Reducir la contaminación del medio ambiente, de nuestro hábitat, del lugar donde vivimos, así como la reducción de las emisiones de CO2, deberían ocupar las principales prioridades de toda nación o país civilizado, educado, culto, ilustrado. No es posible que en pleno siglo XXI, en este tercer milenio de nuestra era, se tengan tantas dificultades para poner de acuerdo a ciertas potencias industrializadas, a empresas, para que entiendan que no podemos, ni debemos, permitir que se sigan contaminando nuestros mares, océanos, ríos, manantiales; no es posible que a estas alturas haya quien se niegue a entender que una sencilla “política pública” -aunque toda la política es pública por definición- como lo es cambiar los actuales “focos”, lámparas de bombilla por otros, no contaminantes, es más que urgente y necesario, tanto como el acudir a la investigación, fomento y desarrollo de nuevas tecnologías de producción de energía para el consumo de los hogares, las industrias, o para los vehículos automotores de combustión interna, los aviones, los trenes, los barcos y todo aquello que requiera energía de algún tipo para su funcionamiento. Por eso es que resulta oportuno la firma del denominado “Pacto de los Alcaldes” que a la fecha suma ya el millar de ciudades adheridas formalmente bajo las consideraciones de que el “Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático” ha confirmado que este cambio es una realidad, no ficción, y que el uso de energía en las actividades humanas es, en gran parte, la razón de esa contaminación.

 

El pacto considera que la Unión Europea aprobó el 9 de marzo de 2007 el paquete de medidas “Energía para un Mundo en Transformación”, en el que los firmantes se comprometieron a reducir sus emisiones de CO2 en un 20% para el año 2020, como resultado de aumentar en un 20% la eficiencia energética y cubrir un 20% la demanda energética con energías renovables; que el “Plan de Acción para la Eficiencia Energética de la UE: Realizar el Potencial” incluye entre sus prioridades el desarrollo de un “Pacto de los Alcaldes” porque el Comité de las Regiones de la UE ha subrayado la necesidad de unir fuerzas a nivel local y regional, ya que la cooperación entre administraciones es una herramienta necesaria para mejorar la eficacia de las acciones que se adopten en la lucha contra el cambio climático.

 

México no debería quedarse atrás. Deberíamos realizar acciones inmediatas semejantes, o más drásticas aún ya que muchos de los países europeos han dejado atrás la contaminación de sus mantos acuíferos, sus ríos, mares y han iniciado tiempo atrás el uso de energías alternativas como el alcohol, la eólica, la híbrida, entre otras, como es mejorar su red de carriles-bici, extender su red de tranvías, o suplir en la medida de lo posible sus necesidades energéticas con combustibles no fósiles producidos en la región.

 

México y muchos países latinoamericanos siguen siendo objeto de los abusos de empresas transnacionales que se niegan o resisten a dejar atrás sus tecnologías obsoletas, caras y contaminantes porque en ellas ganan como monopolio y, en su momento, fueron incapaces de promover la investigación que ahora resulta necesaria. Esperamos que en poco tiempo desaparezcan de los mercados estos productos, siempre que sea por el bien de toda la humanidad.

 

Nadie o casi nadie en su sano juicio puede negar que se requiere mejorar la eficiencia energética, lograr la sostenibilidad urbana. Tampoco a nadie debería escapar que son, para México, los ayuntamientos y los gobiernos locales quienes deben asumir de inmediato la responsabilidad para trascender en la lucha contra el calentamiento global, la contaminación y el deterioro del medio ambiente. Para ello es menester que se comprometan todos gobernantes y gobernados, independientemente de los compromisos asumidos por otras partes. Porque las ciudades y pueblos son directa o indirectamente responsables de más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al uso de energía en las actividades humanas, sobre todo porque eso es lo que hay en el mercado, no obstante que el Estado es legalmente el encargado de velar por la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable.

¿Y usted, cómo la ve?

 

- Francisco Velasco Zapata es Politólogo. Miembro del Consejo Nacional de Operación de Parlamento Ciudadano de México.