A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Si camina como pato, si grazna como pato, si vuela como pato, si tiene pico aplanado como pato, si nada como pato, si caga como pato, estamos frente a un pato. Pero, si tiene grandes orejas como burro, si patea como burro, si tiene crin como burro, si tiene cascos como burro, si rebuzna como burro, estamos ante un burro. Simple y elemental.

 

El lenguaje hace parte del desarrollo humano y es fundamental para entendernos con nuestros semejantes. Si no respetamos el significado que tiene una expresión o una palabra, si no respetamos la relación que existe entre el significado de una palabra y la verdad, corremos el riesgo que correría un pato ante las “órdenes de un burro”.

 

Hace un año, la noticia que movió a los medios de comunicación pero no fue suficiente para sacudir a la sociedad colombiana de la indolente apatía que la carcome, fue la matanza de más de 1.666 colombianos indefensos a manos del Ejército Nacional de Colombia. Lo macabro de las circunstancias en que se dieron tales asesinatos y la trama truculenta que se idearon los asesinos para planear y ejecutar los crímenes apenas generaron unos titulares y encabezamientos en radio, prensa y televisión que rápidamente pasó al olvido. En medio de la euforia mediática, los asesinatos fueron denominados “falsos positivos”, “casos aislados” y los criminales del Ejército colombiano, “unas pocas manzanas podridas”.

 

El Ejército Nacional de Colombia urdió un tenebroso plan consistente en reclutar jóvenes desempleados, drogadictos, delincuentes menores o discapacitados, llevarlos bajo engaños a otras zonas del país diferentes a las de su origen, asesinarlos a sangre fría, disfrazarlos de guerrilleros, presentarlos como bajas en combate, cobrar las recompensas que otorga el Gobierno colombiano por cada guerrillero muerto y pedir el permiso que les concede la política criminal de incentivos enmarcada dentro de la filosofía de la seguridad democrática.

 

Si bien es cierto que la punta de la madeja surgió ante la desaparición y posterior asesinato de “los jóvenes de Soacha”, tal práctica criminal ya venía siendo utilizada por el Ejército desde la década de los años 90.

 

A un año de las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación y luego de haber vencido en buena parte las trabas de la mal llamada Justicia Penal Militar, se conoce que en esos crímenes de lesa humanidad participaron de manera organizada y sistemática gran número de unidades militares, como el Batallón La Popa de Valledupar, el Batallón Santander, el Batallón Rifles, el Batallón Calibío, la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, cerca de 35 Brigadas, el Gaula de Córdoba, el Gaula de Casanare y particularmente las Divisiones 2, 5 y 7 del ignominioso Ejército de Colombia. Los asesinatos despiadados fueron cometidos en 22 de los 32 departamentos que tiene el país.

 

La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación adelanta cerca de 1.300 investigaciones que hasta ahora le han permitido establecer que el número de ciudadanos asesinados por el Ejército de Colombia sobrepasó los 1.666 de que se habló en mayo de 2009 y alcanza los 2.077, incluyendo menores de edad, mujeres y hasta dos soldados profesionales que se encontraban de permiso.

 

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación investiga disciplinariamente a unos 3.000 militares por hechos relacionados con tales prácticas durante los últimos 7 años, que corresponden, extraña coincidencia, con el período de la funesta etapa uribista.

 

Alrededor de la historia de los asesinatos de los 2.077 desamparados colombianos, de la historia de los criminales y de la historia del país, se entrelazan extrañamente tres episodios justo en este momento: Uno, el informe del Relator de Naciones Unidas, profesor Alston. Dos, la escogencia del Fiscal General de la Nación. Tres, la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia frente a un caso de ejecuciones extrajudiciales ocurrido en Arauca en 1995.

 

Como se recuerda, entre el 8 y el 18 de junio de 2009, el profesor Philip Alston, relator Especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias, realizó una “misión de investigación sobre ejecuciones extrajudiciales” a Colombia, al cabo de la cual rindió un informe preliminar con la promesa que en 4 o 5 meses se publicará su “informe completo”. Vale decir que en las próximas semanas tendremos la oportunidad de conocer las conclusiones del profesor Alston.

 

En el mencionado informe preliminar el Relator Especial destacó que la pregunta clave es ¿quién es responsable de estas matanzas premeditadas?

 

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia parece haber comprendido la gravedad de la tragedia y empieza a descifrar la respuesta al interrogante. Luego de analizar un caso de campesinos asesinados por el Ejército colombiano, ocurrido en 1995 en el departamento de Arauca, ha considerado que los comandantes de las unidades militares deben responder por los asesinatos cometidos por sus subalternos. Y no puede ser de otra forma. Así como los generalotes y el mismo Comandante Supremo de las Fuerzas Militares azuzan a sus tropas para obtener resultados, así como se les llena la boca de elogios para sus héroes de pacotilla y se les infla el pecho ante pírricas operaciones que también respondan por los crímenes de lesa humanidad cometidos en nombre de la política criminal de la “Seguridad Democrática”. La Corte ha expresado que los Comandantes son responsables en la medida en que son ellos los que dan las órdenes operativas.

 

Rescatemos de la memoria la Resolución 29 del 17 de noviembre de 2005, mediante la cual se reguló el sistema de recompensas e incentivos, expedida por el entonces ministro de la Defensa Camilo Ospina Bernal. ¡Oh, sorpresa!, el mismo a quien el encrucijado dictadorzuelo colombiano quiere elegir como Fiscal General de la Nación a como dé lugar.

 

Volvamos al informe preliminar del profesor Alston. El 18 de junio de 2009, mucho antes de que el Comandante Supremo de las Fuerzas Militares de Colombia conformara la terna para que la Corte Suprema de Justicia designe Fiscal General de la Nación, sentenció proféticamente: “La Fiscalía tiene un papel fundamental dentro de la compleja y sofisticada estructura jurídica de Colombia. La Corte Suprema de Justicia nombra al Fiscal General a partir de una terna que propone el Presidente. Es esencial, habida cuenta de la función central y clave de la Fiscalía, que el próximo Fiscal General sea una persona independiente, fuerte y de prestigio”.

 

Y aquí es donde se entiende, entre otras razones, el por qué de la obstinación del régimen en la conformación de la terna para designar Fiscal General de la Nación. Lo que se le antoja al ilegítimo presidente Uribe, con la pretensión de que Camilo Ospina sea designado Fiscal General de la Nación, es, ni más ni menos, que poner a un ratón a cuidar el queso.

 

Todo apunta a que el tenebroso plan urdido por el Ejército colombiano para asesinar impunemente a los 2.077 colombianos aún no ha concluido y le resta su golpe final: escoger a su propio investigador.

 

Las palabras del profesor Alston, acerca de que “el próximo Fiscal General sea una persona independiente, fuerte y de prestigio” quedarán en el vacío si la Corte Suprema de Justicia se doblega y permite que Camilo Ospina Bernal, ex ministro de Defensa e ideólogo de la Resolución 29 de 2005 – marco jurídico y político del genocidio - se convierta en el investigador de sus antiguos subalternos.

 

Mientras el Comandante Supremo del Ejército perpetrador de crímenes de lesa humanidad continúa sus artimañas para conseguir su Fiscal de bolsillo, los familiares de las víctimas sufren el “hostigamiento sistemático” y permanente de los criminales.

 

Y entre tanto, la sociedad colombiana continúa obstinada en volar como pato detrás de los burros.

 

-José Hilario López Rincón es Abogado Asociación Jurídica Dignidad Humana