Caras de la ocupación yanqui

Angel Guerra Cabrera

19/08/2009

Opinión

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Las siete bases militares de Estados Unidos en Colombia constituyen nodos indispensables de un vasto y flexible repertorio continental de opciones e instrumentos para ampliar y reforzar el control militar territorial de la potencia del norte sobre América Latina y sus recursos naturales. Las bases actuarán como centros de “comando y control” o de inteligencia en unos casos; en otros, como el aeródromo militar de Palanqueros, proporcionarán pistas a los grandes aviones de trasporte de tropas y los bombarderos para actuar con la mayor celeridad en todo el territorio de América del sur sin reabastecerse de combustible. Con la entrega de esa facilidad Uribe permite a Washington suplir con creces la pérdida de Manta, de donde fue desalojada por la digna decisión del presidente Correa. En el área de América Central y el Caribe tiene un papel estratégico la base de Palmerola, también conocida como Soto Cano, de sospechoso papel en el golpe militar contra el presidente Zelaya.

Washington ha modificado las concepciones sobre las bases, que exigían grandes construcciones con miles de soldados, acompañados con frecuencia de sus familias. Aunque mantiene cientos de estas instalaciones, en América Latina privilegia en la actualidad el nuevo concepto definido con la sigla en inglés FOL (Posiciones Avanzadas de Operaciones), que pueden funcionar con una dotación relativamente pequeña gracias a la alta tecnología. Esta y el rechazo a las bases yanquis, ha llevado a Washington a extender las FOL a donde quiera que ha podido al sur del río Bravo, no importa si por razones políticas tiene que cambiarles el nombre por uno menos inofensivo. El pragmatismo vulgar y la mentira son típicos de la diplomacia monroísta, de modo que no deben asombrarnos las recientes declaraciones de la secretaria de Estado Clinton y su colega colombiano tratando de hacernos creer que las bases no son bases ni son yanquis ni amenazan a otro país, ni implicarán aumento del personal militar estadunidense en Colombia por sobre lo autorizado por el Congreso de Washington.

Independientemente de la bien ganada fama de mentirosos de los funcionarios de Estados Unidos, la propia Clinton hizo una contribución señera a esta tradición cuando en su puja por la candidatura demócrata aseguró haberse bajado del avión en Sarajevo bajo una balacera para tener que retractarse al día siguiente. Ahora nos regala esta perla sobre las bases en Colombia: “No habrá un aumento significativo permanente en el personal militar” (las cursivas son mías). Es decir, ya se prevé un aumento “no permanente” de las tropas y medios de combate estadunidenses para en el momento preciso –el ensayo fue Sucumbíos- “coadyuvar” a ataques de fuerzas colombianas contra Venezuela, Ecuador, Bolivia o Brasil. Lo usual es que una vez que los yanquis pongan las botas en un país no se van a menos que los saquen, ya sea por la guerra popular como en Vietnam, o mediante el pacífico y heroico proceder de los puertorriqueños en Vieques.

La entrega de las bases de Colombia podría calificarse de un acto de alta traición a América Latina si Uribe no fuera desde hace tiempo el político más genuflexo y servil a Estados Unidos en la región, que es mucho decir. Es muy gráfico cómo mientras el gobierno ecuatoriano saca un puñal del costillar latinoamericano, Uribe le clava siete. Lo que sí no hay duda es que la condición de hombres o mujeres patriotas y dignos de los presidentes latinoamericanos de esta época dependerá de su inequívoco, firme, combativo y explícito rechazo al emplazamiento de esas bases. En cuanto a los movimientos populares de América latina, hoy no existe tarea más importante que iniciar sin pérdida de tiempo un gran movimiento para expulsar las bases yanquis, viejas y nuevas, de la Patria Grande.

Pero la militarización yanqui incluye también a aquellos ejércitos latinoamericanos que con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo se están convirtiendo en fuerzas de ocupación en sus propios países que suprimen los derechos y garantías ciudadanas y conceptúan como enemigos a todos los focos de disidencia política o resistencia popular contra el sistema dominante. Otro tanto puede decirse de las fuerzas paramilitares, con presencia creciente al servicio del poder en las áreas de conflicto social y, por ejemplo, en la subversión contra los gobiernos de Venezuela y Bolivia.

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