería líneas arriba, además de las declaraciones del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon y de la condena de los miembros de la institución al golpe de Estado en Honduras, se le delegó a la OEA la gestión de la crisis. Al fracasar la opción regional, le toca el turno a la instancia multilateral, esto es, la ONU. México se encuentra en estos momentos en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente, acompañado por Costa Rica, el otro miembro no permanente que representa a América Latina en ese importante órgano. Como es sabido, Estados Unidos instruyó al presidente costarricense para mediar en la crisis, pero no logró buenos resultados. Le toca el turno a México, que además de tomar la batuta en torno a una región que es –o debería ser-- de su mayor prioridad, podría finalmente mostrar liderazgo y visión para reunir a las partes en conflicto, teniendo, idealmente, el apoyo de los miembros del Consejo de Seguridad salvo, posiblemente, la República Popular China –dado que Honduras mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán.

 

6. Afectación a la seguridad nacional de México. Lo que ocurra en Centroamérica, afecta directamente la seguridad nacional de México, sea vía migraciones indocumentadas, refugiados, crimen organizado, tráfico de armas, etcétera. Centroamérica es la frontera sur de México, a la que, paradójicamente, se le destina muy poca atención en las prioridades internacionales del país. No siempre fue así. En los 80, durante las diversas guerras civiles que aquejaron a las naciones centroamericanas, México al lado de Venezuela, Colombia y Panamá articularon lo que dio en llamarse el Grupo de Contadora, que buscaba que las partes en conflicto, sin la intromisión de terceros, buscaran acuerdos. El Grupo de Contadora fue el punto de partida para articular el Grupo de Río y los acuerdos de Esquipulas I y II, que sentaron las bases para llevar a cabo negociaciones que desembocarían en importantes procesos de reconciliación nacional en la región. No faltará quien diga que en las condiciones actuales, cuando México se encuentra agobiado por la crisis económica, la amenaza de un rebrote de la epidemia de la influenza A H1N1, y la lucha contra el narcotráfico, no es posible que el país desarrolle una política exterior activa en particular ante la crisis de Honduras. Pero en los 80, México no estaba en mejores condiciones que ahora: sobrevino una crisis tan profunda que ese decenio es recordado como la “década perdida”, el país tenía una deuda externa agobiante, los precios del petróleo –principal producto de exportación y generador de divisas-- habían caído, amén del devastador terremoto de 1985, y de la introducción de los programas de ajuste estructural, entre otras cosas, que, sin embargo, no impidieron que las autoridades mexicanas reconocieran la importancia de promover la paz y la seguridad en Centroamérica como una manera de salvaguardar la propia paz y seguridad mexicanas. La seguridad de México, pasa por la seguridad de Centroamérica.

 

7. Reactivar la política exterior mexicana. La diplomacia mexicana padeció duros reveses, en particular a lo largo del gobierno de Vicente Fox. Por lo tanto, para su sucesor resulta muy complicado lidiar con la reconstrucción de la política exterior, a la par de la solución de los problemas internos. Sin embargo, se trata de una tarea impostergable porque, lo que México deje de hacer, otros lo llevarán a cabo. Ahí está el caso de Venezuela, que le ha ganado importantes espacios políticos a México en América Central, a través, por ejemplo, del ALBA-TCP y de la venta de petróleo a esas naciones en condiciones preferenciales. Incluso países más alejados de Centroamérica, como Argentina y Brasil, han hecho distintas propuestas para buscar una solución a la crisis hondureña. En el cono sur preocupa que si la estancia de los golpistas en Honduras se prolonga demasiado, ello puede enviar malas señales a países sudamericanos como Paraguay, cuya situación política tiende peligrosamente a parecerse cada vez más a la que privaba en la nación centroamericana antes del golpe. Es decir que a final de cuentas, toda América Latina está preocupada, por distintas razones, ante los sucesos en Honduras. Por lo tanto, al hacer de la crisis en Honduras una prioridad de su política exterior, México podría ir recuperando espacios en la región, neutralizando a Venezuela y además proyectando liderazgo en torno a una agenda que es ampliamente compartida por Latinoamérica.

 

8. Recuperar espacios en América Central. Además de las acciones de Venezuela en América Central, destacan diversas iniciativas de Estados Unidos para profundizar su de por sí intensa influencia en la zona. Ahí está el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, América Central y la República Dominicana (CAFTA-DR) que muchos consideran la respuesta de Washington al fallido Plan Puebla-Panamá (PPP) de la era de Vicente Fox, que intentó ser retomado por la administración de Felipe Calderón. Adicionalmente, con la entrada en vigor del CAFTA-DR, Estados Unidos ha insistido en la creación del Corredor Trans-Texano que conectaría a la porción oriental de Estados Unidos –inclusive con la participación de Canadá en la provincia de Ontario- con México y América Central pero siempre al servicio de los intereses económicos de Washington. La controvertida Iniciativa Mérida, promovida por Estados Unidos, incluye un proyecto mesoamericano de seguridad diseñado por el Pentágono. Hay que decirlo: América Central es una zona natural de influencia para México, pero la geografía no basta. Se requieren acciones concretas en materia de comercio, inversiones y cooperación en áreas tan importantes como la seguridad regional, donde México tiene que invertir capital material y humano, a fin de ir recuperando espacios. Pero para llegar a ese punto, México tiene que mostrarle a Honduras y al resto de las naciones centroamericanas, que se interesa en ellas.

 

9. La política exterior incide en la política interna. A través de una mediación en la crisis de Honduras, el gobierno de Felipe Calderón puede enviar señales muy claras a los diversos grupos y fuerzas políticas en México, de que lucha y trabaja por la legalidad y la democracia. Justo ahora, que el Partido Acción Nacional (PAN), al que pertenece el Presidente Calderón, enfrenta una crisis de credibilidad en torno a la elección de su nuevo líder, es buen momento para desarrollar acciones contundentes a favor de la democracia, aun cuando se lleven a cabo allende las fronteras. Incluso habría que valorar el efecto de cohesión interna que podría tener una acción presidencial de este tipo, con las diversas fuerzas políticas del país: si bien no sería una acción llevada a cabo ni por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ni por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), todas estas instituciones cerrarían filas en torno a la restitución de la democracia en Honduras –dicho en otras palabras: ninguna fuerza política en México va a externar su apoyo a Micheletti, por lo que hay que sacar provecho de este escenario. Además, esto serviría para que el gobierno de Felipe Calderón acallara las críticas de quienes afirman que “sólo en los tiempos del PRI había política exterior.”

 

10. La mediación no es un fin en sí mismo. El mediador decide intervenir con sus buenos oficios para contribuir a la solución de un conflicto, por diversas razones. Puede ser que la crisis en curso afecta sus intereses particulares, situación que lo lleva a involucrarse directamente. Asimismo, el mediador espera algo a cambio, porque va a comprometer recursos materiales y humanos para buscar la solución a la crisis, y por lo mismo, confía en una “recompensa.” También puede ser que en el conflicto en marcha, el mediador desea favorecer la victoria de una de las partes, y es por ello que se involucra. Todos estos escenarios revelan que no hay “ayudas moralmente neutrales”, sino intereses, y que esas aspiraciones del mediador explican su participación ante un conflicto. México tiene, ante cada una de las situaciones descritas, intereses y prioridades particulares que desea promover de cara a la crisis de Honduras, pero nunca sabrá si puede obtener o no lo que quiere, a menos que se decida a ser mediador.

 

- María Cristina Rosas es Profesora e Investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México