El vecindario no duerme tranquilo

Diego Ghersi

26/08/2009

Opinión

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Lo de Uribe no es nuevo, su misión es hostigar. ¿Las respuestas? La energía de Chávez, la paciencia de Correa y un pedido (a EE.UU.) de sinceridad formulado por Lula. Los recursos naturales están en peligro.

Las cosas son claras en el escenario latinoamericano: Estados Unidos necesita asegurarse los recursos naturales de todo el continente -desde el Río Grande hasta el mismísimo Polo Sur- y por lo tanto los países de la región no podrán librarse de su injerencia permanente. A la luz de ese postulado – casi da vergüenza tener que recitarlo una y otra vez- se comprenden con claridad los manejos de Washington, firmes y sostenidos, fuere quien fuere el inquilino de la Casa Blanca.

Para asegurar su hegemonía, Estados Unidos apela a su formidable poder militar en combinación con gobiernos aliados, que actúan como portaaviones en cada zona estratégica.

En la región andino caribeña, la gestión del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, facilita el accionar estadounidense en toda su pretensión, siendo la cereza del postre la reciente permisividad de Bogotá para con el establecimiento del Pentágono dentro de su territorio nacional.

Así, apelando a su derecho de autodeterminación y utilizando la excusa antiterrorista y antinarcotráfico, el gobierno colombiano cedió espacio en sus bases militares a las fuerzas armadas de Estados Unidos, e introdujo una amenaza para los gobiernos limítrofes, empeñados en procesos de reivindicación soberana. También contribuyó a instalar el fantasma de la guerra en todo el subcontinente sudamericano.

Decimos “cereza del postre” porque durante los años de la gestión Uribe, los enfrentamientos diplomáticos entre Colombia y sus vecinos fueron frecuentes y entorpecedores del progreso regional. Basta recordar, por ejemplo, que Uribe no figuró en la condena regional al establecimiento del ALCA durante la administración de George W. Bush.

Tanto Venezuela como Ecuador, países limítrofes directamente afectados por el conflicto interno colombiano, sufren los avatares derivados de tener un vecino cuyo gobierno actúa en función de intereses e ideología opuestos.

“Peón del Imperio” es el calificativo que Hugo Chávez utiliza para dirigirse a su homólogo colombiano y, a partir de ese calificativo, el presidente de Venezuela explica hasta el hartazgo las razones por las cuales es “imposible” recomponer relaciones diplomáticas con Bogotá.

Desde el otro lado de la frontera, el correspondiente intercambio discursivo señala al venezolano como “expansionista”, en un intento de desfigurar a un gobierno nacional, popular y soberano.

Lo cierto es que el carácter limítrofe entre Venezuela y Colombia genera permanentes fricciones imposibles de evitar y con nutridos antecedentes.

En marzo de 2001 y después de meses de búsqueda, el supuesto guerrillero del Ejército Nacional de Liberación de Colombia (ELN) José María Ballestas -requerido judicialmente por el secuestro en 1999 de un avión de Avianca con 47 pasajeros- fue detenido en Caracas en una operación combinada de policías colombianos y venezolanos.

Cuando iba a ser deportado a Colombia, una orden del Ministerio del Interior venezolano, basada en razones humanitarias, canceló la medida.

El "caso Ballestas" provocó conflictos diplomáticas entre Bogotá y Caracas, hasta Venezuela extraditó a Ballestas.

En febrero de 2002 cuatro periodistas de Venezuela sacudieron a la opinión pública cuando presentaron un video que mostraba el encuentro de militares de ese país, negociando con miembros de las FARC la liberación de un ciudadano venezolano capturado por el grupo guerrillero colombiano.

Desde Caracas se justificó la operación como un “acto humanitario” efectuado durante 2002 y consistente en lograr la liberación de un venezolano, a quien no se le encontró pruebas de colaboración ni con las FARC ni con los paramilitares.

Pero desde Colombia, sectores políticos uribistas analizaron el solitario intento venezolano como un paso tendiente a lograr para las FARC el status legal de “fuerza beligerante”.

El 25 de mayo de 2002, Pedro Carmona Estanga, “el breve” presidente de facto durante el golpe de Estado contra Chávez, pedía asilo en la embajada de Colombia en Caracas y cinco días después el empresario golpista arribaba a Bogotá.

La permanencia de Carmona bajo asilo en Colombia es aún un foco de tensión entre ambos países.

El 9 de mayo de 2004 el gobierno venezolano informó sobre la captura de más de 50 presuntos mercenarios colombianos en una hacienda de las montañas del sur de Caracas.

Tras ser detenido por la policía de Caracas, el grupo fue acusado de querer atacar el palacio presidencial de Miraflores y algunas instalaciones militares, como parte de un plan desestabilizador.

En diciembre de ese mismo año, Rodrigo Granda, reconocido "canciller de las FARC", fue capturado en un polémico operativo, supuestamente ejecutado en Caracas.

El presidente de Venezuela acusó de “secuestrador y mentiroso” a su homólogo Álvaro Uribe. Simultáneamente, Hugo Chávez suspendió los lazos comerciales, a la espera de una disculpa formal por la “violación de la soberanía de su país”.

En enero de 2005, Colombia descomprimió la situación al emitir un comunicado en el que manifestaba su “mayor disposición para revisar los hechos (...), a fin de que, si han resultado inconvenientes ante el examen de la República Bolivariana de Venezuela, no se repitan".

El 25 de noviembre de 2007, el presidente Hugo Chávez canceló las relaciones con Colombia a raíz de haber sido excluido del proceso negociador humanitario con el grupo guerrillero FARC, para el cual el presidente Álvaro Uribe había dado previamente su beneplácito. Cuatro días después, el mandatario venezolano anunciaba en duros términos la ruptura de las relaciones: “mientras el presidente Uribe sea presidente de Colombia yo no tendré ningún tipo de relación ni con él ni con el gobierno de Colombia".

Finalmente, el 2 de marzo de 2008 tuvo lugar la muerte del comandante de las FARC Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, a manos de militares colombianos. En esa oportunidad Hugo Chávez ordenó la movilización militar sobre la frontera, con unidades terrestres y aéreas, para impedir una eventual incursión colombiana.

En esa oportunidad, el mandatario bolivariano advirtió que el hecho podía “ser el inicio de una guerra en Sudamérica” y acusó a Urbe de dirigir un "estado terrorista".

El caso Reyes abrió profundas heridas a la relación bilateral entre Colombia y Ecuador, heridas que, desde lo diplomático, el presidente Rafael Correa pareciera querer revertir, conciente de que es necesario distender la situación, porque estancarse en una alternativa bélica significaría un verdadero incendio en toda la región.

En ese sentido, el mandatario ecuatoriano expresó el pasado 15 de agosto que pretendía sentarse a dialogar con Uribe, aunque “como ecuatoriano, nunca podré darle un abrazo fraternal a quien bombardeó mi patria, como caballero sí podría estrechar mi mano con el representante de un país hermano”.

Correa pretende alertar sobre aquellos sectores de Colombia que sostienen la tesis de la guerra preventiva y señala al ex ministro de defensa colombiano, Manuel Santos - posible recambio presidencial de Álvaro Uribe -, como uno de los más visibles expositores de esa línea.

En ese sentido, el mandatario ecuatoriano dejó en claro su intención de repeler con violencia cualquier repetición del caso Reyes. Tal actitud sólo podría allanarse con un diálogo, que ambos mandatarios parecen dispuestos a abordar próximamente.

Desde Colombia, Correa es atacado por declararse “neutral” ante el conflicto interno colombiano. Bogotá sostiene que ser “neutral” implica un virtual reconocimiento de las FARC como fuerza beligerante, lo que equivaldría a considerar a la guerrilla como sujeto de derecho internacional y no como mero grupo armado irregular, tal cual la posición del gobierno colombiano.

Pero todas esas cuestiones impiden ver el fondo de la cuestión: la “revolución ciudadana” de Rafael Correa se contrapone -al igual que la “revolución bolivariana”- a las pretensiones de Washington y las fronteras de Colombia son una fuente inagotable de focos de tensión desestabilizadora, funcionales a la presencia militar de Estados Unidos.

La preocupación que genera el gobierno colombiano se extiende también al resto de los países de Sudamérica, ante cuyos representantes Alvaro Uribe ha intentado explicarse durante una reciente y maratónica gira.

Esa gira de Uribe fue un intento –muy inocente desde lo conceptual- de dividir al área, que mayoritariamente se opone al establecimiento de tropas estadounidenses en Colombia.

En ese marco, y como lo planteó durante la pasada Cumbre de UNASUR, en Quito, el presidente de Brasil, Luiz Inacio “Lula” da Silva pretende sentar a su par estadounidense, Barack Obama, en una mesa de conversaciones con los países sudamericanos, para que él mismo explique cual es la posición de Estados Unidos.

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de la Plata, Argentina.

http://www.prensamercosur.com.ar

https://www.alainet.org/es/articulo/136029